DD.HH.

Los hijos de la víctimas del denominado Caso Degollados y el Gobierno de Chile sumarán esfuerzos para intentar revertir el beneficio de libertad al exagente de la dictadura pinochetista Alejandro Sáez. La administración de Michelle Bachelet dio a conocer hoy su postura de apoyo a la familia de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, secuestrados y degollados por la dictadura de Augusto Pinochet en 1985. El primer paso ahora será presentar una apelación ante la Corte Suprema de Justicia por el crimen de los tres militantes del Partido Comunista de Chile(PCCh). Si no procede, los allegados de Guerrero, Parada y Nattino señalaron que acudirán a los tribunales internacionales, ante la eventual liberación de Sáez por un tecnicismo jurídico en las leyes chilenas. Chile conoció en marzo de 1985 el secuestro y degollamiento de los integrantes del PCCh por agentes de Carabineros, hecho que despertó la indignación nacional y el juez especial José Cánovas logró esclarecer el caso. Ordenó la detención de ocho oficiales de Carabineros, incluidos dos coroneles. Luego de las investigaciones, la cifra de acusados se elevó a 15. Ese mismo año el general César Mendoza, general director de Carabineros y miembro de la Junta del Gobierno, dimitió. También fue disuelta la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), de la que formaban parte Sáez y Miguel Muñoz Uribe, a quienes la Corte de Apelaciones concedió libertad condicional pese a la condena de ambos de cadena perpetua. El abogado de las familias de los asesinados, Fernando Leal, declaró a la prensa que el fallo es una vergüenza y subrayó que será apelado, con plazo hasta el viernes próximo para presentar un recurso ante el máximo tribunal del país. Sí o sí había que darle el beneficio a estos criminales, y ese es un error garrafal, que no se condice con lo que nuestra doctrina y jurisprudencia en forma uniforme ha venido diciendo durante muchas décadas, deploró Leal. Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, comentó que todavía hay deudas pendientes relacionadas con la legislación, que es la misma para los condenados por crímenes de lesa humanidad y delitos comunes. A su turno, Francisco Ugaz, abogado del programada de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, anotó que sostuvo una reunión al respecto con la titular de Justicia, Javiera Blanco. Ugaz remarcó que no hay un arrepentimiento a propósito de los hechos que ha cometido y con los argumentos conocidos, «aspiramos que la resolución del tribunal de base sea revocada y en definitiva no se conceda la libertad condicional a Saez». Santiago de Chile, 15 de julio 2015 Crónica Digital / PL

Colegio de Profesores calificó el hecho como una situación repudiable e injustificable en virtud de la violación a los derechos humanos sufridos en Chile. El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, calificó de impresentable la resolución de la Corte de Apelaciones de conceder la libertad condicional al ex agente de la Dicomcar, Alejandro Sáez Mardones, condenado a cadena perpetua por los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, ocurridos en 1985. “Es repudiable que un asesino sea beneficiado con esta resolución. En momentos en que en el país existe un fuerte cuestionamiento a las instituciones, es doloroso que la justicia aún no se reivindique de su lamentable rol en dictadura, más aún cuando se trata de crímenes de lesa humanidad”, indicó. “Los docentes del país debemos levantar la voz para condenar este hecho, que esperamos no sea una señal para otros condenados por violaciones a los derechos humanos. Chile sigue en deuda con miles de víctimas de la dictadura y el Estado debe garantizar las penas efectivas para estos delitos que son inamnistiables e imprescriptibles”, señaló Gajardo, quien expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas. Asimismo el tesorero nacional del Colegio de Profesores, Juan Soto, manifestó su «rechazo y más enérgico repudio por la pésima señal que dan los Tribunales de Justicia a la sociedad civil por dejar en libertad a violadores de derechos humanos, dejando también en un muy mal pie la imagen de Chile hacia el resto del mundo por no condenar como corresponde los crímenes de lesa humanidad, dejando en libertad al asesino culpable de los cruelmente degollados durante la dictadura militar». “Este golpe es muy duro para los familiares y el movimiento social y como gremio haremos todos los esfuerzos por revertir esta medida”, indicó el presidente del Magisterio, quien recordó que Parada, Nattino y el profesor Guerrero, fueron asesinados por sus ideas y por luchar por la libertad y la democracia para el país. Santiago de Chile, 15 de julio 2015 Crónica Digital

El diputado Hugo Gutiérrez criticó el otorgamiento de libertad condicional por parte de la Corte de Apelaciones al ex agente de la Dicomcar, Alejandro Sáez Mardones, quien fue condenado en 1991 a presidio perpetuo por los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Indignación provocó el beneficio carcelario otorgado por la Corte de Apelaciones de Santiago a Alejandro Sáez, ex agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, quien fue condenado por el denominado “Caso Degollados” ocurrido en 1985. El diputado miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara,Hugo Gutiérrez, manifestó que todos quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad, “indudablemente no deberían tener ningún tipo de beneficio carcelario”. “Así como la acción penal es imprescriptible; así  como estos delitos no son indultables; como tampoco son amnistiables, es obvio que no deberían tener ningún tipo de beneficios”, expuso Gutiérrez, para agregar que como la libertad condicional es una forma de rebajar la pena, este beneficio otorgado “es una forma de indulto. Es obvio que una persona que ha cometido los delitos más crueles que se pueden cometer contra un ser humano y contra la humanidad, no puede recibir ningún beneficio del Estado, justamente a quienes ellos servían cuando cometieron todos estos crímenes”. “En materia de delitos de lesa humanidad, no puede haber impunidad”, destacó el diputado por la región de Tarapacá. Gutiérrez, junto con solicitar la rectificación de la decisión, anunció que presentará una moción parlamentaria para que los criminales de lesa humanidad no accedan a ningún tipo de beneficio. “Yo insto a la Corte Suprema a que rectifique esta decisión y por otro lado, nosotros dejaremos en claridad con un proyecto de ley, que estos delitos no sólo no pueden ser imprescriptibles, amnistiados o indultados, sino que también debe quedar estipulado que estos delitos tampoco merecen ningún tipo de beneficio carcelario”, concluyó Gutiérrez. Santiago de Chile, 15 de julio 2015 Crónica Digital

La reanudación de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington es una gran victoria de Cuba, que logrará también el cese del criminal bloqueo económico, opinó hoy el jurista chileno Eduardo Contreras. Agregó que es un desafío, pero quienes conocemos al pueblo cubano tenemos plena confianza en la madurez de su conciencia política y su adhesión sin reservas a los principios por los que han luchado y que le son tan propios. El también diplomático, político y periodista afirmó que es «un paso adelante en la perspectiva de paz en que los estados aprendan a respetar sus diferencias y a convivir pacíficamente en la diversidad». En entrevista con Prensa Latina, Contreras resaltó asimismo la importancia de haber logrado la liberación de los cinco antiterroristas cubanos encarcelados injustamente durante 15 años en prisiones de Estados Unidos. El día de su partida, tras cumplir su misión como embajador de Chile en Uruguay, el reconocido defensor de los derechos humanos recordó también su participación en el proceso constituyente cubano (1975-1976). Asimismo, abarcó la actual situación de los derechos humanos en América Latina y, especialmente, en Chile, tras el golpe militar de 1973, donde considera que «aún hay grandes desafíos pendientes». Derechos Humanos en Latinoamérica Reconoció que en la región hay algunos avances en cuanto a derechos humanos básicos, como igualdad de género, libertad sexual, medio ambiente, educación, libertad de expresión y otros, pero «distamos mucho de los niveles requeridos», dijo. La actividad antidemocrática, subrayó, no ha desaparecido del todo y hay países en que el eje de control de la fuerza material y de la fuerza de los medios de comunicación no se ha modificado. Incluso, afirmó Contreras, hay señales de progreso, al menos en materia de procesos judiciales, en cuanto a verdad, memoria, justicia y reparación respecto de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las dictaduras del pasado reciente. Pero, con todo, enfatizó, resta mucho por hacer para que la sociedad comprenda que estos no son asuntos del pasado sino del presente y, más que nada, del futuro. El Desafuero de Pinochet Interrogado sobre los derechos humanos en Chile, puntualizó, en primer lugar, que el gobierno popular del presidente Salvador Allende (1970-1973) «se desempeñó con estricto apego a la Constitución y a las leyes». Sin embargo, añadió, determinados sectores de dentro y fuera del país alegaron supuestas ilegalidades y abrieron paso al golpe cuyos efectos y cambios en distintos campos de la sociedad chilena subsisten todavía. Por eso, precisó, los avances logrados en Chile son importantes. Contreras elogió la actitud solidaria de distintos actores durante la represión del régimen de Augusto Pinochet (1973-1985) y mencionó «el heroico papel jugado en los primeros años por la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica». Asimismo, destacó la importancia del Informe Rettig, de los familiares de las víctimas, las asociaciones de detenidos-desaparecidos, de ejecutados políticos y de los propios expresos políticos. Planteó como logro importante que haya mil 500  expedientes judiciales en curso, con decenas de torturadores condenados, así como jueces de dedicación […]

A través de un comunicado público, la Red Metropolitana NO ALTO MAIPO cuestionó los dichos del Ministro Máximo Pacheco, realizados este domingo en el programa Tolerancia Cero, de Chilevisión. La marcha “Para Luksic la energía y a nosotros la sequía”, realizada este sábado 11 en La Florida y que pese a la amenaza de lluvia congregó a casi 4000 personas, articulando más de 30 organizaciones socioambientales, vecinales, patrimoniales, asambleas populares, organizaciones sindicales y estudiantiles, demostró la fuerza que tiene la oposición al megaproyecto hidroeléctrico Alto Maipo y la creciente preocupación social por el agua en la Región Metropolitana. La masiva articulación de diferentes sectores, la amplia cobertura de medios de comunicación y la visibilidad que esta manifestación alcanzó en las redes sociales, demuestran la vitalidad del movimiento opositor a la agenda energética político-empresarial y evidenció la falta de legitimidad social que tiene el proyecto de Aes Gener, por sus consecuencias ambientales, sociales, económicas y culturales. Ante las declaraciones de Pacheco, quien señaló que Chile tiene las tarifas más altas de América Latina y que la solución es construir más centrales y más líneas de alta tensión, es necesario aclarar que los precios de la energía lo determinan las mismas empresas eléctricas, mercado que es controlado por cuatro transnacionales. [1] http://diario.latercera.com/2014/12/21/01/contenido/negocios/27-180121-9-la-transformacion-del-mapa-energetico-tras-hidroaysen.shtml Cuando el ministro señala que Alto Maipo es un proyecto aprobado legítimamente, es necesario recordarle que una comisión investigadora de la cámara de diputados concluyó que dicha aprobación ocurrió ante el evidente abandono de deberes de distintos servicios públicos, como SERNAGEOMIN, DGA, CONAF. Debemos recordar que Aes Gener tiene antecedentes de incumplimiento de la legislación chilena, ejemplo de esto es el caso de la central termoeléctrica “Campiche” aprobada debido a las presiones que realizó la empresa y que anularon incluso las consideraciones jurídicas de la Corte Suprema para que no se realizara.  También debemos recordar el caso de contaminación de la escuela “La Greda” en la comuna de Puchuncaví. Se equivoca también el ministro cuando dice que este es un proyecto fiscalizado regularmente por la Super Intendencia de Medio Ambiente, pues  permanentemente incurre en incumplimientos a su propia RCA y a las normas chilena lo que ha quedado en evidencia en las fiscalizaciones ciudadanas que han identificado graves irregularidades, quedando, seguramente, otras más por investigarse y denunciarse. Por último, creemos inaceptable las declaraciones del ministro al sostener que “es un proyecto importante para Chile”, ya que queda en evidencia que Alto Maipo producirá energía para una de las mineras del grupo Luksic, “Pelambres”, famosa por la contaminación de las aguas de la localidad de Caimanes. Como Red Metropolitana No Alto Maipo, continuaremos movilizadas y movilizados, promoviendo la unidad de propósitos de los movimientos sociales, la defensa y recuperación del agua, la información y explicación de las nefastas consecuencias de Alto Maipo y la agenda energética empresarial. Hasta que detengamos Alto Maipo. Hasta que el agua se consagre como un derecho social que garantice la vida humana y todas las vidas. ¡A sacar el agua del mercado! Santiago de Chile, 14 de julio […]

Alvaro Corbalán, exmayor del Ejército durante la dictadura de Augusto Pinochet, recibió un castigo adicional con la suspensión de visitas al incautársele documentos falsos en prisión. La noticia fue confirmada hoy por la ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien dijo que Corbalán, que cumple cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, fue sancionado con la cancelación de las visitas. El exmilitar fungió en 1978 como jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CN), la policía represiva de la dictadura que ocupó el lugar de la no menos tenebrosa Dirección Nacional de Inteligencia de Pinochet. Corbalán cumple condena de por vida en razón del crimen del carpintero Juan Alegría, que cometió para ocultar el degüello del dirigente sindical Tucapel Jiménez en 1982. Asimismo, es culpable por la matanza de 12 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (1987), y del crimen del periodista José Carrasco (1986), en represalia de los escoltas muertos en el frustrado atentado a la comitiva de Pinochet en 1986. «Se inició un procedimiento sumario que está en curso y se estableció una sanción de suspensión de visitas. Eso tiene que ver con parte de los protocolos que permanentemente Gendarmería está realzando para reforzar la seguridad», dijo la ministra. Blanco admitió que incluso los papeles descubiertos a Corbalán pudieran tratarse de documentos con fines de fuga. Se sabe que en el pasado fue denunciado cuando compraba verduras en esta capital, donde también fue visto en un restaurante. En declaraciones a la cadena Chilevisión, el abogado defensor de los derechos humanos Cristián Cruz afirmó que el Ejército realiza una fuerte presión para que los internos del penal Punta Peuco tengan una serie de privilegios. Pese a los horrores de la junta militar pinochetista, partidos como la Unión Demócrata Independiente (UDI) no ocultan sus simpatías con el régimen dictatorial y con frecuencia se dan homenajes a sus seguidores. Santiago de Chile, 14 de julio 2015 Crónica Digital / PL

La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios se reunió con la ministra de educación, Adriana Delpiano, la cual ratificó los acuerdos del MINEDUC con los secundarios y se comprometió a que el proyecto de desmunicipalización sea promulgado durante el gobierno de Bachelet. Hasta las dependencias del MINEDUC llegaron los dirigentes de la CONES para sostener la reunión que con antelación habían solicitado a la ministra Adriana Delpiano. La cita, que originalmente tenía como único objeto la ratificación de los compromisos realizados por el anterior ministro, fue tensada por el anuncio presidencial de realizar las reformas que la economía permita financiar bajo el actual cuadro de desaceleración. Ricardo Paredes, vocero de la CONES, realizó un duro emplazamiento a la Presidenta de la República para que esta cumpla con los compromisos de su programa y asegure el financiamiento de la reforma educacional, esto ante el anuncio de costear inicialmente solo el 60% de la gratuidad universitaria. “Emplazamos a que la presidenta asegure el financiamiento de la reforma educacional y cumpla su compromiso de gratuidad universal y desmunicipalización. El gobierno debe entender que en educación se invierte, no se gasta, y que la principal herramienta para levantar la economía es una mejor educación”, concluyó Paredes. En cuanto a la reunión sostenida con la ministra de educación, el dirigente estudiantil señaló su satisfacción ante la ratificación de los compromisos establecidos por el actual ministro de la Segpres con los secundarios. «La ministra ratificó con nosotros el compromiso firmado por Eyzaguirre en cuanto a la vuelta de la educación pública al Estado, la resolutividad de los consejos escolares, la inyección de recursos a nuestros colegios y la elaboración de un nuevo sistema de financiamiento», señaló el dirigente estudiantil. En cuanto a los plazos de tramitación del proyecto de desmunicipalización, Paredes indicó que la ministra Delpiano comprometió el ingreso del mismo para el mes de agosto y la promulgación de la ley durante el gobierno de la presidenta Bachelet. “Presentamos nuestra molestia por las reiteradas postergaciones del proyecto de desmunicipalización. No obstante la ministra se comprometió a que este ingresará al parlamento en un mes más para así finalizar su trámite en marzo del 2016. Nosotros no toleraremos un nuevo aplazamiento”, indicó el dirigente de los secundarios. Finalmente el vocero de los secundarios culpó a los empresarios de buscar “vetar” las reformas mediante el chantaje, cuestionó la decisión del gobierno por revisar sus compromisos y reafirmó el 4 de agosto como fecha de la próxima movilización. “Es indignando que el empresariado tenga capacidad de veto frente a las reformas que soberanamente Chile decidió realizar. Si el gobierno acepta el chantaje y frena las reformas a cambio de mayor inversión es cosa suya. Por nuestra parte nos volcaremos a las calles este 4 de agosto para exigir que el gobierno cumpla sus compromisos”, concluyó Paredes. Santiago de Chile, 14 de julio 2015 Crónica Digital

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto Greisse, dictó sentencia en la investigación que sustancia por los secuestros calificados de Luis Guendelman Wisniak y Carlos Gajardo Wolff, víctimas de la denominado «Operación Colombo». En la resolución, el ministro Crisosto dictó condena en contra de 22 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en los secuestros, perpetrados a partir del 2 y el 20 de septiembre de 1974, respectivamente. Como autores de ambos delitos, el ministro condenó al agente César Manríquez Bravo a la pena de 20 años de presidio; en tanto, Manuel Heriberto Avendaño González, Alejandro Francisco Astudillo Adonis yDemóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra, deberán purgar 12 años de presidio. Guendelman Wisniak Por el secuestro calificado de Guendelman Wisniak fueron condenados a 10 años de presidio, en calidad de autores, los agentes de la DINA: Ricardo Víctor Lawrence Mires, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Nelson Alberto Paz Bustamante, José Abel Aravena Ruiz, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Gerardo Meza Acuña, José Nelson Fuentealba Saldías y Raúl Juan Rodríguez Ponte. Como cómplices fueron condenados a 4 años de presidio los agentes: José Jaime Mora Diocares, Moisés Paulino Campos Figueroa, Óscar Belarmino la Flor Flores, Sergio Iván Díaz Lara y Roberto Hernán Rodríguez Manquel. En la etapa investigativa, el ministro Hernán Crisosto logró determinar la siguiente secuencia de hechos: «En horas de la noche del día 02 de septiembre de 1974, Luis Alberto Guendelman Wisniak, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en su domicilio ubicado en Ruiz de Gamboa N° 048, de la comuna de Las Condes, por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes lo introdujeron a una camioneta marca Chevrolet, al recinto clandestino de detención denominado «José Domingo Cañas», ubicado en el N° 1367 de dicha calle, en la comuna de Ñuñoa. Posteriormente, Guendelman Wisniak fue visto por diferentes testigos en el cuartel clandestino de detención de la DINA denominado «Cuatro Álamos», ubicado en calle Canadá altura del 3000, en la comuna de Santiago, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA. Que el ofendido Luis Alberto Guendelman Wisniak durante su estada en los cuarteles de José Domingo Cañas y Cuatro Álamos permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en el primero de estos recintos, respecto de sus actividades partidarias y sobre el nombre y domicilio de sus compañeros de grupo político a fin de proceder a la detención de sus miembros. Que la última vez que la víctima Guendelman Wisniak fue visto por otros detenidos, ocurrió un día no determinado del mes de octubre de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha». Gajardo Wolff Por el secuestro de Carlos Gajardo Wolff el ministro condenó, en calidad de autores, a los agentes: Manuel Contreras Sepúlveda y Miguel Krassnoff Martchenko a penas […]

Durante el acto central en el Teatro Camilo Henríquez, en que se conmemoró a la vez el Día del Periodista, Javiera Olivares reafirmó el compromiso del Colegio con que el derecho a la comunicación quede instituido en la nueva Carta Fundamental, proceso que debiera generarse a través de una asamblea constituyente. Asimismo, llamó al gobierno a no claudicar en el empeño de que las reformas que comprometió y con las que salió electo se materialicen y lanzó video “Aún La llevan”, como una interpelación al sistema mediático nacional   Un discurso lleno de sentido político con llamados a la unidad para impulsar las reformas que el país necesita entregó la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Javiera Olivares Mardones, al conmemorar este sábado el 59º aniversario de la creación de la orden profesional, fecha instituida como el Día del Periodista.  Ante sus colegas y trabajadores de las comunicaciones, académicos, autoridades políticas, agrupaciones de derechos humanos, representantes del arte y la cultura, y ciudadanía en general, la dirigenta hizo un recuento de este primer año de conducción de la nueva mesa directiva y exigió al gobierno no claudicar en el sentido transformador comprometido en el programa de gobierno. El acto se desarrolló desde las 11 horas en el histórico y emblemático Teatro Camilo Henríquez y fue la ocasión elegida para lanzar el video “Aún la llevan” y la página homónima, que da cuenta de cómo en su mayoría el sistema mediático nacional sigue controlado por visiones heredadas de la dictadura. Durante el acto se entregó la credencial del Colegio de Periodistas de Chile a decenas de nuevos colegiados y un reconocimiento especial a los periodistas Daniel Yáñez y Licia Ballerino, por sus 50 años de ejercicio profesional. La ceremonia contó con la presencia de los subsecretarios general de Gobierno Osvaldo Soto y Cultura Lilia Concha, el presidente del CNTV Oscar Reyes y el presidente de la Federación de Colegios Profesionales y ex presidente del propio Colegio de Periodistas Marcelo Castillo.  También de los presidentes regionales Juan Carlos Espinoza de Maule Sur, Manuel Bonifaz de Coquimbo, Daniel Lillo de Valparaíso y Giacomo Marasso de la región Metropolitana, además de la mesa directiva compuesta por la secretaria general Vanessa Sabioncello, el primer vicepresidente Patricio Martínez, el segundo vicepresidente Patricio Segura y el tesorero Igor Mora.  Las definiciones del Colegio Diálogo social sobre comunicaciones democráticas: “Es necesario reiterar la urgencia de dejar atrás la ya agotada etapa de ‘transición pactada’, obviando viejas consignas que expulsaron las políticas públicas de comunicación del debate nacional. Hoy, más que nunca, Chile requiere iniciar un diálogo social sobre comunicaciones democráticas. Desgraciadamente, y pese a que el Gobierno anunció a mediados del año pasado la instalación de una mesa de debate sobre libertad de expresión -cuestión que reiteró la presidenta Bachelet en reunión con esta mesa directiva- dicha instancia no se concretó; por lo tanto, el derecho a la información y la libertad de expresión han continuado operando exclusivamente bajo las condiciones del mercado”. Unidad para los trabajadores de las comunicaciones: “Como Colegio […]