La parlamentaria presentó un proyecto de ley que pretende entregar un alivio económico a los padres que han visto afectados sus ingresos por la pandemia. Además, la iniciativa establece que pese a la flexibilización de pagos, los establecimientos deberán cumplir con los contratos de los directivos, profesionales y asistentes de la educación. La diputada Cristina Girardi (PPD) dio a conocer un proyecto de ley que apunta a que todos los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados, deberán poner a disposición planes de flexibilización económica respecto al pago de las mensualidades durante el año 2020, a estudiantes de aquellas familias que acrediten que su situación financiera se ha visto mermada producto de la pandemia. La propuesta establece que los padres y\o apoderados podrán optar a una rebaja en la mensualidad o acordar el pago en cuotas, sin que estos sufran algún tipo de multa o interés por mora. “Hay muchas familias que están en dificultad para pagar los aranceles tanto de las universidades como las que tienen que ver con la escolaridad de los niños. Sabemos que muchas familias enfrentan serios problemas para lograr cumplir con lo que comprometieron.”, sostuvo Girardi. “La idea no es que no paguen. Pero hoy día estamos enfrentando una realidad compleja, por eso se pretende que las escuelas, al igual que se lo planteamos a las universidades, generen planes de flexibilización respecto de estos pagos. Queremos que se produzca entendimiento, diálogo, de modo de permitir que los niños puedan seguir su escolaridad”, complementó. A su vez, la iniciativa sostiene que ante una eventual rebaja o pago en cuotas de las mensualidades, los establecimientos deberán entregar las condiciones mínimas de aprendizaje, con clases virtuales, videos explicativos o la entrega para la realización de guías online. En caso que los establecimientos escolares no puedan realizar clases virtuales o la entrega de videos explicativos, deberán demostrar y justificar su imposibilidad, comunicando estos motivos a los padres, madres y apoderados de los estudiantes. Finalmente, el texto legal puntualiza que la flexibilización no afectará bajo ninguna circunstancia los contratos de trabajo de los directivos, profesionales y asistentes de la educación que se desempeñen en los establecimientos educacionales, por lo que despidos o rebaja en sus remuneraciones no se podrá llevar a cabo. Santiago de Chile, 29 de julio 2020 Crónica Digital
Nacional
a resolución se tomó en conjunto con el rechazo del recurso de reposición interpuesto por la defensa de las autoridades a la acción judicial iniciada por el edil de Recoleta, Daniel Jadue, por lo que ambas seguirán el proceso de investigación. El tercer juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella por cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino interpuesta por la Concejala de Conchalí, Grace Arcos, en contra del Presidente, Sebastián Piñera, el ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich, los subsecretarios de Salud, Paula Daza, y de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, además quienes resulten responsables por las muertes ocurridas en dicha comuna por causa del coronavirus. Grace Arcos, concejala de Conchalí que lidera esta acción judicial, valoró la determinación apuntando a “la importancia de esta decisión, pues no solo resuelve que en términos formales la querella está bien presentada, sino que desmiente el argumento falaz de la defensa del presidente y el ex ministro en relación a un aprovechamiento político que tendrían estas iniciativas”. Además, afirma que “hemos recurrido a la justicia para que se establezcan las responsabilidades que puedan recaer sobre quienes han estado a cargo del manejo de la pandemia, que a nuestro entender han cometido graves errores que han sido parte del debate público y refutado por expertos, como la tardanza en el establecimiento de cuarentenas. Para nosotros es muy importante que se investigue y eso tendrá que determinarlo la justicia”. “La querella contiene datos de 20 personas de Conchalí que fallecieron a causa del Covid-19. Para eso, nos pusimos en contacto con sus familias, les explicamos respecto a la acción judicial y las hicimos parte de esta acción. En general hay muy buena aceptación, porque junto al dolor de perder a un familiar, hay un sentimiento de injusticia muy grande, de saber que no se hicieron todas las acciones posibles para poder salvarle la vida a su familiar” precisa la edil. En el documento de 40 páginas patrocinado por el abogado Ramón Sepúlveda, se destaca que “en Chile era clara y urgente necesidad de toma de medidas concretas y radicales encaminadas a evitar un nivel de contagios tan elevados como los detectados en aquellos países. La propagación de este virus pudo advertirse de manera pública y notoria, ya que daba cuenta de que el contagio era a través del contacto entre personas, lo que se agrava por la falta de acciones y medidas específicas para combatir la velocidad y alcance de la propagación del virus”. “Se puede observar por parte de los querellados, todos autoridades de Gobierno, una serie de acciones, omisiones y comportamientos erróneos inexcusables(…), que a nuestro criterio constituyen faltas graves a su función pública y que configuran en el caso en comento figuras penales tipificadas por nuestro legislador”, se agrega en el escrito. La decisión se tomó junto al rechazo del recurso de reposición en contra de la admisibilidad de la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, interpuesto por los abogados Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik […]
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile llamó a un cacerolazo nacional para el viernes próximo, en coincidencia con la cuenta pública que rendirá al país el Presidente Sebastián Piñera. La mayor organización sindical exigió pronunciamientos claros del Primer Mandatario en la dirección de que los costos de la actual crisis sanitaria, económica y social no sigan siendo asumidos por los trabajadores. En ese sentido, la CUT demandó del presidente medidas que aseguren aumentar impuestos a las grandes fortunas para disponer de recursos que permitan mitigar el impacto que sufren los sectores más vulnerables, y como primer paso para superar las enormes desigualdades del país. También reclamó un desconfinamiento seguro y con fiscalización para evitar retrocesos en el enfrentamiento a la COVID–19, adoptar medidas económicas concretas para asegurar la recuperación pospandemia y asegurar los empleos e ingresos de los trabajadores y no solo subsidios a las empresas. Asimismo, reclamó del Mandatario medidas para que el Plebiscito Constituyente del 25 de octubre se realice con garantías para la ciudadanía y, en esa dirección, asegurar las medidas sanitarias ahora, para no lamentar un rebrote de la enfermedad que ponga en duda la celebración de esa importante convocatoria democrática. La declaración de la CUT criticó al gobierno por “su perfil anti trabajadores y falta de diálogo con los actores sociales”, y subrayó que la respuesta a las demandas del estallido social del pasado año fueron la represión y la búsqueda de acuerdos cupulares sin legitimidad social. Añadió que en medio de la pandemia se siguen profundizando las injusticias y desigualdades haciendo caer el peso de la crisis sobre las grandes mayorías. Finalmente, llamó a “una jornada de acciones de protesta para el 31 de julio a las 21:00 horas, cuya expresión principal sea un Cacerolazo Nacional y la puesta de banderas negras en los hogares”. Asimismo, señaló la CUT que entregará su evaluación del balance que haga el Presidente en su Cuenta Pública y concordará los pasos a seguir con organizaciones sindicales amigas. Santiago, 29 de julio 2020. Crónica Digital / Prensa Latina.
La madrugada del miércoles 28 de julio de 1971 fue el punto de partida de la emergencia de la Izquierda Cristiana de Chile. Fue una de las expresiones de la irrupción de los cristianos en el movimiento popular con opción socialista, iniciando un aciago camino marcado por su incorporación al Gobierno del Presidente Salvador Allende y por su participación, después, en la resistencia a la dictadura cívico–militar. Para mejor aprehender la historia, es posible situarse en el 8 y 9 de mayo de 1971, cuando el sector progresista del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se impuso en el Consejo Plenario Nacional efectuado en Cartagena. El progresismo del partido de la flecha roja se llamaba “tercerista” y había sido clave en levantar la candidatura presidencial de Radomiro Tomic, con un contenido programático de contenido democrático y revolucionario, y la estrategia de la “unidad social y política del pueblo”. Al calor de la propaganda para su campaña en las elecciones de septiembre de 1970 surgió, sin grandes elaboraciones, el nombre: “Somos la Izquierda Cristiana”. Ese sector había realizado una reflexión al interior de la Democracia Cristiana, expresada por ejemplo en el libro “El Desarrollo de la Nueva Sociedad en América Latina”, escrito por Jacques Chonchol y Julio Silva Solar y publicado en 1965, en el primer año del Gobierno de Eduardo Frei Montalva. Allí sostenían: “El comunitarismo promueve una estructura social fundada en el principio de que la tierra y los bienes productivos (…) pertenezcan a los trabajadores”. Agregaban que “el dinamismo de la sociedad comunitaria no arranca del afán de lucro o de poder de los capitalistas o de aspirantes a capitalistas, sino de la voluntad colectiva de todo el pueblo que se hace dueño de la economía y organiza en forma planificada su ascenso como comunidad, sin diferencias de clase”. El ejemplo del sacerdote colombiano Camilo Torres, que murió en la guerrilla; la revista “Cristianismo y Revolución” en Argentina; la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín; la publicación del libro “Teología de la Liberación” por Gustavo Gutiérrez; son hechos a nivel latinoamericano que fueron consolidando una convicción en el progresismo de la Democracia Cristiana. En el evento partidario de Cartagena, la colectividad reafirmó su carácter “revolucionario” y su opción por una sociedad socialista comunitaria. En la oportunidad, el presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, Luis Badilla, manifestó que “el cristianismo es una visión que sirve para la liberación (…) Así nació. Fue la ‘ideología’ de los esclavos. Los esclavos del siglo XX se llaman proletarios”. Por tanto, llamó a “diseñar una actitud, un modelo, una estrategia socialista y cristiana”. Añadió: “La verdadera lealtad al partido se sirve desde una posición de izquierda cristiana” (“Política y Espíritu” N° 321, mayo de 1971). Sin embargo, la postura persistió por muy escaso tiempo, puesto que el PDC sufrió un viraje definitivo hacia la derecha luego del asesinato del ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Zujovic, el 8 de junio de este año. Así, en la elección complementaria de un diputado por Valparaíso, el 18 […]
Nadie parece dudar de que uno de los elementos centrales del Estado de Derecho es la independencia del Poder Judicial. Podemos afirmar que sin esa independencia el Estado de Derecho se lesiona gravemente. Conforme a lo anterior es que hasta la espuria Constitución del 80 establece en el artículo 76 que: “Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. En la doctrina del Derecho se distingue entre la independencia externa, que es a la que recién hemos hecho mención, y la independencia interna que es la facultad que tiene cada juez de fallar los asuntos que se someten a su conocimiento, sin la intervención de nadie, sólo teniendo a la vista la Constitución, el Derecho Internacional de Derechos Humanos, las leyes de la República y su forma de interpretar el Derecho cuando proceda en el caso concreto. Redundando, entonces, la independencia externa comprende la prohibición impuesta a los demás poderes del Estado de interferir, influenciar y –menos aún– sancionar a un magistrado por la forma, el contenido o la motivación de sus fallos, así como en la libertad de cada juez para dictar sentencia fundado en las normas que regulan el caso, sin consideración alguna a factores extraños a su deber de hacer justicia. Por ello, la mayor garantía de la independencia del Poder Judicial es, fundamentalmente, la interna, esto es, que cada juez al dictar sentencia, lo haga conforme al mérito del proceso y de las pruebas que ha tenido a la vista de los hechos en él debatidos, sin que deba influir en su decisión ninguna consideración personal, política, ideológica o de cualquiera otra índole, que perturbe su deber de hacer justicia. El deplorable espectáculo que han dado, en Chile, un importante número de jueces desde hace décadas, al fallar conforme a sus particulares concepciones políticas y en defensa de un modelo de sociedad que pone su centro en el dinero y el poder de los grupos económicos, independientemente de la fuerza jurídica de las alegaciones del más débil, es la principal vulneración a la independencia del Poder Judicial y la cometen algunos de sus propios miembros. El ministro Raúl Mera por más que cuente con la aprobación de la Corte Suprema que lo propuso y del Presidente Sebastián Piñera que lo eligió, de la quina respectiva, no es un juez de excelencia ya que sus sentencias hablan de su falta de independencia y de su parcialidad. Los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y que fueron confirmados por la Asamblea General en resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985, señala en su numeral segundo: “Los jueces resolverán los asuntos que conozcan […]
El parlamentario indicó que el nuevo gabinete del presidente Piñera representa un “gabinete para el Rechazo” en el marco del plebiscito de octubre, y que el ex senador de la UDI “tiene que arreglar el desastre que hay en La Moneda”. Como “el regreso de la UDI a La Moneda ante el fracaso de Evópoli”, catalogó el senador Alejandro Navarro (PRO) el cambio de gabinete realizado este martes. El parlamentario por la región del Biobío señaló que el nuevo ministro del interior, Víctor Pérez, “tiene que arreglar el desastre que hay en La Moneda y en particular en el gabinete. Creo que esto representa el regreso de la vieja guardia, el regreso de la UDI a La Moneda ante el fracaso de Evópoli, pero representa también un gabinete para el Rechazo”. Sobre el ex senador de la UDI, con quien que compartió 16 años en el Congreso (4 años en la Cámara y 12 años en el Senado), Navarro indicó que “es conocida es la fortaleza de Víctor Pérez de sus convicciones, es un militante histórico de la UDI y no tengo ninguna duda que su presencia va a marcar un giro respecto de la concentración de los temas políticos, que es la tarea de un ministro del interior”. “Sebastián Piñera deposita la confianza en un ministro militante de un partido base de su coalición de gobierno. Se requiere siempre un ministro del interior con respaldo político y creo que Pérez tiene el respaldo político necesario de la UDI”, agregó el progresista. En relación a los desafíos que el nuevo ministro del interior asume, el senador Navarro señaló que “su tarea será compleja en un momento donde el presidencialismo sufre derrota importante, diría que Chile está en las postrimerías de las sepulturas del presidencialismo, que es lo que ha pasado tras la triple derrota de Piñera en el Congreso”. “Pérez representa una línea dura y espero que esa línea dura, en el cual le conocemos, sea también una línea dialogante en la búsqueda de acuerdos mínimos para sacar adelante a Chile. Un ministro del interior duro no puede tener una línea siempre dura en momentos difíciles y de debilidad de este gobierno”, sentenció el parlamentario. Santiago de Chile, 28 de julio 2020 Crónica Digital
A juicio de la politóloga, Pamela Figueroa, en La Moneda “se constituye un gabinete de trinchera”. El director de la Escuela de Periodismo, René Jara, advirtió que con el cambio se “refuerza el núcleo más histórico de la derecha” y se juega al “todo o nada”. La doctora en ciencia política, Lucía Dammert, consideró que la instalación del nuevo ministro del Interior “es una apuesta peligrosa”, vinculada “a una agenda más dura e ideológica”. Mientras que el académico del Instituto de Estudios Avanzados, Raúl Elgueta, apuntó que la decisión busca contener el fuego amigo en la coalición. Este martes, el Presidente Sebastián Piñera decidió realizar un nuevo cambio de gabinete. En el Ministerio del Interior nombró a Víctor Pérez. En Relaciones Exteriores, a Andrés Allamand (RN). En Defensa, a Mario Desbordes (RN). En Segpres, a Cristián Monckeberg (RN). La vocería de Gobierno quedó en manos de Jaime Bellolio (UDI) y Karla Rubilar pasó a Desarrollo Social. Los damnificados, en esta pasada, fueron Gonzalo Blumel (Evópoli), Teodoro Ribera (RN), Alberto Espina (RN) y Claudio Alvarado (UDI). ¿Cuál es la magnitud de este cambio? ¿Hacia dónde apunta el Mandatario con estas modificaciones? Son algunas de las preguntas que buscaron responder cuatro analistas políticos de la Universidad de Santiago de Chile. Gabinete de trinchera La politóloga y académica de la Facultad de Humanidades de la Usach, Pamela Figueroa, consideró el cambio como “bastante importante”, en el sentido de que “se constituye un gabinete de trinchera”. “Nombrando a Víctor Pérez en el Ministerio del Interior, el Presidente da una clara señal de un Gobierno muy conservador en temas de orden público y seguridad. Víctor Pérez es una persona muy relacionada al pinochetismo, tiene una larga historia de ser uno de los duros de la derecha. Creo que ese es uno de los anuncios más importantes para lo que viene, sobre todo porque vamos a entrar en un ciclo electoral y de movilización social, con miras al proceso constituyente y las próximas elecciones”, sostuvo la especialista. En opinión de Figueroa, «llama mucho la atención el nombramiento de Mario Desbordes en el Ministerio de Defensa. Con eso lo sacan de la coyuntura política, buscan neutralizar el conflicto dentro de Renovación Nacional y a la figura más prominente, progresista y fuera del establishment de la derecha, lo ponen en un ministerio en el cual, obviamente, va a perder su figuración pública», subrayó. «Por otro lado”, agregó la académica, “Andrés Allamand, a quien si bien lo nombran en la Cancillería -lo que era una larga aspiración para él-, también lo dejan fuera de la coyuntura. Eso creo que es un fenómeno a observar, porque se considera que nombrar a los políticos en Cancillería es casi como jubilarlos; los sacan de la primera línea. Aunque tal vez desde ahí él también puede proyectarse a otro tipo de carrera más nacional», finalizó. Todo o nada El Director de la Escuela de Periodismo y doctor en ciencia política, René Jara, consideró que el cambio de gabinete redefine de manera clara la […]
Frente al actual plan de desconfinamiento “Paso a paso” del Gobierno de Chile, y los últimos anuncios del Ministro de Salud, Dr. Enrique Paris, declaramos: Las organizaciones firmantes, no podemos dejar de manifestar nuestra molestia y denunciar una vez más que la opinión del mundo social y sindical no se ha considerado para la planificación de la estrategia de desconfinamiento, desatendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que enfatizan la necesidad de incorporar todos los sectores y sus territorios en la toma de decisiones. Esto, a pesar que en reiteradas ocasiones se ha manifestado al Ministro Paris la urgencia de un trabajo conjunto, e incluso, se le ha propuesto una serie de medidas para implementar una “Nueva Estrategia Sanitaria” en el país, entre las que se incluyen criterios para una transición segura hacia el desconfinamiento. Lamentablemente, estas propuestas no han sido atendidas y el gobierno ha persistido en la actitud hermética, a pesar a los reiterados llamados a una política participativa para enfrentar la epidemia como una política de Estado.Así, nos sumamos a los cuestionamientos hechos por diversos actores por la forma de confeccionar e implementar este plan, e insistimos en la necesidad de establecer una nueva gobernanza para enfrentar la epidemia, que incluya al menos la participación efectiva de trabajadoras y trabajadores de la salud, de la academia y de la comunidad científica. Aún no existe la transparencia necesaria en datos claves para considerar el desconfinamiento como una medida razonable. Esto, a pesar de las recomendaciones del Comité Asesor COVID-19 del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, y la insistencia de los múltiples actores de la salud en el país, de contar con transparencia total de datos y procesos de toma de decisión, para asegurar que las medidas tomadas sean adecuadas a las necesidades sanitarias. Nos parece imprudente y apresurada la decisión de avanzar hacia el desconfinamiento en 9 comunas del país, cuando aún no se cuenta con una estrategia de trazabilidad implementada de forma adecuada en todo Chile, y en particular, cuando no se conocen indicadores claves que permitan asegurar que los esfuerzos realizados en esta materia hayan sido suficientes en las comunas que han empezado a salir de las cuarentenas totales. El Gobierno debe resolver estos asuntos y dar certezas públicas de aquello, con datos objetivos, como condición de posibilidad para la apertura. Hoy no se cumplen las condiciones mínimas que permitan afirmar que los programas de trazabilidad cumplen con lo necesario para asegurar el bienestar de la población. Consideramos urgente mejorar los criterios definidos para avanzar en las etapas de desconfinamiento, incorporando las recomendaciones de organismos técnicos omitidos por la autoridad hasta la fecha. En este sentido, llamamos a establecer criterios claros para cada etapa de desconfinamiento o reconfinamiento, con indicadores auditables a través de información pública que expliciten umbrales para cada una. De igual forma, llamamos a la autoridad a abandonar la política de cuarentenas dinámicas y de desconfinamientos comunales, en el contexto de que ésta criticada estrategia […]
Rechazamos de manera enérgica la propuesta privatizadora de algunos personeros de la UDI y de todos aquellos interesados en desmantelar a Codelco y las empresas públicas de nuestro país. La Federación de Trabajadores del Cobre rechaza este nuevo intento por privatizar la empresa más importante del Estado chileno, pues cambiar el 100% de los excedentes de Codelco por el 25% de impuesto a la renta, constituye a todas luces, menos recaudación para enfrentar los desafíos sociales de nuestros compatriotas. No estamos ni estaremos de acuerdo con esta propuesta y defenderemos con todas nuestras fuerzas el carácter 100% estatal de Codelco. Codelco, la gran empresa de todos los chilenos, nacionalizada de manera unánime por el Congreso Nacional, el 11 de julio de 1971, le ha entregado sistemáticamente al erario nacional todos los excedentes que ha generado, los que llevados a valores presentes, ascienden a más de US$ 125.000 millones, los cuales han permitido al Estado financiar programas sociales, educación, vivienda y salud. El reclamo ciudadano, expresado con fuerza desde el despertar social, pide cambios estructurales en el modelo de desarrollo económico, para ello es clave recuperar la pertenencia efectiva de todos los recursos naturales entre ellos, el cobre, el agua y el litio. Hoy más que nunca, nuestro pueblo requiere de los aportes de esta empresa para poder enfrentar las graves secuelas sociales que ha generado esta pandemia, tanto es así que el gobierno no ha querido detener las divisiones de Codelco, las que siguen produciendo, a pesar del costo en vidas humanas de nuestras trabajadoras, trabajadores y sus familias. Por lo anterior, llamamos a las empresas públicas a defender la propiedad estatal y a coordinarnos para hacer efectiva una paralización total de nuestro país. Finalmente, reiteramos que defenderemos con todas nuestras fuerzas a la principal empresa del país y no defraudaremos a nuestro pueblo, que hoy más que nunca necesita de estos recursos. Federación de Trabajadores del Cobre Santiago de Chile, 28 de julio 2020 Crónica Digital
Desde el conglomerado cuestionaron el nombramiento señalando que el gobierno se convierte “en el comando del Rechazo”. Tras el anuncio del cambio de gabinete del gobierno de Sebastián Piñera desde el Frente Amplio reaccionaron con decepción y alertaron ante la posibilidad de que el nuevo equipo viene a ser una suerte de “comando del rechazo”. Al respecto, el presidente de Comunes, Jorge Ramírez, expuso que “el presidente Piñera confirma que son los sectores más conservadores y autoritarios de la derecha los que gobiernan, se ratifica que no existe voluntad de modificar la errada hoja de ruta que guía a su gestión en estos meses y toma posición total por el rechazo. Por nuestra parte, seguiremos trabajando con más fuerza para que se cumplan con los plazos y las medidas para que tengamos un plebiscito seguro”. «Poner a cargo del gabinete a un parlamentario que señaló que el proceso constituyente era un salto al vacío, que votó en contra del 10% y el Postnatal de emergencia parece más una respuesta a las peleas de la derecha que a la búsqueda de soluciones de las familias chilenas. El gobierno se convirtió en el centro de operaciones del rechazo», recalcó Ramírez. La presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, expuso que “Esperaría que un Gobierno hiciera cambios pensando en mejorar su capacidad de responder a las necesidades de las familias, ofrecer gobernabilidad y estabilidad económica, y no basado en las presiones de su coalición. No hay cambios en Hacienda, por ejemplo, una cartera importantísima para la recuperación del país y que no ha dado el ancho para responder a las necesidades de la crisis y sobretodo no hay garantías de un cambio en las políticas que han fracasado estrepitosamente. Creo que el FA y la oposición debe estar más atenta que nunca para defender el proceso constituyente, frenar cualquier arranque autoritario de este Gobierno y defender los derechos de las personas». Por su parte, la presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, señaló que “hoy día se consolida el gabinete del rechazo, de un Gobierno con vocación de minoría. Lamento mucho el camino y la señal que el Presidente Piñera le está entregando a Chile, al otorgarle más poder a la derecha dura del país en vez de abrir la democracia. La ciudadanía nos está pidiendo todo lo contrario, así que mientras el Gobierno se arrincona en su vereda del rechazo contra los cambios, como Frente Amplio seguiremos luchando por una agenda social al servicio de las personas y defenderemos como nunca el proceso constituyente que se viene el próximo 25 de octubre. Porque ese es el camino que debemos seguir para responder a las demandas democráticas que hoy tiene el país” En ese sentido, el coordinador del Movimiento Unir Julio Salas señaló: «Un cambio en los nombres del gabinete no tendrá ningún efecto si esto no va acompañado de una modificación estructural en la estrategia del gobierno y su disposición al diálogo. Lo único que refleja este hito es un intento por resolver problemas […]
