La Red de Centros de Estudios por una Nueva Constitución expresó su preocupación “ante los intentos, reiterados e injustificados” de no realizar un plebiscito para determinar si se inicia el proceso de elaboración de una nueva Carta Fundamental, según está establecido hoy en la Constitución vigente. Indicaron que, por lo tanto, la realización del plebiscito no es optativa “sino que obliga a todos los órganos y autoridades que corresponda”. Así fue expresado en un pronunciamiento suscrito por las fundaciones y centros de estudios de la oposición: Fundación por la Democracia, Fundación Participa, RED de Estudios para la Profundización Democrática, La Casa Común, Centro Democracia y Comunidad, Instituto Igualdad, Chile Movilizado, Red Liberal, Marca AC, Fundación Horizonte Ciudadano, Fundación Progresa, Fundación Socialdemócrata, Fundación Chile 21 e Instituto Bilbao. Junto con cuestionar los intentos “por poner en duda una de las certezas democráticas más relevantes de los últimos tiempos”, señalaron que “tomar a la ligera el camino institucional trazado para el proceso constituyente” es desconocer el esfuerzo por dar respuesta a una demanda prioritaria de la ciudadanía. “Más grave aún, restringir la participación y modificar las alternativas que permitirán a la ciudadanía señalar su preferencia, desprestigia aún más a la actividad política”, dijeron. Ello, agregaron, “abre la puerta a nuevas incertidumbres, con resultados imprevisibles. “Resulta impresentable que los mismos que exigen que se cumplan, a todo evento, aquellas clausulas constitucionales que sí les gustan, pretendan sabotear la aplicación de un cambio constitucional logrado en democracia, por la democracia y para la democracia. No han cambiado ni las razones que motivan un proceso constituyente ni el deber de los servidores públicos de respetar la institucionalidad”, enfatizaron. Puntualizaron, asimismo, que la declaración de estado de catástrofe no impide la realización del plebiscito. “Ningún estado de excepción constitucional autoriza a restringir derechos políticos, por lo que ninguna medida sanitaria que se disponga podría interferir con ellos”, detallaron. Al contrario, “la obligación de las autoridades es tomar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos políticos por la ciudadanía en condiciones que protejan la salud de cada persona”. A su juicio, es posible “realizar un proceso eleccionario viable y seguro, como lo muestra la experiencia internacional reciente”. En ese último sentido, expresaron que el SERVEL “tiene facultades que le permitirían tomar medidas para reducir los riesgos, pero estas son muy restringidas. Consideramos que debe evaluarse con urgencia la necesidad de modificar la Ley de votaciones (18.700) para que cuente con las mejores herramientas. Debido a los plazos del cronograma electoral, tales modificaciones legales deberían estar aprobadas con suficiente anticipación para comenzar a ser difundidas e implementadas a más tardar el 26 de agosto, día en que comienza la difusión de información electoral y de propaganda”. “La ciudadanía espera mucho más de los actores políticos nacionales. Hacemos un llamado a actuar con seriedad y responsabilidad para estar a la altura del crítico momento que atravesamos. Lo que necesita nuestra democracia para su buen funcionamiento son certezas, no provocaciones lanzadas sin medir las consecuencias”, concluyeron. Santiago, […]
Nacional
El senador Alejandro Navarro se refirió este sábado a la salida de Jaime Mañalich del ministerio de salud, que catalogó como una decisión tardía y aseguró que el ahora ex titular de la cartera, debe enfrentar una acusación constitucional para rendir cuentas sobre su administración de la crisis sanitaria provocada por el covid-19. Para Navarro, el presidente Piñera llegó «una vez más tarde a la toma de decisiones que afectan la vida de las personas. Esto ha costado miles de vidas y se, le ha mentido al país», indicó a propósito del reportaje del medio CIPER sobre la cifra de fallecidos por coronavirus en Chile. “Se ha establecido una política epidemiológica sectaria, sin incorporar a los alcaldes, sin la atención primaria, y la verdad es que esto no va a terminar aquí. Mañalich puede y debe enfrentar una acusación constitucional. No puede un ministro reconocer que ha fracasado en su política epidemiológica, que su castillo de naipes se derrumbó, lo que costó miles de vida, e irse para la casa sin dar cuenta alguna», enfatizó el progresista. «Espero que la política cambie, no solo cambie el nombre. Paris es un defensor de la política de Mañalich, quiero ver cuál es la diferencia”, insistió Navarro. El senador por la región del Biobío cerró indicando que “si es un cambio solo de nombre, aquí va a venir una rebelión social que está creciendo, con indignación sobre los muertos, sobre los enfermos y sobre un presidente que no escucha, que cuando escucha, llega tarde con sus medias”. Santiago de Chile, 13 de junio 2020 Crónica Digital
La Bancada de Diputadas y Diputados del PPD se refirió hoy a la salida del Ministro de Salud, Jaime Mañalich, señalando que “su permanencia en el cargo era insostenible, ya que le pasó la cuenta su soberbia y sordera para enfrentar la pandemia”. “Esperábamos la salida del ministro Mañalich, creemos que tuvo una errática conducción de la pandemia del Covid- 19. Hace tiempo que pedíamos medidas mucho más drásticas de confinamiento, de aislamiento, para cuidar la salud y la vida de las personas. Esas medidas han llegado tarde, y la ciudadanía está viviendo las consecuencias de aquello, de una curva que se sigue disparando, que no ha podido ser aplanada”, afirmó el Jefe de Bancada, Raúl Soto. El parlamentario agregó que “esperamos que el cambio de ministro signifique un cambio en la mirada, en la conducción que se está teniendo de esta pandemia. Necesitamos medidas mucho más oportunas, más drásticas desde el punto de vista sanitario, y que vayan acompañadas de mayor apoyo económico para las familias vulnerables y para la clase media para que las puedan cumplir”. Por su parte, el Presidente de la Comisión de Salud, Ricardo Celis, indicó que “el ministro Mañalich y las autoridades sanitarias han sido absolutamente sordas, no han escuchados a los alcaldes, a las sociedades científicas, a las comisiones especializadas de la Cámara y del Senado, y eso ha traído unos resultados pésimos en el manejo de la pandemia”. “Me alegra que el Presidente Piñera cobre las responsabilidades políticas. Sin embargo, más importante que eso es el manejo del Covid-19 y por eso esperamos que el nuevo ministro la haga bien, con un sentido sanitario. El gobierno debe retomar el control de la pandemia, de lo contrario podríamos tener una tremenda catástrofe y tragedia nacional. Necesitamos autoridades competentes y comprometidas con los chilenos y no con partidos políticos o visiones políticas”, aseguró el legislador. Asimismo, la diputada Andrea Parra, sostuvo que “más vale tarde que nunca. Esperamos que esto no sólo sea un cambio de nombre sino que refleje una nueva estrategia. La salida de Mañalich se da en el peor de los contextos, no sólo por el fracaso de su gestión, sino que la cifra de fallecidos es de más de 5 mil personas y no los 3 mil que nos reportaban. Se derrumbó el castillo de naipes. Todo no sólo era un error sino que una mentira. Hay una oportunidad sin duda. Nadie quiere que al gobierno le vaya mal en esto, pero observaremos con detención el desempeño del doctor Paris. Esperamos que sea más dialogante y menos soberbio que su antecesor”. Finalmente, la subjefa de la Bancada del PPD, manifestó que “es un cambio necesario y predecible desde La Moneda. La verdad es que hace semanas había un cuestionamiento muy objetivo respecto a las cifras, las informaciones que se daban y una testarudez en concordancia con el Presidente de la República. No es menor lo que se dio a conocer en Ciper sobre las cifras de fallecidos. Mi llamado hoy […]
En otro cambio de gabinete sorpresivo en solo nueve días y en medio del recrudecimiento de la Covid-19 en Chile, el presidente Sebastián Piñera aceptó hoy la renuncia del Ministro de Salud, Jaime Mañalich. La renuncia del controvertido titular era pedida desde hace mucho tiempo por amplios sectores políticos y sociales debido a la grave situación del sector sanitario público en el país, pero esos reclamos aumentaron a medida que avanzaba la pandemia de Covid-19. Ante el mal manejo de las estrategias para enfrentar la enfermedad, los cambios de políticas y cuestionamientos a la falta de transparencia en las informaciones a la población, las críticas al ministro se multiplicaron, incluso dentro de los partidos del oficialismo. En el último cambio de gabinete se esperaba que Mañalich fuera sustituido, sin embargo, se mantuvo en el cargo apuntalado por el presidente Sebastián Piñera, según analistas, lo cual fue confirmado por el propio ministro en varias ocasiones, al expresar que contaba con toda la confianza del mandatario. Mañalich era muy criticado también por no escuchar las recomendaciones de reconocidas personalidades e instituciones como el Colegio Médico, por aplicar medidas demasiado tarde, no admitir errores a pesar de que los reportes sobre la enfermedad indicaban una situación cada vez más preocupante, así como por sus polémicas expresiones. Entre otras frases que causaron hasta burlas en las redes sociales sobresalen que el sistema de salud de Chile «era el mejor del universo» y que el aumento de los casos de Covid-19 era «responsabilidad del coronavirus». Hace solo dos semanas el titular reconoció al fin la crítica situación, al admitir que todas sus estrategias «se desplomaron como un castillo de naipes». Como nuevo ministro de Salud fue nombrado Enrique Paris, hasta hoy decano de la facultad de Ciencias de la Universidad Mayor, quien como médico ocupó numerosas responsabilidades en hospitales y en la atención primaria, así como cargos docentes en varias universidades. En sus palabras, Piñera agradeció «sentida y sinceramente la calidad profesional y el compromiso y entrega» de Mañalich y deseo al nuevo titular «una fecunda y exitosa labor», en un momento en que el Ministerio de Salud enfrenta una profunda crisis sanitaria. Dijo que Paris deberá llevar adelante también una importante reforma en el sector de la salud para mejorar los servicios. Piñera aprovechó para llamar nuevamente al compromiso colectivo en el enfrentamiento al nuevo coronavirus y a respetar las instrucciones sanitarias y medidas de aislamiento para proteger sus vidas y las de los demás. Según el más reciente parte oficial, la cifra de muertes por Covid-19 supera las tres mil 100, mientras que la cantidad de infectados sobrepasa los 167 mil, la tercera más alta en América Latina. Santiago de Chile, 13 junio 2020 Crónica Digital /PL
La periodista Alejandra Matus, profundizó hoy en una entrevista con Crónica Digital, sobre la denuncia que realizó en marzo pasado sobre los datos sobre personas afectadas por el Covid-19. Los invitamos a ver esta entrevista realizada por los periodistas Juan Andrés Lagos e Iván Gutiérrez Lozano. Santiago de chile, 12 de junio 2020 Crónica Digital
1- La realización de un plebiscito para determinar si se inicia el proceso de elaboración de una nueva Carta Magna está establecida en la constitución vigente. Su realización no es optativa, sino que obliga a todos los órganos y autoridades que corresponda. Es el fruto de un largo proceso de movilización ciudadana. Es, además, el resultado de un acuerdo histórico entre fuerzas políticas de gobierno y oposición para encauzar la demanda por un contrato social legítimo tras las manifestaciones de octubre 2019. A la fecha es el único acuerdo de este tipo, tanto por su relevancia como por su representatividad. 2- Como Red de Centros de Estudio por una Nueva Constitución queremos hacer pública nuestra preocupación ante los intentos, reiterados e injustificados, por poner en duda una de las certezas democráticas más relevantes de los últimos tiempos. Tomar a la ligera el camino institucional trazado para el proceso constituyente es desconocer el esfuerzo transversal por dar respuesta a una demanda prioritaria de la ciudadanía. Más grave aún, restringir la participación y modificar las alternativas que permitirán a la ciudadanía señalar su preferencia, desprestigia aún más a la actividad política y abre la puerta a nuevas incertidumbres, con resultados imprevisibles. 3- Resulta impresentable que los mismos que exigen que se cumplan, a todo evento, aquellas clausulas constitucionales que sí les gustan, pretendan sabotear la aplicación de un cambio constitucional logrado en democracia, por la democracia y para la democracia. No han cambiado ni las razones que motivan un proceso constituyente ni el deber de los servidores públicos de respetar la institucionalidad. La declaración de estado de catástrofe, como medida de control de la pandemia, no impide la realización del plebiscito. Ningún estado de excepción constitucional autoriza a restringir derechos políticos, por lo que ninguna medida sanitaria que se disponga podría interferir con ellos. 4- La obligación de las autoridades es tomar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos políticos por parte de la ciudadanía en condiciones que protejan la salud de cada persona. Es perfectamente posible realizar un proceso eleccionario viable y seguro, como lo muestra la experiencia internacional reciente. 5- El SERVEL tiene facultades que le permitirían tomar medidas para reducir los riesgos, pero estas son muy restringidas. Consideramos que debe evaluarse con urgencia la necesidad de modificar la Ley de votaciones (18.700) para que cuente con las mejores herramientas. Debido a los plazos del cronograma electoral, tales modificaciones legales deberían estar aprobadas con suficiente anticipación para comenzar a ser difundidas en implementadas a más tardar el 26 de agosto, día en que comienza la difusión de información electoral y de propaganda. 6- La ciudadanía espera mucho más de los actores políticos nacionales. Hacemos un llamado a actuar con seriedad y responsabilidad para estar a la altura del crítico momento que atravesamos. Lo que necesita nuestra democracia para su buen funcionamiento son certezas, no provocaciones lanzadas sin medir las consecuencias. Declaración de la Red de Centros de Estudio por una Nueva Constitución. Santiago de Chile, 12 de […]
Tras la aprobación de la Comisión Intersectorial de Arica y Parinacota del Plan de Administración presentado por los pescadores de la Caleta de Camarones, se abre un nuevo espacio donde los pescadores podrán administrar su territorio desarrollando nuevas actividades que pueden o no estar ligadas con la pesca, como el turismo, gastronomía, arriendo de espacios, entre otros. Este nuevo paso es fruto al trabajo en conjunto de autoridades regionales, dirigentes de los pescadores y que fue liderado por Sernapesca. Según el parlamentario por la zona, Luis Rocafull, “desde el 2017, con la aprobación de la Ley de Caletas, los pescadores de Camarones han venido trabajando incansablemente por su reconocimiento y el apoyo necesario para su desarrollo. Este Plan permitirá entregarles en destinación el recinto por 30 años, pudiendo desarrollar ahí diversos proyectos de diversificación y fomento productivo, entregando valor agregado a sus productos”. En la misma línea el diputado Rocafull valoró el aporte patrimonial que esta pequeña caleta del norte del país, le entrega a la cultura nacional, “Esto constituye una oportunidad única porque potenciar la caleta significa también potenciar el turismo y comercio. Es en los alrededores de la caleta de Camarones donde se encuentra la mayor concentración de vestigios de la cultura Chinchorro, constituyéndose en un paradero obligatorio para los turistas”, afirmó. “Nuestro compromiso hoy da sus frutos, – recuerda Luis Rocafull- , fue en junio del 2015 cuando, por primera vez, la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados sesionó en Caleta Camarones, donde adquirimos el compromiso de acompañarlos en su desarrollo, y agradezco la confianza que me han otorgado para colaborar con ellos en los procesos relacionados a la pesca y a la regulación de sus viviendas, último punto que seguimos trabajando. Por eso mi reconocimiento a éste grupo de hombres y mujeres que han dedicado su vida a la noble profesión de la pesca artesanal. La Caleta Camarones es una localidad rural de pescadores artesanales, ubicada 110 kilómetros al sur de Arica. Conocida por ser el hogar de la milenaria cultura Chinchorro, y donde se encuentra el Monumento a las Momias de Chinchorro. Santiago de Chile, 13 de junio 2020 Crónica Digital
La Bancada de Diputados y Diputadas del PPD, encabezada por Raúl Soto, lamentó que el Gobierno, aludiendo a eventuales infracciones a normas constitucionales, ponga en suspenso la promulgación del proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos por no pago, en medio de la pandemia por el Coronavirus. “Si bien es cierto esperábamos que el Gobierno pusiera trabas para que esta iniciativa se convirtiera en ley, igualmente nos resulta incomprensible que esté privilegiando y poniéndose del lado de las empresas, en lugar de las personas que están pasando por un difícil momento económico”, aseguró el diputado Soto. El parlamentario agregó que “las familias no pueden seguir esperando una medida de este tipo, que debe ser por ley, no por medio de un acuerdo con las compañías que entregan estos servicios». Raúl Soto sostuvo que “de ser necesario, junto al resto de los partidos de oposición, defenderemos con fuerza este proyecto ante una eventual presentación en el Tribunal Constitucional, y cerraremos la puerta a cualquier intento de veto presidencial». Santiago de Chile, 13 de junio 2020 Crónica Digital
El discurso gubernamental de ayudar a los más vulnerables ante la pandemia de Covid-19 en Chile es puesto en dudas hoy por el propio Ejecutivo, reticente a refrendar una ley que beneficiaría a millones de familias. La víspera, tras ser aprobado por el Senado, quedó listo para la firma del presidente Sebastián Piñera un proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos como luz, agua y gas a quienes se ven imposibilitados de pagar a causa de la crisis sanitaria, económica y social causada por la Covid-19. Sin embargo, inmediatamente desde la Secretaría General de la Presidencia se anunció que se revisará esa iniciativa pues podría constituir «infracciones a la Constitución», por lo que en La Moneda evalúan recurrir al Tribunal Constitucional o presentar un veto o un decreto. La tibieza del gobierno ante esa medida que aliviaría a los más vulnerables ha generado amplias críticas en medios políticos y sociales, en momentos en que millones de ciudadanos viven en una situación cada vez más precaria por la pérdida de sus empleos, la reducción de sus ingresos o la imposibilidad de trabajar en medio de las cuarentenas. Al respecto, el jefe de la bancada del Partido por la Democracia, diputado Ivan Soto, subrayó ácidamente que el «Gobierno empresario» prefiere hacer acuerdos entre amigos «y no es capaz de ponerse los pantalones para regular a las empresas e ir en ayuda de familias chilenas que sufren los efectos de la crisis». La senadora demócrata cristiana Ximena Rincón señaló que en estos momentos se necesita el esfuerzo de todos, y no es así como se construyen acuerdos ni como se puede invitar a todos los sectores del país a un diálogo cuando no se está dispuesto a respaldar una medida que el parlamento aprobó por amplia mayoría. Por su parte el diputado Gabriel Ascencio calificó de obscena la defensa del gobierno a las grandes empresas al considerar inconstitucional obligar por ley a que las empresas no corten servicios básicos a quienes no puedan pagar. Desde el Partido Socialista, la diputada Maya Fernández señaló que la postura del gobierno es una «triste noticia» para las familias que más necesitan apoyo. En el gobierno se recurre con insistencia a calificar de populismo toda medida que afecte en alguna medida a las grandes empresas o implique un desembolso que sobrepase sus cálculos. Sin embargo, el debatido proyecto de ley en el fondo no es tan radical ni perjudica profundamente a las grandes empresas de servicios como quieren hacer ver algunos senadores y diputados de derecha, pues no condona las deudas de los morosos, sino que pospone a su pago para cuando sea superada la pandemia, advierten economistas. Santiago de Chile, 13 de junio 2020 Crónica Digital/PL
El Congreso aprobó el proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos por no pago. Sin embargo, está en peligro que se convierta en ley, porque el Gobierno de Sebastián Piñera anunció que objetará la iniciativa ante el Tribunal Constitucional. Una vez más La Moneda privilegia defender los intereses de las empresas y no el de la gente que necesita ayuda. Al igual como pasa con el Ingreso Familiar de Emergencia, esta ley tiene letra chica porque restringe el acceso universal al beneficio y obliga a postular a la ayuda. De todas formas, es un apoyo que sirve. 1. ¿EN QUÉ CONSISTE EL BENEFICIO?: a) El beneficio contempla a las empresas que prestan servicios en agua potable urbana, electricidad, telecomunicaciones y gas de cañería. b) Se puede solicitar el beneficio a la empresa hasta 90 días después de la promulgación de la ley. En el caso de quienes le han suspendido previamente el servicio, deben exigir a la empresa su inmediata reposición como lo establece la actual ley. c) Las deudas por no pago se podrán reprogramar hasta en 12 cuotas (sin multas, intereses ni pagos asociados), una vez que pase la emergencia. d) PLAN BÁSICO SOLIDARIO DE CONECTIVIDAD: En el caso de los servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, los clientes podrán solicitar al proveedor el cambio transitorio de su contrato, si se tratara de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio, si se tratara de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, sin costo y que no importe cambio numérico, por un plazo de tres meses. Para lo anterior, se dispone que el proveedor deberá permitir, sin costo para el usuario, el acceso a prestaciones de servicios que permitan mantener conectividad telefónica y de servicios de transmisión de datos permanente. Para dicho efecto, se indica que: • Los clientes de internet fijo dispondrán, mensualmente, de acceso sin límites máximos de descarga, con una velocidad de servicio entre 2 mbps y 4 mbps, atendida la configuración tecnológica con la que se preste el servicio. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un beneficiario por grupo familiar. • Los clientes de servicio móvil con contrato dispondrán, mensualmente, de 50 SMS, 300 minutos para llamadas y acceso a internet sin límites máximos de descarga, con una velocidad entre 256 kbps y 512 kbps, atendidas las características tecnológicas con las que se preste el servicio y la ubicación geográfica del usuario. • Los clientes de servicio móvil sin contrato dispondrán, mensualmente, de 100 SMS mensuales y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad entre 256 kbps y 512 kbps, atendidas las características tecnológicas con las que se preste el servicio y la ubicación geográfica del usuario. El beneficio será otorgado a usuarios activos que se identifiquen asociando su rol único nacional a un número telefónico determinado, al cual se le asignarán […]
