Seis años después de la creación de esa Comisión, los pueblos originarios y la ciudadanía en general tenemos derecho a preguntar: ¿qué pasó?, ¿por qué no se ha logrado el reencuentro? Desde esa fecha, las comunidades continúan sin que se les reconozca constitucionalmente y está pendiente la necesaria ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ambas iniciativas fueron parte del acuerdo que asumió en Nueva Imperial, el ex Presidente don Patricio Aylwin, en el marco de su candidatura a dicho cargo. Los años han demostrado que esta iniciativa jamás salió de la etapa del discurso.
Los pueblos indígenas continúan sin ser escuchados, sin que se les respete y siguen protagonizando una historia de dolor y de desgarro. Es preocupante constatar cómo las autoridades de gobierno se dejan seducir por los empresarios y no paralizan los proyectos que afectan al medio ambiente y al hábitat de estos pueblos. Nadie se toma tiempo siquiera para consultar su opinión a las comunidades. En esos casos la exigencia de la participación ciudadana se olvida.
La lista de conflictos que les afecta es tan larga como Chile: la Celulosa Arauco y Constitución (CELCO) en el sur pretende desplazar riles (residuos industriales líquidos) al mar, lo que afectará a más de 300 pescadores artesanales que viven en la caleta de Mehuín; se construirán seis centrales hidroeléctricas en Panguipulli, específicamente en Pellaifa, San Pedro, Liquiñe, Lago Neltume, Maqueo y Choshuenco. La puesta en marcha de estas plantas afectará aproximadamente a 400 familias.
En la zona huilliche de Chiloé, las salmoneras transnacionales continúan con la destrucción del borde costero impactando gravemente el medio ambiente; las empresas mineras amenazan con explotar vastas zonas de la Provincia de Arauco y contaminar con sus desechos la ribera del lago Lleu-Lleu. A esto se agrega la construcción del nuevo Aeropuerto de La Araucanía, en medio de comunidades del sector de Kepe y que arrasará con las tierras indígenas; la violencia policial contra dirigentes mapuches de Temucuicui, en la IX Región; y la autorización otorgada por la Comisión Regional del Medio Ambiente de Tarapacá, para la exploración cuprífera en la Reserva Nacional de las Vicuñas que atenta contra los derechos territoriales del pueblo Aymara de las provincias de Arica y Parinacota.
Con la llegada de la Presidenta Michelle Bachelet a La Moneda se produjo un cambio esperanzador para todos. A su vez, los pueblos originarios creyeron en ella y continúan creyendo y continúan esperando el cumplimiento de las grandes promesas. Le piden desde el fondo de su corazón que no pierda su oportunidad histórica de cumplir con este compromiso de dignidad y de crecimiento que se les debe.
Señora Presidenta, por favor, ponga término a la etapa de meras promesas que sofocan a los pueblos indígenas en medio de su cesantía, miseria y olvido. Rompa finalmente la tradición centenaria de contraer compromisos sin jamás cumplirlos.
No permita que tengamos que reconocer que es cierta la declaración pública de marzo de 2007 de la Coordinación de Organizaciones Mapuche (COM), que manifestó: Es el gobierno y no el movimiento mapuche que está deslegitimando, con la torpeza y contradicción de sus políticas, un proceso de diálogo en el cual depositamos parte de nuestros anhelos y esperanzas.
Por: Juan Guzmán Tapia, ex juez y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 24 de septiembre 2007
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