Sin embargo la geografía suele provocar confusiones, y da la casualidad que éste es un país sudamericano, y que más allá de la autosatisfacción en la que prefieren refugiarse muchos chilenos, sus problemas siguen siendo de latitud Sur.
El lunes pasado, a escasas horas de la consagración presidencial de la socialista Michelle Bachelet como candidata de la Concertación -un conglomerado de organizaciones que dicen formar una alianza pero que a esta altura de los acontecimientos ya integran un partido-, el titular de la Democracia Cristiana (que forma parte de ese conglomerado), Adolfo Zaldívar, formulaba por radio una muy poco velada reivindicación de la dictadura de Augusto Pinochet.
En el excelente espacio informativo matinal de Radio Cooperativa -una de las emisoras de mayor audiencia en el país-, Zaldivar reconoció las enormes diferencias que mantiene con Pinochet, sobre todo en materia de derechos humanos, pero admitió que la de él fue la única dictadura que decidió ponerse punto final mediante un llamado a elecciones. Quien trace una línea lógica de continuidad respecto de los dichos del capo demócrata cristiano debería entonces sentirse agradecido con el tirano genocida por haber sido él mismo el impulsor de tanta democracia.
Esas declaraciones de Zaldívar develan por sí mismas algunas de la claves del comportamiento electoral de la sociedad chilena, que dicho sea de paso, y desde el punto de vista de la intencionalidad editorial de APM, tomó la mayoritaria y sabia decisión de llevar a Bachelet al mismo recinto que por cuya dignidad constitucional y en una de sus oficinas hace más de 30 años Salvador Allende dio la vida.
Más del 53 por ciento de los chilenos que el domingo pasado eligieron a la médica socialista como primera presidenta del país se sintieron aglutinados no por un modelo de sociedad ni por un programa o plataforma de gobierno, sino por un miedo, por un temor obsesivo al pinochetismo, porque llámese Sebastián Piñera, Joaquín Lavín o el nombre que fuere el del candidato de la derecha tradicional, para más de la mitad de los electores se trata del heredero de dictador convertido en senador, aunque ahora desaforado y procesado por delitos también económicos. Es decir, en cada elección la cuestión pasa por cortarle el paso al pinochetismo.
Y no se trata de un temor injustificado ni de una preocupación menor. La Constitución que rige en Chile es la de 1982, es decir la sancionada por Pinochet.
El sistema binominal de elecciones se desprende de la misma y es el que posibilita, entre otras aberraciones del concepto de democracia, que muchos de los candidatos con pocos sufragios ocupen las bancas parlamentarias que deberían haber caído en manos de otros más votados.
En ese mismo orden de cosas, en Chile existe un «Estado» dentro del propio Estado, y se llama Fuerzas Armadas, el aparato militar que también diseñara la dictadura.
El 10 por ciento de la facturación (ni siquiera de las utilidades) de CODELCO, la empresa estatal del cobre, la mayor compañía del país, pasa a engrosar directamente el presupuesto militar, sin que en la práctica esté claro cuál es la posibilidad que tienen los organismos de contralor de fiscalizar su uso.
De ahí que en voz baja, aunque sin demasiada información develada, entre los chilenos reine la certeza de que sus Fuerzas Armadas no sólo cuentan con el mejor parque armado de la región sino que también gozan de un casi perfecto estado de autonomía real.
Según informó el diario El Mercurio el sábado 14 de enero, el banco de inversiones estadounidense Goldman Sachs sostuvo que CODELCO acaba de ser valorizada entre 24.500 millones y 27.500 millones de dólares.
Ese mismo matutino, conservador y decano de la prensa del poder, sostuvo que «(…) el mercado tiene un fundamento para saber cuánto pagaría aproximadamente por una acción de la compañía.
En caso de que la cuprera abriera el 20 por ciento de su propiedad al mercado -lo que ha sido planteado por su director, Patricio Meller y diferentes sectores (…)-, el fisco recibiría, tomando en cuenta la media del informe entregado por Goldman Sachs, 5.200 millones de dólares en concepto de esta venta. Es decir casi siete veces los que el Estado gasta en la construcción de viviendas sociales».
Es decir, el Estado chileno -hace 16 años con gobiernos de la Concertación, el conglomerado de partidos que comandó las acciones civiles de la salida «constitucional» de la dictadura a partir del referéndum de 1988- tiene en sus planes la privatización de la mayor empresa del país, y responsable de la parte del león de su balanza comercial, superavitaria en 2005 en cerca de 9.000 millones de dólares, según cifras oficiales.
En su último informe, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) reconoció los exitosos guarismos macroeconómicos pero alertó que Chile es el país latinoamericano con mayor índice de desigualdad distributiva.
El 20 por ciento de la población más rica del país percibe el 62,2 por ciento de los ingresos, mientras que al 20 por ciento más pobre sólo le llega el 3,3 por ciento. En los sectores juveniles -entre los cuales un millón de ciudadanos con derecho a voto ni siquiera se inscribió para ejercerlo- impera el consenso de que en el país no existen ni la salud ni la educación superior gratuita y pública en términos reales.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que entre de todos los países con alto desarrollo humano, Chile presenta la peor equidad.
Es sobre este escenario que la sociedad chilena dirime su vida electoral, en la cual fueron dos las ofertas con mayor capacidad de convocatoria: la Concertación de organizaciones calificada de centro izquierda (que tiene a Ricardo Lagos como presidente y postuló a Bachelet) y la Alianza de las dos facciones de la derecha pinochetista expresadas en la UDI y Renovación Nacional (impulsó la candidatura de Piñera).
Planteada así la cuestión podría entenderse que en Chile se enfrentaron dos fuerzas diametralmente opuestas.
Sin embargo, las diferencia de proyecto entre una y otra apenas son de matices o tendencias, por cierto que la primera con mayores expresiones de compromiso social y de derechos humanos, mientras que la otra…sobre la otra baste recordar que sus principales personeros fueron casi todos hombres de negocios o del poder político paridos por el general Pinochet.
La calma suprema y la falta de debate a fondo que demostró el acto electoral en segunda vuelta del pasado domingo 15 surgen claramente explicadas de algunas definiciones que casi toda la prensa se encargó de destacar.
Por ejemplo, el pasado martes 17 el diario La Tercera hizo una lista de los candidatos a conformar al gabinete económico de la presidenta que asumirá su cargo el 11 de marzo próximo -Mario Marcel y Andrés Velasco entre otros- y recordó que todos de extracción socialista- cuentan con el visto bueno de las principales cámaras empresarias.
Al día siguiente de su consagración, la propia Bachelet recibió a uno de los líderes del pinochetismo, Joaquín Lavín, y dijo «aspiro a contar con el apoyo de la oposición en algunas áreas tascendentales y sobre las cuales los candidatos señalaron tener acuerdo y dijeron en la campaña que aunque no fueran electos, se jugarían para que sus bancadas apoyaran este tipo de proyectos» (mantenimiento Acuerdos de Libre Comercio o TLC con Estados Unidos, revisión pero mantenimiento al fin de los parámetros de flexibilización laboral, más apertura de la economía, mayor control fiscal y desnacionalización del aparato productivo y existencia casi nula de organizaciones sociales con derechos reivindicatorios tangibles).
La dirección del propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se pronunció en el sentido de que ningún operador económico local e internacional esperaba cambios significativos en la marcha de la economía, fuese quien fuese el ganador de las elecciones.
El diario económico Estrategia -portavoz empresario del decálogo neoliberal- señaló en una nota del viernes 13 que «la solidez del sistema de libertades, político y económico, permite afirmar que cualquiera sea la opción presidencial ganadora del próximo domingo, Michelle Bachelet o Sebastián Piñera, Chile tiene una excelente oportunidad para avanzar hacia el desarrollo».
Después de las elecciones, el conjunto de la prensa destacó otros dos hechos que hablan de la falta de diferencias sustanciales entre las dos expresiones políticas mayoritarias y del nivel de concertaciones -de allí el sentido del título de este artículo- con el que se desenvuelve la sociedad chilena: que los operadores de Wall Street se desentendieron de las alternativas electorales porque consideraron que ambos candidatos pertenecen al mundo de la libre empresa y control fiscal, y que las cámaras empresarias se reunirán con la presidenta electa para acercarle sugerencias respecto de quienes deberían ocupar puestos claves en su gabinete, sin que, en general, hayan surgido voces políticas destacadas que considerasen al hecho como una acción de lobby o de presión de las corporaciones sobre el poder político.
Las buenas maneras, lo políticamente correcto y los acuerdos entre la corporación política en torno a la aplicación a rajatabla del modelo neoliberal son la base de sustentación del actual modelo político, gracias a que el síndrome profundo de la sociedad está dado por el miedo a la resurrección del pinochetismo, miedo que como ya se observó es ciertamente justificado.
Vale recordar en ese sentido que, y conforme viene expresándose en todas las elecciones post Pinochet, el pensamiento de derecha engendrado por el ex dictador abarca a casi a la mitad del electorado, a la misma mitad que votó por el general en el referéndum de 1988 y que se mantiene firme.
Si se tiene en cuenta que las voces disidentes y críticas para con el modelo «concertado» -la alianza Junto Podemos, encabezada por el Partido Comuniata- en la primera vuelta de este proceso eleccionario sólo llegaron a algo más del 7 por ciento de los sufragios, podría concluirse que incluso aquella mitad de los chilenos que le dicen no al pinochetismo están atrapados en uno de los primeros síntomas que provoca el miedo: la parálisis.
El miedo a Pinochet se convirtió en miedo a los cambios. La autosatisfacción ante los buenos números macroeconómicos, sobre los cuales la «concertación» social convino aplicar cierta dosis de derrame hacia abajo, tiende por ahora a generar un comportamiento colectivo conforme con el destino de injusticia distributiva, con el destino de país exportador de materias primas y con la aceptación creciente del aislamiento regional, cuando no cargado de expresiones chovinistas y militaristas.
Puede ser que la reciente decisión del presidente saliente Ricardo Lagos -quien dejará la primera magistratura con casi un 70 por ciento de aceptación popular- de asistir a la asunción de Evo Morales a la presidencia de Bolivia se transforme en señal conducente a terminar con la lista de cuentas pendientes que Chile ha creado con países de la región.
Ese es el análisis que hacen columnistas locales comprometidos con el proceso de «concertación», como es el caso del ex diplomático Jorge Rodríguez Elizondo.
En su artículo aparecido en el diario La Tercera del 17 pasado, Rodríguez Elizondo afirmó que Chile debe «renunciar a ese despecho con letra de corrido mexicano según el cual que importa que no me quieran, si al cabo me quiero solo».
Este gran acuerdo neoliberal y de tendencias aislacionistas en la región tiene también su correlato en el comportamiento de los principales medios de comunicación.
Algunas de las conclusiones difundidas en esta capital el lunes pasado por el Observatorio de Medios de la Asociación Latinoamericana para la Comunicación Social (COMUNICAN) -que monitoreó el rol de los medios en el escenario electoral chileno- arrojan señales orientadoras en ese sentido.
Una de esas conclusiones dice: «En general, los medios monitoreados tendieron a minimizar la discusión de informaciones, opiniones y debates en torno a las diferencias programáticas entre ambos candidatos. Muchas de las informaciones políticas y económicas no fueron ubicadas dentro del contexto electoral (…). Es de destacar también la ausencia de agenda de género, ya que por primera vez en este país una mujer se situó en las instancias decisivas de una contienda presidencial. En este mismo sentido, puede señalarse que la propia candidata apeló al concepto de mujer, sin que ello haya implicado el planteo de una agenda de género correlativa.
En otro orden cosas, el mismo informe subraya que «se registró un destacada cuota de profesionalismo entre los medios observados, en especial por la marcada tendencia a la multiplicidad, contraste y ratificación de fuentes.
Se ha evidenciado también una importante tendencia al equilibrio y neutralidad en el tratamiento a los candidatos.
El Observatorio de Medios de COMUNICAN midió la actividad de cinco medios escritos y otros tantos radiofónicos y televisivos, todos de alcance nacional.
El equipo de observadores que trabajó en Chile durante la semana previa a las elecciones del domingo 15 de enero estuvo integrado por María C. Stelling, socióloga de la Universidad Católica de Caracas, Venezuela; Ivonne Trías, directora de la revista Brecha, de Uruguay; Víctor Ego Ducrot, académico de la Universidad Nacional de La Plata y director de la Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), de la misma universidad, de Argentina; y Ernesto Carmona, directivo del Colegio de Periodistas de Chile. La misión fue invitada a Chile por ese Colegio, institución que auspició las labores del Observatorio.
Un misión similar de COMUNICAN cumplió con idéntico trabajo en diciembre pasado, en ocasión de monitorear el comportamiento de los medios bolivianos durante las elecciones que le dieron el triunfo a Evo Morales.
Por: Víctor Ego Ducrot (APM)
Santiago de Chile, 20 de enero 2006
Crónica Digital, 0, 329, 5
