Cinco partidos políticos de la oposición democrática suscribieron el documento “Propuesta Soberana: Chile Decide”, que pretende sumar apoyos para impulsar un gran acuerdo entre el mundo político, social y ciudadano, en la perspectiva de salir en forma democrática de la crisis política e institucional que atraviesa el país. El Partido Progresista, el Partido Comunista, el Partido Humanista, el Frente Regionalista Verde Social y el Partido Igualdad, suscribieron un documento que recoge las principales demandas de la “agenda social” que se han planteado en las movilizaciones ciudadanas. Exige un compromiso por la verdad y justicia en el caso de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en las últimas semanas, planteando la necesidad de una política de reparación a las víctimas; y realizan una serie de propuestas para generar, en conjunto con el mundo social y ciudadano, una propuesta de cambio constitucional, poniendo el acento en el papel soberano que debe tener todo proceso constituyente, lo que a su juicio no se cumpliría en el caso del acuerdo firmado por la derecha, los partidos de la vieja Concertación y sectores del Frente Amplio. En materia constitucional, proponen que, en el plebiscito de abril del 2020, se incluya la alternativa de una Asamblea Constituyente Soberana, la que no debe ser “cercenada” desde su origen por los acuerdos entre los partidos políticos en el Parlamento. Para ello, plantean la conformación de una comisión política–social–académica, incluso con la posibilidad que la integren expertos internacionales, que proponga un sistema electoral propio para la elección de los delegados constituyentes, que asegure representatividad, proporcionalidad e igualdad en la competencia. Entre ellas, proponen la paridad de género para la conformación de la Asamblea Constituyente, cuota a pueblos originarios con padrón propio, voto obligatorio en todo el proceso, incluyendo la elección de los representantes, participación desde los 16 años y de los chilenos en el exterior y que dirigentes sociales y sindicales puedan ser electos a la Asamblea Constituyente. Señalan, además, que la Asamblea Constituyente, al ser un ente soberano, debiese tener la posibilidad de definir por sí misma los quórums para adoptar sus acuerdos. No obstante, proponen que no baje de los 3/5 el quórum para la adopción de acuerdos. Y en las materias en que no se logre un respaldo de los 3/5, pero que hayan alcanzado la mayoría absoluta calificada, debiesen ser objeto de resolución ciudadana mediante plebiscitos intermedios. Finalmente, y siguiendo la experiencia constituyente en Colombia, proponen un proceso deliberativo previo con amplia participación ciudadana en cabildos locales, y que podría ser organizado por las Universidades Chilenas, en el cual se prepare un proyecto de Constitución y emanen las propuestas y mandatos a los delegados constituyentes. Adicionalmente, los partidos que suscribieron la propuesta respaldaron el llamado a Huelga General y Paro Nacional que la Mesa de Unidad Social convocó para el lunes 25 y martes 26, y llamaron a la ciudadanía a apoyar esta movilización masivamente. Santiago, 24 de noviembre 2019 Crónica Digital.
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“Hubiésemos preferido 3/5 (de quórum). Pero 2/3 se ha utilizado en Derecho comparado (…) Y esta Constitución no puede ser ni de izquierdas ni derechas”. Aquellos fueron los argumentos que esgrimió el diputado Gabriel Boric, en entrevista a “El Mercurio”, para intentar justificar el enorme quórum, para los acuerdos del futuro órgano constituyente, que estuvo dispuesto a concordar con la derecha en el llamado “Acuerdo por la Paz y por una Nueva Constitución”. El razonamiento de Boric es que, considerando la naturaleza de la Carta Fundamental, la nueva Constitución Política de la República de Chile deberá ser el resultado de “grandes consensos”, más que reflejo de concepciones de “izquierda” o “derecha”. Ahora bien, ¿qué significa, en términos precisos, una “Constitución de izquierda” o una “Constitución de derecha”? No hay duda que es necesario ser rigurosamente precisos en esta materia, abandonar la práctica de recitar cuñas a escala de los paladares mercuriales, pues estamos hablando de la Carta Fundamental para Chile, del marco determinante de regulación de la convivencia social en las próximas décadas. El problema con estas aseveraciones de Boric, en efecto, es que no precisa que se debiera entender por una Constitución de “izquierda” o “derecha”, o más bien qué, en términos de la realidad política concreta y no de las abstracciones, la derecha chilena entiende por una definición de “izquierda”. Ello no es irrelevante, porque la derecha ha sostenido en Chile, en forma homogénea, una concepción radical y extrema del capitalismo, la que está en profundo conflicto con las tendencias internacionales en materia de las definiciones constitucionales de derechos sociales. En otras palabras, lo que en Grecia o Portugal bien pudiera ser suscrito por la derecha de estos países en materia de derecho a la salud, a la vivienda, la seguridad social, a la huelga, en Chile la derecha lo descalificaría como “estatista”, “populista” o de “izquierda”. Hagamos, siguiendo las recomendaciones de Boric, un ejercicio de Derecho comparado, en torno sólo a un puñado de tópicos: el Derecho a la Salud, los Derechos de la Tercera Edad, el Derecho a la Seguridad Social, el Derecho a la Vivienda y los Derechos de los Trabajadores, a partir de lo establecido en las Constituciones de Portugal, España, Grecia, Finlandia, Suiza y Argentina. EL DERECHO A LA SALUD La Constitución de Portugal señala, en su Título III, Capítulo II, lo siguiente: Artículo 64 1. Todos tienen derecho a la protección de la salud y el deber de defenderla y promoverla. 2. El derecho a la protección de la salud se realiza: a) A través de un servicio nacional de salud universal y general que, teniendo en cuenta las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos, sea tendente a la gratuidad; b) Por la creación de las condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales que garanticen, especialmente, la protección de la infancia, de la juventud y de la vejez, y por la mejora sistemática de las condiciones de vida y de trabajo, así como por la promoción de la cultura física y deportiva, escolar […]
Amnistía Internacional es uno de los organismos de derechos humanos de mayor prestigio que existe en el mundo. El rigor y la neutralidad con la que realizan sus investigaciones y denuncias han sido generalmente reconocidos. Sin embargo, su reciente reporte sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile sacaron de sus casillas a Piñera, provocando que los defensores de su Gobierno se atropellaran para salir a atacar al organismo, desde las Fuerzas Armadas hasta Mario Desbordes, transformado recientemente en ídolo de los demócratas adictos a la cocina política. Por ello, consideramos importante reproducir en forma amplia el contundente reporte de Amnistía Internacional. Chile: Política deliberada para dañar a manifestantes apunta a responsabilidad de mando Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera –principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional)– están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Estos ataques han dejado hasta el momento un saldo de cinco muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas, señaló Amnistía Internacional hoy al término de una misión de investigación en el país. “La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al menos cinco personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2,300 han resultado lesionadas, de las cuales más de 1,400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo. Además, la Fiscalía ha registrado más de 1,100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Según cifras de Carabineros, ningún funcionario de la institución ha muerto y hay alrededor de 1,600 heridos, 105 de ellos con lesiones graves. Las manifestaciones en Chile dieron inicio a mediados de octubre tras el aumento en la tarifa del transporte público y se extendieron para exigir una sociedad más justa donde el Estado garantice derechos como la salud, el agua, la educación de calidad y la seguridad social, en un país sumamente desigual. Amnistía Internacional […]
La Directiva Nacional del Partido Progresista de Chile emitió un duro pronunciamiento frente al comunicado emitido por las Fuerzas Armadas respecto del informe de Amnistía Internacional, señalando que la misiva comunicacional de las instituciones castrenses “representa un caso único en la historia de Chile, pues se unen para objetar y rechazar un informe internacional que es categórico sobre la violación a los derechos humanos”. “Repudiamos la soberbia y frialdad con que las Fuerzas Armadas responden al informe de Amnistía Internacional. Aún cuando existen dentro de ellas instituciones recientemente condenadas por casos de corrupción, resulta inexplicable que, a la luz de los hechos establecidos en un informe serio proveniente de un organismo de vasta trayectoria en DD.HH, continúen negando la evidente represión y violencia contra su propio pueblo, terminando por hundirse al convertirse en un organismo deliberante”, señalan. Asimismo, condenan “la analogía hecha por el General de Carabineros Enrique Bassaletti, que con falta de humanidad y burlándose de los miles de heridos y caídos durante los días de movilización, comparó los atropellos cometidos con meros actos propios de cuando se quiere extirpar un cáncer”. En ese sentido, los Progresistas reflexionan que el llamado “Pacto Por La Paz” parece “no haber cumplido su objetivo primero, que era lograr que en el país disminuyeran los índices de violencia por ambos lados. Estamos seguras y seguros en que eso pasa cuando un acuerdo se impone y no se conversa con la ciudadanía”. “No solo es Amnistía Internacional, sino que son múltiples organismos internacionales que dan cuenta de situaciones que veníamos denunciando hace semanas. En Chile se están violando sistemáticamente los derechos humanos. Tan grave como los informes es la respuesta del Gobierno y sus FF.AA. Lo repetimos: le dispararon en los ojos al pueblo, pero los que quedaron ciegos son ellos”, advierte la colectividad. Concluye señalando que “la autocomplacencia del Gobierno, del Ejercito, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros es solo una defensa corporativa sinónimo de impunidad, por eso, pedimos a Pinera dar señales concretas de su llamado a la justicia y no impunidad, y responder con la baja inmediata de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que se alejaron de su rol no deliberante, y pasaron a convertirse en actores con voz para justificar y negar el actuar fuera de la ley de su personal uniformado”. Santiago, 22 de noviembre 2019. Crónica Digital.
(Bomba Atómica, Desastre Climático y Tecnologías Disruptivas). El Colapso Climático está en la tierra, no en el cielo… En este lugar del espacio-tiempo, donde coinciden la letra y el universo, cuando los transcursos lineales asumen el modo exponencial de las dinámicas disipativas, dónde anunciamos, desde comienzo de año, como única posibilidad de supervivencia del planeta transformaciones cualitativas en todo orden de relaciones, no es nuevo que mencionemos esta tipología de la Sociedad de Científicos Atómicos, con la cual abrimos nuestra reflexión colectiva, el primero de enero, anunciando (antes que ningún medio privado o nacional), la celebración de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, la COP25 en Chile, a fines de este año. Recordemos qué sin tener el relato, ninguna otra pretensión que hacer evidente la urgencia de la situación y la necesidad de tomar medidas colectivas, profundas e inmediatas hacia la sustentabilidad, la Sociedad de Científicos Atómicos ha construido la noción de un reloj del día final (Doomsday Clock), que indicaría la duración de la vida del planeta y que se actualiza cada enero desde 1947. En las 12 horas que indicarían la armonía y la paz completas sobre la tierra, analizando distintas variables significativas de las tres dimensiones señaladas, por dos años consecutivos creando lo que llaman “el nuevo anormal”, han llegado a estimar que sólo nos faltan 2 minutos para el final. Industria atómica, desastre climático, tecnologías disruptivas. 2 min. Como en cualquier intento epistemológico de clasificar la diversidad, según categorías más inclusivas, tanto en física y biología, como en antropología, sociología o historia, es decir, en cualquiera de las disciplinas científicas, cómo cuando tratamos de aplicar una óptica racional a los fenómenos del espíritu (inconsciente, mente, alma), tenemos que entender que las cosas que nombramos, en realidad no están limitadas al campo que hemos definido al separarlas, sino que establecen entre ellas, relaciones de interrelación y dependencia. A su vez cada una de estas categorías está formada por subcategorías menores que se interrelacionan en sus escalas en forma de redes, generando comportamientos interdependientes y complejos donde la modificación de uno de ellos afecta el funcionamiento del conjunto. Es por ello que aun considerando necesaria la fragmentación que esta tipología presenta, no se debe perder de vista, la noción de sistema, que permea todo su funcionamiento. Así, si consideramos -con Lévi-Strauss-, que la sociedad humana puede ser concebida como un sistema de comunicación y de intercambio de mensajes, en los tres campos de parentesco, producción y lenguaje (Antropología Estructurale Deux, p.84) dejamos también establecido de manera explícita, que ninguno de ellos es autónomo, ya que la interpenetración entre sí es consustancial a su propia existencia, pese a su importancia relativa y diferencial, en distintas épocas y culturas, a lo largo de nuestra historia. Cuando pensamos en cuerpo orgánico, pensamiento consciente y psiquis inconsciente, aunque estemos definiendo la unidad de la persona humana, ocurre lo mismo, una dimensión incide y depende de las otras, es la base del pensamiento sistémico: no puede haber distintos componentes, si […]
Las dudas sobre el acuerdo por la paz y una nueva constitución aumentan hoy en Chile, por una controversia entre los propios firmantes de ese entendimiento rechazado por partidos de oposición y el movimiento social. La chispa la encendió Andrés Allamand, senador del derechista partido Renovación Nacional, quien en declaraciones a los medios se refirió al polémico tema del quórum de dos tercios, rechazado por quienes decidieron no sumarse al acuerdo Allamand aseguró que con esa proporción se busca que los constituyentes estén obligados a ponerse de acuerdo en todos los puntos y que ello no implica que los temas donde no se alcance consenso puedan ser tramitados como leyes por separado, como plantean algunos analistas y los partidos de oposición que firmaron el acuerdo. Además expresó que el texto completo del proyecto de nueva constitución debe ser aprobado por los dos tercios de la convención encargada de la redacción de la carta fundamental. Para calentar más la controversia, dejó caer que si no se alcanzan los dos tercios para ninguna de las normas fracasa la convención, con lo cual no habría plebiscito de ratificación y entonces tampoco habría nueva Constitución, y por lo tanto, seguiría rigiendo la Constitución vigente. Esto quiere decir que continuaría vigente la constitución impuesta en la época de la dictadura de Augusto Pinochet, precisamente la que millones de chilenos piden que desaparezca por ser la base sobre la que se sustenta el repudiado modelo social y político vigente. Uno de los primeros en salir al paso fue Jaime Quintana, presidente del Senado, quien acusó a Allamand de desestabilizar el acuerdo y echarlo por tierra y añadió que «no se da cuenta que está desestabilizando un Gobierno que está extremadamente débil». Asimismo insistió en que «el texto final de la nueva Constitución debe ser refrendado por la ciudadanía en plebiscito de salida», y no por la Convención. El presidente del Partido Socialista, Alvaro Elizalde, señaló que si Allamand quiere mantener la Constitución del 80, que llame a votar por el no en el plebiscito y deje de buscar resquicios para imponer las posiciones de la derecha. El diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic consideró que «toda la oposición tiene que defender con fuerza el cumplimiento del plebiscito constitucional en los términos acordados, y criticó a los que -dijo- quieren boicotear el acuerdo y mantener la Constitución de Pinochet. En el Partido Comunista, que no se sumó al acuerdo precisamente por no estar de acuerdo en la llamada letra chica, la diputada Karol Cariola insistió en que desde un principio esa colectividad consideró que el proceso Constituyente debía ser transparente y con el movimiento social. Y puntualizó que con las declaraciones de Allamand, las fuerzas de la derecha dejaron claro que su propósito es hacer trampa. Más contemporizador, el presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, señaló que «lo que realmente importa es llegar a un acuerdo que permita tener una nueva Constitución en democracia, y que nos identifique a todos» y restó importancia a lo expresado […]
“Hay que usar las herramientas que la constitución nos permite, el usarla también es un acto democrático” señaló el jefe de la bancada PC, diputado Boris Barrera, uno de los legisladores que integrará la comisión especial. Este miércoles quedó constituida la comisión especial que estudiará el mérito de la acusación constitucional contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera. Los legisladores elegidos, mediante el sistema de tómbola, fueron Gastón Saavedra (PS), Boris Barrera (PC), Daniel Verdessi (DC), Sofía Cid (RN) y Gastón Von Mühlenbrock (UDI). La comisión deberá reunirse para elegir al presidente y establecer el cronograma de trabajo y la lista de invitados para exponer sobre la procedencia, validez y mérito jurídico del libelo acusatorio ingresado contra el mandatario. El diputado Boris Barrera, jefe de la bancada PC, afirmó que por la responsabilidad de la designación, será “independientes en todo sentido y mostrar todas las diferentes visiones que pueden tener organizaciones y personas sobre esta acusación” Agregó que independiente del resultado y ante las críticas sobre la conveniencia de acusar al Presidente de la República, “hay que usar las herramientas que la constitución nos permite, el usarla también es un acto democrático. Cuando alguien cree que está incumpliendo las leyes y nosotros tenemos esas herramientas, no podemos obviarlas” Precisó que si soslayan esa responsabilidad, “estamos cayendo en una falta porque hay antecedentes y muchas denuncias que se conocieron incluso en el extranjero. Hay preocupación (…) por los derechos humanos en Chile. Por lo tanto, hacer vista gorda y creer que aquí no está pasando nada y decir que no vamos a presentar ningún recurso, es una falta nuestra. La constitución nos obliga a acusar constitucionalmente si alguien está incumpliendo las leyes, de acuerdo a lo que establece el documento sobre la acusación constitucional contra Sebastián Piñera” Cabe consignar que la acusación contra el mandatario se debe a los actos que comprometieron gravemente el honor de la Nación y por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes. Además, porque las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado son consecuencia de un conjunto de decisiones políticas y administrativa, iniciadas por la declaración del estado de emergencia. Ello derivó en medidas represivas adoptadas contra la población civil que ejercía su derecho a expresarse y que se extendieron más allá de la vigencia del estado de excepción. El Presidente de la República autorizó que las Fuerzas Armadas y de Orden atentaran contra las garantías fundamentales de las personas, según expresa libelo. Dentro del plazo de tres días, se deberá notificar, personalmente o por cédula, al primer mandatario, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley Orgánica Constitucional. A partir de esta notificación, el Presidente tendrá un plazo de diez días para concurrir ante la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito. Valparaíso, 21 de noviembre 2019. Crónica Digital
Luego que la suscripción del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” por parte de algunos partidos y representantes del Frente Amplio generara una fuerte polémica al interior de dicha coalición, causando incluso la renuncia de Jorge Sharp al movimiento Convergencia Social; desde las Juventudes Comunistas (JJCC) hicieron un llamado a superar “rápidamente” estas diferencias y centrarse en mejorar el compromiso firmado para el cambio de la Carta Magna. Camilo Sánchez, presidente de las JJCC, sostuvo que “la única forma de saldar nuestras diferencias es trabajar unidos y junto a las organizaciones sociales por un nuevo acuerdo que resuelva las debilidades del anterior». En este sentido, el dirigente señaló que en su opinión este debería contemplar “un quorum de 3/5, voto obligatorio en todas sus instancias, participación desde los 14 años, incluir a los chilenos en el extranjero, composición con paridad de género y cuotas para pueblos indígenas, y un plebiscito de salida en que sea la gente la que resuelva los disensos”. “Lo importante es que nos fijemos objetivos comunes con el movimiento social y podamos aportarles y no estorbarles. No sé si ganaremos todo pero hay que ordenarnos», sostuvo Sánchez, agregando que, “la unidad es central porque creo firmemente que debemos caminar hacia conquistar un gobierno de transformaciones para Chile, el cual consolide los cambios que la derecha no permite”. Finalmente, el presidente del ala juvenil del Partido Comunista lamentó las diferencias al interior del FA, señalando que “para nosotros no es una buena noticia que se debilite un proyecto que consideramos aportativo a un Chile de más derechos”. Santiago de Chile, 21 de noviembre 2019 Crónica Digital
A las 9.00 hrs. de hoy, un numeroso grupo de trabajadores de Minera Teck Carmen de Andacollo, cuya propietaria es la multinacional canadiense Teck Resources, levantó grandes barricadas en la carretera de acceso a la localidad de Andacollo, al interior de Coquimbo, a la que se encuentra adyacente la Mina. Los trabajadores reclaman por el nulo avance de la negociación, tras 39 días de huelga, ya que la Empresa se ha mantenido en la misma postura, sin desarrollar negociaciones para alcanzar un acuerdo. El presidente del sindicato, que reúne a 474 trabajadores, Manuel Alvarez, indicó en un comunicado de prensa al que tuvo acceso Crónica Digital, que “la Empresa ha ofrecido sólo un 1,5% de incremento del sueldo base y se niega a dar una protección efectiva a la salud”, agregó que “son los trabajadores peor pagados en la minería nacional, pese a que la Empresa gana en promedio 60 mil millones de pesos al año”.,Informó el dirigente que la Empresa produce 68 mil toneladas de cobre y 60 mil onzas de oro al año. Agregó el presidente del sindicato que “no entendemos cómo es posible que la Empresa haya preferido perder ingresos por más de 50 millones de dólares, cuando nuestras demandas representan una fracción ínfima de eso y declara que no está dispuesta a seguir conversando”. Asimismo, señaló el dirigente sindical que “la situación ha llevado a que se despidan muchos trabajadores de empresas contratistas, impactándose gravemente a toda la comunidad, en donde la mayoría de los trabajadores viven en Andacollo”. Finalizó Alvarez indicando que “este tipo de conducta empresarial, en este caso de extranjeros, es la que explica el malestar del pueblo chileno y que nos obligan a pesar en renacionalizar los yacimientos mineros, ya que estamos seguros que el Estado nos daría un mejor trato y beneficiaría a las comunidades. Ahora que se hará una nueva constitución, esto se debe estudiar seriamente”. Entre los proyectos Teck Resources en Chile, se encuentra el multimillonario desarrollo de Quebrada Blanca. Andacollo, 21 de noviembre de 2019. Crónica Digital
«La intención de las fuerzas de seguridad es clara: dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando cada día». Esta es la conclusión a la que ha llegado Amnistía Internacional tras un riguroso proceso de documentación con entrevistas a víctimas, reuniones con organizaciones de Derechos Humanos, autoridades, visitas a centros asistenciales y la verificación de piezas audiovisuales y fotográficas por un equipo de la organización expertos en verificación digital y uso de armas y municiones. «La escandalosa respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas sociales que comenzaron el 18 de octubre, han dejado ya un saldo de cinco personas muertas a manos de agentes del Estado, más de 2300 lesionadas, 220 con trauma ocular severo. Sumado a esto, la Fiscalía ha registrado más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes además de, al menos, 70 delitos de carácter sexual cometidos por agentes de seguridad», señala el organismo. En este contexto, Amnistía Internacional formuló un llamado a las autoridades a: 1.- «Cesar la represión de manera urgente, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para restringir el uso de la fuerza en línea con los estándares internacionales que rigen la materia». 2.- «Los órganos de justicia deben investigar las responsabilidades de mando en las violaciones y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis a manos del ejército y carabineros». 3.- «Se hace urgente una re formulación profunda y seria de la institución de Carabineros de Chile con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos humanos en cada una de sus intervenciones». Asimismo, solicita a las autoridades «que aseguren que las demandas de la población sean atendidas al tiempo que se generan reformas de orden legislativo y de política pública». Exige a las autoridades «el cese definitivo de la represión, además de asegurar la investigación de las responsabilidades respecto de las graves violaciones de derechos humanos cometidos en el marco de las manifestaciones». Fuente: Amnistía Internacional. Santiago, 21 de noviembre 2019. Crónica Digital.
