Según la organización, en la Araucanía existen unos 28 vertederos activos, con un depósito mensual de unas 17 mil toneladas de basura, de los cuales el 70 por ciento de volumen se deposita al interior o en sectores aledaños de comunidades Mapuche y el resto alrededor de poblaciones de campesinos chilenos pobres. Un porcentaje similar es el que se distribuye en cantidades de recintos de basurales, según indicaron.
De acuerdo a lo manifestado por estas, las cifras indicarían una falta de una política seria y de fondo sobre ordenamiento y gestión territorial y tratamiento de la basura. «Es injustificable el funcionamiento de una gran cantidad de recintos de basura, en pequeñas comunas y que para más se encuentran descontrolados y varios en crisis ambiental y sanitaria y que afecta mayoritariamente a sectores vulnerables en sus Derechos», señalaron en incomunicado público.
Ante esta situación, diversas organizaciones Mapuche y ciudadanas, entre ellas, la Coordinación de comunidades y familias afectadas por basurales, representada por Manuel Curilem, dirigente afectado por uno de los basurales en la Región; la agrupación Konapewman de Temuco, a través de su vocero Alfredo Seguel y la Red de acción ciudadana por los Derechos ambientales (RADA) a través de una de sus representantes, la Bióloga en gestión de recursos naturales, Alejandra Parra, apuntaron que el único camino para revertir estos hechos es el de generar un ordenamiento territorial en la región que ponga fin a la multiplicación de recintos de basura, como asimismo, una nueva política pública que contenga la reducción de residuos a través de normas de embalaje y reciclaje, la recolección diferenciada a cargo de los municipios y la disposición final en recintos que contengan una tecnología apropiada para su compactación, eliminación y prevención de impactos.
Para este fin, se indicó, que su ordenamiento territorial en la instalación de nuevos recintos de basura, debe comenzar poniendo fin al racismo ambiental que afecta a numerosas comunidades que sufren los impactos en sus tierras y ecosistemas, para ello sería indispensable la erradicación de los actuales recintos que afectan a centenares de familias en la región, y asumir que la instalación de nuevos recintos debe obedecer y respetar los factores socio culturales que caracteriza la región, considerando las distancias de las poblaciones y sus viviendas, argumentaron.
En efecto, para los criterios de selección de las áreas de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, las organizaciones establecen que se debe considerar los siguientes factores, entre ellas: la característica geotécnicas de los terrenos donde se ubicarán los recintos; condiciones climáticas de las zonas de ubicación; presencia de acuíferos, cuencas, microcuencas; capacidad de los ecosistemas; distancias poblacionales, entre diversas otras consideraciones de desarrollo humano y ambiental.
Dichas propuestas y demandas, trabajadas de manera autogestionada por las propias organizaciones, están siendo dadas a conocer a diferentes instancias públicas, tanto del gobierno regional y nacional, Municipios y legisladores, ya que para estas, un cambio profundo de estas políticas, requiere el compromiso de todos los sectores públicos.
Alfredo Seguel vocero de la Agrupación Konapewman, esta situación es bastante insólita, ya que no solamente han debido atender las demandas y denuncias como consecuencia de los graves impactos que atraviesan las comunidades a causa de los recintos de basura, sino además, de manera autónoma y autogestionada, han debido preocuparse de las propuestas para buscar una salida a estas crisis y conflictos de la Región: «Las propias comunidades afectadas y las organizaciones preocupadas por estos temas, hemos debido hacer frente para buscar soluciones, cuestiones que desde hace bastante tiempo han debido asumir las propias autoridades que están para ello, pero esto no ha sucedido», señaló el dirigente.
Cabe mencionar, que desde abril las comunidades y organizaciones han venido insistiendo ante el actual Gobierno regional la instalación de mesas de trabajo resolutivas para tratar los conflictos socio ambientales en la Región, entre ellos, los de basurales y de plantas químicas de aguas servidas. En efecto, hubo un principio de acuerdo para conformar comisiones técnicas, que en el caso de los conflictos de basurales, según han denunciando los propios afectados, esta no ha tenido el soporte y efectividad que amerita.
Para Seguel, los problemas se centran en las descoordinaciones de los propios órganos y servicios públicos quienes no están atendiendo correctamente, con la altura que se merece, la constitución de estos espacios que son fundamentales para resolver la actual crisis de la región. «El funcionamiento de estas comisiones se han dilatado en demasía y el gobierno regional no ha asumido debidamente sus compromisos y responsabilidades para que estas instancias funcionen correctamente.
Lamentablemente, los únicos perjudicados de todo esto, siguen siendo las centenares de familias de comunidades que deben seguir soportando los desastres socio ambientales por la falta de rigurosidad de las autoridades. Aún así, esperamos que estos inconvenientes se puedan solucionar a la brevedad».
Las organizaciones han anunciado, que paralelo ha estas mesas de trabajo, hasta el momento fallidas, según han advertido, continuarán a corto y mediano plazo, con diferentes acciones legales, administrativas y de movilización y denuncia pública permanente, para revertir las actuales condiciones que enfrenta la Región como consecuencia de los basurales.
Temuco, 2 de junio 2006
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