DD.HH.

Otros cuatro exmilitares se sumaron a la lista de investigados por el denominado Caso Quemados de 1986, que costó la vida al fotógrafo Rodrigo Rojas y dejó graves quemaduras a Carmen Gloria Quintana. El juez Mario Carroza ordenó la detención preventiva de los cuatro exmilitares, que se añaden a siete más, señalados por rociar con gasolina a Rojas y Quintana cuando realizaban una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet. Rodrigo Rojas, un fotógrafo de 19 años que regresó al país luego de su exilio en Estados Unidos, falleció como consecuencia de las quemaduras, que hasta hace poco fueron consideradas por la justicia como accidentales. Rojas y Carmen Gloria, entonces estudiante universitaria de 18 años, participaban en una manifestación en la zona de Estación Central en Santiago, cuando fueron reprimidos por agentes de Pinochet. Los nuevos detenidos son Pedro Fernández Dittus, el oficial al mando de la patrulla que agredió a los jóvenes y quien ordenó después llevarlos hasta las afueras de la ciudad, donde fueron lanzados a una zanja. Fernández Dittus recibió en su momento una condedna de 600 días de cárcel por cuasi delito (no intencional) de homicidio. Los otros detenidos son los exreclutas Leonardo Riquelme, Juan González y Walter Lara. Fuentes judiciales dijeron que los cuatro estarán hoy a disposición del juez Carroza, magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien señaló el viernes que «se ha resuelto el procesamiento de las personas que se encontraban detenidas, particularmente seis de ellos como autores y uno como cómplice». Como autores serán procesados el excoronel Julio Castañer, Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo. El otro sindicado, como cómplice, es Sergio Hernández, quien era conductor del camión de la patrulla. El exrecluta Fernando Guzmán quebró el pacto de silencio que sostenían los militares y señaló como verdadero autor de los delitos a Julio Castañer, quien prendió con su encendedor la gasolina que previamente ordenó verter sobre los jóvenes. Santiago de Chile, 27 de julio 2015 Crónica Digital / PL

Más de trescientas personas repletaron ayer la Sala Antonio Varas en el CÓNCLAVE SOCIAL por Nueva Constitución , PlebiscitoAhora y Asamblea Constituyente, cuyo lema fue Que la ciudadanía decida.    El acto partió a las 11.00 horas con una votación simbólica para dirimir entre tres procedimientos para escribir la Nueva Constitución : Asamblea Constituyente ; Comisión Bicameral y Comisión de Expertos. Se rindió homenaje a Nelson Quichillao López, trabajador subcontratista de la división de El Salvador de Codelco, baleado en la madrugada del viernes pasado. Ismael Oddo del grupo Quilapayún cantó como solista.   Al cierre del acto subieron al escenario para acompañar la lectura del Manifiesto del Cónclave Social : Barbara Figueroa y Nolberto  Díaz , Presidenta y Vice Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT; Raúl de la Puente , Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, de MarcaAC  Manuel Lobosy Genaro Cuadros; del Colegio de Periodistas, su PresidentaJaviera Olivares y su Vice Presidente Patricio Martinez;  Gabriela Farías Presidenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud FENPRUSS;  de la  Agrupación de  Familiares de Detenidos Desaparecidos AFDD su Presidenta Lorena Pizarro y Vice presidenta Gabriel Zuñiga; de la Asociación Chilena de ONGs ACCION, Alvaro Ramis; Ruth OlatePresidenta del  Sindicato de Trabajadoras de Casa ParticularSINTRACAP; el  Presidente de  la Confederación Nacional de Funcionarios de Educación Municipalizada de Chile CONFEMUCH,Manuel Valenzuela; Kena Lorenzzini  de Corporación Humanas;  la Presidente de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación CORPADE, Dafne Concha; Andrea Gutierrez; Presidenta del Sindicato de Actores de Chile SIDARTE; de la Coordinadora Nacional Estudiantes Secundarios CONES  Ricardo Paredes y Tomas Vergara; de la Confederación de Trabajadores del Comercio CONSFECOVE  su Presidente Leandro Cortés ; Jorge Cisternas de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios CONADECUS; de la Fundación Multitudes Paulina Ibarra; Claudias Dides  de Derechos Sexuales y Reproductivos MILES . También estuvieron en el escenario  los abogados constitucionalistas Constanza Salgado, Fernado Atria;  los economistas Daniel Hojman, Gonzalo Martner, Nicolás Grau y Esteban Puentes ; del   pueblo mapuche , como pueblos originarios   pre-existentes al Estado de Chile, Jaime Huenún, poeta y José Marimán, abogado. También participaron los parlamentarios de la bancada AC : Maya Fernández, Camila Vallejo, Daniel Melo, Leonardo Soto; Claudio Arriagada; Giorgio Jackson, Karol Cariola. Los dirigentes políticos : Sebastian Depolo de Revolución Democrática; Camilo Lagos , PRO; Laura Albornoz, José Miguel Burmeister de la Democracia Cristiana;  René Jofre PPD; Juan Andrés Lagos PC y Bernarda Pérez de Izquierda Ciudadana IC. Del mundo de la cultura, la ex Ministra del ramo Claudia Barattini, el periodista René Naranjo, las actrices Mariana Loyola y Catalina Saavedra, además del destacado abogado de DDHH Roberto Garretón.   La vocera de la articulación CONCLAVE SOCIAL por Nueva Constitución , PlebiscitoAhora y Asambalea Constituyente, Kena Lorenzzini de Corporación Humanas , destacó la actividad, “como una señal potente de diversidad y social que logra componer la demanada constituyente en Chile, con esto estamos enfrentando la desesperanza”, dijo.    Por su parte, Genaro Cuadros sostuvo que “escogimos hablar desde un espacio cultural, que además está ubicado frente a La Moneda  queremos que el ejecutivo escuche , conozca y considere estas voces diversas y representativas que demandan un proceso constituyente delibeartivo , un PlebiscitoAhora donde la ciudadanía decida sobre el mecanismo y permita habilitar institucionalmente la Asamblea Constituyente”.   En representación de las organizaciones sociales convocantes dio lectura al Manifiesto (adjunto) , la Presidenta del Colegio de Periodistas […]

“La Asamblea General Extraordinaria del 17 de julio de 2015, es la que suspendió el presidente en atribución que le otorgan los Estatutos, mientras se encuentre en curso la misma asamblea, quien preside es quien llama para realizar una nueva, mientras sigue en curso esta asamblea, será siempre el presidente quien llama a continuarla”. Con estas palabras el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo y leyendo los Estatutos del gremio, ratificó la legalidad de la continuidad de la Asamblea Nacional suspendida el viernes 17 de julio,  que tendrá su continuación este lunes 27 de julio a partir de las 9:30 horas en las dependencias de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. En una concurrida conferencia de prensa realizada en la sede del Colegio de Profesores, el dirigente  señaló, “ésta es una asamblea de continuidad y para finalizar la que fue suspendida por atribuciones expresas como lo contemplan los Estatutos del gremio”. Entre otras resoluciones, la continuidad de la Asamblea Nacional del 17 de julio contempla “resolver la disyuntiva de si nos mantenemos en paro o si se suspende fijando un plazo acotado con movilizaciones y reponer el diálogo con el Ministerio de Educación y la mesa tripartita, es ahí donde vamos a centrar toda la discusión”, señaló Gajardo. El presidente del gremio agregó: “Con respecto a la consulta, quisiera aclarar que esta iniciativa no forma parte de las actividades convocadas por el Colegio de Profesores de Chile A.G., es la Asamblea Nacional quien define, de esta forma se respeta la institucionalidad del Magisterio y se mantiene la unidad del gremio”. Jaime Gajardo, también se refirió a la reunión de los disidentes en la USACH, indicando que “creemos legítimo que diferentes grupos se reúnan, pero ninguno puede apropiarse la representación del gremio ni suplantar sus organismos de resolución. Hacemos un llamado a terminar con ese afán divisionista y plantear sus diferencias en el debate democrático de la Asamblea Nacional”. Añadió que  “quienes están buscando un quiebre del colegio, les decimos que las puertas son bien anchas. No aceptaremos que se suplante la figura del presidente y de ningún ente resolutivo de la Asamblea Nacional”. El Colegio de Profesores está “considerando seriamente sanciones y esto puede llevar a procedimientos con nuestros abogados, porque estos intentos de golpismo gremial no pueden quedar en la impunidad, también lo vamos a discutir en la asamblea porque no puede existir el desorden, nosotros somos un gremio con historia. Lo que se ha intentado hacer no es menor y le puede causar un daño enorme a nuestra organización”, señaló el presidente del Magisterio, Jaime Gajardo. Por su parte el presidente del regional metropolitano, Jorge Abedrapo, indicó que “el regional metropolitano del Colegio de Profesores se compromete a defender la institucionalidad  que ha tratado de ser quebrantada y eso no lo vamos a permitir”. Asimismo,  Gajardo, señaló que “es importante buscar una negociación global con el Mineduc y con la Asociación Chilena  de Municipalidades para ver un sistema de recuperación de clases y tratar de aminorar los […]

Ante la muerte en manos de Fuerzas Especiales de Carabineros, del trabajador contratista Nelson Quichillao López en la madrugada de este viernes 24 de Julio en la división el Salvador, la Central Unitaria de Trabajadores declara: El dolor de la familia, amigos y compañeros de trabajo de Nelson Quichillao López se extiende a todo el mundo sindical y al pueblo de Chile, a todos aquellos y aquellas que cada mañana salen a trabajar con dignidad y todos quienes se movilizan por lo que creen más justo. Enfrentar la muerte de un trabajador por su legítimo derecho a manifestarse no puede ser un hecho que quede impune. Ello DEBE ser investigado por la justicia civil, con dedicación exclusiva e inmediata. El Gobierno debe asegurar la celeridad y pulcritud del proceso, para dar las necesarias garantías de verdad y justicia y la tranquilidad a su familia y compañeros de trabajo. La movilización de los trabajadores del subcontrato, es la expresión más nítida de las condiciones de precariedad en que se desempeñan miles de trabajadores en este país, tanto en empresas privadas, como del estado en el caso de metro o Codelco. Es tiempo de asumir que Chile no solo tiene un grave problema de redistribución de riqueza entre ricos y pobres, sino también de diferencia entre los trabajadores, contando hoy con trabajadores de primera o segunda categoría según sean contratados por la empresa mandante o la contratista. Esto debe terminar. La tragedia sucedida en El Salvador, repone una vez más la urgencia de resolver el drama que viven miles de trabajadores de este país que laboran bajo la figura del subcontrato impropio. Ha llegado el momento que el proyecto de ley que tramita el Congreso para terminar con esta figura impropia avance. Hacemos un llamado al ejecutivo a poner urgencia a este debate legislativo. La muerte de Nelson debe ser razón suficiente para que se retome y concrete el diálogo entre los actores pertinentes. Diálogo que se haga cargo de abordar por sobre todo un PLAN concreto de internalización de actividades críticas. La muerte de Nelson Quichillao es prueba de la necesidad de una nueva legislación laboral para Chile, que avance en relaciones laborales equilibradas, donde el Derecho a Huelga y la negociación colectiva supraempresa o ramal sean derechos garantizados y así evitar situaciones de crisis que conduzcan a más muertes.   Santiago de Chile, 26 de julio 2015 Crónica Digital / CUT   CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES

La calificaron como una burla. “Estamos exigiendo una reparación integral y, el Gobierno se opone a subir las pensiones, las va a mantener en el mismo estado en que están actualmente”, aseguró Higinio Espergue, representante de la Mesa Nacional de ex Presos Políticos. Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dijo que las víctimas tienen derecho a la reparación económica, según el derecho internacional. Los representantes de la Mesa Nacional de ex Presos Políticos rechazaron la última propuesta del Gobierno, informó Higinio Espergue, miembro de la entidad al término de una reunión en la sede del Senado en Santiago. “Hemos rechazado el acuerdo porque lo consideramos que es una oferta que está bajo las expectativas que hemos tenido los ex presos políticos de Chile, en cuanto a una reparación justa y digna”, señaló. Espergue afirmó que la propuesta que hizo el Ejecutivo, y que canalizó y expuso la Subsecretaria General de la Presidencia, Patricia Silva, “es una burla para los ex presos políticos y torturados”. “Estamos exigiendo una reparación integral y el Gobierno se opone a subir las pensiones y las va a mantener en el mismo estado en que están actualmente. Nosotros pedimos un aumento homologable al monto de las pensiones de la Comisión Rettig”, agregó. Las declaraciones las realizó al término de reuniones realizadas el viernes 24, desde las 9 de la mañana y que concluyeron pasadas 13 horas, a la que asistió como garante el obispo Católico de Rancagua, Alejandro Goic, y como observadores la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries. “Llamamos a todos los ex presos políticos del país a estar alertas porque vamos a desplegar encuentros nacionales y vamos a acordar una movilización cada vez más fuerte, para lograr nuestros derechos”, concluyó Espergue. Por su parte, David Quintana Presidente de la Asociación de ex Presos y Presas políticas de la VI Región, lugar donde se inició la huelga de hambre, que luego tuvo carácter nacional, dijo que “el gobierno siempre nos ha insultado con las ofertas, nunca nos ha traído algo que nosotros pudiéramos tomar interés en ello”. Indicó que el Estado chileno no ha sido capaz de reparar y hacer justicia en una pensión digna y satisfactoria, tal como lo exige la Organización de Naciones Unidas, “no estamos pidiendo hacernos ricos, pero queremos justicia y dignidad, queremos correr los últimos metros que nos quedan al cementerio para morir con dignidad”. Por su parte, la Subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Patricia Silva, afirmó que se “ellos ya tienen una pensión, baja sin duda, como son bajas la mayoría de las pensiones en este país, entonces hay un contexto también que hay que reconocer, para finalmente aceptar, en este caso rechazar, la última propuesta que hace el gobierno en materia de reparación pecuniaria”. Lorena Fries: Derecho a la reparación, restitución y compensación Durante toda la mañana y hasta el término de la reunión, los ex presos políticos se instalaron en las afueras de la puerta de calle Morandé con […]

Por unanimidad, la Corte Suprema rechazó sendos recursos de casación y confirmó las sentencias que ordenan al Estado de Chile pagar indemnizaciones a familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, cuyas causas -en lo penal- fueron resueltas, con anterioridad, por el máximo tribunal del país. En el primer fallo (causa rol 4265-2015), la Segunda Sala de la Corte Suprema determina que el fisco deberá pagar $300.000.000 (trescientos millones de pesos) a los hermanos (por parte de madre) de Arturo Vega González, detenido desaparecido en octubre de 1973, y víctima del episodio denominado «Lago Ranco». En la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y el fiscal judicial Juan Escobar- concluye que el secuestro de Vega González es un crimen de lesa humanidad que debe ser reparado, tanto en el aspecto penal, como civil. En el primero aspecto, el 5 de septiembre de 2007, la Sala Penal condenó al oficial de la Armada en retiro Sergio Rivera Bozzo a la pena de 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en el secuestro de Arturo Vega González, junto a otras 3 víctimas del episodio «Lago Ranco». En el segundo fallo (causa rol 29567-2014), la Sala Penal -integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas- ordena al Estado de Chile pagar $260.000.000 (doscientos sesenta millones de pesos) a la cónyuge e hijos de Fidel Bravo Álvarez, ejecutado en septiembre de 1973, en el puerto de San Antonio. En la resolución penal -del 19 de noviembre de 2011- la Segunda Sala condenó a los miembros en retiro del Ejército Manuel Contreras Sepúlveda a 7 años de presidio, y a David Miranda Monardes a 6 años de presidio, por su responsabilidad en el homicidio de Fidel Bravo Álvarez y de otras cinco víctimas. Indemnizaciones Ambas resoluciones (civiles) señalan que: «(…) la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. En el caso en análisis, dado el contexto en que el ilícito fue verificado con la intervención de agentes del Estado durante un período de extrema anormalidad institucional en el que representaban al gobierno de la época, y en que -al menos en el caso de autos- claramente se abusó de aquella potestad y representación, produciendo agravios de tanta gravedad como el que aquí se estudia, por lo que el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad legal de reparar dicha deuda de jure. A lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, le son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su […]

Se les vio por última vez en el Cuartel Venecia de la DINA, ubicado en el N° 1722 de esa calle, de la  comuna de Independencia, forman parte del Caso Conferencia. Las autoridades civiles y militares de la dictadura entregaron información falsa, acerca de que había salido del país. Con esta sentencia, el prófugo Ricardo Lawrence suma otra condena más en su contra. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Miguel Vázquez, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado del matrimonio conformado por Bernardo Araya Zuleta y María Flores Barraza, perpetrado a partir del 6 de abril de 1976. El magistrado condenó a los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo y Ricardo Lawrence Mires a penas de 13 años de presidio, en calidad de autores del delito. En tanto, los agentes: Eduardo Cabezas Mardones, Jorge Díaz Radulovich y Pedro Bitterlich Jaramillo deberán purgar penas de 10 años y un día de presidio, también en calidad de autores. En calidad de cómplices, los agentes: Orlando Altamirano Sanhueza, Orlando Torrejón Gatica, Clara Barros Rojas y Guillermo Díaz Ramírez fueron condenados a 5 años y un día de presidio. Según la investigación, el juez logró establecer que “agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) comenzaron a vigilar el domicilio que tenía el matrimonio formado por Bernardo Araya Zuleta y María Olga Flores Barraza en la ciudad de Santiago en calle Sorrento Nº 629, para lo cual ocupaban la casa de un vecino y vehículos que los trasladaban por el sector a fin de hacer seguimientos”. Los represores lograron “averiguar que también tenía una vivienda en Quinteros, para lo cual se trasladaron a esa ciudad, desplegando una serie de actividades de control en la Municipalidad, arrendando una pieza de un vecino, para saber de sus movimientos, sin que al efecto hubiere algún motivo en especial, salvo la condición de militante del partido comunista del varón y haber sido diputado de la República, por ese conglomerado”, señala la resolución judicial. El 2 de abril de 1976, alrededor de las 22 horas, los agentes “concurrieron al domicilio de calle Barros Luco N° 1220 de la comuna de Quinteros, los que sin orden competente procedieron a la detención del matrimonio compuesto por Bernardo Araya Zuleta y María Olga Flores Barraza”, precisa el fallo. Bernardo Araya Zuleta era ex diputado del Partido Comunista y estaba casado con María Olga Flores Barraza, tenían 64 y 60 años de edad respectivamente. “Ambos fueron trasladados al recinto que era utilizado para planificar la detención de miembros de la cúpula del partido comunista, para lo cual había un organigrama de dicho conglomerado en una pared, además era usado como lugar clandestino y provisorio de detención. Cuartel dependiente del organismo de seguridad, ubicado en calle Venecia N° 1722 comuna de Independencia, donde se les mantuvo privados de libertad”, puntualiza el magistrado. En el Cuartel Venecia fueron vistos con vida por otros detenidos. “Bernardo Araya fue sometido a […]