La cita fue concertada el pasado miércoles como parte de un principio de acuerdo de todas las fuerzas políticas para reformar la polémica Ley Antiterrorista, aprobada en la dictadura y aplicada contra mapuches que luchan por sus derechos ancestrales.
En el encuentro participarán los senadores que integran el órgano legislativo y los ministros del Interior, Andrés Zaldívar, y de Justicia, Isidro Solís. Estará también como observador una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
La presidenta Michelle Bachelet reiteró el viernes durante la celebración del Año Nuevo Mapuche o We Tripantu, su compromiso de impulsar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y ratificar el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.
«No se trata sólo de pobreza, sino de hacernos cargo de las necesidades más urgentes de esas comunidades, de reconocer a los pueblos que son diversos, y hay una que es fundamental, la ampliación y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas», apuntó.
La mandataria dio una importante señal sobre otro de los puntos que debe involucrar una solución global al conflicto, además de los planteos de más tierras y más seguridad para las víctimas, adelantados por los senadores que buscarán el acuerdo.
Bachelet se comprometió también a buscar los recursos para mejorar caminos rurales, la cobertura de agua potable rural, aumentar el sistema de becas y propiciar la participación de los dirigentes indígenas en la discusión de las grandes políticas públicas.
La misión de FIDH, que integran los profesores de derecho de la Universidad de Sevilla Bartolomé Clavero y Luis Rodríguez-Piñero, permanecerá en el país hasta el 5 de julio, para darle seguimiento a sus recomendaciones sobre la crítica situación de los mapuches.
La organización se felicitó de «recientes señales de consensos básicos» en el Congreso sobre la necesidad de reformar la legislación antiterrorista, aplicada ilegalmente a un grupo de comuneros envueltos en conflictos por tierras en la Región de la Araucanía.
También, sobre la necesidad de alcanzar una «solución global» para los presos y «establecer un nuevo clima en las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado, basado en el diálogo constructivo y que respete los estándares internacionales de los derechos indígenas».
El pasado abril, la FIDH publicó un informe sobre los mapuches condenados por actos relacionados con la reivindicación de tierras, donde denunciaba que la aplicación «desproporcionada» de la legislación conducía a la violación de los derechos de los inculpados.
La FIDH reiteró su «profunda preocupación» por la aplicación de la legislación antiterrorista en este contexto y reafirmó sus recomendaciones a las autoridades de Chile a favor de la reforma para que la ley cumpla «los estándares de un Estado de derecho democrático».
Abogó además por un diálogo con los pueblos indígenas para definir «una política de reparación» y de establecimiento de garantías para los «derechos fundamentales» de los primeros habitantes de Chile en el ordenamiento jurídico del país.
En Chile la ley reconoce la existencia de ocho pueblos originarios, aunque la gran mayoría (más del 80 por ciento) son mapuches. Su población representa a nivel nacional el 5,4 del total, lo que equivale, según el censo de 2002, a 692 mil 192 personas.
Aunque su presencia a nivel nacional es reducida, en algunas partes resulta altamente significativa: en la sureña Araucanía corresponde al 30,2 de la población regional; en Los Lagos es el 14,6 y en la Región de Tarapacá el 13.
Según un estudio del año 2003, el 28,7 por ciento de la población indígena se encuentra en condición de pobreza (10,6 puntos porcentuales por encima de la población no indígena).
Santiago de Chile, 27 de junio 2006
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