DD.HH.

Las consignas de perdón y olvido trataron de imponerse en varios países de Latinoamérica, con el deseo expreso de pasar la página a los crímenes cometidos por las dictaduras al amparo de la Operación Cóndor. Chile no fue la excepción, pero en realidad la mayoría de sus Gobiernos intentó sacar a relucir la verdad y castigar a los culpables del asesinato de más de tres mil personas, junto con los autores de los cerca de mil 300 detenidos-desparecidos. Para hablar de estos y otros temas, el ministro chileno de Justicia, José Antonio Gómez, respondió a Prensa Latina en un momento en el cual se reactivan procesos contra políticos con pasado oscuro. Empero, tampoco es una tarea fácil. Quizás en el extranjero se piense que la condena a la dictadura de Augusto Pinochet y a la asonada golpista del 11 de septiembre de 1973, recibe la condena unánime de la sociedad. Sin embargo, nada más lejos. Notorios políticos de derecha y partidos como la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) no esconden sus simpatías por correligionarios acusados de fuertes nexos con los pinochetistas. El ministro José Antonio Gómez fue enfático al reconocer que Chile enfrenta con determinación el manto de silencio que intenta ocultar los crímenes de la dictadura. Acerca de las interrogantes lanzadas por Prensa Latina en un desayuno de trabajo con medios extranjeros, Gómez destacó que, no obstante, en un período de transición democrática de 24 años, en Chile se investigan y condenan delitos de lesa humanidad. El titular se refería así al largo y escabroso proceso de la sociedad chilena después del fin de la sangrienta dictadura de Pinochet con el NO en el plebiscito de 1988 y el regreso a la democracia en 1990. «Creo que pese a las trabas y dificultades, nuestra nación ha avanzado bastante y se intensifican pesquisas para conocer la verdad y aplicar todo el peso de la ley contra los trasgresores de los derechos humanos», recalcó Gómez. Al profundizar el panorama actual en este sentido, el titular subrayó que los encargados de impulsar esos procesos no aplican la ley de amnistía» y existe al mismo tiempo la voluntad de profundizar en el caso de los torturadores con el mismo nivel de exigencia». En torno a la postura de los altos mandos militares de la actualidad, el jefe de la cartera de Justicia del Gobierno de Michelle Bachelet hizo énfasis en que se sustenta en la proyección del Nunca Más que pondera la nación sudamericana. Pienso que el Comandante en jefe del Ejército cuando se refería recientemente a la inexistencia de un clima similar al anterior, lo hacía en apego al hecho de que nada de lo ocurrido tiene cabida en la sociedad chilena actual, precisó.EXPEDIENTES XEl ministro aseguró que respecto a la prisión de Punta Peuco, señalada por medios locales como una penitenciaria con lujos donde se encuentra entre otros el ex general Manuel Contreras, ha sido adaptada a las condiciones normales de una cárcel. En la mayoría de los países del mundo los militares […]

La Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana presenta demanda en contra de Sky Airline por acto de discriminación en contra de profesional de la institución. La aerolínea impidió sin argumentos razonables abordar aeronave a destacada profesional con discapacidad visual del organismo cuando se dirigía a Punta Arenas a dar charla sobre discriminación. La abogada Paulina Bravo Guzmán junto a su abogado patrocinador Daniel Villarroel Aramayo interpusieron una demanda contra Sky Airlines invocando la Ley Zamudio por discriminación arbitraria fundada en la discapacidad. El día lunes 29 de septiembre de 2014, la abogada de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, Paulina Bravo, fue impedida de viajar a Punta Arenas en la línea aérea Sky Airlines. La profesional, que tiene discapacidad visual, viajaba junto a su perro guía, como parte de un equipo profesional de la institución para desarrollar en la zona una serie de capacitaciones a las autoridades locales y sociedad civil en relación a la discriminación y la normativa que condena estos actos en nuestro país. Cabe destacar que en el momento de impedir a la abogada Bravo abordar su vuelo, fueron distintos funcionarios de la empresa que le manifestaron diversas escusas para su decisión. “Llama fuertemente la atención, la existencia de una diversidad de argumentos que durante toda la estadía en el aeropuerto, me fue entregada a fin de evitar mi subida al avión. Ello demuestra que, sin tener un fundamento claro, el único objetivo trazado por el personal de la Aerolínea era evitar que yo me subiera en el avión. Obviamente, la falta de fundamento razonable, genera en las personas con discapacidad, una incertidumbre respecto de si cada vez que pretendan viajar, existirán o no restricciones arbitrarias que le impidan subir al avión. Tal situación discriminatoria, representada por la arbitraria imposición de barreras de carácter casuísticas, es la que se solicita que puedan ser subsanadas, restableciendo con ello el imperio del derecho”, señaló la afectada. Por su parte, Osvaldo Soto, director general de la Corporación de Asistencia Judicial RM. agregó que “Rechazamos este acto de discriminación en contra de una destacada profesional de nuestra institución. Especialmente porque en nuestra Corporación estamos empeñados firmemente en difundir los deberes que impone a Chile la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a nuestro país a dar un enfoque de derechos humanos y la accesibilidad que corresponde en estos casos. Y esperamos con esta presentación una sentencia ejemplificadora de los tribunales en contra de cualquier tipo de discriminación en nuestro país”. Santiago de Chile, 21 de noviembre 2014 Crónica Digital

Valoramos el interés en impulsar el proyecto de Subsecretaría de Derechos Humanos. No obstante, creemos que la Subsecretaría debería inscribirse en un marco de acción y de políticas públicas de protección integral de derechos, lo que supone generar una institucionalidad con capacidad efectiva de coordinación y dirección de dichas políticas, que permita superar la ausencia del Estado y, en el mejor de los casos, la fragmentación y sectorialización existente actualmente en este ámbito. El resumen de las indicaciones ingresadas al proyecto por el ejecutivo no parecen ser suficientes para dar cuenta de este objetivo. Entre las ausencias más notorias consideramos: •No se contemplan instrumentos ni capacidad de diagnóstico y seguimiento de parte del Estado, de protección o vulneración de derechos como, por ejemplo, una unidad de estudios. •No se contemplan mecanismos permanentes de participación de la sociedad civil. •El presupuesto y planta no aseguran cobertura ni cumplimiento de funciones en un marco como el descrito. Por lo tanto, proponemos que el proyecto sea fortalecido contemplando: 1. El proceso de discusión del proyecto se realice con participación de organizaciones de la sociedad civil de todas las áreas de interés sobre derechos humanos (no sólo ligadas a violaciones de derechos humanos en dictadura), con un debate de cara a la ciudadanía sobre la institucionalidad de derechos humanos que requiere nuestro país. 2. La Subsecretaría debe tener atribuciones y capacidad de ejecutar políticas públicas de promoción y protección por sí misma, complementarias e independientes de la coordinación interministerial de derechos humanos. 3. Se debe garantizar el alcance nacional de la Subsecretaría, estableciendo su presencia dedicada a través de funcionarios de la misma, en todas las regiones del país. 4. Establecer un mecanismo de participación efectivo de la sociedad civil, incluyendo a las regiones, para la elaboración y ejecución del Plan Nacional de DDHH. 5. Creemos necesario dar una discusión respecto a la temporalidad del Plan Nacional de Derechos Humanos, estableciendo en el proyecto plazos de diseño y ejecución claros, y mecanismos de control periódicos por parte de la ciudadanía. Esperamos que puedan generarse las condiciones para que las personas y organizaciones interesadas en este proyecto, puedan participar y aportar al proceso de creación y desarrollo de esta futura Subsecretaría. Mesa de trabajo Londres 38, espacio de memorias londres@londres38.cl – www.londres38.cl Click aquí para conocer el estado actual de tramitación de proyecto Santiago de Chile, 21 de noviembre 2014 Crónica Digital  

La organización ecologista Greenpeace denunció que en Chile existe la zona de mayor destrucción de glaciares en el mundo, al tiempo que instó al Gobierno a adoptar medidas urgentes al respecto. En un comunicado emitido por Melissa Jure, jefa de Prensa de Greenpeace en Chile, se dio cuenta de un sobrevuelo por la zona de glaciares del valle central, donde el problema es más crítico según expertos a cargo del examen. La expedición, a cargo del glaciólogo de la Universidad de Chile, Francisco Ferrando, señaló como responsable de este daño ambiental a los yacimientos mineros de  Andina de Codelco y los Bronces de  Anglo American, ubicados en esta localidad. El académico dijo que no sólo los glaciares blancos son importantes. «Estamos en una zona con una enorme presencia de glaciares rocosos, que aportan de manera significativa a los cursos de agua de las cuencas». Ferrando apuntó que es tremendamente importante garantizar que la legislación reconozca y proteja también estos tipos de glaciares que conservan el agua y la aportan a las napas subterráneas y los valles circundantes. Añadió que preservar esos glaciares, así como otras formas de presencia de hielo, significa hacerse cargo de proteger toda la criósfera por su importancia en el ciclo hídrico, en los ecosistemas y en el medio ambiente humano». Melissa Jure informó que el sobrevuelo se realizó sobre los glaciares Olivares, La paloma y el Rincón, donde además se pueden ver las faenas mineras de Los bronces y la  División Andina de Codelco. Por su parte, Matías Asún, director de Greenpeace en Chile, opinó que se necesita una ley de glaciares para evitar la repetición de «este triste récord». Greenpeace dispuso de una plataforma digital (http://gpcl.org/nodestruyan), para permitir a los usuarios enviar correos electrónicos al ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier y así exigirle un compromiso con la materia. Nuestra campaña República Glaciar ha venido solicitándole al Gobierno  una ley glaciar 5 estrellas y necesitamos que el ministro de Medio Ambiente lo recuerde, destacó Asún. Santiago de Chile, 20 de noviembre 2014 Crónica Digital / PL

Con duras palabras se refirió el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) Ricardo Paredes, apuntando al Senado a hacerse responsables por lo que definan respecto a la tramitación de la reforma educacional. “Si en el Senado hacen retroceder lo que en la calle y en la cámara baja impulsamos, solo demostrarán ser un dique de contención para las demandas ciudadanas”, recalcó Paredes, teniendo en cuenta la tramitación del proyecto en su primera etapa. “Espero que los senadores no lo tomen como una amenaza, pero si no cumplen con las expectativas sociales serán los responsables de un nuevo 2011”, indicó. Cabe recordar que en la Cámara Baja el proyecto de reforma si bien se aprobó sin mayores problemas, sí generó polémica la votación con respecto a la indicación de penar el lucro con cárcel, tema que dividió aguas dentro de la Nueva Mayoría. Refiriéndose a posibles acuerdos que buscarían ciertos senadores de la Nueva Mayoría con sectores de la Alianza, como Andrés Zaldívar quién calificó el penar con cárcel el lucro como “absurdo”, Paredes menciona que “la educación chilena ya no aguanta más empates ni acuerdos con la derecha. Si eso no lo han entendido aún, o simplemente no lo quieren entender, es porque no tienen sintonía con lo que la mayoría de Chile ha exigido” “Los cambios “en la medida de lo posible” ya no tienen espacio en nuestra sociedad. Esta es la oportunidad que tienen de cambiar lo que por años nos han negado”, concluyó el vocero de la CONES. Santiago de Chile, 20 de noviembre 2014 Crónica Digital

Una extensa red de vigilancia a la ciudadanía, las organizaciones sociales y políticas, así como a quienes se oponían a la dictadura queda al descubierto al revisar el Archivo de la CNI que ha sido publicado hoy por Londres 38, espacio de memorias, y la Fundación Salvador Allende. Se trata de 429 documentos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), el organismo represor de la dictadura que reemplazó a la DINA, hallados en el 2005 cuando trabajadores realizaban labores de recuperación arquitectónica en la casona de República 475, donde la CNI tuvo su cuartel general y que hoy es ocupada por la Fundación Salvador Allende y el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. El hallazgo permite comprobar –como hemos insistido en el desarrollo de la campaña No Más Archivos Secretos- que aún existen y es posible recuperar archivos creados por la represión. La búsqueda de estos documentos es importante para conocer más verdad sobre los crímenes de la dictadura, así como avanzar en las causas judiciales que permitan castigar a los responsables de estos delitos. La apertura de los archivos de la represión –tal como hicimos en junio pasado con las fichas de la Colonia Dignidad- es también el ejercicio del derecho de la ciudadanía a conocer la información que fue acumulada para la vigilancia de la sociedad chilena. Por ello, junto con abrir este Archivo de la CNI manifestamos nuestra firme decisión de seguir buscando los documentos faltantes de este conjunto que, como se supo en su momento, fue incautado por la Policía de Investigaciones y luego entregado al juez Hugo Dolmetsch. Le corresponde al magistrado explicar cómo ha usado este archivo en sus investigaciones judiciales, así como definir la forma en que devolverá este archivo histórico para su conocimiento público. Reiteramos el llamado al gobierno y a los organismos del Estado a que adopten medidas conducentes para alcanzar  la verdad y la justicia a través de la desclasificación y apertura de los siguientes archivos: Archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig) y de las dos Comisiones sobre Prisión Política y Tortura (Valech) que reúnen declaraciones de las propias víctimas y diversos documentos, a los cuales se les impuso arbitrariamente 50 años de secreto a pesar de ser información necesaria para esclarecer lo sucedido, hacer justicia y castigar  a los culpables. Archivos aun en poder de las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia.  Considerando el tiempo transcurrido y que estos organismos construyeron archivos y produjeron gran cantidad de información, demandamos al Estado su desclasificación  y, en caso de haber sido destruidos, dar a conocer los elementos que lo acreditan. A partir de este momento en el sitio web www.londres38.cl está disponible una parte de los Archivos de la CNI, así como los documentos de análisis general de sus contenidos y un índice archivístico para investigadores o quienes quieren conocer más en profundidad estos documentos. Santiago de Chile, 19 de noviembre 2014 Crónica Digital