Nacional

Frente al proceso de los comuneros José Sergio Tralcal Coche, Luis Sergio Tralcal Quidel y José Peralino Huinca, como Frente Amplio declaramos: 1.- Que, en el contexto de la lucha del Pueblo Nación Mapuche, por la recuperación de sus tierras ancestrales, y contra el despojo ilegal e ilegitimo por parte de forestales y latifundistas, manifestamos nuestro más profundo rechazo a la persecución de la que son objetos estos dirigentes mapuche. En especial, por el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco , que revirtiendo inexplicablemente el fallo absolutorio a 11 mapuches procesados en el caso Lucksinger- Mackay, condena finalmente a Jose Tralcal, Luis y Tralcal y Jose Peralino al amparo de la infame ley antiterrorista 2.- Este fallo condenatorio que prescinde de toda argumentación consistente, hace propia la posición de latifundistas y forestales, y dando la espalda a la crítica de organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, accedió a la solicitud de los gobiernos de Bachelet y Piñera, procesando y condenando por delito terrorista aplicando esta obscura ley, que victimiza y condena sin un debido proceso a quienes son perseguidos por los agentes policiales y judiciales del Estado, en un contexto de implantación de pruebas falsas, testigos protegidos y ausencia de garantías de derechos mínimos para el esclarecimiento de los hechos de los cuales son acusados los comuneros mapuche. 3.- Queda claro en este juicio que los gobiernos, la fiscalía, el tribunal y las policías no han tenido interés alguno en establecer la verdad de los hechos, y menos hacer justicia, utilizando este proceso para la persecución, amedrentamiento y sometimiento de destacadas personalidades y autoridades del pueblo mapuche, como es el caso de los comuneros José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, referentes históricos de lucha y organización de las comunidades mapuche, quienes han sido reiteradamente sometidos a proceso y sucesivamente absueltos 4.- Tenemos el convencimiento que aquí la fiscalía no ha entregado toda la información concreta que pruebe la participación de los dirigentes mapuche en los hechos y que para lograr esta sentencia se realizaron montajes, manipulación de pruebas, acosaron abogados y abogadas de la defensa, se desplegaron a través de sus medios de comunicación y por si lo anterior no resultara suficiente dos de los jueces del tribunal que resolvió la causa, actualmente se encuentran concursando a cargos que debe ser resuelto por el gobierno. 5.- Esta condena responde exclusivamente a motivaciones políticas contra dirigentes que se han enfrentado a la industria forestal, y se sustenta únicamente en un testimonio falso firmado bajo tortura, que lejos de establecer verdad y justicia constituye una verdadera declaración de guerra a toda expresión de resistencia y disidencia en el Wallmapu; la aplicación de la Ley Antiterrorista es propia de un estado de guerra, donde el acusado es tratado como enemigo, siendo juzgado y sometido al amparo de dicha Ley. Además, debemos recordar que los organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han reiterado que no hay terrorismo […]

El arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el cura español Jordi Bertomeu, llegaron hoy a Chile en calidad de enviados del papa Francisco para una segunda ronda sobre sus pesquisas en torno a abusos sexuales de la Iglesia. «Hemos venido a pedir perdón en su nombre (del papa)», comentaron brevemente a su arribo al aeropuerto internacional Arturo Merino de Santiago. Scicluna, miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, considerado una especie de fiscal del Vaticano, ya lideró una misión similar en febrero, igualmente acompañado entre otros por Bertomeu. Entonces investigaron las denuncias de complicidad y encubrimiento del obispo de la sureña diócesis de Osorno, Juan Barros, quien ayer dejó el cargo al ser aceptada su renuncia por Su Santidad. La jubilación anticipada de Barros era una de las noticias más esperadas en Chile. Pero sorprendió lo mismo en el caso de los obispos Cristián Caro, de Puerto Montt, y Gonzalo Duarte de Valparaíso. Monseñor Scicluna subrayó que vienen con la misión de escuchar a las víctimas, en una estancia que repartirá a partes iguales ocho días entre Osorno y Santiago. Por su lado, el padre Bertomeu no quiso adelantar si el Sumo Pontífice tomará más dimisiones de obispos de Chile. ‘Eso tenemos que dejarlo en sus manos, pero tenemos que estar muy expectantes de que las cosas irán muy bien’. La víspera, Juan Carlos Cruz, una de las tres figuras más conocidas por sus denuncias de trasgresiones sexuales de ministros de la Iglesia católica, escribió en su cuenta de Twitter sus sensaciones por la medida informada este lunes. «Empieza un nuevo día en la iglesia Católica de Chile!, Se van tres obispos corruptos y seguirán más», escribió Cruz, quien es periodista y está radicado actualmente en Estados Unidos. Cruz junto al médico James Hamilton y al filósofo José Andrés Murillo fueron claves en el proceso y los tres recibieron una invitación especial para entrevistarse con el obispo de Roma en la Santa Sede hace poco más de un mes. «Emocionante por tantos que han luchado para ver este día. La banda de obispos delincuentes se empieza a desintegrar hoy!’, remarcó Cruz en Twitter. Por su parte, Juan Carlos Claret, vocero de los laicos de Osorno, declaró que «hoy se cierra un capítulo y comienza otro; es una emoción igualmente grande». Según Claret, se viene un desafío humanamente mayor, «que es tratar de reconciliarnos, pero esa reconciliación no es automática. No porque el papa saca a Barros significa que ahora todo happy happy». Santiago de Chile, 12 de junio 2018 Crónica Digital /PL

A través de una declaración pública, las Juventudes Comunistas criticaron duramente el anuncio del gobierno de aumentar las penas a menores de edad que infrinjan la ley, bajo una modificación a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.  En este sentido, el Presidente de las JJCC, Camilo Sánchez, aseguró que «el gobierno sobre la infancia usa la zanahoria y el garrote; la zanahoria es para la foto y el garrote para la juventud más pobre».   Cabe señalar que en la declaración pública, se hace énfasis en que de llevarse a cabo este aumento de penas, se estaría vulnerando la Convención de  Derechos del Niño, Niña y Adolescente, dado que en su artículo 40 establece la necesidad de enfocarse en la reinserción del joven infractor de ley.  A raíz de los últimos anuncios del gobierno de Sebastián Piñera, en lo que respecta a la modificación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para elevar las penas a jóvenes infractores menores de edad, como Juventudes Comunistas de Chile declaramos lo siguiente: Lamentamos que, de manera populista e irresponsable, la derecha insista en una fracasada política de seguridad pública centrada en el aumento de penas, la cual ha sido refutada tanto por los hechos como por estudios sobre la materia. Elevar las condenas de infractores de ley no inhibe el delito, ya que este se sostiene fundamentalmente por la altísima segregación que vive el pueblo chileno, expresado esto en el desigual acceso al trabajo, educación, salud y vivienda, entre otros aspectos. Las declaraciones de Katherina Martorell, paradójicamente Subsecretaria de Prevención del Delito, quien señala que las sanciones deben ser más duras para adolescentes, demuestra no solo su poco entendimiento del rol preventivo del delito que le confiere su cargo, sino que retrata de cuerpo entero a un gobierno que no cree en la prevención ni en la reinserción social, sino que solo en la condena.  Las cifras demuestran el escandaloso hacinamiento de las cárceles chilenas, algunas de las cuales se ubican por sobre el 88% de sobrepoblación. Así mismo, estudios revelan que la mitad de la población penal adulta pasó su infancia o adolescencia por algún centro de menores vinculado al SENAME. Estos datos revelan que el fenomeno de la delincuencia debe ser prevenido principalmente en la niñez y adolescencia, donde el foco debe estar puesto en la educación, a la vez que se requiere priorizar esfuerzos en la reinserción social para evitar la reincidencia en la adultez y combatir la sobrepoblación penal. Chile exige invertir más en nuestros barrios y escuelas que en las cárceles. Debemos recordarle al Presidente de la República, Sebastián Piñera, que la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescente sigue vigente en Chile, y que el artículo 40 de dicha Convención “reconoce el derecho de todo/a niño/a de quien se alegue que ha infringido las leyes penales, o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el […]

Este lunes 11 de junio, en Palacio de la Moneda, el senador Felipe Harboe sostuvo una reunión con el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, para plantear la necesidad de concretar un equipo especializado que se haga cargo de los temas de ciberseguridad y cibercrimen, apuntando a la necesidad de que Chile cuente con una política pública permanente al respecto. A juicio del legislador PPD, dado que la actual Ley de Delitos Informáticos data del año 1993, “se requiere actualizar normas, pero también procesos y fiscalizar que el sector privado esté haciendo las inversiones adecuadas», señaló. “Es evidente que Chile está en riesgo de ser víctima de ataques de bandas de cibercrimen a nivel mundial. El país ha sido escogido como un objetivo, probablemente lo ocurrido con el Banco de Chile es el primero de los ataques, no hay que descartar que puedan existir otros, razón por la cual se requiere aumentar los estándares de seguridad de infraestructura crítica, tanto del mundo privado como del mundo público”, indicó el senador del PPD. El Ministro Chadwick, por su parte, comprendió la situación y se comprometió a realizar un anuncio al respecto dentro de los próximos días, informó Harboe. “No obstante, la idea es hacer un levantamiento en no más de 60 días sobre cuál es el estado de ciberseguridad en la industria tanto privada como pública del país”, indicó. «Fue una buena reunión. He manifestado la disposición para ayudar en esta materia. Chile tiene que ponerse a la altura de los desafíos en materia de ciberseguridad y esperamos que al país le vaya bien en eso, porque este no es un tema de gobierno, sino de Estado, que tiene que ver con dotar de seguridad al mundo público y al privado”, cerró el legislador al término de la reunión. Santiago de Chile, 12 de junio 2018 Crónica Digital

Según explica Harasic en su carta de renuncia, las constantes paralizaciones y medidas de obstrucción del quehacer universitario “afectan gravemente la excelencia académica y pone en riesgo el proceso de fortalecimiento de la educación pública con el que nos hemos comprometido durante los últimos años”. El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, presentó hoy ante el Rector Ennio Vivaldi su renuncia “indeclinable” al cargo encomendado por el claustro de profesores de esta facultad desde mayo de 2015. A través de una carta de 6 carillas de extensión dirigida a la máxima autoridad de la Casa de Bello, el Decano entrega en detalle los avances experimentados durante su gestión en diversos ámbitos, como investigación, extensión, docencia de pre y postgrado, internacionalización y gestión administrativa. En general, el Decano explica que durante la primera etapa de su decanato “ajustamos la gestión administrativa y académica a los más altos estándares exigidos nacional e internacionalmente, y en una segunda etapa nos abocamos a intentar contribuir al fortalecimiento de la educación pública”, a través del proyecto “La Chile crece por Chile” que aumenta la matrícula de la Facultad. Harasic, agrega que “con satisfacción puedo afirmar que todas las medidas adoptadas han sido debatidas en los órganos colegiados de la Facultad, luego de diálogos siempre constructivos y enriquecedores”. No obstante, en su misiva, el Decano sostiene que “actualmente, la Facultad de Derecho está siendo ocupada ilegalmente por decisión mayoritaria de los estudiantes desde el 27 de abril de 2018. Sin perjuicio de señalar expresamente que, como le consta al Consejo Universitario, conozco y valoro el impulso entregado por mujeres estudiantes, académicas y funcionarias para avanzar en una transformación decisiva que se exprese en prácticas no sexistas, no discriminatorias, y encaminadas a la equidad de género en todas sus formas y a la supresión del abuso de poder, y del acoso sexual y laboral al interior de la Universidad de Chile, esta situación ha impedido el normal desarrollo de las actividades de docencia, extensión e investigación de la Facultad, hasta ahora, por 46 días”. En esta línea, agrega que “lamentablemente, la presente ocupación ilegal de las dependencias de la Facultad está lejos de representar un fenómeno aislado. Cada año nos hemos visto obligados a enfrentar medidas de paralización y obstrucción del quehacer universitario, de menor o mayor intensidad, por parte de los estudiantes, las cuales han afectado gravemente el normal funcionamiento de la Facultad, contraviniendo así la característica básica de toda universidad pública, que es contribuir a la producción de conocimiento y a la formación de profesionales comprometidos con el devenir y el progreso intelectual y moral de la sociedad a la cual nos debemos”. El Decano Harasic finaliza la carta señalando que “es mi deber manifestar que esta situación afecta gravemente la excelencia académica y pone en riesgo el proceso de fortalecimiento de la educación pública con el que nos hemos comprometido durante los últimos años. Ante la imposibilidad de transmitir favorable y eficazmente esta preocupación a la comunidad universitaria, que en mi parecer […]

Su santidad aceptó la renuncia del obispo Barros, foco de los escándalos cuando al principio fue defendido por Jorge Bergoglio.

Numerosas personalidades políticas y sindicales en Chile se sumaron hoy a las acciones de respaldo al Tuitazo Mundial #NicaraguaQuierePaz, a la vez que exigieron el cese de las campañas de desinformación. En diferentes actos efectuados en esta capital y réplicas de comentarios de apoyo a Nicaragua en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, ex ministros, parlamentarios, figuras de los gremios y grupos de solidaridad expresaron sus criterios. Las exministras Secretaria General del Gobierno, Paula Narváez (Partido Socialista), y de Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual (Partido Comunista), estuvieron entre quienes participaron en el Tuitazo Mundial en Chile. A propósito del 106 aniversario del Partido Comunista de Chile (PCCh), su presidente, Guillermo Teillier (igualmente parlamentario), y el secretario general, Lautaro Carmona, ofrecieron su espaldarazo al deseo de paz de la mayoría de los nicaraguenses. De la misma filiación, lo hicieron los diputados Camila Vallejo, Karol Cariola, Daniel Jadue, Hugo Gutiérrez y Boris Barrera. Se sumó  el senador por el Movimiento País, Alejandro Navarro, asociaciones defensoras de los derechos humanos y numerosos gremios sindicales del país austral. La embajadora de Nicaragua en Chile, María Luisa Robleto, recibió asimismo notas de solidaridad internacional por la Paz de parte de familiares de combatientes chilenos caídos en la lucha por la Revolución Sandinista. Además, los legisladores por el Frente Amplio Claudia Mix (Poder Ciudadano) y Tomás Hirsch (Partido Humanista); Angela Jeria, madre de la expresidenta Michelle Bachelet, y organizaciones de solidaridad con Cuba y Nicaragua. «Yo diría que distintas fuerzas democráticas y progresistas han manifestado su respaldo a Nicaragua y la búsqueda de la paz», declaró la embajadora Robleto. El Gobierno de Nicaragua, encabezado por el mandatario Daniel Ortega, repudió las acciones difamatorias «de esta conspiración que desde la intimidación, el miedo, las amenazas y el terror pretende entregar el país a la delincuencia y al crimen organizado». Santiago de Chile, 11 de junio 2018 Crónica Digital /PL

Las parlamentarias Gael Yeomans (IL), Marisela Santibañez (PRO), Karol Cariola y Camilla Vallejo (PC), en compañía de la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, presentaron este viernes un oficio dirigido al ministro de Salud, Emilio Santelices, para que informe cuándo se dictará el nuevo reglamento, junto con conocer si las clínicas que se han acogido al protocolo de objeción de conciencia institucional siguen recibiendo recursos del Estado, pese a que Contraloría dictaminó su ilegalidad. “Actualmente, existe un vacío en cuanto a la aplicación del protocolo de objeción de conciencia institucional dado que aún no se presenta el reglamento que comprometió el Gobierno, pese a que Contraloría se pronunció hace exactamente un mes declarando su absoluta ilegalidad”, señaló la diputada Gael Yeomans (IL), autora del oficio que presentaron este viernes en el Ministerio de Salud. En esa línea, añadió que “desconocemos, además, si las clínicas que se han declarado como objetoras de conciencia institucional continúan acogiéndose a esto y además recibiendo recursos del Estado, por lo que estamos solicitando de manera formal esa información al ministro”. Por su parte, la diputada Marisela Santibañez indicó que “el ministro Santelices no ha cumplido sus compromisos y vuelve a fallarle a las mujeres del país. Hemos visto a un Ministro dormido, que evita referirse a este tema mientras hay mujeres en todo el país que viven en incertidumbre por no contar con médicos que realicen la prestación”. La diputada comunista Karol Cariola indicó que “si sigue pasando el tiempo, lo que va a ocurrir es que este Ministerio va a seguir pasando por arriba de la ley, por la vía de los hechos y eso nosotras no lo podemos permitir”. En tanto, la abogada de Corporación Humanas y vocera de la Mesa Acción por el Aborto, Camila Maturana, precisó que “hay una preocupación muy grande desde las parlamentarias comprometidas con los derechos de las mujeres y las organizaciones de mujeres y feministas, porque hay una ley, tan relevante como aborto en tres causales, que hoy no está siendo garantizada por las autoridades”. Por último, la diputada Camila Vallejo se refirió a la causal de violación, respecto a la cual señaló que “estamos ante un Gobierno que asume con total irresponsabilidad la realidad de niñas que han sido víctimas de violación y que producto de esa violación han quedado embarazadas. Para ellas una semana más de espera, por ausencia de este reglamento que les permita acceder a un derecho e interrumpir ese embarazo en caso de ser violadas, es grave. Una semana más, significa una semana más de embarazo y menos posibilidades de interrumpir su embarazo”. Santiago de chile, 9 de junio 2018 Crónica Digital