El Gran Maestro, de la Gran Logia Occidental de Chile, Washington Ulloa, llamó hoy a las autoridades chilenas a tener un mayor compromiso con lo que el país esta viviendo, “haciendo las cosas frente a la comunidad nacional, sin pretender salario, ni compensación indebida” y a “escuchar a la voz de los sin voz”. En declaraciones a Crónica Digital, Ulloa sostuvo que la actual pandemia que esta viviendo el país, muestra una secuela que es la “desigualdad social”, además que “los gobernantes no han acogido demandas sociales, expresadas en múltiples y masivas manifestaciones”. Acusó a los sucesivos gobiernos, que “actuaron y actúan, más en mantener el estado de cosas, que superarlos”. Recordó que el 18 de octubre de 2019, por 30 pesos de alza de un medio de transporte urbano, “la ciudadanía alzó su reclamo por 30 años de flagelo e inequidad social”. “Nosotros, los masones somos parte activa de esta sociedad, comprometidos con su proceso social y observadores de su desarrollo. En nuestro seno también sufrimos y vivimos las vicisitudes y vaivenes del modelo económico, que se ha instalado sin contención ética, ni moral”, apuntó el Gran Maestro de las Gran Logia Occidental de Chile. “Sin salir de la crisis de la rebelión social, que también recorre el mundo, se presenta la pandemia de todos conocida, que develó el grave deterioro social a escala planetaria y las consabidas consecuencias en que devino el mundo. Un sistema social global que no se encontraba en condiciones de salvar millones de vidas. Nos encontramos ante una crisis global de salubridad pública, sin precedentes en la historia de la Humanidad”, reveló Ulloa. Adelantó que pasando éste evento catastrófico, “enfrentaremos la recesión mundial o convivirán juntos por largo tiempo. Los síntomas del comportamiento global para protección y defensa de contagio, cambió la vida humana y todo indica, para siempre”. Agregó que la virtualidad como alternativa comunicacional, se extendió rápidamente, afectando leyes laborales y de seguridad social, también para siempre. “Es decir, todo cambió, aunque nuestra imaginaria, recién lo intuye”. Pandemia, cesantía y quiebre de empresas Sobre las cifras que entregó el gobierno que harán retroceder a Chile, en su condición económica y social, a unos 35 años, Washington Ulloa, dijo que “las noticias de la cesantía derivada de la quiebra de empresas, hablan de un millón de desocupados. Las autoridades no tomaron medidas preventivas correctas, lo que conlleva la profundización de la crisis, tanto de salud, como social, una derivada de la otra”. Sobre el cambio de ministro de Salud, sostuvo que “ha puesto en evidencia otros factores, que denotan incapacidad o errores en la administración de la pandemia o Covid-19. Para la cual aún no hay vacuna”. Ulloa, llamó a las autoridades, a los dirigentes sociales, políticos, gremiales, sindicales, comunales, a “un mayor compromiso con lo que se vive, haciendo las cosas frente a la comunidad nacional, sin pretender salario, ni compensación indebida”. «Pedimos al gobierno de Chile, a escuchar la voz de los sin voz, para no hacer llamados a comportamientos preventivos, que no […]
Nacional
Los diputados y diputada Camila Rojas (Comunes), Daniel Núñez (PC), Boris Barrera (PC), Jorge Brito (RD), Víctor Torres (DC), Gabriel Ascencio (DC), Alexis Sepúlveda (PR), Javier Hernández (UDI), Pedro Álvarez Salamanca (UDI), Pablo Prieto (RN), Leonidas Romero (RN), Luis Rocafull (PS) y Jaime Tohá (PS) presentaron un informe jurídico ante el Tribunal Constitucional para defender la Ley de la Jibia. A través del escrito los parlamentarios buscan pronunciarse contra el recurso presentado por la empresa Landes, y acogido el pasado 2 de junio por el Tribunal Constitucional, con el que la pesquera busca revertir la aplicación de esta ley. La norma, que entró en vigencia en agosto de 2019, sólo autoriza la extracción del calamar mediante métodos artesanales como la línea de mano o potera, es decir, prohíbe el método industrial de arrastre. La Pesquera Landes S.A., integrante de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES), alega que las autorizaciones que se les otorgaron previo a la entrada en vigencia de la ley de la Jibia constituirían un “derecho adquirido” y que, por lo tanto, no debiera limitarse su ejercicio. “La industria también tiene una cuota de jibia y la ley les exige que adapten su método de captura y que no se haga por arrastre, dado que esta afecta la sustentabilidad y hoy corresponde cuidar este recurso que es vital para la pesca artesanal en Chile. Lo que debe pasar es que la industria se adapte y no que quieran continuar con sus técnicas depredadoras que han hecho tanto daño a los ecosistemas marinos”, explica la diputada de Comunes, Camila Rojas. “Esta ley se tramitó más de cinco años en el Congreso, el año pasado el Gobierno trató de retrasar su entrada en vigencia y ahora la industria recurre al Tribunal Constitucional para revertirla. Queremos que quede claro que no es posible que los intereses de unos pocos tengan el poder de torcer una ley ampliamente aprobada en el Congreso”, añade la parlamentaria. En la misma línea su par y uno de los autores del proyecto de ley, Daniel Núñez, apunta a que “la presentación que ha hecho la empresa Landes se basa en un supuesto derecho adquirido que tendrían en base a la corrupta ley de pesca. En democracia no hay ningún organismo ni derecho que esté por sobre una ley democráticamente discutida en el Congreso, y de la cual hay precedentes, puesto que otras veces se ha legislado sobre esta materia”, dice. “Queremos reiterar la importancia de que el Tribunal Constitucional, de una vez por todas, se libere de esta atadura, de estos fallos donde permanentemente se defienden los intereses de las grandes empresas y se actúa absolutamente sumiso frente al gran capital. Que de una vez por todas el Tribunal Constitucional, un organismo profundamente antidemocrático e ilegítimo, respete la soberanía popular y reconozca la validez de la ley que prohíbe el arrastre en la jibia”, argumenta el diputado del Partido Comunista. Por su parte, el diputado Boris Barrera explica que la acción de la empresa Landes “es sumamente peligrosa […]
Continúa la polémica por el retorno a clases en medio de la pandemia sanitaria. La continuidad del año escolar sigue estando en duda, pese a la señal que dio el Minsal sobre los protocolos para un posible retorno. Para el ministro de Educación, Raúl Figueroa, hay que generar condiciones adecuadas para volver a clases «en la medida que sanitariamente sea posible». Desde el Colegio de Profesores en tanto, manifestaron que aún no están las condiciones para volver a clases. Ante la crisis económica que desencadenó la pandemia del coronavirus, muchos apoderados están exigiendo rebajar los aranceles de los colegios privados y subvencionados debido a la suspensión de clases. “Los reclamos que hemos recibido en las plataformas de Conadecus, durante este año con emergencia sanitaria, han aumentado en forma importante respecto al 2019 y el área de la educación es uno de ellos, por ello desarrollamos una encuesta que nos permita identificar y cuantificar las inquietudes que tiene la educación para los consumidores” señaló Hernán Calderón, presidente de Conadecus. “La consulta se centró en la educación básica y media particular pagada, ya que ésta, es un servicio que debe satisfacer las necesidades de los apoderados (consumidores) y los alumnos (as), por ello nos interesó observar si realmente los consumidores se ven afectados por el servicio prestado en educación”, señaló Calderón. La encuesta que partió el 11 de mayo y finalizó el 5 de junio ha tenido más de 400 registrados. El conjunto de datos obtenidos nos indica una muestra a nivel nacional de la problemática de los consumidores de educación, siendo la muestra más representativa de las regiones: IV, V, VII y Metropolitana, por la cantidad de consumidores que contestaron. De la totalidad de consumidores que contestaron la encuesta, la mayoría corresponde a mujeres (263) representando un 69,21%, mientras que un 30,79% fueron hombres (117). En caso de suspender el año escolar, los encuestados consideran que los alumnos debiesen aprobar el año (61,58 %). Sin embargo, haciendo un análisis más detallado, los apoderados de los colegios subvencionados están dudosos de que los alumnos aprueben (50,96%). Por otro lado, los consumidores-apoderados, no se consideran satisfechos con la educación a distancia y consideran que debiera reducirse el arancel entre un 50 y un 75%. Para Antonio Olivares, abogado de Conadecus, muchos de los colegios particulares están organizados como sociedades anónimas o sociedades por acciones, las que de acuerdo a la Ley son siempre mercantiles. “No estamos en presencia de fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, sino que ante sociedades de capital en donde sus dueños retiran utilidades permanentemente. Aunque la educación no debe ser considerada un negocio, para ellos, su labor educacional se organiza como un negocio, les genera réditos; para los apoderados, en cambio, se trata de un servicio o acto civil. En consecuencia, tiene plena aplicación la Ley sobre protección de los derechos de los consumidores, la entrega de un servicio de calidad, la ausencia de cobro si no se presta el servicio, la intervención de las asociaciones […]
El rápido aumento de los contagios de Covid-19 en otras regiones de Chile más allá de esta capital, que concentra la mayor cantidad de enfermos, preocupa hoy las autoridades. En un informe, el centro de estudios independiente Espacio Público puso énfasis en esa situación y señaló que la norteña región de Tarapacá aparece como la más crítica, pero advierte que en otras el incremento de casos ‘se ha vuelto complicado’. El estudio realizado por los académicos Camila Arroyo, Eduardo Engel, Diego Pardow y Pablo Simonetti señala que el viernes último la cifra de nuevos contagios para todas las regiones excepto la Metropolitana alcanzó mil 869, y el promedio móvil de la última semana asciende a mil 362, las más altas en lo que va de la epidemia. Subrayan que el promedio diario de la última semana es 24 por ciento mayor que los siete días precedentes, y llamaron la atención de que la sureña región de Magallanes registró un aumento de 246 por ciento en casos en comparación con la semana anterior. También consideraron alarmantes las altas tasas de positividad de las regiones de Antofagasta y O’Higgins y sugirieron a las autoridades del país ‘monitorear de cerca la situación de las comunas de Antofagasta y Punta Arenas, en caso de necesitarse un restablecimiento de las cuarentenas’ allí. El estudio cuestiona además la denominada inmunidad de rebaño, al señalar que la evidencia reciente ‘hace cada vez más difícil argumentar a favor de dicha estrategia’. Al respecto explica que estudios recientes se diferencian de otros realizados anteriormente y los corrigen, porque hay personas que dan positivo sin haber cursado la enfermedad y obtienen niveles mucho más bajos que los necesarios para que la inmunidad de rebaño sea una opción. Santiago de Chile, 20 de junio 2020 Crónica Digital/PL
Treinta y siete páginas de argumentos, antecedentes y datos tiene la querella criminal que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, presentó en contra del Presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich y los subsecretarios del Ministerio de Salud (MINSAL), Paula Daza y Luis Zúñiga. Esta es la primera acción legal en contra de autoridades por sus responsabilidades en errores en medidas adoptadas en medio de la pandemia de la Covid-19 y en la consecuencia de fallecimiento de personas. ElSiglo.cl tuvo acceso a la querella que tiene por finalidad la aplicación de normativas del Código Penal “por el actuar negligente y grave en el control de la pandemia”. Se indicó que Piñera, Mañalich, Daza y Zúñiga son responsables de la adopción de “decisiones evidentemente erradas y retardadas, además de ocultar y negar información relevante a las autoridades locales”. En términos legales, se sostiene que serían autores del cuasidelito de homicidio, “previsto y sancionado en los artículos 490 y 492 inciso primero, en relación al 391 Nº2 del Código Penal” y del delito de denegación de auxilio y abandono del destino. El texto acusatorio fue presentado por el abogado Ramón Sepúlveda, donde se indicó que es factible presentar este tipo de querellas ante “delitos cometidos por un funcionario público que afectaren derechos de las personas garantizados por la Constitución”. En la acusación se estableció que existía la información y los antecedentes, a nivel mundial y nacional, en el mes de marzo recién pasado, de que la expansión y el contagio del coronavirus iría en aumento (algo que sucedió con creces), “no obstante…nuestras autoridades sanitarias no adoptaron decisiones drásticas en tal sentido, sino únicamente medidas parciales y antojadizas sin la expresión de un criterio claro y ecuánime para su aplicación y comprensión”. Se añadió que hubo una actuación marcada “por un claro sesgo social y político en la adopción de determinadas medidas” que llevaron a descartar lugares donde ellas se aplicaran. Eso, se dijo, contando con documentación y opiniones que alertaban de ese proceder. La querella enfatizó que esa situación se dio específicamente en comunas populares “desprotegidas social y económicamente”, y se menciona el caso de Recoleta donde se podía “anticipar un alto y veloz número de contagios en lo sucesivo, esto acorde a nuestra dispar distribución social y nivel de hacinamiento, que en palabras de uno de los propios querellados, desconocían”, haciendo tácita referencia a Jaime Mañalich. Los errores y “faltas graves a su función pública” Según el escrito, el Presidente, el ex titular de Salud y los dos actuales subsecretarios, cometieron “una serie de acciones, omisiones y comportamiento erróneos inexcusables” en el tratamiento de la crisis sanitaria que “constituyen faltas graves a su función pública” y que constituyen “figuras penales”. En la descripción de errores, omisiones y delitos que se habría cometido, la querella señaló “negligencia inexcusable de los querellados como autoridades de Gobierno en la toma de decisiones a nivel general; ocultamiento deliberado, de información y entrega de datos técnicos distintos a la realidad, además de la negación sistemática de […]
Con 202 fallecidos en la última jornada, la letal cifra en Chile alcanza hoy cuatro mil 295 decesos, aunque pudieran ser muchos más, admitieron hoy las autoridades del Ministerio de Salud (Minsal). Esa cantidad de muertos corresponde a los reportados por el Registro Civil y confirmados como positivos de Covid-19, pero el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) tiene contabilizados otras tres mil muertes sospechosas a causa del coronavirus, las que se sumarían a las cuatro mil 295 confirmadas. Con ello, el total de personas que habrían perdido la vida a causa de la pandemia sería de siete mil 364. En conferencia de prensa para el parte oficial de este sábado, el jefe de Epidemiología del Minsal, Rafael Araos, aclaró que en el reporte semanal de Epidemiología estarán diferenciadas las cifras de fallecimientos con y sin confirmación del diagnóstico por PCR y las informadas diariamente. Añadió que el informe diario seguirá de la misma manera que se realiza actualmente. Además, en el reporte de la situación de la pandemia hasta el viernes a las 21:00 «hora local2, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, comentó que se contabilizaron otros cinco mil 355 nuevos contagios, con lo cual el total de infectados asciende a 236 mil 748. Detalló que de los 35 mil 844 enfermos activos, se encuentran hospitalizados mil 951, de los cuales mil 682 están conectados a ventilación mecánica y 416 están diagnosticado de crítico, cifras que también van en aumento con la consiguiente presión sobre las capacidades hospitalarias. Santiago de Chile, 20 de junio 2020 Crónica Digital /PL
Una declaración de apoyo al colectivo Las Tesis se encuentran firmando los académicos de la Universidad de Valparaíso (UV) en respuesta a la querella por amenazas y atentado contra la autoridad presentada por Carabineros, la cual es investigada por el Ministerio Público. El apoyo a Las Tesis surgió de un grupo de académicas de la Escuela de Teatro UV, unidad de la cual algunas de sus integrantes del colectivo son exalumnas y actualmente se desempeñan como profesoras e investigadoras, y pronto fue sumando nuevos apoyos de distintas unidades académicas de la UV, incluso trascendiendo a otras casas de estudios superiores de la Región. La declaración y la opción de firmar el apoyo se encuentra disponible en el siguiente link: https://docs.google.com/document/d/1fQyCk_X-Q-H0rFh7Y5zmQd2qSddUF105qEI458UABZw/edit?usp=sharing El colectivo Las Tesis está integrado por Paula Stange, licenciada en Diseño UV y licenciada en Historia y Ciencias Sociales y pedagoga en Historia UV; Daffne Valdés, licenciada en Teatro UV y quien colaboradora del Centro de Investigaciones Artísticas en la edición de la Revista Panambí; Sibila Sotomayor van Rysseghem, licenciada de Teatro UV, docente de esa escuela e investigadora en el Centro de Investigaciones Artísticas; y Lea Cáceres, diseñadora de vestuario del Duoc. A través de un comunicado, Sibila Sotomayor señaló que “en este contexto tan inapropiado, en el que como sociedad por completo estamos bajo ataque de una pandemia, pero también de la desigualdad, la institución que posee el monopolio de la violencia -la cual, además, se encuentra impune como causante de múltiples violaciones a los derechos humanos- se toma el tiempo de perseguir, intimidar, amedrentar, censurar y violentar a un colectivo artístico feminista”. “Quieren censurar nuestro trabajo, quieren negarnos nuestro derecho a expresarnos a partir del arte, quieren negarnos el derecho a la protesta, tergiversando nuestro trabajo e inculpándonos en los términos más insólitos. Esta acción sólo demuestra el abuso de poder sistemático por parte de esta institución, equiparando la poesía con la verdadera violencia de la cual son autores, negando el espacio a la metáfora, al arte, al activismo y a la legítima denuncia que desde octubre el pueblo vocifera en todas partes”. Sotomayor agregó que “actualmente, nuestras representantes legales están trabajando y haciendo las gestiones correspondientes para esclarecer estos hechos”. “Hoy se nos violenta directamente a nosotras, pero también a todas las mujeres, disidencias y a quienes nos encontramos en esta lucha contra el patriarcado y sus instituciones nefastas. Pero no nos callarán, nunca más”, explicó. En tanto, Claudio Marín, director de la Escuela de Teatro UV explica que “nos llama la atención las desesperadas medidas que Carabineros ejerce sobre el colectivo Las Tesis, censurando una vez más expresiones artísticas como éstas que se han realizado de forma pacífica y legítimamente en el espacio público que nos pertenece a todas y todos”. “Como Escuela de Teatro condenamos todo acto de ataque y/o censura a las expresiones artísticas que nos recuerdan por cierto las estrategias de represión usadas por la dictadura militar en Chile. No aceptaremos medidas de vigilancia y castigo para quienes se expresan de forma pacífica, […]
Los partidos políticos en formación, que nacieron al alero del estallido social del 18 de octubre pasado, solicitaron al Servel suspender el plazo legal para lograr conseguir las más de 10 mil firmas que exige la ley y que cada partido necesita, ya que aseguran no contar con las condiciones básicas para poder conformarse y participar del proceso constituyente. El movimiento de partidos del Chile que despertó, compuesto por Fuerza Común, Con Todxs, el Movimiento por una Constituyente Democrática (MovPCD) y Alternativa Feminista (PAF), denuncian que a raíz del Estado de Catástrofe y confinamiento, se han visto impedidos de alcanzar las principales exigencias que el Servicio Electoral pone como condición para constituirse. Por ello enviaron una carta al organismo, solicitando suspender lo establecido en la ley 18.603 que determina un plazo de 210 días para que los partidos en formación consigan un mínimo de afiliados, algo que se ha visto alterado por la pandemia que dificulta el trabajo territorial o la obtención de la Clave Única. Se suma a esta situación, que en el caso de los partidos en trámite, como el MovPCD, el Servel ha descontinuado el proceso de constitución, sin entregar respuesta en los plazos establecidos. “Que el plazo para alcanzar las firmas continúe corriendo, pese a no contar con las herramientas mínimas para conformarnos, nos parece inaceptable”, enfatizaron desde este movimiento. Asegurando además, que buscan hacer una política distinta “pero al parecer ni al gobierno ni a los partidos políticos tradicionales les interesa que nazcan nuevos actores políticos e independientes en la escena pública”, puntualizan. “Queremos poner en práctica la democracia y darle a la ciudadanía la posibilidad de elegir otras opciones políticas”, señaló Rosa Moreno, presidenta de Alternativa Feminista. Agregando que la construcción de una nueva sociedad pasa necesariamente por hacer una Nueva Constitución, con una mirada distinta de la que tienen los actuales partidos. En la misma línea, James Hamilton, presidente de Con Todxs, dijo que esta pandemia ha puesto al descubierto nuestra tremenda pobreza y gran inequidad. “Solo la democracia y una Nueva Constitución van a poder salir en ayuda de tanta gente que necesita representatividad y que están cansadas de abusos, de corrupción y de falta de ética”. Para Fernando Atria, presidente de Fuerza Común, “el plazo legal supone condiciones de normalidad política que no existen en Estado de Catástrofe. Esto configura un imprevisto de fuerza mayor y nos parece que va en contra de los derechos que tenemos como ciudadanos de participar en la construcción de la sociedad que queremos formar”, aseguró. Finalmente, Raúl Zarzuri, presidente provisorio del MovPCD, pide fomentar y darle espacio a nuevas formas de participación, “no sólo partidista, sino también a las organizaciones sociales y civiles, por lo que urge acelerar el proceso de tramitación de partidos nuevos”. La respuesta a esta solicitud conjunta entregada por los partidos en formación y en trámite debería ser contestada el próximo 25 de junio, día en que se sabrá si atiende o no a esta petición. Santiago de Chile, 20 de […]
La derecha tiene rasgos comunes en Nuestra América. Uno de ellos parece ser la tendencia a negar la historia o distorsionarla, como condición para intentar preservar su control del presente y futuro. En ese empeño, han radicalizado su hechura conservadora y autoritaria. Un ejemplo es la controversia desencadenada en Perú en los últimos días, a propósito del documental “Hugo Blanco, Río Profundo”, que intenta reconstruir la historia de un veterano luchador social. Una violenta campaña de ataques se levantó en contra del personaje y la obra, dirigido y producido por Malena Martínez Cabrera, señalando que se trata de un “terrorista asesino” y que el Ministerio de Cultura, al promover la exhibición del documental, hace una “apología del terrorismo”. Blanco, hoy con 86 años, en los últimos cuatro décadas ha sido legislador constituyente, diputado y senador, transitando desde una opción radical de izquierda en los 60 hacia las luchas de los pueblos indígenas y en defensa del agua y la naturaleza, por lo que se le considera cercano al Ecosocialismo. La líder progresista peruana y ex candidata presidencial, Verónika Mendoza, enfrentó en su cuenta de Twitter los ataques procedentes desde los políticos, parlamentarios y medios de comunicación de la ultraderecha, así como de viejos policías y militares negacionistas de las violaciones a los derechos humanos. “No solo quieren mellar la dignidad de Hugo Blanco sino impedir que los pueblos hagan memoria de sus propias luchas para liberarse de la servidumbre y levantar la humillada cerviz. Pero no podrán volver el tiempo atrás, Hugo ya es parte de la historia y no podrán borrar su huella”, escribió. Hugo Blanco fue uno de los tantos latinoamericanos que fue conmovido por la experiencia del Gobierno del Presidente Salvador Allende y la Unidad Popular, y se trasladó Chile. En nuestro país conoció, en forma dramática, el modo en que la derecha manipula la realidad, inventa imputaciones sobre conspiraciones ficticias para justificar el crimen, cuando se trata de preservar el orden establecido. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 lo sorprendió en Santiago de Chile. Pudo observar como la emergente tiranía hablaba de un “Plan Zeta”, una supuesta confabulación de la izquierda para eliminar físicamente a la totalidad de sus oponentes e imponer una “dictadura marxista”. Los políticos civiles que contribuyeron a la ruptura de la democracia y celebrado el fin de la institucionalidad republicana, asumieron acríticamente la veracidad del “Plan Zeta”, así como sus medios de comunicación. Aparte de los milicianos chilenos, se sostenía que 15.000 guerrilleros extranjeros serían los ejecutores de la asonada marxista. En mérito de esa “conspiración” se emprendió una violenta cacería de todos los hombres y mujeres de la izquierda chilena. Ser extranjero se tornó también en motivo de sospecha. Un porcentaje significativo de los centenares de casos de desapariciones y ejecuciones que se perpetraron hasta diciembre de 1973 fueron resultado del propósito de castigar y aniquilar a los autores y ejecutores del “Plan Zeta”, cuya existencia nunca fue acreditada, porque no era más que un vil invento. […]
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se refirió por primera vez a las acusaciones en su contra sobre un eventual “fraude electoral” y los posteriores estudios de investigadores que refutan las débiles conclusiones que fueron presentadas por la OEA. Una gran audiencia logró la primera sesión del nuevo espacio de debate organizado por el Grupo de Puebla, realizado por vía telemática. El espacio estuvo a cargo de la destacada jurista brasileña y Coordinadora del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), Carol Proner, y del fundador del Grupo de Puebla y líder del progresismo chileno, Marco Enríquez–Ominami. En la presentación, Evo Morales, fue enfático en señalar que “La peor pandemia que tiene Bolivia se llama Jeanine Añez. Desde enero hasta ahora, no hay ningún hospital construido. Las obras en Trinidad, paralizadas. En Sucre y Potosí, paralizadas”. Agregó: “Médicos en huelga de hambre han marchado pidiendo equipos de bioseguridad. No son médicos opositores ni del MAS, son del gobierno de Añez (…) Sólo un gobierno democráticamente electo, con legitimidad, fuerte, con autoridad, va a ahuyentar la crisis económica, social y sanitaria”. Por otra parte, el ex candidato chileno y líder progresista, Marco Enríquez-Ominami, realizó un afectuoso homenaje a los dirigentes latinoamericanos que han colaborado con la defensa de Evo Morales. Señaló: “Quiero hacerle un reconocimiento al Presidente Alberto Fernández, a Celso Amorim, Dilma Rousseff, Martín Torrijos, Aloizio Mercadante, Ernesto Samper y Carol Proner, entre otros, que estuvimos coordinados esa noche –la noche del golpe en Bolivia– tratando de ponernos a disposición de la defensa, no sólo de Evo Morales, sino que de la defensa de los valores de la democracia”. También efectuó un fuerte llamado a la unidad latinoamericana “Esa noche lo que ocurrió fue un golpe de estado a un Presidente, y en Chile, tuvimos un golpe de Estado. Llamo a mis hermanos chilenos que recordemos que Chile y Bolivia somos semejantes, somos países hermanos. Me dolió mucho el silencio de Chile esa noche. El Presidente de Chile no condenó el golpe. Solo la unidad de las y los progresistas nos devolverá la esperanza”. Morales se unió al Grupo de Puebla en noviembre del año pasado, junto con quien fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera. Desde entonces, el ex Jefe de Estado ha participado activamente del movimiento que reúne a líderes progresistas de 14 países y que fue impulsado por Enríquez–Ominami en conjunto con el actual Presidente de la Argentina, Alberto Fernández. Actualmente, el colectivo internacional tiene entre sus miembros a 9 ex Presidentes y Jefes de Estado, entre ellos, los ex Mandatarios de España, Colombia, Brasil, Ecuador y Uruguay. Santiago, 20 de junio 2020. Crónica Digital.
