El proyecto de Ley del Presupuesto 2024 de Chile tiene hasta ahora sin financiamiento a cuatro entidades cuyo propósito es conservar la memoria de las atrocidades cometidas durante el Golpe de Estado de 1973 y la dictadura cívico–militar.
Durante la discusión de la iniciativa legal en el Senado de la República, las tensiones entre legisladores de la oposición de derecha y de los partidos progresistas condujeron al cierre de las partidas que permiten trabajar a estas instituciones.
Se trata de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional y la Casa de la Memoria José Domingo Cañas, en la Región Metropolitana, el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, en la Región de Los Ríos, y la Corporación de Expresos Políticos de Pisagua, en la Región de Tarapacá.
Si bien el tema será analizado el lunes y martes próximos en Comisión Mixta de senadores y diputados, existe la posibilidad de que la derecha consiga cortar el flujo financiero a estos lugares, lo cual en los hechos equivale a la clausura de sus actividades.
La experta en derechos humanos Marta Cisterna Flores aseguró a la Radio Universidad de Chile que el negacionismo está ganando terreno por la vía financiera para la eliminación gradual de los museos donde se conservan registros de lo ocurrido tras el Golpe de 1973.
Agregó que los crímenes cometidos por el Estado entre 1973 y 1990 son la razón de ser de la existencia de estos sitios, destinados a mantener viva la memoria y garantizar la no repetición.
Cisterna, quien es miembro del directorio de la Casa José Domingo Cañas, hizo un llamado a los partidos políticos a protegerlos y recordó que muchos de esos locales fueron utilizados por el régimen militar como cuarteles de tortura, ejecuciones o desapariciones forzadas.
En lugar de cumplir los estándares internacionales, el Estado chileno obliga a los sitios de memoria a competir entre ellos todos los años para obtener fondos, explicó.
Santiago, 26 de noviembre 2011.
Crónica Digital / Prensa Latina.
