El plan, según adelantaron medios locales, ascendería a poco más de 550 millones de dólares, que incluye la construcción de un aeropuerto, mejorar el acceso a las barcazas, nuevos caminos urbanos y rurales, canales de riegos, sistemas de agua potable rural, entre otras.
Del total del presupuesto, casi la mitad (275 millones de dólares) será destinado a Salud Pública y Vivienda, principalmente para la construcción de un hospital y el desarrollo de un completo programa habitacional.
El plan, con obras todas de primera necesidad para los isleños, fue elaborado por el ministro de Obras Públicas (M0P), Eduardo Bitrán, en estrecha coordinación con las carteras de Salud y Vivienda, y será ejecutado en un plazo no mayor de tres años.
Bachelet declaró la víspera desde Quito que en la decisión final que adopte primará «la mirada de Estado» a la hora de determinar cuales son las mejores opciones para la isla luego que se desechara la construcción del gigantesco puente sobre el canal de Chacao
«Quiero estudiar en forma seria y responsable las alternativas propuestas, lo único que está claro es que voy a tomar una decisión de país, porque en esto es una decisión de país y lo haré como lo hago siempre, con una mirada de Estado», afirmó.
Por su parte, el alcalde de Ancud (capital de Chiloé), Pablo Ossio, un férreo defensor del puente, dijo que el proyecto de desarrollo alternativo «es una buena iniciativa, pero debieron haberla hecho mucho antes».
Para Ossio, todo lo que implique mejorar el estándar de vida de los habitantes de la isla es bien recibido, ya que las necesidades en materia de infraestructura, salud y vivienda existen hace mucho tiempo, pero en todo caso no soluciona el problema de conectividad.
De esta manera, el edil rechazó que el plan sea el punto final a sus demandas, ya que en este momento el principal objetivo de sus habitantes es mejorar su comunicación con el resto del país, y eso sólo puede lograrse con la construcción de un puente.
En cuanto al conflicto generado al interior de la coalición de gobierno por la obra, los líderes de los partidos oficialistas han convenido en la necesidad de bajar el perfil a las discrepancias, aunque ello no asegura el apoyo que requiere La Moneda.
El malestar quedó demostrado en una almuerzo sostenido por Bitrán, a quien se le atribuye la mayor responsabilidad en la polémica decisión, con un grupo de legisladores oficialistas miembros de las Comisiones de Obras Públicas de ambas cámaras del Congreso.
La contradicción que denunciaron los parlamentarios es que mientras el puente de Chiloé no contempla ningún subsidio directo del Estado, lo que impidió su construcción, ahora se subsidien todas las obras adicionales.
«Si el puente necesita subsidio estatal, que se estima en alrededor de 300 millones de dólares que el MOP negó, no entiendo por qué ahora se subsidian obras compensatorias», afirmó el diputado Juan Carlos Latorre, presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja.
El ministro del ramo culpó al consorcio privado que asumió la construcción por haber ocultado hasta el último momento que el costo se elevaría en un 70 por ciento en relación al contrato firmado inicialmente, lo que atribuyó a «un chantaje mediático».
Explicó que el país no podía darse el lujo de invertir casi mil millones de dólares en una obra tan sofisticada (casi tres veces más de lo acordado inicialmente) con tantos problemas sociales contingentes por resolver.
Santiago de Chile, 9 de agosto 2006
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