“Esta iniciativa tiene que ver con reformar el SEIA. Esto se refiere a que todos los proyectos que requieran agua deban entrar a la evaluación de impacto ambiental”, aseguró la autora de la moción. En el marco de la crisis climática y de sequía que afecta al país, la diputada Cristina Girardi junto a un grupo transversal de parlamentarios presentará una iniciativa legal que establece la obligación de someter a evaluación ambiental a todo proyecto o actividad económica que requiera una cantidad de agua superior a aquella necesaria para regar 12 hectáreas de riego básico, excluyendo de esta forma a los pequeños agricultores. “Esta iniciativa tiene que ver con reformar el SEIA. Esto se refiere a que todos los proyectos que requieran agua deban entrar a la evaluación de impacto ambiental”, expresó la diputada Cristina Girardi (PPD), autora de la moción parlamentaria. “Hoy días las mineras que usan agua, todos los proyectos que se valúan en relación al agua, de riego, grandes palteros, no entran a evaluación de impacto ambiental y son los que más consumen .Sin embargo, no entran a ningún proceso de evaluación, por lo tanto estamos planteando una modificación a la ley 19.300 para que el artículo 10 y 11 de modifiquen las tipologías que requieren estudios e ingresen los proyectos que requieran agua”, agregó. Mientras, el diputado Jorge Brito (RD), puntualizó que “en la región de Valparaíso, por ejemplo, se instaló un modelo de producción de alimento asociado a los monocultivos de paltos, el cual ha consumido en su mayoría el agua superficial y subterránea en la zona, afectando a las comunidades de la zona quienes han sufrido las consecuencias del modelo de privatización y mercantilización relacionada al agua que tiene como primera prioridad abastecer a la industria extractiva”. “Dicho esto, creemos que esta iniciativa va en la dirección correcta, ya que es urgente legislar sobre la materia para que aquellos proyectos de inversión que se realicen en suelo nacional y utilicen agua, se sometan a un riguroso estudio de impacto ambiental”. Por su parte, la diputada Catalina Pérez (RD), sostuvo que “en el contexto de crisis hídrica y crisis climática, la protección de nuestros recursos naturales debe ser un imperativo ético en el nuevo Chile y para eso creemos que es necesario que todos los proyectos que requieran agua para su funcionamiento sean sometidos a evaluación ambiental y así podamos proteger nuestros territorios, su biodiversidad, y a las comunidades que lo habitan”. Finalmente, Girardi subrayó que en el proyecto quedan excluidos los pequeños agricultores y, de paso, criticó la aprobación del Código de Aguas. “Dejemos fuera a los pequeños agricultores, los que deben regar superficies menores y no impactan el medio ambiente. Tenemos que poner atención sobre este tema del agua. Lo que se aprobó hoy del Código de Agua es totalmente insuficiente”, cerró. El proyecto cuenta con apoyo transversal de parlamentarios, contando con las firmas de Cristina Girardi (PPD), Catalina Pérez (RD), Félix González (PEV), Jorge Brito (RD), Diego Ibáñez (CS) y José Miguel […]
Cristina Girardi
La iniciativa establece nuevas regulaciones a los sostenedores de colegios. La diputada Cristina Girardi junto a Rodrigo González y Carolina Marzán presentaron una iniciativa que modifica tres cuerpos legales en materias educativas, realizando cambios en la ley de inclusión y de aseguramiento de la calidad de la educación. La moción establece nuevas restricciones y regulaciones a los sostenedores de los establecimientos educacionales, nombrando un administrador provisional en el caso de conflictos con los trabajadores del establecimiento que puedan decantar en una huelga que imposibilite la continuidad del servicio, afectando el derecho a la educación para toda la comunidad educativa. Asimismo, apunta a evitar prácticas antisindicales y otorgar mayores atribuciones a los Consejos Escolares en los proyectos educativos, estos con carácter resolutivo. “El proyecto de ley pretende modificar varios aspectos legales en educación. Primero el sostenedor que cometa faltas y sea inhabilitado de por vida no puede tener vínculos con quien sea su reemplazo. Otro aspecto es el de las negociaciones colectivas que no pueden exceder los dos meses y si no existe acuerdo, el Estado debe disponer de un administrador provisional”, subrayó Cristina Girardi, autora del proyecto. A su vez, Girardi explicó que dentro de los cambios también se establece “reducir las prácticas antisindicales, en dos años máximos para sancionar y que los Consejos Escolares podrán tener poder de decisión en relación a proyectos educativos que se presenten”. El proyecto se da a propósito del caso del Colegio Camilo de Henríquez de Temuco, donde se denunciaron una serie de irregularidades que llevaron al cuerpo docente a una huelga que se extendió durante semanas y que si bien el sostenedor fue sancionado con la inhabilidad perpetua para mantenerse en el cargo siguen irregularidades dentro del establecimiento que incluso llevó al despido de una decena de profesores. Por su parte, el diputado y miembro de la Comisión de Educación, Rodrigo González sostuvo que “es fundamental fortalecer el control de los recursos públicos en los recintos educacionales, especialmente en los particulares subvencionados, y también legislar en los vacíos normativos y debilidades para evitar los abusos y el incremento del agobio laboral al interior de las comunidades escolares que afectan a profesores y a los distintos actores educacionales”. La iniciativa cuenta con el respaldo de Cristina Girardi (PPD), Rodrigo González (PPD), Carolina Marzán (PPD), Marisela Santibáñez (PC) y Gonzalo Winter (CS), entre otros.
La propuesta busca restablecer el beneficio estudiantil de gratuidad a quienes lo hayan perdido por el período entre el 18 de marzo de 2020 y hasta 6 meses después del término del estado de excepción constitucional. La diputada Cristina Girardi (PPD) presentó un proyecto de reforma constitucional que busca restablecer el beneficio estudiantil de gratuidad a quienes lo hayan perdido en el período de pandemia por el Covid-19. La propuesta apunta a restablecer el beneficio estudiantil de gratuidad a quienes lo hayan perdido por el período entre el 18 de marzo de 2020 y hasta 6 meses después del término del estado de excepción constitucional, correspondiente al tiempo de duración del Decreto que declara el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública decretado a causa del COVID-19. “Más de 22 mil jóvenes han perdido la gratuidad por distintos motivos durante la pandemia y lo que pretende este proyecto es asegurar que la gratuidad se mantenga”, aseguró la diputada Cristina Girardi, autora del proyecto. “El proyecto plantea que todos aquellos que desde marzo de 2020 hasta seis meses después del estado de excepción mantengan la gratuidad, para que los jóvenes pueden continuar con sus estudios, que es el propósito de la gratuidad ya que, durante la pandemia no han sido más ricos, no están en condiciones de pagar y muchas de sus familias se no lo han pasado muy bien”, agregó. Por su parte, la asesora jurídica en materias de educación, y una de las impulsoras del proyecto, Valeska Concha, puntualizó que “solicitamos un ‘perdonazo’, por única vez, nada del otro mundo. Así como se han hecho “perdonazos” a multitiendas por millones de dólares, esperábamos que el proyecto presentado por el gobierno fuera mucho más amplio de lo anunciado. No es tarde para enmendar el rumbo y dar alivio a más de 22.700 estudiantes y sus familias de comunas como La Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo, Pirque, y de diversas regiones del país”. “La idea de la Reforma Constitucional, nació pensando en ellos, en los más golpeados, en los que no saben qué pasará con sus ahorros previsionales ni con su futuro laboral en corto- mediano plazo. Esperamos contar con el apoyo de las diversas bancadas y que el Gobierno haga lo propio apoyando esta reforma que, además, tiene plena responsabilidad fiscal”, sentenció Concha. Finalmente, Girardi instó al Congreso a aprobar la Reforma Constitucional a la brevedad, para ir en ayuda de los miles de jóvenes que anhelan continuar con sus estudios. “Esperamos que sea prioridad en tabla para que estos jóvenes que están fuera del sistema debido a que perdieron la gratuidad puedan retomar sus estudios”, cerró. La iniciativa legal anunciada por la diputada Cristina Girardi (PPD) cuenta con el respaldo de Karol Cariola (PC), Daniela Cicardini (PS), Rodrigo González (PPD), Camila Rojas (Comunes), Juan Santana (PS), Gabriel Silber (DC), Camila Vallejo (PC), Mario Venegas (DC) y Gonzalo Winter (CS).
La Sala aprobó un proyecto de resolución presentado por la diputada Cristina Girardi a través de la bancada PPD e Independiente, donde expresa su rechazo por la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo de sesionar extraordinariamente y aprobar el Proyecto Dominga. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 90 votos a favor un proyecto de resolución, presentado por la bancada PPD e Independientes, en el que expresa su preocupación y rechazo frente a la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo de sesionar extraordinariamente y aprobar el Proyecto Dominga. En el texto se establece además la inquietud suscitada en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sin considerar el contexto de crisis climática en la que se encuentra el planeta y a la debilidad de la institucionalidad ambiental. La diputada Cristina Girardi, autora del proyecto puntualizó que “el proyecto de acuerdo que presentamos con 90 votos y donde muchos se abstuvieron lamentablemente tiene que ver con la resolución de la COEVA de aprobar Dominga cuando ya había sido rechazado, con un recurso de casación pendiente, lo que es irregular”. “Además la Conaf emitió informes que son absolutamente contrarios a la realización del proyecto y el seremi de Agricultura nunca presentó los antecedentes de la Conaf en el consejo resolutivo que terminó aprobando el proyecto”. Asimismo, Girardi planteó que “el proyecto se aprueba a pocos días de ser emitido el informe del IPCC planteando una situación catastrófica con respecto al cambio climático y que insta a los países a tomar decisiones que sean favorables al medio ambiente y no desfavorables, como es el proyecto de Dominga” “Vamos a recurrir también a otras instancias legales, pues nos parece una grosería total esta decisión de la COEVA de aprobar un proyecto en estas condiciones. Acá uno puede especular que acá se están protegiendo los intereses de los dueños de estos proyectos por sobre el medio ambiente. Lo que le ha interesado al Servicio de Evaluación Ambiental y a la COEVA es defender a los privados y no al medio ambiente”, complementó. Por su parte, el diputado PPD y Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Ricardo Celis, sostuvo que «revisar nuevamente el proyecto Dominga, pese al rechazo en su oportunidad por el consejo de ministros y estando pendiente recursos judiciales, es una pésima señal del poder político-económico, donde se privilegia lo económico en una mal comprensión de la emergencia climática». El parlamentario añadió que «estas son malas noticias para un área protegida, para la región y para el planeta». La iniciativa contó con las firmas de los diputados y diputadas PPD Cristina Girardi, Carolina Marzán, Andrea Parra, Patricia Rubio, Rodrigo González, Ricardo Celis, Raúl Soto, Tucapel Jiménez y el independiente René Alinco.
La diputada lamentó la ausencia de parlamentarios en la rechazada acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa. “Los que no participaron son tan responsables como aquellos que niegan la situación que está ocurriendo en las escuelas”. Tras rechazarse en la Sala por 71 votos a favor y 76 en contra la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, la diputada Cristina Girardi, sostuvo que esto es un duro golpe en la búsqueda de mejoras en la educación pública en nuestro país. “Esto no es solo una acusación constitucional o perseguir a un ministro. Esto tiene que ver con las condiciones con la que se está desarrollando la educación de los niños más pobres de Chile”, sostuvo la parlamentaria. “Estamos en pandemia y la situación sanitaria de las escuelas se hace sumamente relevante y hoy las condiciones no se cumplen. Me llama la atención este nivel de negacionismo de parlamentarios de no querer ver la realidad de las escuelas. Las escuelas que denuncié no son municipales, son administradas por el Mineduc a través de los Servicios Locales de Educación Pública”, agregó. Finalmente, Girardi criticó a los parlamentarios que no estuvieron presentes en la acusación constitucional, enfatizando que era su deber participar en tan importante instancia para el futuro de la educación pública. “Los que se restaron de participar en este proceso, se restaron también de asegurar y garantizar, que es el rol de este Parlamento, el derecho a la educación en las condiciones que se merecen los niños de este país. Los que no participaron son tan responsables como aquellos que niegan la situación que está ocurriendo en las escuelas”.
