El discurso gubernamental de ayudar a los más vulnerables ante la pandemia de Covid-19 en Chile es puesto en dudas hoy por el propio Ejecutivo, reticente a refrendar una ley que beneficiaría a millones de familias.
La víspera, tras ser aprobado por el Senado, quedó listo para la firma del presidente Sebastián Piñera un proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos como luz, agua y gas a quienes se ven imposibilitados de pagar a causa de la crisis sanitaria, económica y social causada por la Covid-19.
Sin embargo, inmediatamente desde la Secretaría General de la Presidencia se anunció que se revisará esa iniciativa pues podría constituir «infracciones a la Constitución», por lo que en La Moneda evalúan recurrir al Tribunal Constitucional o presentar un veto o un decreto.
La tibieza del gobierno ante esa medida que aliviaría a los más vulnerables ha generado amplias críticas en medios políticos y sociales, en momentos en que millones de ciudadanos viven en una situación cada vez más precaria por la pérdida de sus empleos, la reducción de sus ingresos o la imposibilidad de trabajar en medio de las cuarentenas.
Al respecto, el jefe de la bancada del Partido por la Democracia, diputado Ivan Soto, subrayó ácidamente que el «Gobierno empresario» prefiere hacer acuerdos entre amigos «y no es capaz de ponerse los pantalones para regular a las empresas e ir en ayuda de familias chilenas que sufren los efectos de la crisis».
La senadora demócrata cristiana Ximena Rincón señaló que en estos momentos se necesita el esfuerzo de todos, y no es así como se construyen acuerdos ni como se puede invitar a todos los sectores del país a un diálogo cuando no se está dispuesto a respaldar una medida que el parlamento aprobó por amplia mayoría.
Por su parte el diputado Gabriel Ascencio calificó de obscena la defensa del gobierno a las grandes empresas al considerar inconstitucional obligar por ley a que las empresas no corten servicios básicos a quienes no puedan pagar.
Desde el Partido Socialista, la diputada Maya Fernández señaló que la postura del gobierno es una «triste noticia» para las familias que más necesitan apoyo.
En el gobierno se recurre con insistencia a calificar de populismo toda medida que afecte en alguna medida a las grandes empresas o implique un desembolso que sobrepase sus cálculos.
Sin embargo, el debatido proyecto de ley en el fondo no es tan radical ni perjudica profundamente a las grandes empresas de servicios como quieren hacer ver algunos senadores y diputados de derecha, pues no condona las deudas de los morosos, sino que pospone a su pago para cuando sea superada la pandemia, advierten economistas.
Santiago de Chile, 13 de junio 2020
Crónica Digital/PL
