El parlamentario recordó que, “tal como cuando fui censurado de la Vicepresidencia del Senado por exponer los aportes reservados a las campañas, hoy la derecha y la ex concertación se han unido para sacarme de DD.HH”. “Felipe Kast no ha tenido ninguna vergüenza en reconocer que no dejó trabajar la Comisión de Derechos Humanos durante los últimos meses, todo con el fin de sacarme de la presidencia e instalar así a quien blinde a Sebastián Piñera antes que termine su mandato”, manifestó el senador Alejandro Navarro. De acuerdo al senador por la Región del Biobío, “la Comisión de DD.HH. del Senado fue un refugio para cientos de chilenos y chilenas que pudieron exponer allí todas las violaciones a los derechos humanos cometidos desde el 18 de Octubre de 2019 en adelante, tanto bajo mi presidencia como con la del senador Latorre”. “Allí escuchamos también a ministros, generales, directores de la policía, del INDH, del Colegio Médico y de tantas otras instituciones y organismos a fin de buscar soluciones para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, de quienes perdieron sus ojos, de quienes sufrieron la agresión y la violencia por parte de agentes del Estado bajo el mandato de Sebastián Piñera”, recordó. “Por ello es que el Presidente de la República está acusado ante la justicia con la querella que presenté en su contra, así como con acciones judiciales de otros organismos e individuos, tanto nacional como internacionalmente, lo que motivó a Felipe Kast a buscar periódicamente mi censura para que la Comisión no siguiera ahondando en los terribles hechos que han afectado a tantos chilenos y chilenas, y a fin de cuentas, buscando blindar a Piñera”, afirmó Navarro. “Lo lamentable”, prosiguió, “es que este desenlace fue gracias a la vieja pero confiable táctica de acuerdos entre la derecha y la ex Concertación, sin la presencia de tres miembros permanentes, pero que hoy tuvo a Guido Girardi abriendo la sesión a fin de que Kast y Chahuán pudieran votar a favor, tal como el año 2015 cuando me sacaron de la Vicepresidencia del Senado por emplazarlos a transparentar los aportes de las empresas pesqueras a sus campañas”. Alejandro Navarro finalizó manifestando que, “este blindaje de Felipe Kast a Piñera, a quien continuamente emplacé para que llevara a la comisión a ciudadanos de Venezuela a quienes se hubieran violado sus DDHH, es una nueva afrenta para los miles de chilenos y chilenas que vieron como este gobierno violó impunemente sus derechos, les quitó sus ojos, los cegó y hoy contemplan como los responsables se blindan con la presidencia de esta comisión”. Valparaíso, 25 de enero 2022 Crónica Digital
alejandro navarro
Por 114 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, este miércoles en segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó con modificaciones el proyecto que prohíbe discriminación laboral frente a análisis genéticos. Valparaíso, 19 de enero de 2022. “Esta Ley prohibirá que se condicione la con tratación, permanencia, promoción o movilidad en el empleo a la ausencia o existencia de genes que evidencien la probabilidad de desarrollar enfermedades o anomalías”, explicó el senador Alejandro Navarro, autor de la moción ingresada el 2011 y que hoy pasó a tercer trámite. De acuerdo al Presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “vivimos en un mundo en que ya nada es privado; gran parte de la gente comparte permanentemente su ubicación a Google Maps, sus fotos familiares a Instagram y sus opiniones a Twitter. Las campañas electorales se han ganado por quienes han manejado con más destreza la Big Data, y los parámetros de salud se han digitalizado casi por completo”. “En esta sociedad de la información”, continuó, “es muy recurrente que los usuarios de internet busquen sus síntomas físicos en Internet, lo que podría ser información clave para un futuro empleador, si es que esos datos no se encuentran protegidos, ocurriendo algo similar con la intimidad genética de los trabajadores”. “Si bien en Chile se protegen los derechos genéticos, ya que el Artículo 127 del Código Sanitario establece que los exámenes de laboratorios clínicos son reservados, esto solo ocurre mientras exista una relación laboral ya constituida, quedando desprotegidas las personas que están postulando a un trabajo, las que podrían verse afectadas frente a una discriminación luego de un análisis genético”, advirtió el parlamentario. Según Navarro, “el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los DDHH y la Dignidad del Ser Humano, plantea que «solo podrán hacerse pruebas predictivas de enfermedades genéticas (…) con fines médicos o de investigación médica» (artículo 12), mientras que la Unesco ha establecido que la dignidad humana impone que «no se reduzca a los individuos a sus características genéticas». Suiza por su parte prohibió que se discriminara a las personas por sus características genéticas y se han regulado los exámenes genéticos en el campo del trabajo, mientras que en Austria se prohibió a los empleadores exigir resultados de análisis genéticos para personas en busca de trabajo”. “Es decir”, prosiguió, “ya ha sido regulado en otras latitudes, por lo que se hace urgente aplicarlo en Chile; así como avanzamos con la consagración constitucional de los “neuroderechos”, debemos hacerlo también con los derechos genéticos de los trabajadores antes de que se vulneren derechos laborales fundamentales”. “Debemos adelantarnos entonces a la dura discriminación que pueden traer consigo los análisis genéticos. Por ello, esperamos que el tercer trámite sea muy expedito y la Ley que regula la intimidad del trabajador y establece la prohibición de discriminación laboral frente a los análisis genéticos, sea realidad muy prontamente”, finalizó Navarro.
El parlamentario solicitó a la justicia una orden de no innovar a fin de que “el Servicio de Salud de Arauco disponga de inmediato de dos vehículos de urgencia para el hospital de Chue, antes de que vuelva a fallecer otra persona”. “La grave situación del Hospital de Curanilahue, nos ha obligado a interponer un Recurso de Protección por el derecho a la vida, por el derecho a la salud, a favor de todos los habitantes de la comuna de Curanilahue”, explicó el senador Alejandro Navarro Brain tras ingresar la acción ante la Corte de Apelaciones de Concepción. De acuerdo al Presidente de la Comisión de DD.HH. del Senado, “no puede ser, es inadmisible, que el hospital no cuente con ambulancias. Hoy hay solo una operativa que es del Samu básico, el Samu especializado no tiene, y hay dos que están ahí tiradas, abandonadas”. Navarro recordó que, “este hospital ha sido tristemente famoso por las goteras y falencias durante la pandemia; luego por la falta de especialistas y hoy por los problemas con el ascensor, donde los fallecidos han tenido que ser trasladados en montacargas o por las escaleras, sin electricidad y con problemas para las diálisis”. “Por ello”, continuó, “es que la Fenats Nacional se tomó dependencias del recinto hace algunos días, a fin de que se actúe prontamente en favor de los trabajadores, los pacientes y la ciudadanía”. “Y lamentablemente, hemos tenido que escuchar del fallecimiento de una persona, quien no pudo tener atención oportuna debido a la falta de ambulancias, pues según nos han informado hay solo una operativa sin problemas en el hospital, teniendo dos en mal estado en la entrada, y otras que sirven a otras comunas de la provincia”, explicó. Alejandro Navarro manifestó qué, “el recurso que hemos presentado pide que la Corte determine el arrendamiento y compra inmediata de al menos dos ambulancias para evitar que más personas fallezcan por no tener como trasladarlas a hospitales de mayor complejidad”. “Lo que ocurre en Curanilahue es una negligencia médica, están vulnerados el derecho a la vida e integridad física y a la protección de la salud, ambos establecidos en el Artículo 19 de la Constitución, y si no se toman medidas inmediatas, podemos tener nuevos fallecimientos por falta de prestación de servicio del Estado”, sentenció el senador por la Región del Biobío.
El parlamentario manifestó que, “dicha huelga se transformó en una bacanal; queremos saber si el Ejecutivo también les financió las fiestas, los asados, el alcohol”. “El tongo de Piñera y los Camioneros. Le pidió a Pdte de Camioneros (CNTC) Sergio Pérez extorsionar y presionar al Congreso ejecutando un Paro Nacional. Fiscal Nacional Jorge Abbott debe investigar esta conspiración contra la Seguridad Interior del Estado”, manifestó el senador Alejandro Navarro en su Twitter. El Presidente de la Comisión de DDHH del Senado recordó que, “el dirigente de los camioneros Juan Araya, denunció que fue el gobierno de Sebastián Piñera quien pidió y propició el paro de transportistas durante el año 2020, a fin de presionar por la aprobación de la Ley Juan Barrios y la Ley de Control de Armas”. “Este paro”, continuó, “creó un clima artificial de inseguridad y desabastecimiento de productos de consumo de la población, en el contexto de la tramitación de iniciativas legislativas, relacionadas con la seguridad en las carreteras y el control de armas”. “Y partió con Sergio Pérez, líder de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, cuando el 27 de agosto de aquel año afirmó que iban a estrangular las carreteras, y que solo una semana después, tuvo al camionero Wilton Santelices atropellado en Curicó durante la movilización, provocando su fallecimiento”, rememoró. Navarro agregó que, “este paro que desabasteció a Chile, terminó con camioneros haciendo fiestas, asados, alcohol y personas semidesnudas en medio de la carretera, mientras los trabajadores de la salud seguían sin descanso combatiendo la pandemia”. “Esta paralización, que detuvo al país sin ninguna medida por parte del Gobierno, fue tan grave que el Ministro Víctor Pérez tuvo que renunciar tras la Acusación Constitucional que fue aprobada en la Cámara de Diputados y Diputadas”, afirmó. “Por ello es que hemos presentado esta denuncia en contra de quienes resulten responsables por las acciones relacionadas con un presunto acuerdo entre dirigentes del transporte terrestre, en este caso camioneros y el actual gobierno, sobre el cual el mismo Fiscal Nacional Jorge Abbott ha señalado que podría haber delito”, manifestó. “El Artículo 126 del Código Penal”, prosiguió, “tipifica el delito contra la Seguridad Interior del Estado en relación a quienes profieren expresiones o ejecutan acciones…de arrancarles resoluciones por medio de la fuerza o de ejercer actos de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad…sufrirán la pena de reclusión menor o bien la de confinamiento menor”. “De esta forma, esperamos que el Fiscal Abbott ordene investigar los hechos a fin de determinar la existencia del eventual delito en contra de la Seguridad Interior del Estado, formalizando y enjuiciando a los responsables por estos hechos, que tuvieron a un país en vilo y desabastecido en medio de la pandemia, mientras ellos participaban en bacanales, todo con el fin de aprobar leyes afines al gobierno de Piñera”, recalcó Navarro.
El parlamentario anunció que, “hoy presenté un Proyecto para que el Estado asegure por Ley la entrega de mascarillas certificadas a los 18 millones de chilenos y chilenas, en conjunto a dispensadores y puntos limpios para botarlas”. “El Instituto de Salud Pública nos ha respondido por Ley de Transparencia que no hay ni certificación, ni instituciones en Chile que certifiquen la calidad de las mascarillas”, manifestó el Senador Alejandro Navarro Brain. De acuerdo al Presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “expertos como Anton Erkoreka, del Museo Vasco de Historia de la Medicina y la Ciencia y William Hanage, de la Universidad de Harvard, han afirmado que Omicron es el virus más explosivo y de más rápida propagación de la historia”. “Y hoy”, continuó, “el doctor Mauricio Canals de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile señaló que si sigue la tendencia de contagios en nuestro país, en los próximos días tendremos 15.500 casos nuevos de Covid-19, diariamente”. “Por ello reviste la mayor gravedad la respuesta del ISP a nuestra solicitud por Ley de Transparencia, la que señaló que “las mascarillas quirúrgicas corresponden a dispositivos médicos que actualmente no están sometidos a exigencia de verificación…la calidad, seguridad y desempeño es de completa responsabilidad de quien los fabrica, importa y/o distribuye…no se tiene información de las mascarillas quirúrgicas que se comercializan en el país estén certificadas ya sea nacional o internacionalmente”, dijo. “Es decir”, continuó Navarro, “llevamos 2 años de pandemia, y las mascarillas que usamos, que son nuestra principal protección frente a este virus mortal después de las vacunas, no están certificadas, por lo que no sabemos su calidad para detener al Covid”. Para el Senador por la Región del Biobío, “el Ministerio del Medio Ambiente ha establecido que en nuestro país se ocupan diariamente en promedio 34 millones de mascarillas, por lo que si no reaccionamos a tiempo, vamos a pagar un elevado costo porque estamos enfrentando esta pandemia sin mascarillas certificadas”. “Por ello hemos presentado un Proyecto de Reforma Constitucional para obligar al Estado a tener dispensadores de mascarillas certificadas en las instituciones públicas, en los paraderos de locomoción colectiva, colegios, institutos, universidades y todo lugar de afluencia masiva de público, en conjunto a puntos limpios para recolectarlas”, explicó. Alejandro Navarro finalizó señalando que, “el Servicio Nacional de Aduanas afirma que en abril del 2020 y en el marco de la pandemia, levantó las exigencias para las mascarillas en Chile. Pero ante la nueva variante Omicron, catalogada como el virus de más rápida expansión en la historia y las recomendaciones de expertos, se hace necesario tener mascarillas certificadas para todos los chilenos y chilenas, por lo que espero este proyecto se discuta a la brevedad y sea entonces el Estado el que las provea a la población, garantizando por cierto su certificación. Hay que actuar ahora”.
El parlamentario le solicitó al Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y a la de Agricultura, María Emilia Undurraga, que en el principal aeropuerto de la Región del Biobío se adopten los mecanismos de carga rápida de agua para aviones. “Tras el Comité de Emergencia por el incendio forestal en Quillón, conversé con los ministros Delgado y Undurraga respecto a la necesidad de que Carriel Sur pueda cargar agua en aviones grandes ante nuevos incendios, y me señalaron que se hará todo lo necesario para que así sea”, manifestó el senador Alejandro Navarro. De acuerdo al senador por la Región del Biobío, “se pudo contener el enorme incendio de Quillón que consumió más de 2.000 hectáreas y una decena de casas, dejando a varias familias desamparadas, pues muchas las utilizaban como primera vivienda”. “Y si bien esto se logró gracias al trabajo de bomberos y brigadistas en primer lugar, también tuvieron ayudar de las FFAA y las policías, además de distintas entidades del Estado que hicieron todos los esfuerzos para combatir este incendio, donde también actuaron diversos helicópteros y aviones que pueden cargar agua”, explicó. “Y la principal aeronave que estuvo combatiendo este siniestro, fue el Hércules C-130 de la Conaf, que puede descargar hasta 15.000 litros y por tanto, hacer una diferencia en los incendios más severos, pero que solo tiene tres aeropuertos de carga: Concón, Puerto Montt y María Dolores en Los Ángeles”, manifestó el parlamentario. Para el Presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “esto es lo que hemos querido remediar conversando con los ministros, además del director nacional de la DGAC y de la CONAF, pues es claro que desde Carriel Sur hay una menor distancia hacia Quillón que desde Los Ángeles, lo que habría disminuido los tiempos de viaje hacia el incendio”. “Y creo que se ha entendido la necesidad de que ante el verano más seco y con mayor peligro de incendios de las últimas décadas, se habilite el principal aeropuerto del Biobío para carga rápida de agua en aviones como el Hércules, lo que permitirá atacar de forma más eficiente los siniestros que se produzcan en las zonas cercanas”, manifestó. Productiva reunión con CGE Alejandro Navarro se reunió también con el Gerente Zonal Ñuble-Biobío de la Compañía General de Electricidad, Miguel Castillo, a fin de conocer los planes y trabajos de esta empresa en relación a la poda de árboles cercanos a los cables eléctricos. “Tal como CGE, que según nos han informado, han hecho poda en cerca de 60 kilómetros de cables con cobre al desnudo, con 2187 hallazgos de poda que han resuelto y dado seguridad frente al fuego, es que esperamos que todas las empresas eléctricas cumplan de la misma forma, haciéndose cargo de los 4 metros alrededor de los cables que la ley establece, de forma de prevenir los incendios forestales, que como ya hemos visto, ha aumentado un 377% en territorio afectado respecto al año pasado, y con varios meses de verano por delante”, sentenció el senador Alejandro Navarro […]
El parlamentario, quien hace unos días ingresó una denuncia ante la Fiscalía Norte, envió una carta al Secretario de Estado, recordándole que fue él mismo quien deportó a un ciudadano extranjero por amenazar al Presidente de la República. Sería una buena noticia de año nuevo que el Gobierno de Sebastián Piñera actúe en consecuencia, y expulse al venezolano Luis Luces tras haber amenazado al Presidente electo Gabriel Boric”, manifestó el senador Alejandro Navarro. De acuerdo al Presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “hace algunos días interpuse una denuncia criminal ante la Fiscalía Oriente de la Región Metropolitana, en contra de Luis Luces Armado, a fin de investigar los hechos y determinar la existencia de los delitos de amenaza en contra del Presidente electo y en contra de la seguridad interior del Estado, en base a que las acciones desplegadas por este individuo configuran el delito contra la seguridad interior del estado, tipificados en los artículos 123 y 126 del Código Penal y en relación con inciso 3 del artículo 8 y el artículo 15 número 2, del Código Penal”. “En conjunto a ello”, continuó, “le he enviado una carta al Subsecretario Galli, en la que no solo le informo de esta acción judicial, sino que le solicito que ejerza sus atribuciones y tomando como fundamento la Ley de Migraciones, expulse a esta persona que sin duda, ya debería estar fuera de nuestro país”. “Pues tanto el Artículo 15 como el 63 de la mencionada ley, señalan que no pueden acceder a territorio nacional quienes propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno, los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y, en general, los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado”, explicó. Alejandro Navarro finalizó señalando que, “es por tanto de un deber republicano y democrático que el Gobierno de Sebastián Piñera expulse a este individuo, pues fue el mismo Subsecretario Galli quien señaló cuando se deportó a quien amenazó al Presidente de la República, que “esta amenaza no es aceptable, es condenable y en el caso que esa amenaza sea proferida por un ciudadano extranjero que está en Chile, lo que corresponde es que esa persona sea expulsada”. “En este caso, en que el ciudadano venezolano residente en Chile, Luis Luces (y que vale señalar, no sabemos si su visa ha sido renovada o si se encuentra vencida y por tanto de forma ilegal en nuestro país) ha efectuado una amenaza en contra de nuestro Presidente Electo, Gabriel Boric, reviste la misma gravedad, la que debe ser investigada y tener el mismo desenlace de quien amenazó al Presidente Piñera: debe ser expulsado ya”, sentenció el senador por la Región del Biobío.
El parlamentario por el Biobío dijo que “empresas siguen con planes de años normales, pese a que este será uno de los veranos más secos de la historia, con poca humedad y altas temperaturas, condiciones ideales para los incendios forestales”. “Las empresas eléctricas no están haciendo poda, roce ni mantención de líneas relevantes, lo que nos trae los malos recuerdos del año 2017, en que muchos de los focos que contribuyeron a los incendios forestales más grandes de la historia, nacieron por el roce de cables y árboles”, afirmó el senador Alejandro Navarro. De acuerdo al Presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “lo que se viene para nuestro país de acuerdo a expertos universitarios y de la Conaf en cuanto al clima propicio para los incendios, se condice con las miles de hectáreas quemadas en diversas regiones en las últimas semanas, por lo que se hace urgente tomar todas las medidas que permitan la protección de las personas y sus viviendas”. El parlamentario, quien vive en la localidad de Penco, muchas veces afectada por incendios forestales, afirmó que, “en el centro-sur de Chile hay más de 40 zonas sensibles a la ocurrencia de estos siniestros, que en la Región del Biobío parecen ser más comunes que en otras partes, debido a poseer más de 20 comunas críticas, esto es, áreas de interfaz urbano-forestal con una alta incidencia y probabilidad de eventos de este tipo”. Cabe destacar que las 20 comunas son: Concepción, Tomé, Coronel, Penco, Lota, San Pedro de la Paz, Hualqui, Florida, Santa Juana, Los Ángeles, Mulchén, Cabrero, Yumbel, Laja, Curanilahue, Lebu, Los Álamos, Tirúa, Cañete y Arauco. “Lo preocupante”, continuó Navarro, “es que nos han llegado denuncias de diversos lugares en que las ramas de los pinos y eucaliptos están nuevamente chocando con los cables eléctricos, lo que no debería ocurrir pues es deber de las empresas mantener limpias las fajas de 5 metros alrededor de los árboles”. “Por ello hemos solicitado una reunión urgente con el director de la SEC en el Biobío, ya que queremos revisar los planes comparativos de las empresas eléctricas, 2020-2021-2022, de forma de tener claro cuáles son las medidas adicionales que están tomando frente a condiciones climáticas extraordinarias”, afirmó el parlamentario. Navarro, quien es autor del Proyecto de Ley que busca que exista una distancia mínima de 500 metros entre los predios forestales y las viviendas, manifestó que, “cada vez que hay grandes incendios forestales, se queman casas, los caminos quedan envueltos por las llamas, y se pone en peligro la integridad de las personas por esta cercanía innecesaria que tienen las plantaciones forestales”. “Y si a esto le sumamos que las empresas no han limpiado las fajas alrededor de los cables eléctricos, se transforma en una receta mortal. Por ello y como hemos reiterado, de volver a ocurrir una desgracia, los responsables deber ir a la cárcel, para que nunca más muera gente en incendios provocados por la desidia de las empresas”, cerró Navarro.
El parlamentario, quien en junio pasado ingresó una querella criminal que fue desestimada por la Corte, arguyó que la sentencia del ente contralor “debería cambiar la mirada de los jueces, pues hay pruebas fehacientes”. “Contraloría ha señalado que a enero de 2021, de todos los ventiladores que donó la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, al Ministerio de Salud, solo 32 estaban operativos en la red asistencial y que 483 ¡estaban guardados en bodegas!”, exclamó el senador Alejandro Navarro Brain ante un informe del ente contralor revelado por la prensa. De acuerdo al senador por la Región del Biobío, “es inconcebible que en el apogeo de la peor pandemia de la historia, cuando miles de funcionarios de la salud luchaban cada día por mantener vivos a miles y miles de pacientes que repletaban las UCIs, las UTIs a lo largo de todo Chile, se confirme que casi 500 ventiladores mecánicos estaban guardados en bodegas”. “Pues hubo denuncias”, agregó, “como la de la Federación de Asociaciones de Salud Pública, Fedasap, que un paciente había fallecido en el Hospital San José de Independencia por la falta de un respirador mecánico”. “Más aun, en hospitales como El Carmen de Maipú y ante la crítica situación por falta de camas y respiradores, es que debieron comenzar a seleccionar a quienes podían ser conectados a esta ayuda médica artificial, y a quienes no”, recordó Navarro. Para el Presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “por ello es que en junio ya habiamos presentado una querella criminal, pues tenemos la seguridad de que el uso de ventiladores defectuosos, como también ocurrió, generó un gran número de fallecidos y lesionados, tanto por su utilización, como por la confusión y mal utilización que provocó su negligente incorporación a la red de salud”. “No es posible que se donen equipos para salvar vidas en medio de una pandemia, y estos terminen siendo mal usados o directamente guardados en bodegas. La justicia debe investigar por qué habían 500 ventiladores en bodegas y no en salas de urgencia a lo largo de todo el país, y eso es lo que pediremos con esta nueva denucia”, anuncio. Para finalizar, Alejandro Navarro Brain recalcó que, “el informe de Contraloría ha revelado además numerosas irregularidades, como falta de comprobantes contables por $88.582.761; falta de procedimiento de arqueos de cajas y de fondos fijos; falta de respaldo de documentos de modificaciones de rendiciones de gastos; o una discrepancia entre los $1.704.767.961 correspondientes al rechazo de la compra al proveedor Markario Health Care y la rendición del monto por $1.988.793.083”. “Por lo que le pediremos a la corte que se investigue no solo los 483 ventiladores sin uso, sino que también los más de 218 mil millones de pesos que fueron pagados por el Estado y que deben ser rendidos como corresponde hasta el último centavo”, dijo. —
El parlamentario dijo que el Congreso debe establecer los cambios regulatorios que sean necesarios “a la brevedad”. “Informe de la Fiscalía Nacional Económica »sugiere prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución de gas licuado a los consumidores. Osea llegó, pero llegó tarde”, manifestó el senador Alejandro Navarro tras el informe preliminar de Estudio de Mercado sobre el gas en Chile, de la FNE. De acuerdo al parlamentario por la Región del Biobío, “La triple alianza monopólica de las empresas de gas, sigue obscenamente perjudicando a los consumidores”. “Aquí falló la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a quien le corresponde la fiscalización y la Fiscalía Nacional Económica llega, pero llega tarde”, afirmó Navarro. “Aquí se deben tomar medidas de manera inmediata por parte de la Superintendencia”, continuó, “pero además el Congreso Nacional debe de manera urgente sacar adelante una Ley que impida la manipulación monopólica por parte de los mayoristas, y que determine que haya oferta de todas las marcas de tal manera de bajar los precios”. “Además, se debe sancionar y obligar a estas empresas a devolver desde un punto retroactivo las utilidades obscenas que han obtenido a costa de los consumidores y de este triple monopolio”, enfatizó. “Pues no es un misterio para nadie como han subido los precios del gas en los últimos tiempos, lo que afecta sin duda a las personas con mayor vulnerabilidad, a quienes han perdido sus empleos, a los tres millones de adultos mayores que hoy tiene nuestro país”, recalcó Alejandro Navarro Brain. El Presidente de la Comisión de DDHH del Senado finalizó haciendo un llamado a sus pares en el Congreso Nacional, “es tarea de las y los legisladores hacerlo hoy, con o sin Piñera, y establecer por Ley los cambios regulatorios al negocio del gas natural para que baje el precio de este combustible”. “No puede haber otra salida. Chile se cansó y la medida es recuperación de lo pagado de manera excesiva, por lo que junto con una legislación más estricta, las empresas tienen que ser investigadas y sancionadas”, sentenció.
