El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Leonardo Soto (PS), rechazó el anuncio hecho por parlamentarios de oposición sobre llevar al Tribunal Constitucional el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, asegurando que «en nada afecta garantías o derechos fundamentales garantizados en nuestro ordenamiento».
«La primera pregunta que debieran hacerse quienes sostienen lo anterior es si, para nuestra Constitución, existe el mismo estándar de protección para el no nacido que para las personas nacidas. El constituyente de 1980, según dan cuenta las Actas de la Comisión Ortúzar, afrontó este debate estableciendo que no correspondía que, en la Constitución misma, se atribuyera titularidad al no nacido», aseguró el diputado.
Soto explicó que «esta idea se materializa en la actual redacción del artículo 19 de la Constitución Política del Estado que establece estatus y estándares jurídicos de protección distintos. A la Constitución queda entrega la tutela del derecho a la vida de las personas, a la Ley la protección de la vida que está por nacer».
«¿De lo contrario, yo pregunto a mis contradictores, cómo explican ustedes que durante 9 años de la dictadura coexistiera con la actual Constitución el aborto terapéutico que el Código Sanitario permitía?», añadió el parlamentario socialista.
Para Soto, la distinción que el constituyente establece «no es caprichosa ni arbitraria, aun más, representa precisamente la expresión de usos y costumbres arraigados desde los orígenes de nuestra sociedad».
«¿Pues sino, cómo se explica que fetos y embriones no reciben nombres y apellidos, ni sean objeto de ceremonias fúnebres si son objeto de un aborto natural? ¿Cómo justificamos que mantengamos relaciones diplomáticas y comerciales con sociedades que se han hecho cargo del problema regulándolo, si consideramos que sus conductas son ‘asesinas'», cuestionó el diputado.
«Este proyecto, por tanto, simplemente desarrolla el mandato constitucional de respeto al derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, a su integridad personal y autonomía que todos respetamos y reconocemos como absoluto a la madre embarazada, garantizándole condiciones jurídicas y materiales para que pueda, cuando concurren las causales, ejercer su derecho a decidir», concluyó el parlamentario socialista.
Santiago de Chile, 17 de marzo 2016
Crónica Digital
