Presidenta de los radicales de Santiago pide liberación a todos y todas los detenidos en manifestaciones por demandas sociales

La presidenta de la Asamblea del partido Radical de Santiago, Daniela Rios pidió hoy a su bancada parlamentaria solicitar la liberación de los jóvenes que están detenidos desde el estallido social de octubre del año pasado.

En una entrevista con Crónica Digital, Ríos sostuvo que “En lo político y actual, pedimos que nuestra bancada parlamentaria, apoye un acuerdo nacional que permita la libertad de todos y todas quienes siguen detenidos por sólo ser parte de la demanda social, personas que sin pruebas y en procesos burocráticos del sistema judicial chileno, y que por antojo los siguen mantienen encerrados, sin más delito que participar y representarnos en la justa causa de pedir cambios reales para Chile”.

Sobre el contundente triunfo de la ciudadanía el domingo pasado que aprobara una nueva Carta Magna y una Convección Constituyente para que redacte la nueva constitución, la líder sostuvo que “Este domingo festejamos un gran triunfo forjado por el ímpetu de la juventud, fueron los jóvenes que cansados del reiterado abuso que vivimos, nos obligaron a despertar como país y como ciudadanos, es por eso que nuestro reconocimiento debe ser mucho más que amplio e inclusivo que al de una declaración por lo que pedimos más acción real, sólo así demostraremos el respeto a su lucha y fuerza, en especial a quienes cayeron, fueron mutilados y los que aún se encuentran detenidos por luchar”.

“Este 25 de octubre, la participación y el contundente triunfo nos llenó el corazón de alegría, pero más allá del regocijo, hay un llamado que nos insta a poner por delante los intereses de la ciudadanía sobre los partidarios, ya que la voz y empuje vino de la calle y no de nuestras asambleas, es por eso que hay que brindar espacio a todos quienes son parte de la gran familia del 78%, porque sólo con ellos podremos gritar las desigualdades que vivimos cada día y lo que buscamos mejorar con el “Apruebo”.

Llamado a la unidad de todas las fuerzas opositoras

Daniela Ríos llamó a los partidos opositores a “ser capaces de construir juntos y juntas un país más igualitario, hoy más que nunca es momento de entender que el camino es la unidad, es por eso que si queremos concretar los ideales de igualdad que por siglos hemos buscado como radicales, tenemos el desafío de elegir a nuestros constituyentes, asegurando un camino que incluya a los mejores protagonistas del movimiento social, con fraternidad y compañerismo, estamos seguros que nuestras banderas de lucha son las mismas que hoy reclaman chilenos y chilenas, y tenemos que ayudar a sumar en este proceso histórico, sin ellos no habrá espacio para conseguir los constituyentes necesarios que logren una real transformación”.

El domingo pasado y con más de seis millones de chilenos ejercieron su derecho al sufragio y el 78,2 por ciento de los votos considerados válidos estuvieron a favor de una nueva ley fundamental.

Los datos oficiales aclaran que el 79,10 por ciento decidió que el órgano que la redacte sea una Convención Constitucional, compuesta por delegados salidos de votación popular.

Con los resultados del referéndum, se dio punto final a la actual Constitución, impuesta en 1980 bajo la dictadura de Pinochet (1973-1990), que mantuvo los fundamentos del modelo neoliberal, rechazado en protestas populares.

Tras la votación, comienza un proceso en Chile que deberá culminar en abril, con la nominación y elección de los integrantes de la Convención Constitucional.

Santiago de Chile, 28 de octubre 2020
Crónica Digital

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Una querella criminal en contra del cabo 2° de la Armada de Chile, Ernesto Alejandro Osorio Loyola, como autor material del delito de “incendio agravado”, cometido en la Iglesia San Francisco de Borja, ubicada en calle Carabineros de Chile N°160, en la ciudad de Santiago, presentó, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH). En el escrito, el presidente de la institución, abogado Carlos Margotta Trincado, explicita que en virtud de lo dispuesto en los artículos 111 inciso 2°, 112, 113 y 172 del Código Penal, la querella se interpone en contra del cabo Osorio Loyola, funcionario público perteneciente a la dotación de la Base Aeronaval de Concón, dependiente de la Armada de Chile, y “de todos los funcionarios públicos que resulten responsables, sea en la calidad de autores, cómplices o encubridores, tanto en comisión activa como por omisión, en razón de los hechos y los argumentos de derecho” relativos a este hecho, “ocurrido el 18 de octubre 2020, durante la conmemoración del primer aniversario del estallido social”. Osorio Loyola fue detenido, junto a otras cuatro personas, como uno de los presuntos autores del incendio, que ese día, alrededor de las 16:00 horas, afectó a la iglesia institucional de Carabineros de Chile. Al momento de la detención -según informó entonces la policía uniformada- el cabo 2° de la Armada de Chile “portaba una resortera, una máscara y lentes de protección”. La Armada de Chile, a través de sendos comunicados de prensa, inicialmente rechazó “categóricamente la participación de cualquiera de sus miembros en este tipo de actos violentos que se alejan absolutamente de la reglamentación vigente”, para más tarde ampliar la nota, identificando al funcionario, reconociendo que su detención se había producido en el marco de “desórdenes públicos”, pero poniendo énfasis en que ese día, Osorio Loyola “se encontraba de franco”. “Esta inaceptable conducta debe necesariamente llevarnos a analizar y preguntarnos acerca de cuál es la determinación que impulsa a un funcionario de las fuerzas armadas y de orden, a infiltrarse en manifestaciones pacíficas” para transformarlas en actos delictivos, “y en consecuencia criminalizar el legítimo derecho a la libertad de reunión, de expresión y de manifestación, cuyo contenido está consagrado en el ordenamiento jurídico nacional y supranacional”, enfatiza la querella. En este sentido, en la querella criminal, la CChDH también menciona como “hecho indiciario”, lo acontecido con Oscar Cifuentes Salgado, alias “Giovanny Arévalo Álvarez”, otro funcionario público, perteneciente a Inteligencia de Carabineros de Chile, quien se infiltró en ollas comunes en la población Lo Hermida, en el sector Oriente de la capital, “actuando como verdadero agente provocador -figura delictual y ajena a la normativa vigente que permite infiltraciones o revelaciones en contexto de organizaciones expresamente definidas en la ley- para causar diversos delitos”. Santiago de Chile, 28 de octubre 2020 Crónica Digital

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