Un nuevo incidente judicial se produjo en torno a la investigación por el desvío de recursos públicos de los Programas de Generación de Empleo (PGE) hacia campañas políticas oficialistas en la Quinta Región. La diputada Laura Soto presentó un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional para objetar el proceso de formalización de cargos en torno a estas denuncias de corrupción política.
La medida buscaría evitar que la diputada pierda su fuero y de esta forma impedir que la justicia siga investigando. De acogerse el recurso por parte del Tribunal Constitucional la audiencia quedaría sin efecto.
Según diversas fuentes consultadas la acción judicial de la diputada Soto es correcta pero siembra un manto de dudas respecto de su real participación ya que ello no contribuye a aclarar el caso ni mucho menos su responsabilidad y la de su hija la concejal por Viña del Mar, Marisol Paniagua, su yerno, el ex Seremi de Trabajo de la Quinta región y dos contratistas.
En este sentido la audiencia de formalización de cargo, iniciado por el Ministerio Público de la Quinta Región, se había programado para el próximo 4 de diciembre y el principal cargo en contra de la honorable del pepedé es su participación en el desvío de dineros públicos de los PGE para financiar 30 activistas políticos para su campaña.
El abogado defensor de la diputada, Juan Carlos Manríquez, señaló que están convencidos de la inocencia de Laura Soto argumentando para ello su condición de abogada.
Los antecedentes que sirvieron de base al Ministerio Públicos fue la investigación realizada por la Contraloría General de la República en torno a los PGE donde además se están investigando al también diputado PPD, Rodrigo González.
El PGE por el cual se imputa a la parlamentaria habría comenzado en agosto del año pasado con el fin de apoyar a instituciones públicas con cerca de 30 personas a las que se le habría cancelado 60 mil pesos para trabajar durante dos meses y cuyos contratos habrían sido renovados hasta el mes de diciembre del mismo año.
De acuerdo a la investigación estos programas de apoyo de empleo nunca se realizaron y además la fiscalía tendría testimonios que confirmarían el ilícito ya que reconocen haber participado en la campaña de reelección de Laura Soto sin haber realizado las actividades para los cuales, hipotéticamente, fueron contratados en los PGE.
Por ahora, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre el recurso de inaplicabilidad por lo que esta investigación de corrupción política deberá quedar pendiente.
Santiago de Chile, 17 de noviembre de 2006.
Crónica Digital /Agencias
, 0, 77, 3
