La iniciativa establece nuevas regulaciones a los sostenedores de colegios.
La diputada Cristina Girardi junto a Rodrigo González y Carolina Marzán presentaron una iniciativa que modifica tres cuerpos legales en materias educativas, realizando cambios en la ley de inclusión y de aseguramiento de la calidad de la educación.
La moción establece nuevas restricciones y regulaciones a los sostenedores de los establecimientos educacionales, nombrando un administrador provisional en el caso de conflictos con los trabajadores del establecimiento que puedan decantar en una huelga que imposibilite la continuidad del servicio, afectando el derecho a la educación para toda la comunidad educativa.
Asimismo, apunta a evitar prácticas antisindicales y otorgar mayores atribuciones a los Consejos Escolares en los proyectos educativos, estos con carácter resolutivo.
“El proyecto de ley pretende modificar varios aspectos legales en educación. Primero el sostenedor que cometa faltas y sea inhabilitado de por vida no puede tener vínculos con quien sea su reemplazo. Otro aspecto es el de las negociaciones colectivas que no pueden exceder los dos meses y si no existe acuerdo, el Estado debe disponer de un administrador provisional”, subrayó Cristina Girardi, autora del proyecto.
A su vez, Girardi explicó que dentro de los cambios también se establece “reducir las prácticas antisindicales, en dos años máximos para sancionar y que los Consejos Escolares podrán tener poder de decisión en relación a proyectos educativos que se presenten”.
El proyecto se da a propósito del caso del Colegio Camilo de Henríquez de Temuco, donde se denunciaron una serie de irregularidades que llevaron al cuerpo docente a una huelga que se extendió durante semanas y que si bien el sostenedor fue sancionado con la inhabilidad perpetua para mantenerse en el cargo siguen irregularidades dentro del establecimiento que incluso llevó al despido de una decena de profesores.
Por su parte, el diputado y miembro de la Comisión de Educación, Rodrigo González sostuvo que “es fundamental fortalecer el control de los recursos públicos en los recintos educacionales, especialmente en los particulares subvencionados, y también legislar en los vacíos normativos y debilidades para evitar los abusos y el incremento del agobio laboral al interior de las comunidades escolares que afectan a profesores y a los distintos actores educacionales”.
La iniciativa cuenta con el respaldo de Cristina Girardi (PPD), Rodrigo González (PPD), Carolina Marzán (PPD), Marisela Santibáñez (PC) y Gonzalo Winter (CS), entre otros.
