La primera, de cinco acordadas por los 80 miembros del Comité Central, es la eliminación del sistema electoral binominal, diseñado por el ex dictador Augusto Pinochet en 1989, y reemplazarlo por uno «proporcional, no excluyente y representativo».
Le siguen en orden modificar las normas laborales para establecer el derecho a negociación colectiva de todos los trabajadores chilenos, incluido el sindicato inter impresa y el efectivo derecho de huelga, virtualmente eliminado por los grandes intereses económicos.
Los comunistas demandan a la candidata socialista usar fondos del actual superavit fiscal para elevar en 100 por ciento las pensiones mínimas y asistenciales de vejez e invalidez y desarrollar un plan especial de obras públicas que alivie la situación del desempleo.
El pliego, dado a conocer por el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, contempla además un compromiso con las organizaciones de derechos humanos, que su gobierno se empeñará en lograr «la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la dictadura».
Según Teillier, si Bachelet compromete la concreción de estas demandas de cara al país antes del 29 de diciembre, e indica los mecanismos de solución que empleara, «estaremos disponibles, en el interés de Chile, para apoyar su candidatura.
Advirtió que de no hacerlo, el PC llamara a anular el voto y los ciudadanos sabrán a que atenerse el 15 de enero próximo cuando se le convoque a sufragar.
Ante decenas de periodistas que esperaban con expectación la decisión, Teillier negó que la unidad del pacto Junto Podemos Más este quebrada por el llamado que hizo el domingo el candidato humanista Tomas Hirsch a anular el voto.
«Obviamente hubiéramos preferido una decisión de consenso, pero eso en ningún caso afecta nuestra voluntad de seguir trabajando para fortalecer el proyecto alternativo de gobierno que defendió el pacto durante la campaña», apuntó.
Para Teillier, los dos candidatos que se enfrentan por la presidencia de Chile «aunque con matices de diferencia», se identifican con el sistema neoliberal y las políticas de corte represivo que se han implantado en los últimos 30 años.
En ese contexto -apuntó- la votación obtenida por la izquierda (5,40 por ciento) «debe colocarse al servicio del país y del pueblo para lograr conquistas políticas y sociales en su beneficio». «No seremos espectadores pasivos en la segunda vuelta electoral», puntualizó.
En un acto del martes en el Estadio Nacional, Bachelet anunció que propondrá, entre los primeros actos de su gobierno, una reforma al sistema electoral binominal «porque no queremos que se sigan torciendo las voluntades de las mayorías.
El sistema electoral, que impide el acceso de importantes sectores de izquierda al Parlamento, fue negociado por los denominados Partidos por la Democracia en 1989 con Pinochet como condición para acceder al gobierno en 1990.
Bachelet sabe muy bien que el 5,4 por ciento obtenido por Juntos Podemos Más en las elecciones presidenciales, coloca al pacto de izquierda en una posición privilegiada como factor definitorio en una segunda vuelta cerrada entre Bachelet y el candidato de la extrema derecha, Sebastián Piñera.
La ex ministra de Salud obtuvo el 45,95 por ciento de los votos, cifra inferior en casi tres puntos a los sumados entre Piñera (25,41) y el otro aspirante de la derecha opositora, Joaquín Lavín (23,22), que compiten juntos ahora.
El PC obtuvo en las elecciones de diputados el 5,1 por ciento, lo que equivale a 335 mil votos. La Concertación sabe muy bien que con los votos de los comunistas y su entorno, le podrían aportar el apoyo necesario para que su abanderada sea electa presidenta de Chile, el 15 de enero de 2006.
Las cinco demandas de los comunistas
Eliminar el sistema electoral binominal y reemplazarlo por un sistema electoral proporcional, no excluyente y representativo.
Modificar las normas laborales, estableciendo el derecho a negociación colectiva para todos los trabajadores chilenos, incluido el sindicato interempresa y el efectivo derecho a huelga.
Usar fondos del superávit fiscal para elevar en 100% las pensiones mínimas y asistenciales de vejez e invalidez, y desarrollar un plan especial de obras públicas que alivie la situación de desempleo de las localidades más deprimidas del país.
Entregar una señal concreta de su disposición a relevar la significación de los problemas de los pueblos originarios y medioambientales, a través del rechazo al proyecto minero Pascua Lama.
Comprometerse con las organizaciones que han defendido incansablemente los derechos humanos a que su Gobierno se empeñará, junto con ellas, en lograr la verdad, la justicia y el mejoramiento de la reparación a las víctimas de la dictadura.
Santiago de Chile, 15 de diciembre 2005
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