Los trabajos de exhumación buscan identificar el conjunto de osamentas depositadas en una fosa común del Cementerio de la localidad Isla Maipo, a unos 20 kilómetros de Santiago, que corresponden a víctimas de la dictadura (1973-1990) en el denominado caso de Lonquén.
La diligencia estará dirigidos por la magistrada de la Corte de Apelaciones de la comuna capitalina de San Miguel, Margarita Herreros, quien está a cargo de la investigación.
Entre los 15 cuerpos que espera encontrar la magistrada se cuentan cuatro menores de edad. Todos fueron detenidos en 1973 en Isla de Maipo y sus restos fueron encontrados en 1978 al interior de una mina de cal abandonada.
La totalidad de los cuerpos sepultados correspondería al sexo masculino y se trataría de los integrantes de dos familias campesinas acusadas de participar en el movimiento sindical durante el gobierno del presidente Salvador Allende (1970-1973).
Los trabajos se iniciaron la víspera con la apertura de la fosa y las labores de toma de mediciones y fotografías. Para hoy, en tanto, la jueza pretende comenzar con el levantamiento de los cadáveres.
El caso permaneció cerrado durante mucho tiempo y sólo en mayo del año pasado fue reabierto.
Durante la diligencia inicial estuvieron presentes familiares de las víctimas, quienes observaron las labores con evidente dolor. Entre ellos estaba Juan Luis Maurerira, quien tenía 11 años cuando se llevaron detenidos a sus cuatro hermanos y su padre.
«Lo que queremos nosotros es darles una digna sepultura, tener los papeles de defunción, que apuren el caso, porque para nosotros ya… es mucho esto, la injusticia que han hecho con nosotros», declaró con voz entrecortada por la emoción y la impotencia.
La reapertura del caso fue lograda por presiones del abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, quien solicitó realizar la diligencia a través de una querella contra Augusto Pinochet y los policías de carabineros y civiles implicados en el crimen.
«Cuando logremos exhumar estos cuerpos, cuando se logre la identificación, habremos saldado una deuda inmensa que merece ser reparada y de ahí en adelante nos dedicaremos también a buscar indudablemente a los culpables», afirmó el jurista.
Dijo que los autores de esos secuestros y esos homicidios tendrán que pagar sus culpas, «porque hasta ahora nunca nadie ha logrado calificar correctamente estas muertes de Lonquén como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra».
Durante la dictadura militar más de tres mil personas fueron ejecutadas y unas mil 200 permanecen aún como detenidos desaparecidos (sus restos no han podido ser encontrados).
Según las cifras de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), hasta el momento han sido condenado sólo 94 represores de la dictadura militar por violaciones a los derechos humanos, la mayoría de ellos en 2005.
De este total, 42 de los sentenciados corresponden al Ejército, 27 a la policía de Carabineros, 11 a la Fuerza Aérea, uno a la Armada y ocho a la policía civil. Todos ellos participaron en actos de represión y graves violaciones como secuestros, asesinatos y torturas.
En este momento se tramitan en los tribunales chilenos 405 procesos por violaciones a los derechos humanos.
Santiago de Chile, 23 de marzo 2006
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