Durante el estallido social fueron quedando en evidencia, día tras día, manifestación tras manifestación, casos de violaciones los Derechos Humanos por parte del gobierno y sus policías, hacia la ciudadanía en medio de legítimas protestas que se desataron desde el 18 de octubre de 2019. El acceso a internet, teléfonos con cámara y las redes sociales, facilitó la visibilización de tales lamentables sucesos y, fue tal el ruido que causó, que el mismo presidente Sebastián Piñera se vio en la incapacidad de negarlo. Ello, en el contexto del día internacional de los Derechos Humanos, cuando el ejecutivo ante una rueda de prensa en el Palacio de La Moneda, el día 10 de diciembre con motivo de dicha conmemoración, señaló que hubo “atropellos a los Derechos Humanos”.  Tal reconocimiento ocurrió luego de una fase de negación por parte de la autoridad e incluyó un “plan integral de recuperación ocular”, algo que suena muy decoroso para lo que fue la mutilación sistemática de manifestantes, con distinto armamento y tipos de proyectiles en manos de Carabineros y las FFAA.  Perder uno o ambos globos oculares, perder uno de los sentidos, de por vida y de forma irreversible, tal como fue en caso de Gustavo Gatica, sólo demuestra que en Chile se reprime de la forma más cruda y avasalladora las protestas que forman parte de la declaración universal de los DDHH. Es decir, ciudadanos manifestándose legítimamente.  Gustavo Gatica es uno de los tantos ejemplos, un estudiante de psicología que a sus 21 años recibió disparos de balines en sus ojos y ese fue el mismo desenlace para otros cientos de ciudadanos. Algo que me tocó ver de cerca cuando a un amigo muy cercano recibió en total tres perdigones, distribuidos en sus dos manos y que lo llevó a una operación de urgencia. Hoy soy testigo de la investigación de ese caso en manos de la PDI, uno de los tantos casos de mutilación que protagoniza la policía chilena.  Siendo ese el escenario, uno en el que la misma ONG Amnistía Internacional (AI) catalogó en un informe como “la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet”, sólo queda en evidencia el actuar dictatorial y sometedor, de un presidente que presume la idea de la criminalización de la protesta y avala el legado militar. La admiración de Sebastián Piñera al ex dictador no es un secreto. De modo consecutivo Chile, azotado por la violencia del actuar policial encabezado por el exministro de Interior y Seguridad Pública Andrés Chadwick, se enfrenta a una pandemia que se venía incubando en China desde diciembre. Mes en el que nuestro país austral, paralelamente, aún reclamaba sus demandas y reclutaba alrededor de dos millones de personas en Plaza Dignidad (ex Plaza Italia). En diciembre nada hacía presagiar que lo que se venía para Chile y el mundo, iba a ser la evidencia y profundización de tales demandas. Covid-19 muestra la realidad chilena Tristemente la pandemia llegó para agudizar el desamparo de los pobladores de Chile, […]

“Es muy difícil que nos vayamos a la casa y que no hagamos nada», comentó la experta respecto a las pocas garantías que posee la ciudadanía en medio de una pandemia y posterior a una rebelión social. La destacada feminista chilena Kemy Oyarzún, quien es académica de la Universidad de Chile, fundadora del programa feminista de la misma casa de estudios y miembro del comité central del Partido Comunista de Chile, en conversación con Crónica Digital en el espacio “Conversando un café con: nuestra América Morena”, realizó un análisis exhaustivo de la situación que vive el país, en el contexto de la crisis social y posterior crisis pandémica que llegó para acentuar las diferencias de clase y también de género.  “Yo creo que es bien importante entender que el Covid-19 en Chile, viene después de dos importantes hechos sociales y políticos: uno es en mayo de 2018, que fue un movimiento feminista que sacudió el país de norte a sur. El otro, que ya lo han sabido, es un estallido, una revuelta o como algunos lo llaman “una revolución”, de octubre del año pasado (2019)”. Comenzó diciendo, refiriéndose en primer lugar, a un revuelo que partió en las universidades pero que desencadenó en manifestaciones de mujeres en forma transversal. Al que posteriormente, se le sumaría un movimiento nacional. Según Oyarzún, algo que para “entonces, el país venía muy conmocionado por los derechos, muy perturbado por la disposición en la que está el Estado, un Estado neoliberal que no garantiza derechos de ningún tipo ni siquiera durante el estallido, los Derechos Humanos, porque fueron violados con las personas que participaban en estas manifestaciones”.  El nulo compromiso con los DDHH desde La Moneda y el escenario devastador en el que quedó el país luego de que el presidente considerara que “estamos en guerra”, incluso en un contexto legítimo de protesta, se le agregó una pandemia pocos meses más tarde y que entró al país para acentuar todas las diferencias sociales que se estaban reclamando desde octubre de 2019: “Hoy día estamos muchas, muchos, pero no todos, en cuarentena. Hay una cantidad de quienes que no pueden permitirse quedarse en casa. Las personas tienen que salir a trabajar de alguna manera sino, no comen. De hecho el hambre es gigantesco ya, el hambre ha hecho que hayan masivas protestas desde hace algunas semanas y, por supuesto, nuevamente personas encarceladas”.  Bajo el contexto en el que estaba el país y las circunstancias que se han ido dando con la profundización de la crisis sanitaria, la académica cree que “es muy difícil que nos vayamos a la casa y que no hagamos nada (…) entonces el drama es cómo convertimos esta situación negativa, en una situación de transformación que nos ayude a continuar desde el estallido, hacia un Estado que se haga cargo de los derechos sociales, de los Derechos Humanos, de los derechos sexuales y reproductivos. De un pueblo, de una “puebla” digo yo a veces, que esté a la altura y que se […]

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