Más de cinco mil detenidos y mil 778 heridos reportó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile desde el inicio del estallido social hasta el miércoles. Ese es el resultado de las observaciones de esa entidad en 112 comisarías de policía y en 61 centros de salud, por lo cual la cantidad de detenidos y heridos podrían ser superiores, según ha admitido el propio INDH. El informe revela como una de las situaciones más graves, que de la cifra de detenidos 549 son niños y adolescentes. En centros hospitalarios los observadores del INDH constataron mil 778 heridos, entre ellos 146 niños y jóvenes, y del total, 933 presentan heridas por disparos y 519 por perdigones, mientras que 172 padecían de serias lesiones y traumas oculares, incluido en numerosos casos la pérdida de un ojo. El informe del INDH insiste en que las fuerzas de Carabineros han cometido una serie de incumplimientos a los Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público, como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, y empleo de bombas lacrimógenas pese a la presencia de adultos mayores, menores de edad y mujeres embarazadas. Asimismo, han constatado disparos con las escopetas lanza gases directamente al cuerpo de los manifestantes y perdigonazos al cuello y rostro e incluso tres observadores del INDH fueron víctimas de esos ataques con perdigones. Además, el INDH interpuso hasta el 6 de noviembre 219 acciones judiciales, 168 de ellas querellas por torturas y tratos crueles, y 19 por torturas y tratos crueles con violencia sexual. El informe plantea que “en 20 días se presentaron casi la misma cantidad de querellas contra carabineros por torturas que en los nueve años de historia del INDH, en los que se presentaron 174, y se superó la cantidad de querellas presentadas contra carabineros por tortura sexual, que era de 16”. Según el reporte entregado a los medios el INDH ha registrado también testimonios de simulacros de ejecución, desnudamientos, amenazas de violación y otras formas de violencia sexual, grave maltrato verbal y golpes. Santiago, 7 de noviembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Nacional
La creación de una nueva Constitución centra cada vez más las demandas del movimiento social y ciudadano, según puede constatarse en pronunciamientos convergentes desde las Universidades del Estado y los municipios progresistas del país. En una asamblea nacional celebrada en esta capital, alcaldes y concejales de todas las regiones del país acordaron entregar a la dirección de la Asociación Chilena de Municipalidades el mandato para la organización de una consulta nacional. La fecha propuesta para la celebración de tal consulta es el 7 de diciembre y su objetivo, según un comunicado emitido por la organización, “es dar solución a los temas que está demandando la ciudadanía, para escuchar directamente la voz de la gente en un proceso transparente y democrático”. Entre los temas que se consultarán están la necesidad o no de una nueva Constitución para Chile, y priorizar las demandas sociales más reclamadas por la ciudadanía. Asimismo, diez alcaldes de esta capital y de la ciudad de Valparaíso, rechazaron por su parte la propuesta del gobierno de la derecha de desarrollar a partir de la próxima semana un “diálogo social” y en cambio reclamaron también un plebiscito para que la ciudadanía se exprese y decida el camino para el cambio a la actual constitución. También en el mundo intelectual aumentan las voces que reclaman ese paso y como prueba de aqueello el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) en reunión extraordinaria en esta capital analizó la crisis actual y señaló como una de las vías para salir de ella la necesidad de cambiar la actual Constitución. Al respecto el vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, en representación de 29 universidades que lo integran, llamó al Gobierno y al Congreso a cambiar la Carta Fundamental. El Cruch anunció además la realización de diálogos ciudadanos en cada región, aprovechando la infraestructura de las universidades, y recoger las opiniones que emanen de esas reuniones en un documento, que será entregado a las autoridades. A partir del estallido social del 18 de octubre la demanda de una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución han ido ganando espacio dentro del amplio movimiento popular y ciudadano, junto a la persistencia de un gran número de reclamos más inmediatos para solucionar las desigualdades imperantes en la sociedad chilena. Crece el convencimiento de que una nueva Ley Fundamental, cuya materialización requiere lógicamente un plazo más largo, sería garantía del mantenimiento de los cambios sociales que se reclaman en lo inmediato. Ello, porque la actual Carta Magna, que data de 1980 en plena dictadura, no es más que el fundamento legal de las inequidades que caracterizan al modelo político y social chileno. Todo indica que precisamente por eso, en el gobierno y los partidos de derecha cunde el pánico cada vez que se habla de una Asamblea Constituyente que dé paso a una nueva Constitución. De la boca para afuera el Presidente Sebastián Piñera dice estar dispuesto a realizar cambios a la constitución (no una nueva), pero aún así lo condiciona a que primero se resuelva la […]
Empleados fiscales, de la salud, mujeres y transportistas protagonizaron protestas en Santiago en medio del indetenible movimiento social que desde el 18 de octubre reclama cambios profundos en Chile. Organizaciones de la salud marcharon pacíficamente por la Avenida Providencia hasta la sede de la Organización Mundial de la Salud, donde llamaron a esa entidad a pronunciarse ante la violación de los derechos humanos y contra las agresiones de que han sido víctimas más de dos mil personas, heridas por las fuerzas policiales. En esa marcha numerosas personas desfilaron con parches en los ojos, en alusión a los cientos que han sufrido graves traumas oculares producto de los impactos de balines y perdigones directamente en el rostro. Las protestas del sector se realizaron también en varios centros médicos, y en el Hospital El Salvador un numeroso grupo de manifestantes interpeló al ministro del ramo, Jaime Mañalich, de visita allí, por las deficiencias en los servicios públicos y la falta de insumos esenciales para atender a los pacientes. Asimismo, exigieron la renuncia del ministro, a quien calificaron de “asesino con delantal”, mientras que una profesional declaró a los medios que “la gente se está muriendo, mis pacientes se están muriendo, porque no tenemos medicamentos”. En el centro de la ciudad funcionarias del sector público y representantes de organizaciones feministas se congregaron frente al Ministerio de la Mujer para reclamar a la titular Isabel Plá que responda por violaciones de derechos humanos contra mujeres participantes en las protestas, por fuerzas de Carabineros. Una concentración similar protagonizaron cientos de funcionarios fiscales ante la sede del Ministerio de Desarrollo Social, donde clamaron por una Asamblea Constituyente. Igualmente criticaron el diálogo ciudadano convocado por el Gobierno de Piñera y que será encabezado por el titular de esa cartera, Sebastián Sichel. Los manifestantes calificaron esa iniciativa como una maniobra del Ejecutivo sin ninguna credibilidad, al igual que la denominada Agenda Social que Piñera ha presentado como la vía para solucionar las demandas más inmediatas de millones de chilenos. Gremios de camioneros y taxistas, que protagonizaron el miércoles un paro que bloqueó durante toda la jornada numerosas autopistas en la periferia de la ciudad, volvieron a la carga manifestándose de igual manera en varias vías. Dirigentes de los transportistas aseguraron a la prensa que mantendrán las movilizaciones mientras no haya respuestas concretas del gobierno a su demanda de reducción de los abusivos precios de los peajes que le consumen casi la mitad de sus sueldos. Santiago, 7 de noviembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
La Cámara de diputados aprobó un proyecto de ley para reducir de 45 a 40 horas la jornada laboral semanal, considerado un éxito de los trabajadores de Chile en medio de la coyuntura actual. Esa iniciativa, impulsada por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, contó con el respaldo de todas las bancadas de oposición y para sorpresa generalizada, de varios diputados del conglomerado oficialista Chile Vamos. El proyecto salió adelante con 86 votos a favor, 33 en contra y 31 abstenciones. Tras la votación, el presidente de la Cámara de diputados, Iván Flores, dijo que el debate realizado en el plenario fue “profundo, serio y de fondo” y que va en beneficio de millones de trabajadores chilenos. Por su parte, la diputada Camila Vallejo recordó que la aprobación del proyecto de las 40 horas costó mucho trabajo por las reticencias del gobierno y la derecha a reconocer la necesidad de mejores condiciones laborales para los chilenos. Advirtió que incluso en el actual contexto, en el que millones de personas reclaman cambios profundos en el país, Sebastián Piñera mantiene su actitud contraria al proyecto. Ahora, para que el texto se convierta en ley todavía debe pasar por la aprobación del Senado, instancia donde se encuentra otra propuesta, impulsada por el Ejecutivo, basada en una denominada flexibilización laboral, que no contempla la reducción de la jornada y que es rechazada por el movimiento sindical y otros sectores. El lunes último la iniciativa de las 40 horas dio otro paso adelante al aprobarse de forma unánime una gradualidad al proyecto, mediante la cual las pequeñas y medianas empresas tendrían un plazo de cinco años para aplicar la reducción de la jornada. En cambio, las grandes compañías dispondrán de solo un año para ponerlo en práctica. En medio del estallido social que vive Chile desde el 18 de octubre último la aprobación de la jornada laboral de 40 horas semanales ha estado presente entre las muchas exigencias de los millones de chilenos que se han manifestado en las calles diariamente. Santiago, 7 de noviembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Este llamado ya había sido formulado al Ministerio del Interior y Seguridad Pública -órgano responsable de la seguridad pública en el país- y a Carabineros de Chile, para que se prevengan los hechos que atentan contra los derechos humanos y para aplicar correctamente los protocolos en el uso de la fuerza. Tras la entrega de un nuevo balance de lesiones y pérdidas oculares -177 desde el inicio de las manifestaciones sociales- el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) oficiará al Ministerio de Salud para que aclare y detalle las cifras oficiales y anuncie qué medidas de reparación se están tomando o se adoptarán en favor de los heridos y lesionados por agentes del Estado. De acuerdo a estándares internacionales, la reparación debe ser lo más integral posible incluyendo indemnización económica, reparaciones morales o simbólicas, como el reconocimiento público de los hechos, y garantías de no repetición, a través de programas de prevención efectivas. “A juicio del INDH aclarar las cifras oficiales y determinar qué medidas de reparación se adoptarán es relevante, debido a que permite consolidar una cifra real y única de lesionados, adicional a la que el Instituto ha podido observar, de manera parcial, en sus visitas a centros hospitalarios”, afirmó Sergio Micco, director del INDH. Las lesiones oculares representan una situación de máxima gravedad para el INDH, no sólo por la constatación de sus propias observaciones, sino también por lo señalado por organismos especializados en la materia. Según la Sociedad Oftalmológica de Chile no existen precedentes en la historia un número similar de lesiones oculares, calificando la situación como una “emergencia sanitaria”. Violencia contra escolares Luego de conocer graves casos de violaciones a los derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes ocurridos el martes 5 de noviembre, el INDH reitera la necesidad de aplicar correctamente los protocolos en el uso de la fuerza. Este llamado ya había formulado al Ministerio del Interior y Seguridad Pública -órgano responsable de la seguridad pública en el país- y a Carabineros de Chile a que se prevengan los hechos que atentan contra los derechos humanos y a aplicar correctamente los protocolos en el uso de la fuerza, durante la primera reunión que sostuvo el 29 de octubre pasado Sergio Micco con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. “El INDH insiste en que carabineros está facultado para realizar acciones tendientes a restablecer el orden público, sin embargo, de acuerdo a nuestras observaciones en manifestaciones la policía uniformada no está cumpliendo los protocolos establecidos”, aseguró el director del INDH. En el caso de ingreso a establecimientos educacionales, las instrucciones ordenadas para el uso de la fuerza, consignada como norma por el Diario Oficial en marzo pasado, en su punto número 4.1 indica claramente el procedimiento que se debe establecer para el ingreso a ese tipo de recintos. Durante esta semana Carabineros irrumpieron en la sede de San Joaquín de la Universidad Católica y en el Liceo 7, lesionando a estudiantes y afectando a docentes. El propio director general de Carabineros, Mario Rozas, […]
En el escenario que enfrenta hoy nuestro país, marcado por profundas demandas sociales que buscan un Nuevo Pacto Social que asegure condiciones de dignidad, protección social e igualdad de oportunidades para todos sus habitantes; los/as trabajadores del Servicio de Impuestos internos, agrupados en AFIICH y ANEIICH, y ANEF, RECHAZAMOS cualquier acuerdo de Reforma tributaria entre el Ministerio de Hacienda y los senadores de oposición que no sea de cara a la ciudadanía y con la participación de los trabajadores/as del SII y con todos los actores sociales. Si bien, consideramos que es un avance que se revierta la tendencia de la Reforma Tributaria y hoy el foco esté en la mayor recaudación, también creemos que es una pésima señal la realización de acuerdos sin tomar en cuenta las diversas propuestas que se han generado en instancias de participación ciudadana en torno a una verdadera justicia fiscal, sobre todo aquellas realizadas por los propios trabajadores/as del SII, quienes día a día son testigos de las desigualdades e inequidades del tratamiento tributario del país. Más de 3.000 funcionarios/as de todos nuestros escalafones: auxiliares, administrativos, directivos, fiscalizadores y profesionales han participado de “Cabildos Tributarios”, donde se ha reflexionado sobre el sistema y el rol desempeñado por el SII, y las propuestas que permitan responder a las nuevas demandas planteadas por la ciudadanía. Nuestro sistema tributario vigente es complejo, regresivo, inequitativo e injusto, que carga en mayor proporción a los sectores medios y de menores recursos de la población, y que otorga un trato preferente a los grandes empresarios, políticos y personas de mayores ingresos. Los ciudadanos nos hemos enterado a través de lo que señala un medio de prensa de los principales puntos de este “acuerdo de entendimiento”, que a todas luces es insuficiente pues no deja en claro la contribución real de los altos patrimonios. Por estas razones, hacemos un llamado tanto a gobierno como a los parlamentarios, a no perseverar en el proyecto tributario actualmente en tramitación, y a generar un nuevo sistema tributario que avance en forma decidida hacia una mayor justicia social y fiscal. Los/as trabajadores/as del SII, hemos elaborado más de 60 propuestas con el objetivo de orientar y facilitar el debate ciudadano y parlamentario respecto a posibles vías para canalizar las profundas y urgentes demandas sociales planteadas por la ciudadanía, algunas de ellas son: – Desintegración completa de tributación de empresas y de personas. – Terminar con exenciones y beneficios que no reportan utilidad para el país. – Sistema diferenciado para proteger a las Pymes. – Impuesto al mayor valor por la venta de acciones (art. 107 de la ley de la renta) – Reestudio del impuesto corporativo, contemplando tasas diferenciadas para micros y pequeños empresarios. – Reestudio de tramos de impuestos a las personas. – Impuesto a altos patrimonios. – IVA diferenciado para artículos de primera necesidad, medicamentos y libros. – Impuestos verdes que graben las emisiones contaminantes e incentivos para proyectos de energías renovables o sustentables. – Sistema de sanciones proporcionales al daño patrimonial realizado. […]
Por Rafael Calcines Armas El gobierno de Chile intentará llevar a cabo a partir de la próxima semana y durante 60 días una serie de ‘diálogos ciudadanos’ encaminado a apaciguar las multitudinarias protestas populares que hoy cumplen 21 días. Al frente de esa consulta estará el nuevo ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, quien declaró a los medios que en ese diálogo se empleará la información recogida durante el proceso constituyente que intentó impulsar la expresidenta Michelle Bachelet. Para algunos analistas y la voz de la calle este proceso llega un poco tardíamente, puesto que desde hace más de una semana el movimiento social que encabeza las manifestaciones contra el modelo neoliberal lleva a cabo una serie de cabildos populares autoconvocados. En estos cabildos, realizados en barriadas e instituciones con la asistencia de miles de personas de todas las edades, incluso niños, los participantes han debatido sobre la actual situación del país, y expresado sus ideas para cambiar el estado de cosas en busca de un Chile más incluyente y equitativo. Sin embargo, durante las casi tres semanas que lleva la revuelta popular, el gobierno no ha hecho alusión a estos cabildos ni a la participación de la mesa de Unidad Social en las consultas programadas por La Moneda, que se han limitado a convocar a los partidos políticos. No obstante, según Sichel, también se tendrán en cuenta ‘todas aquellas discusiones que han surgido en la ciudadanía’, y añadió que ‘la próxima semana es nuestro desafío que empiece el proceso de diálogo con este formato, además, permitiendo que este debate llegue a todo el país’. Ante el estallido social, el presidente Sebastián Piñera lanzó también lo que calificó como ‘vigorosa Agenda Social’ con varias medidas, nada novedosas, porque la mayoría eran reclamos populares de larga data, y que ha sido considerada por analistas y manifestantes como un parche para tratar de controlar la profunda crisis existente. Santiago de Chile, 7 noviembre 2019 Crónica Digital /PL
Ayer comenzó el trabajo de la Misión Internacional de Observación sobre la situación de Derechos Humanos en Chile en el contexto de las movilizaciones sociales posteriores al 18 de octubre. A primera hora de la mañana, con la reunión de los observadores internacionales que componen la Misión con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para luego por la tarde reunirse con organizaciones sociales, de derechos humanos, defensa legal, gremios profesionales y de grupos de verificación en terreno de estas vulneraciones, a fin de recabar antecedentes de forma directa y testimonios de estas graves denuncias. La Misión, compuesta por diez observadores de organizaciones y ligas internacionales de reconocida trayectoria, realizó además una conferencia a mediodía para dar cuenta de sus objetivos, metodología y agenda, destacándose “que se trata de una Misión histórica, en un momento muy particular de exigibilidad de derechos y movilizaciones sociales en Chile, y podríamos señalar de represión a la protesta social en diferentes países de América Latina, pues articula las capacidades y experiencia de organizaciones con gran competencia en la verificación de violaciones a derechos humanos, que puede replicarse en estos contextos regionales”, señaló Paulina Acevedo, coordinadora del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio, al referirse a las particularidades de la Misión. Por su parte Lorena Fries, abogada y presidenta de Corporación Humanas, advirtió que es de público conocimiento la fuerza y la acción con la que se han vulnerado los derechos manos en el país. “Nos preocupa mucho la situación de mujeres y niñas que en todo este proceso han pasado por toda la etapa de la represión, siendo detenidas, ha sido objeto de lesiones, violentadas, víctimas de violencia sexual e incluso de violación que no necesariamente han llegado al conocimiento de los organismos oficiales”. Para las organizaciones chilenas es de la mayor relevancia que la grave vulneración de derechos humanos trascienda a los medios de comunicación. En un contexto de democracia, nos preocupa que se vuelvan a repetir prácticas tan represivas, “la ciudadanía tiene el legítimo derecho a movilizarse, más aún por razones de derechos humanos”, puntualiza Fries. Agrega, que los temas que están a la base de la movilización tienen que ver con la falta de garantías de derechos sociales que no están reconocidos, que están entregados al mercado y que han provocado una desigualdad estructural la que ha generado el malestar de la ciudadanía y por consiguiente su expresión en las calles, advierte la presidenta de Corporación Humanas. Enrique Font, representante de la Organización Mundial contra la Tortura, señala que, respecto de la situación de Chile y las informaciones recibidas, se encuentran con muchas continuidades de lo que ya venía sucediendo. “Si bien la escala de la protesta y la escala de la violación a los derechos humanos la hace significativa, nos muestra que esto no es nuevo. Más bien se apoya en situaciones que ya venían sucediendo”. Recordó que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ya había recalcado en 2018 la militarización de los conflictos, el uso […]
La Comisión de Derechos de la Niñez del Partido Radical de Chile, ante los últimos acontecimientos del uso de la fuerza desmedida y extrema violencia suscitados al interior del Liceo N° 7 de Santiago, declaramos lo siguiente: Denunciamos la vulneración de los derechos humanos sufrida por las estudiantes del Liceo N° 7, Teresa Prat de Santiago Centro, al entrar la fuerza pública, utilizando las armas de disuasión e hiriendo a un conjunto de estudiantes, que se manifestaban al interior del establecimiento educacional, y en forma pacífica y previo acuerdo de sus estamentos estudiantiles, que solidarizarían con las demandas del movimiento social. La situación acontecida, sin ajustarse a ningún protocolo ni procedimiento policial vigente, y utilizando la fuerza desmedida ante una acción pacífica por parte de las estudiantes de dicho Liceo, afecta gravemente los Derechos Humanos de dichas adolescente, sumándose a los casos que ya han afectado a niños, niñas y adolescentes a lo largo del país, por la acción brutal de Carabineros de Chile y su desmedida represión a personas que claramente tienen una condición que no puede asemejarse a la de un adulto. Rechazamos categóricamente los hechos indicados, y exigimos la renuncia del Director General de Carabineros de Chile, quien solo se ha limitado de manera displicente a reconocer la existencia de faltas, e instruir los sumarios respectivos. En otros casos ajenos a la represión, se ha dado de baja de manera inmediata a los Carabineros y Oficiales por el actuar fuera de los procedimientos y protocolos, pero al tratarse de adolescentes, se da una mirada distinta y desigual, no considerando el grave daño que se provoca a nuestra población juvenil. Asimismo, exigimos al Alcalde de la Municipalidad de Santiago, la suspensión inmediata de las funciones de la Directora del Liceo N° 7, e instruir el respectivo Sumario Administrativo, ya que ha demostrado un actuar incompetente para tratar no solo con adolescentes, sino que con sus propias alumnas, siendo responsable indirecta de las lesiones sufridas por las jóvenes heridas. Estas acciones no provocarán la paz social, sino que, al contrario, conllevan a que la ciudadanía se manifiesta con mayor fuerza y rechazo ante estas acciones de vulneraciones de Derechos. Con extrema preocupación, de conformidad a la información proporcionada por la Defensora de la Niñez, vemos que a la fecha, existen 293 casos de niñosy niñas y jóvenes que han sido vulnerados en sus derechos. De ese total, hay 43 menores de edad heridos por balas (6 casos), perdigones (19 casos) o recibido golpes (18 casos) en situaciones que no justifican violencia. El Gobierno ha respaldado esta actuar represivo y ha sido cómplice silencioso de las situaciones que afectan a nuestros adolescentes. Una vez más y con vergüenza se confirma otra mentira del Presidente de la República, los niños, niñas y adolescentes nunca estuvieron primero en la lista de prioridades, siendo utilizados nuevamente en la campaña política de la actual alianza gobernante. LORENA BUSTAMANTE, Consejera Nacional y Consejera Regional Metropolitana PR LILET ROSAS PEZO, Miembro Directiva Nacional PR y Comisión […]
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras organizaciones rechazaron un proyecto de ley presentado hoy por el presidente Sebastián Piñera que elevaría en 50 mil pesos chilenos el ingreso mínimo. Según explicó el mandatario, todos aquellos que tengan un ingreso inferior a 350 mil pesos y superior al salario mínimo de 300 mil, recibirán un subsidio del Estado que les permitirá alcanzar un mínimo de 350 mil (alrededor de 480 dólares). En un comunicado, la CUT advirtió que ese ingreso no permitirá a los trabajadores chilenos superar la pobreza ya que solo cubrirá poco más de la mitad de las necesidades básicas de los más pobres. A juicio de la central obrera, resulta necesario «avanzar hacia un ingreso mínimo de 510 mil pesos líquido», acorde con lo que plantean estudios del Ministerio de Desarrollo Social. Puntualizó la CUT que el aumento de los salarios debe ser con cargo a las utilidades de las empresas y no de todos los chilenos, porque de lo contrario no se distribuye efectivamente la riqueza y la propuesta del Gobierno sigue subsidiando la concentración de la riqueza y profundizando la desigualdad. Asimismo el texto señala que la propuesta del Gobierno agrava el escenario de descontento social y solo llegará al 5,5 por ciento de la fuerza de trabajo, por lo que tendrá un impacto menor que si se sube el salario mínimo para todos los empleados. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de diputados, Gael Yeomans, del partido Convergencia Social, opinó que el anuncio de Piñera sobre el ingreso mínimo sigue siendo insuficiente para las grandes mayorías que se encuentran en las calles pidiendo una vida más digna. Añadió que esa medida conlleva que los trabajadores financien el incremento con su propio dinero, mientras que los más ricos y las grandes empresas no estarán renunciando a nada y tampoco pondrán ni un peso de su bolsillo para mejorar la vida de los asalariados. Para la diputada comunista Karol Cariola, el ingreso mínimo bruto será complementado a las empresas por el Estado, o lo que es lo mismo, con el dinero de todos los chilenos se completarán los malos sueldos que pagan los multimillonarios. Según se conoció, la CUT junto a otros sindicatos de mineros, portuarios, el comercio, la educación e industria, llamaron a una huelga nacional para el próximo martes 12 de noviembre, uno de cuyos objetivos será reclamar salarios dignos para todos los chilenos. Santiago de Chile, 7 de noviembre 2019 Crónica Digital /PL
