Una nueva encuesta privada verificó una desaprobación masiva a la presidenta peruana, Dina Boluarte, en medio de un persistente clima de protesta evidenciado por nuevos intentos de bloquear una estratégica carretera. El sondeo de la empresa privada Datum indica que la mandataria tiene una aprobación de solo nueve por ciento de la población, mientras la reprueba 85 por ciento, cifra esta superior a las también negativas de su primer ministro, Alberto Otárola y la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Los resultados se publicaron en una jornada de tensión, en la sureña región de Ica, tras nuevos intentos de manifestantes de bloquear la carretera Panamericana Sur, que recorre todo el sur de la costa peruana, hasta la frontera con Chile. El ministro del Interior, Víctor Torres, viajó a Ica en helicóptero junto al jefe de la Policía Nacional, Jorge Angulo, a inspeccionar la labor de control del punto de la ruta, ubicado a 263 kilómetros de Lima, y donde ayer la Policía desbloqueó por la fuerza el cierre del ducto en la zona de Barrio Chino, foco de la protesta. Las fuerzas especiales de la Policía enviadas de Lima a impedir los bloqueos que demandan el retiro de la presidenta, prontas y nuevas elecciones y una asamblea constituyente, reportaron varios agentes heridos y tres civiles detenidos, uno de ellos adolescente. La encuesta de Datum consigna también que la desaprobación de la gobernante es superada por el Congreso, que ha bloqueado su facultad de relevar a Boluarte o acortar su mandato para que haya nuevas elecciones como salida la crisis política y social, y tiene el 88 por ciento de aprobación, frente a siete puntos porcentuales de desaprobación. Con cifras negativas figura también la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, suspendida por seis meses como presunta jefa de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias, cargo que considera cierto 63 por ciento de la población. Por otra parte, el alcalde conservador de Lima, Rafael López-Aliaga, líder de un partido integrante del bloque de derecha extrema del Congreso y que ha prohibido las marchas por el centro de a ciudad, es desaprobado por 65 por ciento de la ciudadanía limeña y cuenta con el aval de solo 28 por ciento. Lima, 11 de diciembre 2023 Crónica Digital/PL
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Cuatro parlamentarias progresistas pusieron hoy fecha, el 30 de septiembre de 2024, para que la presidenta peruana, Dina Boluarte, deje el cargo, en un proyecto de adelanto de elecciones presentado en el Congreso. “Es imposible sostener que una presidenta responsable de graves violaciones de derechos humanos, que donde quiera que va es rechazada”, dijo la congresista Ruth Luque, autora del proyecto firmado junto a sus colegas Sigrid Bazán, Susel Paredes y Nueves Limache. Se refirió así al hecho de que las presentaciones públicas de la mandataria, sobre todo en el interior del país, registran siempre protestas que reclaman su renuncia y la culpan de más de 60 muertes durante protestas en su contra, en meses anteriores. La Policía se despliega en gran número para dispersar por la fuerza a los manifestantes y arrebatarles los carteles hostiles a la gobernante que asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022 como sucesora de Pedro Castillo, encarcelado y destituido por el Parlamento de mayoría conservadora, ahora aliada de Boluarte. El proyecto de las cuatro legisladoras plantea realizar elecciones generales, presidencial y legislativas, el segundo domingo de julio de 2024 y una eventual segunda vuelta presidencial el último domingo de agosto y que el nuevo mandatario asuma el 30 de septiembre. El proyecto argumenta en sus fundamentos la persistente crisis política y social peruana que afecta la el comercio, el turismo y la economía toda e invoca también las vidas perdidas durante las citadas protestas. “Sería absurdo pretender llegar al poder hasta el 2026 en tan alto grado de rechazo”, dijo Luque en referencia al año en el que culminará el quinquenio para el que fueron elegidos Castillo como presidente y Boluarte como vicepresidenta. Analistas y políticos de izquierda y centro coinciden en la necesidad de nuevos comicios y señalan que la sola convocatoria aliviaría la constante tensión política y social reinante. El proyecto colisiona con la intención de la presidenta de gobernar hasta 2026, compartido con la mayoría prlamentaria, que ha bloqueado varios proyectos de adelanto de elecciones. Esa mayoría plantea abiertamente la determinación de cambiar a autoridades de instituciones del Estado, sobre todo a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones y otros dos organismos electorales, que tras las elecciones de 2021 no aceptaron por falta de pruebas sus reclamos contra la elección de Pedro Castillo. Lima, 9 de agosto 2023 Crónica Digital/PL
