El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Mario Carroza dictó auto de procesamiento en la investigación que sustancia por el secuestro calificado de Miguel Rodríguez Vergara, ilícito perpetrado a partir del 17 de noviembre de 1975, en la comuna de Pudahuel.
En la resolución, el ministro Carroza sometió a proceso a los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Gerardo Meza Acuña y Jose Ojeda Obando, por su responsabilidad en el delito.
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el magistrado logró determinar los siguientes hechos:
«El día 17 de noviembre de 1975, en el domicilio ubicado en calle San Pablo Nº 5.470 de la comuna de Pudahuel, en presencia de su pareja e hijos, es detenido ilegalmente de Miguel Enrique Rodríguez Vergara, por orden del jefe de la agrupación Caupolicán, Marcelo Moren Brito, cuyo mandato es cumplido por un equipo integrado por cuatro agentes de la DINA, Gerardo Meza Acuña, Enrique Cartes Isla; Orlando Mora López y una mujer no identificada, todos pertenecientes a la agrupación Tucán, que era comandada en ese entonces por Gerardo Ernesto Godoy García;
Una vez que los agentes detiene a Rodríguez Vergara, lo trasladad al cuartel Villa Grimaldi o Terranova, donde es ingresado a una sala para ser interrogado, luego al salir del interrogatorios es ubicado en una silla, y que en versión de los agentes aprehensores, es el momento en que a la víctima le habría dado un ataque al corazón por lo que fallece en el lugar, y su cuerpo, por orden del jefe de grupo, al parecer es inhumado ilegalmente en cercanía del río Mapocho, siendo esas las últimas noticias que se tuvieron de él, tareas en las que participa también el agente José Ojeda Obando».
Ver resolución (PDF)
Santiago de Chile, 22 de julio 2015
Crónica Digital / http://www.pjud.cl/
Dom Jul 26 , 2015
La calificaron como una burla. “Estamos exigiendo una reparación integral y, el Gobierno se opone a subir las pensiones, las va a mantener en el mismo estado en que están actualmente”, aseguró Higinio Espergue, representante de la Mesa Nacional de ex Presos Políticos. Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dijo que las víctimas tienen derecho a la reparación económica, según el derecho internacional. Los representantes de la Mesa Nacional de ex Presos Políticos rechazaron la última propuesta del Gobierno, informó Higinio Espergue, miembro de la entidad al término de una reunión en la sede del Senado en Santiago. “Hemos rechazado el acuerdo porque lo consideramos que es una oferta que está bajo las expectativas que hemos tenido los ex presos políticos de Chile, en cuanto a una reparación justa y digna”, señaló. Espergue afirmó que la propuesta que hizo el Ejecutivo, y que canalizó y expuso la Subsecretaria General de la Presidencia, Patricia Silva, “es una burla para los ex presos políticos y torturados”. “Estamos exigiendo una reparación integral y el Gobierno se opone a subir las pensiones y las va a mantener en el mismo estado en que están actualmente. Nosotros pedimos un aumento homologable al monto de las pensiones de la Comisión Rettig”, agregó. Las declaraciones las realizó al término de reuniones realizadas el viernes 24, desde las 9 de la mañana y que concluyeron pasadas 13 horas, a la que asistió como garante el obispo Católico de Rancagua, Alejandro Goic, y como observadores la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries. “Llamamos a todos los ex presos políticos del país a estar alertas porque vamos a desplegar encuentros nacionales y vamos a acordar una movilización cada vez más fuerte, para lograr nuestros derechos”, concluyó Espergue. Por su parte, David Quintana Presidente de la Asociación de ex Presos y Presas políticas de la VI Región, lugar donde se inició la huelga de hambre, que luego tuvo carácter nacional, dijo que “el gobierno siempre nos ha insultado con las ofertas, nunca nos ha traído algo que nosotros pudiéramos tomar interés en ello”. Indicó que el Estado chileno no ha sido capaz de reparar y hacer justicia en una pensión digna y satisfactoria, tal como lo exige la Organización de Naciones Unidas, “no estamos pidiendo hacernos ricos, pero queremos justicia y dignidad, queremos correr los últimos metros que nos quedan al cementerio para morir con dignidad”. Por su parte, la Subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Patricia Silva, afirmó que se “ellos ya tienen una pensión, baja sin duda, como son bajas la mayoría de las pensiones en este país, entonces hay un contexto también que hay que reconocer, para finalmente aceptar, en este caso rechazar, la última propuesta que hace el gobierno en materia de reparación pecuniaria”. Lorena Fries: Derecho a la reparación, restitución y compensación Durante toda la mañana y hasta el término de la reunión, los ex presos políticos se instalaron en las afueras de la puerta de calle Morandé con […]
