Académicos de la Universidad consideran urgente una política de vivienda étnica para el país que considere la cosmovisión de las comunidades indígenas y la realidad habitacional de esta población, que en un 64,8 % vive en el mundo urbano.
El 27 de julio de este año, Ruth Meñaco cumplirá un año más viviendo en su actual residencia en la comuna de Huechuraba. Ésta es parte de un conjunto de 25 casas cuyas puertas y ventanas están hacia el oriente, donde sale el sol; poseen palos de coligue en sus frontis a modo de protección, “como antiguamente usaban como defensa nuestros ancestros”; y tienen un tronco cruzado “que hace la conexión entre el cielo y la tierra que simboliza el rehue”, el altar sagrado de los mapuches.
Y es que esta experiencia dista mucho de lo sucedido a principios de los noventa en las cercanías de Temuco, donde un proyecto de viviendas sociales terminó siendo destinado para los animales de las comunidades, cuyos integrantes se quedaron en sus antiguas rucas; todo por una razón elemental para la cultura de los residentes: el lugar del sol.
Como plantea el profesor Walter Imilan del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura Urbanismo, en Chile no existe una política habitacional para los pueblos originarios, sino que los esfuerzos han estado más bien enfocados al “financiamiento a la vivienda y a los subsidios y no a qué tipo de habitabilidad y qué tipo de ciudad queremos generar”.
Las políticas generadas hasta la fecha “plantean modelos de financiamiento para resolver ciertas demandas, más que una política con una orientación o con un concepto detrás”, agrega Imilan sobre este tema que ha abordado a partir del proyecto “Ciudades étnicas. Producción del hábitat residencial en conjuntos de viviendas para la población indígena”, financiado por el programa VID –U-Apoya.
A esto se suma que los esfuerzos en esta materia han estado enfocados en el mundo rural y no en el urbano, donde según el censo del 2002, habita el 64,8% de la población indígena del país. En definitiva, “los esfuerzos y los programas que ha habido se deben fundamentalmente a esfuerzos privados por lo que no han existido proyectos financiados totalmente por el Estado. Siempre han existido otras voluntades”, como agrega David Barrios, de la fundación Hábitat para la humanidad.
Un proceso invisibilizado
La gran migración del campo a la ciudad que se produce a mediados del siglo XX, explica Imilan, “es consecuencia de la ocupación del territorio ancestral por parte del Estado chileno que produjo la reducción de la autonomía territorial y con ello un proceso de empobrecimiento sostenido. En ese sentido, lo que hace la sociedad hegemónica es desconocer las raíces étnicas de buena parte de la población”, negándolas en el proceso de construcción de una identidad. A esto se suma “la invisibilización como una forma de protección”.
Pero esta situación ha cambiado a partir de la conformación de agrupaciones como Newen Winkul de Huechuraba, encabezada por Ruth Meñaco, que desde finales de los noventa han levantado esta necesidad, a partir de que “ha habido una fuerza de la realidad de que las personas indígenas están hoy día habitando la ciudad masivamente y algo tiene que suceder ahí”, como señala Imilan.
Fue así como la agrupación participó inicialmente en un comité de vivienda “winka”, instancia que fue “una lucha social contra quienes no entendían lo que era la cosmovisión mapuche y lo referente al espacio”.
En ese sentido, David Barros señala que una nueva visión sobre esta materia es una decisión política “que tiene que ver con decidir si hacer o no hacer”. De hacerse, esta política “tiene que tener necesariamente un componente evaluativo, una consulta vinculante. No puede ser de otra manera, no pueden llegar expertos para construir una política desde arriba”.
Otro dato a considerar es que según el censo del 2002, el 4,6% de los chilenos declaró pertenecer a una de las ocho etnias, población concentrada principalmente en las regiones de La Araucanía (29,5%) y Metropolitana (27,7%). De estos, la presencia mayoritaria de pueblos originarios son los mapuche con un 87,3%, seguido por los aymara con un 7%, atacameños con un 3%, quechua 0,7%, rapanui 0,7%,, alacalufe 0,2% y yámana 0,2%.
Es por esto que para el profesor Imilan, además del carácter participativo debe considerarse “la visión de los distintos pueblos originarios del país” y cómo éstos son parte de los distintos territorios, ya que, por ejemplo, la realidad de una agrupación mapuche de la capital dista mucho de la de una ubicada en el sur del país.
Pero esta política no sólo debería limitarse a la vivienda, señala Alberto Pizarro, director de la CONADI, para quien es necesario además que “el espacio urbano incorpore distintos elementos que hagan patente la pluriculturalidad para empezar a generar espacios más amigables, no solamente en términos de áreas verdes sino que también de la cultura”.
Otro aspecto que debe ser considerado es la cantidad de hogares que deben concentrar los diferentes proyectos de vivienda indígena, los que deberían generarse “a escalas de familias, que no superen las 20 casas”, situación que se contrapone a la política actual que exige un número determinado de postulantes para un territorio particular y que está directamente relacionado con el valor del suelo disponible para la construcción de viviendas.
Es por eso que en definitiva, como finaliza Imilan, el tema de la vivienda étnica “también hay que entenderlo como una oportunidad para la política en sí misma de pensar otras posibilidades de cómo interviene el Estado en la sociedad”.
Texto: Francisca Palma
Fotografías: Plataforma Urbana
Santiago de Chile, 14 de julio 2015
Crónica Digital / Uchile.cl
