La derecha tiene rasgos comunes en Nuestra América. Uno de ellos parece ser la tendencia a negar la historia o distorsionarla, como condición para intentar preservar su control del presente y futuro. En ese empeño, han radicalizado su hechura conservadora y autoritaria. Un ejemplo es la controversia desencadenada en Perú en los últimos días, a propósito del documental “Hugo Blanco, Río Profundo”, que intenta reconstruir la historia de un veterano luchador social. Una violenta campaña de ataques se levantó en contra del personaje y la obra, dirigido y producido por Malena Martínez Cabrera, señalando que se trata de un “terrorista asesino” y que el Ministerio de Cultura, al promover la exhibición del documental, hace una “apología del terrorismo”. Blanco, hoy con 86 años, en los últimos cuatro décadas ha sido legislador constituyente, diputado y senador, transitando desde una opción radical de izquierda en los 60 hacia las luchas de los pueblos indígenas y en defensa del agua y la naturaleza, por lo que se le considera cercano al Ecosocialismo. La líder progresista peruana y ex candidata presidencial, Verónika Mendoza, enfrentó en su cuenta de Twitter los ataques procedentes desde los políticos, parlamentarios y medios de comunicación de la ultraderecha, así como de viejos policías y militares negacionistas de las violaciones a los derechos humanos. “No solo quieren mellar la dignidad de Hugo Blanco sino impedir que los pueblos hagan memoria de sus propias luchas para liberarse de la servidumbre y levantar la humillada cerviz. Pero no podrán volver el tiempo atrás, Hugo ya es parte de la historia y no podrán borrar su huella”, escribió. Hugo Blanco fue uno de los tantos latinoamericanos que fue conmovido por la experiencia del Gobierno del Presidente Salvador Allende y la Unidad Popular, y se trasladó Chile. En nuestro país conoció, en forma dramática, el modo en que la derecha manipula la realidad, inventa imputaciones sobre conspiraciones ficticias para justificar el crimen, cuando se trata de preservar el orden establecido. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 lo sorprendió en Santiago de Chile. Pudo observar como la emergente tiranía hablaba de un “Plan Zeta”, una supuesta confabulación de la izquierda para eliminar físicamente a la totalidad de sus oponentes e imponer una “dictadura marxista”. Los políticos civiles que contribuyeron a la ruptura de la democracia y celebrado el fin de la institucionalidad republicana, asumieron acríticamente la veracidad del “Plan Zeta”, así como sus medios de comunicación. Aparte de los milicianos chilenos, se sostenía que 15.000 guerrilleros extranjeros serían los ejecutores de la asonada marxista. En mérito de esa “conspiración” se emprendió una violenta cacería de todos los hombres y mujeres de la izquierda chilena. Ser extranjero se tornó también en motivo de sospecha. Un porcentaje significativo de los centenares de casos de desapariciones y ejecuciones que se perpetraron hasta diciembre de 1973 fueron resultado del propósito de castigar y aniquilar a los autores y ejecutores del “Plan Zeta”, cuya existencia nunca fue acreditada, porque no era más que un vil invento. […]
Nacional
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se refirió por primera vez a las acusaciones en su contra sobre un eventual “fraude electoral” y los posteriores estudios de investigadores que refutan las débiles conclusiones que fueron presentadas por la OEA. Una gran audiencia logró la primera sesión del nuevo espacio de debate organizado por el Grupo de Puebla, realizado por vía telemática. El espacio estuvo a cargo de la destacada jurista brasileña y Coordinadora del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), Carol Proner, y del fundador del Grupo de Puebla y líder del progresismo chileno, Marco Enríquez–Ominami. En la presentación, Evo Morales, fue enfático en señalar que “La peor pandemia que tiene Bolivia se llama Jeanine Añez. Desde enero hasta ahora, no hay ningún hospital construido. Las obras en Trinidad, paralizadas. En Sucre y Potosí, paralizadas”. Agregó: “Médicos en huelga de hambre han marchado pidiendo equipos de bioseguridad. No son médicos opositores ni del MAS, son del gobierno de Añez (…) Sólo un gobierno democráticamente electo, con legitimidad, fuerte, con autoridad, va a ahuyentar la crisis económica, social y sanitaria”. Por otra parte, el ex candidato chileno y líder progresista, Marco Enríquez-Ominami, realizó un afectuoso homenaje a los dirigentes latinoamericanos que han colaborado con la defensa de Evo Morales. Señaló: “Quiero hacerle un reconocimiento al Presidente Alberto Fernández, a Celso Amorim, Dilma Rousseff, Martín Torrijos, Aloizio Mercadante, Ernesto Samper y Carol Proner, entre otros, que estuvimos coordinados esa noche –la noche del golpe en Bolivia– tratando de ponernos a disposición de la defensa, no sólo de Evo Morales, sino que de la defensa de los valores de la democracia”. También efectuó un fuerte llamado a la unidad latinoamericana “Esa noche lo que ocurrió fue un golpe de estado a un Presidente, y en Chile, tuvimos un golpe de Estado. Llamo a mis hermanos chilenos que recordemos que Chile y Bolivia somos semejantes, somos países hermanos. Me dolió mucho el silencio de Chile esa noche. El Presidente de Chile no condenó el golpe. Solo la unidad de las y los progresistas nos devolverá la esperanza”. Morales se unió al Grupo de Puebla en noviembre del año pasado, junto con quien fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera. Desde entonces, el ex Jefe de Estado ha participado activamente del movimiento que reúne a líderes progresistas de 14 países y que fue impulsado por Enríquez–Ominami en conjunto con el actual Presidente de la Argentina, Alberto Fernández. Actualmente, el colectivo internacional tiene entre sus miembros a 9 ex Presidentes y Jefes de Estado, entre ellos, los ex Mandatarios de España, Colombia, Brasil, Ecuador y Uruguay. Santiago, 20 de junio 2020. Crónica Digital.
Ante el inicio de la licitación para la venta del tradicional edificio de Bellavista 0990 de TVN, desde la bancada PC buscan declararlo como “patrimonio material y cultural del Estado” y evitar así la enajenación del inmueble, la que es vista como un primer paso en la privatización del canal. Este viernes 19 de junio el diputado Amaro Labra, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, presentó un proyecto de ley que busca declarar como patrimonio material y cultural del Estado los bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio de TVN, en especial el histórico edificio de Bellavista 0990. De esta manera se busca frenar el proceso de venta del edificio, el que se iniciara hace pocos días con el anuncio de la licitación, el que ha generado críticas desde los sindicatos de trabajadores del canal, el Colegio de Periodistas y el mundo de la docencia. Los diputados y diputadas firmantes ven con preocupación el inicio del proceso de licitación del edificio corporativo de TVN, el principal canal público de Chile, especialmente por un proceso poco transparente que se abre en medio de una crisis sanitaria y social sin precedentes. En cuanto al proyecto, el presidente de la Comisión de Cultura detalló que “El edificio de TVN forma parte de la memoria colectiva de nuestro país. Este espacio ha sido escenario de múltiples producciones audiovisuales por cerca de 50 años, su posible venta significa una pérdida invaluable a nuestra cultura democrática. Este inmueble debe ser protegido por el Estado, resguardando su valor histórico e impidiendo su destrucción”. La diputada Marisela Santibáñez, integrante de la comisión de Cultura, reforzó la idea avanzar en una mayor protección de los medios públicos y así evitar su lenta desaparición, tal como pasó con la privatización del diario La Nación, la que se concretó en enero del 2014, a un mes de concluir el primer gobierno de Sebastián Piñera. “Chile lo que necesita es avanzar en pluralismo y diversidad, como formas de asegurar la entrega de contenidos veraces y responsables a la ciudadanía. La democracia se fortalece con medios de comunicación públicos”, concluyó la diputada Santibáñez. En términos específicos, el texto propone que se declare como patrimonio material y cultural del Estado los bienes inmuebles destinados al uso de la empresa Televisión Nacional de Chile que sean esenciales para el desarrollo de su función pública, en especial el edificio corporativo. Entre los firmantes de la iniciativa se encuentran las diputadas PC Marisela Santibáñez, Carmen Hertz, Camila Vallejo, y los diputados Boris Barrera, Guillermo Teillier, Alejandro Bernales (PL) y Marcelo Díaz (PS). Santiago de Chile, 19 de junio 2020 Crónica Digital
La Región Metropolitana, donde se ubica esta capital, aparece hoy como la cuarta con mayor número de contagios de Covid-19 a nivel mundial, según estadísticas internacionales sobre la pandemia. Hasta el jueves se registraron en Santiago 183 mil 533 contagiados desde el inicio de la pandemia en el país, aun cuando la urbe se encuentra totalmente en cuarentena desde hace semanas. En esa preocupante lista, la capital de este país sudamericano solo es superada por las ciudades de Nueva York, con 385 mil 760 infectados; Moscú (Rusia), con 210 mil 785 y Sao Paulo (Brasil), con 191 mil 517. Las autoridades chilenas han insistido en que las cuarentenas, especialmente en esta capital, no han dado el resultado esperado, pues en Santiago la movilidad de las personas solo se redujo 30 por ciento como promedio, y mucho menos aún en algunas municipalidades. En ese sentido, han insistido en la responsabilidad de las personas para permanecer en sus casas, además de aumentar las restricciones y controles policiales para lograrlo. Sin embargo, aunque muchos salen a la calle sin justificación alguna, cientos de miles de personas deben hacerlo para conseguir el sustento diario ante la pobreza y hacinamiento existentes en amplias zonas de la urbe, situación agudizada por el creciente desempleo. El ministro de Economía, Lucas Palacios, admitió recientemente que el 40 por ciento de las empresas en la capital siguen funcionando a pesar de estar en «cuarentena total», lo que equivale a la movilización de unos 2,3 millones de trabajadores por día. Santiago de Chile, 19 de junio 2020 Crónica Digital/PL
La Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), trabajará junto a la Universidad de Concepción en la producción del Interferón Alfa-2b recombinante humano, para enfrentar la Covid-19 en este país. El alcalde de la comuna capitalina de Recoleta, Daniel Jadue, presidente de la Achifarp, informó hoy que la fabricación del medicamento se concretaría con el apoyo de ese importante centro de educación superior. El Interferón Alfa-2b creado en Cuba, se caracteriza por fortalecer el sistema inmunitario y ha sido empleado con excelentes resultados en el combate contra el dengue, las hepatitis B y C y el cáncer. En medio de la búsqueda de medicamentos efectivos contra la Covid-19, ha sido empleado con buenos resultados dentro de los protocolos sanitarios en China, Cuba y otras naciones, aunque las autoridades sanitarias de la isla han dejado claro que no es una cura para la enfermedad, sino que contribuye a reforzar el sistema inmunitario. Desde el inicio de la pandemia en Chile, el alcalde Jadue propuso al gobierno y al Ministerio de Salud, el empleo de este medicamento, pero ello fue rechazado, e incluso el presidente Sebastián Piñera, sin tener en cuenta los protocolos internacionales que certificaban la eficacia del fármaco, negó que tuviera alguna utilidad. Ahora, la iniciativa de la Achifarp y la Universidad de Concepción, contempla también estudiar la seguridad y eficacia del Interferón Alfa-2b recombinante humano, que según la literatura científica es empleado como bioterapia experimental para el combate del coronavirus. El alcalde Daniel Jadue puntualizó que «se llevará a cabo un proceso de producción y, posteriormente, se avanzará en los ensayos de seguridad y eficacia, para cumplir a cabalidad la regulación nacional vigente. Según lo previsto, las primeras dosis serán distribuidas, en las municipalidades de Rauco, Macul, Caldera, Renaico, Canela y Recoleta, promotoras de las Farmacias Populares, proyecto que ha mostrado su valía ofreciendo a la población medicamentos mucho más baratos que las grandes cadenas y laboratorios que controlan ese mercado en el país. Santiago de Chile, 19 de junio 2020 Crónica Digital/PL
“Mientras el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, señala hoy que el mundo entró en una fase nueva y peligrosa por el Coronavirus, nuestro Ministerio de Salud recién este sábado incorporará el protocolo de la OMS para el conteo de los fallecidos, con lo que la cuenta total en Chile será cercana a los 8.000”, dijo. De acuerdo a Navarro, “ayer presentamos la denuncia, hoy lo hizo el alcalde Daniel Jadue con una querella y es totalmente predecible que las querellas y denuncias se multipliquen por todo Chile, debido a que Mañalich ocultó información que puede haber significado la muerte de miles”. “Bajo la dirección de Mañalich”, continuó, “el Ministerio adoptó decisiones evidentemente erradas y retardadas, ocultando y negando información clave a las autoridades locales, que impidieron el control de contagios y el fallecimiento de miles de chilenos y chilenas”. “Las autoridades del Ministerio de Salud están obligadas a proteger y cuidar de la Salud Pública, contando con todos los antecedentes técnicos e información que permanentemente entregaban las instituciones oficiales, además de tiempo para planificar lo que se venía con la emergencia del Coronavirus, ya que la crisis comenzó mucho antes en otros países”, dijo Navarro. Agregando que: “por ello vamos a incorporar este nuevo dato a la denuncia contra Mañalich; no puede ser que el Minsal haya estado utilizando una metodología distinta a la de la OMS, ocultando el número de fallecidos; mañana se conocerá la cantidad de muertes probables por Covid-19 o aquellas vinculadas al virus que no cuentan con un examen PCR confirmado, pudiendo ser superior a las 3.000 personas, con lo que conteo total de fallecidos rozará los 8.000”. “Además”, continuó, “el Colegio Médico informó sobre cientos de personas privadas de libertad que han sido diagnosticadas de forma positiva con Covid, pero que no han sido informadas, por lo que sin duda están sin que se les hagan otros exámenes y sin atención”. Según Navarro, “ambos temas, desconocidos a la opinión pública, agregamos a la denuncia que presentamos ayer en contra de Mañalich, Zúñiga y todos quienes resulten responsables de la omisión de los 31.412 contagiados por Covid-19, pues con salvoconducto pueden haber transitado por semanas por todo Chile, expandiendo la infección a miles o incluso millones de personas”. El senador por el Biobío finalizó: “la Fiscalía Centro Norte ya confirmó recepción de nuestra denuncia; esperamos que ahora asignen un Fiscal para que comience a investigar. Aquí hay penas de cárcel involucradas; la justicia debe actuar y los responsables pagar por esta falta criminal”. Concepción, 19 de junio 2020 Crónica Digital
En las últimas semanas han surgido propuestas de algunos políticos de derecha de postergar nuevamente el plebiscito constituyente e incluso de eliminarlo y trabajar en un acuerdo para la realización de una nueva constitución por parte del Congreso. Al respecto, el profesor de Derecho Constitucional y Teoría Política de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso Jaime Bassa explica que “para que se cambie la fecha del plebiscito es necesario un acuerdo transversal. No es una decisión que pueda tomar unilateralmente el Presidente de Chile ni una mayoría en el Congreso, porque se requieren dos tercios de los parlamentarios actualmente en ejercicio, además de una reforma constitucional. Es poco probable que esto suceda, porque el compromiso por parte de importantes sectores de la oposición de avanzar en los cambios constitucionales y constituyentes está bastante consolidado”. Bassa también explicó que la extensión del estado de catástrofe no afectaría la realización del plebiscito, ya que “la mayoría de las medidas sanitarias que se han adoptado – toque de queda, cuarentenas y cordones sanitarios- ha sido ejerciendo las competencias que la legislación regular entrega a la autoridad. Lo que podría eventualmente justificar un retraso del calendario constituyente es que al mes de octubre la crisis sanitaria aún esté vigente, es decir, con una tasa de contagios y mortalidad muy alta. En ese caso sería razonable postergarlo, pensando en que necesitamos que la nueva constitución sea legítima y, por lo tanto, se requiere una tasa de participación política alta”. “Otro punto es la destinación de recursos para el plebiscito constituyente, pero no solo se remite a éste. Hoy no tenemos plena certeza sobre la forma en que se han estado utilizando los recursos de emergencia de que dispone el gobierno con ocasión de la pandemia. Estoy pensando no solamente en los recortes estructurales que ha habido en materia de gasto público, sino que también en la forma en que el Presidente ha dispuesto de ese 2% que permite la Constitución. Entonces, es difícil pensar que la disponibilidad de recursos podría afectar el proceso constituyente, siendo que ni siquiera sabemos cómo se ha ejecutado el presupuesto durante la excepción”, añadió. Mejorar las condiciones institucionales Detalló, además, que ante la contingencia es importante mejorar las condiciones institucionales: “En lugar de pensar en suspender el plebiscito, debemos evaluar alternativas para su realización. En el caso de que se desarrolle en octubre y el virus siga activo, probablemente en septiembre debiéramos evaluar opciones, como el voto electrónico. El problema de éste es que genera una gran cantidad de información y datos, y no se sí si hay una repartición pública que pueda manejarlo y es difícil confiar en que una empresa privada pueda hacerlo de manera transparente e imparcial. La otra complicación es que la penetración digital no es homogénea en todo el territorio, con sesgos en materia campo-ciudad y una brecha importante en términos de clases sociales. Si fuera necesario adoptar medidas especiales para evitar aglomeraciones con ocasión del plebiscito, probablemente habría que avanzar hacia […]
Las autoridades de Chile podrían recurrir incluso a los celulares para controlar la movilidad de las personas ante la baja efectividad de las cuarentenas en el país para contener la expansión de la Covid-19. Las autoridades insisten en que las medidas de aislamiento social no han surtido efecto y que en esta capital, por ejemplo, a pesar de la cuarentena total en toda la urbe, la movilidad de los ciudadanos apenas se ha reducido en 30 por ciento. Algo similar ocurre en el resto de las regiones del país. Este jueves, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a esa situación en específico al expresar que «disminuir la movilidad es fundamental para reducir la diseminación del virus», y por enésima vez pidió la comprensión y cooperación de la población. Según diversas fuentes, el gobierno busca vías para controlar la movilidad de las personas y una de ellas sería conveniar con las empresas de telefonía para monitorear a través de los celulares a las personas que residen en zonas en cuarentena. En ese sentido, el ministro del Interior, Gonzalo Blúmel, declaró a una radioemisora local que se está evaluando esa posibilidad y que cuando esté definido se va a informar y que sería «con pleno y total respeto al tratamiento de los datos e información sensible de las personas». Advirtió que hay que tener cuidado con los «entusiasmos excesivos» porque algunas medidas pudieran vulnerar las garantías fundamentales y ante todo se requeriría de la voluntad de los ciudadanos para dar seguimiento a los contactos estrechos y sus movimientos. Santiago de Chile, 19 de junio 2020 Crónica Digital/PL
Las medidas de confinamiento aplicadas para enfrentar la pandemia de Covid-19 coadyuvaron a que la calidad del aire en esta capital durante mayo resultara la mejor de los últimos 30 años, indican hoy científicos. Aun cuando en las últimas semanas hubo algunos episodios de contaminación con la llegada de las bajas temperaturas del invierno que comienza, la Secretaría regional del Ministerio de Medio Ambiente informó que el quinte mes de 2020 fue el de mejor calidad del aire desde 1990 cuando comenzó a registrarse en la Región Metropolitana. Según esa entidad, la reducción de la contaminación ambiental se debe a que a consecuencia del confinamiento en la reducción de la movilidad por la Covid-19 disminuyeron notablemente el transporte y la actividad industrial que aportan el 39 y el 15 por ciento, respectivamente de la carga contaminante. El otro factor decisivo es la calefacción con leña, que es precisamente ahora cuando comienza a tener mayor peso con la llegada de los meses más fríos del año. El secretario regional del ministerio de Medioambiente, Diego Riveaux, expresó en declaraciones al diario La Tercera, que si se compara 2019 con 2020, este año hay en el aire 56 por ciento menos de óxidos de nitrógeno, que es el contaminante de los autos, y 16 por ciento menos de material particulado grueso. Por su parte, Rodrigo Seguel, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia), dijo que en el escenario actual, la restricción incide porque en circunstancias normales circulan por la ciudad un millón y medio de vehículos. Sin embargo, para los especialistas, con las cuarentenas y la mayoría de las personas recluidas en sus casas puede aumentar el uso de la leña, especialmente considerando el frío en la capital, lo que explica las alertas ambientales de las últimas semanas, acentuadas por las malas condiciones de ventilación de esta capital. Santiago de Chile, 19 de junio 2020 Crónica Digital/PL
Ante la agudización de la crisis sanitaria social y económica en Chile, más de 623 mil trabajadores han visto suspendidos sus contratos mediante la Ley de Protección del Empleo, informó la Superintendencia de Pensiones. La situación del desempleo se agrava porque según indican hoy analistas muchos de ellos no podrán recuperar sus puestos después que pase la crisis debido al cierre de las empresas,, con lo cual las tasas de desempleo pudieran mantenerse en dos dígitos hasta mediados del próximo año. Según análisis de biobio.cl el más reciente informe de Política Monetaria del Banco Central (IPoM) publicado el miércoles, coincide con esa evaluación al señalar que la generación de empleos se mantendrá deprimida hasta que el país retome los niveles de 2019, lo que no ocurrirá hasta mediados de 2022. En la misma dirección, una encuesta sobre perspectivas de negocios reveló que de 230 empresas que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo, más del 53 por ciento señalaron que no estarán en condiciones de reincorporar a los trabajadores con contratos suspendidos, una vez terminado el periodo establecido por la ley. La Superintendencia de Pensiones informó además que en comparación con la semana pasada, la cifra de trabajadores suspendidos de empleo aumentó en 23 mil. En tanto, el economista y académico de la Universidad Andrés Bello, Jorge Rojas, pronosticó que sumando los contratos suspendidos, los trabajadores potencialmente activos que no están buscando empleo y los desempleados, se podría mantener una tasa de desocupación superior al 10 por ciento hasta mediados de 2021. Según los cálculos del Banco Central confirman que el porcentaje de quienes han desistido de buscar trabajo aumentó alrededor de 10 puntos en los últimos doce meses, por lo que, si se les suma la tasa de desempleo, si todos volvieran a una búsqueda activa de trabajo, la desocupación efectiva alcanzaría el 20 por ciento en el país. Santiago de Chile, 19 junio 2020 Crónica Digital/PL
