Prado, quien por el cargo preside la Corporación Regional del Medio Ambiente (Corema), declaró que la ley fija un plazo máximo de 180 días para su tramitación y este plazo se cumple el 22 de febrero próximo.
Organizaciones ambientalistas y sectores políticos han advertido la posibilidad de que el mandatario saliente pueda aprobar el controvertido proyecto antes de entregar el mando a la presidenta electa Michelle Bachelet.
El alto funcionario aclaró que, a pesar que la reunión para definir la resolución es el 14 de febrero, la Corema tiene plazo hasta el 22 para hacer todos los trámites posteriores al fallo. Sin embargo, este se decidirá aproximadamente el día 15.
«Está todo calendarizado a partir del 14, pero dado el volumen de las consideraciones que hay que revisar todo apunta a que el día 15 sería el día de la aprobación o rechazo del proyecto, porque después hay que tomar algunos días para confeccionar la resolución», apuntó.
Con respecto a las protestas que han realizado organizaciones medioambientalistas, exigiendo que la mina no se haga a cielo abierto para que no cause estragos en el ecosistema, Prado respondió que eso no estaba dentro de las funciones del organismo.
«La autoridad no puede obligar a una empresa a que cambie su proyecto, nosotros solamente vamos a analizar el proyecto, las consideraciones que hicieron los equipos técnicos, desde esa perspectiva el proyecto apunta a una explotación a tajo abierto», dijo.
Sin embargo, aclaró que «nosotros vamos a evaluar considerando el desarrollo económico pero sin un maltrato al medio ambiente».
El proyecto minero de la compañía canadiense Barrick Gold Corp, donde uno de sus principales accionistas es el padre del presidente norteamericano, George W. Bush, es considerado sumamente peligroso para el medioambiente chileno.
La compañía, que tiene su base en Canadá, pretende remover parte de tres glaciares que se ubican en la parte superior de la naciente del río El Toro para explotar los recursos minerales que se encuentran en el sector, lo que puede provocar enormes daños en la región.
Organizaciones ecologistas y sectores políticos nacioalistas lo consideran inviable porque causaría un irreparable desequilibrio ecológico en la zona y podría contaminar las aguas que suplen a una vasta región agrícola.
Por su parte, la presidenta en funciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Ana Bell, manifestó que el gremio está en contra de que el gobierno legisle de la manera que lo ha hecho en este caso, «de espaldas al pueblo».
«Nosotros por supuesto que no estamos de acuerdo con que se legisle y que se legisle además de esa manera, cuando el país no sabe lo que está pasando, yo creo que eso es realmente de mucha irresponsabilidad», puntualizó la dirigente.
A su vez, el dirigente nacional del comando de exonerados políticos de la CUT, Sergio Troncoso, destacó que «el Gobierno va a tener que escuchar todo lo que ha sido la acción, la movilización no sólo de ecologistas, ambientalistas sino que de todos los trabajadores».
Dijo que la organización no se opone a que vengan inversiones extranjeras, pero NO «queremos que se haga a expensa de los grandes intereses del país».
Varias organizaciones y partidos políticos de izquierda han anunciado una fuerte movilización nacional en los próximos días para presionar al gobierno, que a todas luces parece dispuesto a aprobar la multimillonaria inversión.
Santiago de Chile, 11 de febrero 2006
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