Consternación y dolor provocó en todo un país el asesinato de la periodista Francisca Sandoval, joven reportera del medio comunitario Señal 3 de la Victoria, por un disparo mientras reportaba la marcha del 1 de mayo por el día del trabajador, en las cercanías del barrio Meiggs, en Estación Central. Un asesinato a sangre fría que enlutó no solo a la prensa, sino que a la democracia, donde una de sus principales características es velar por la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión. Expresarse de manera libre, sin obstáculos y sin censura previa es esencial en un Estado democrático. Es el sello de una sociedad que facilita el ejercicio del cuarto poder: la prensa. Con el asesinato de Francisca Sandoval, se hiere la vulnerabilidad que sienten los ciudadanos, porque quienes tienen el deber de cuestionar a las instituciones, al poder e investigar, son vulnerados, dejando en desprotección a quienes acuden al Periodismo, para transparentar lo que ocurre en las calles, en los salones del poder y los conductos que facilitan la corrupción. Lo más probable es que sus asesinos fueran delincuentes comunes, quienes cada día tienen más poder y más motivos para temer a una prensa inquisitiva. Son urgentes las medidas para garantizar la protección de los periodistas en el ejercicio de sus funciones, porque facilitar su trabajo, no solo enaltece al Estado, sino que pone en primer lugar un derecho fundamental, que es cuestionar y relevar las principales preocupaciones y problemas de la sociedad, que son las labores que cumplen los medios de comunicación. Medios que también debemos cuidar y vigilar, para que nuestra democracia funcione. Ahora que algunos periodistas chilenos están cubriendo la guerra en Ucrania, arriesgando su vida para mantenernos informados, no puede ser que en una calle de Santiago, se corra el mismo peligro que en la periferia de Mariúpol. Mostrar la realidad puede ser peligroso, y hay que valorar el esfuerzo que los periodistas hacen, por visibilizar lo que otros desean esconder a toda costa. ¡Transparentar hasta que duela!
Democracia
Una consulta popular sobe el Código de las Familias, el congreso Universidad 2022, y juicios a implicados en desmanes el pasado 11 de julio centraron la atención en Cuba en la semana que hoy finaliza. El proceso democrático sobre el Código comenzó el 1 de febrero y avanzó esta semana con la realización de asambleas en las cuales la población expresa sus propuestas sobre el texto legislativo, en proceso que se extenderá hasta el 30 abril. Posteriormente todas las opiniones serán valoradas por la Asamblea Nacional del Poder Popular para la redacción del documento que será sometido a referendo con la asistencia de más de siete millones de electores, para su definitiva aprobación. A juicio de las autoridades y de especialistas, el Código tiene un marcado carácter inclusivo, es respetuoso con los tratados internacionales y reconoce derechos a cada persona en el ámbito familiar, sin pretender imponer modelos y recogiendo toda la diversidad de la sociedad cubana del presente. En paralelo, a todo lo largo de la semana La Habana fue centro de debates académicos con la participación de unos mil 500 delegados de más de 40 naciones en el Congreso Internacional Universidad 2022. Este año el evento, en su decimotercera edición, abordó estrategias para paliar los efectos de la pandemia de Covid-19, el cumplimiento de los objetivos de la agenda 2030 de desarrollo sostenible, la conexión de la ciencia con los programas de desarrollo nacionales y la formación de profesionales, entre otros temas. El congreso contó además con una activa participación del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien recibió a delegaciones visitantes, participó en la clausura y también en la inauguración del encuentro con la conferencia “Gestión de gobierno basada en ciencia e innovación: avances y desafíos”. Otro foco de atención fue el comienzo el lunes en esta capital de un juicio a 33 imputados por participar en acciones violentas y vandalismo los pasados 11 y 12 de julio. Esos hechos fueron expresión de la guerra mediática y económica lanzada contra Cuba desde Estados Unidos con el fin de provocar un cambio de gobierno en la isla. Las autoridades cubanas han reiterado que esos juicios se atienen a las normas legales vigentes para el debido proceso y en las sesiones se mostraron pruebas de que los imputados no eran “manifestantes pacíficos” sino todo lo contrario. Durante la vista, acusados expresaron incluso su arrepentimiento por la participación en los desórdenes públicos, y familiares de detenidos confirmaron la transparencia y legalidad del proceso en el tribunal, según imágenes ofrecidas por la televisión local. Se aclaró además que en todas las sesiones realizadas hasta ahora no fueron juzgados menores de 16 años de edad –como alega la matriz de opinión lanzada desde el extranjero-, pues el Código Penal vigente establece que la responsabilidad penal es exigible a la persona natural solo a partir de esa edad en el momento de cometer el delito. La Habana, 12 de febrero 2022 Crónica Digital/PL
Por Marcel Garcés Muñoz. Nuevamente en Chile, como en 1973, lo que está en grave riesgo es la democracia y la libertad. La derecha política y empresarial, la oligarquía y los poderes facticos a su servicio, el aparato policial y militar, se disponen a desconocer y si es necesario reprimir las demandas ciudadanas de democracia, progreso, justicia y derechos humanos que maduran en la sociedad, que requiere de cambios, progreso, derechos humanos reales y libertad. Por ahora los campos de batalla son el Congreso, la Convención Constituyente, la llamada macrozona de la Araucanía, los tribunales de justicia, el escenario de la estrategia y táctica de las Fuerzas Armadas, la Inteligencia estatal, todo ello en un marco conceptual y político de “Guerra Interna” que está en pleno desarrollo. Los episodios inocultables, de la ocupación militar-policial en el Walmapu, los ataques militares y de comandos de la Marina a manifestaciones de jóvenes y mujeres mapuche con agresiones a niños y ancianos, o pescadores artesanales, aparecen como deliberadas provocaciones, destinadas tanto como a reprimir a los “enemigos”, como una práctica para acostumbrar -entrenar- a los uniformados a nuevos episodios, más violentos y mortales, en el marco de una estrategia de guerra interna. Desde La Moneda, los grupos de poder empresariales, el “segundo piso”, se parapetan y utilizan al propio Presidente Sebastián Piñera como portavoz político, operador y manipulador generador de montajes represivos, que aportan y alimentan elementos de propaganda de guerra, y manipulación sicológica de masas, como parte integrante de la estrategia de “guerra interna”, que utiliza para encubrir su incapacidad de estadista, lo que siempre ha soñado ser para pasar a la historia nacional. En la zona mapuche se están aplicando estrategias y tácticas puestas en práctica en Colombia, en la lucha contrainsurgente, cuya doctrina fue elaborada por el Pentágono y la CIA, y que integra en sus supuestos básicos, la supuesta y calumniosa idea de identificar insurgencia, lucha guerrillera -cuyas motivaciones son esencialmente políticas, de liberación, sociales y económicas- con argumentaciones simplificadores y falsas, sobre una supuesta identificación de lucha guerrillera, violencia y narcotráfico. Al desatarse la rebeldía juvenil, popular, feminista, poblacional, ciudadana del 18 de octubre de 2019, Piñera se declaró en una guerra contra “un enemigo cruel e implacable”. Pero luego tuvo que recular e intentan apropiarse de las demandas que motivaron el estallido, y pretender manipular el inevitable proceso de la discusión por la ciudadanía de una Nueva Constitución, y dar paso, a regañadientes, a la Convención Constituyente. Fue contra su voluntad y por ello, la Derecha Política y Económica, olvidándose de las buenas maneras lo obligó a maniobrar para poner en la agenda política y social de Chile el desarrollo, bastante mediatizado en su primer momento, de un proceso de búsqueda de una Nueva Constitución, pero poniéndole condiciones, cortapisas, a la expresión ciudadana. Es decir, con “letra chica”, con cerrojos a la real expresión de la voluntad ciudadana, pretendiendo utilizar al Congreso Nacional, a los Tribunales, a los “especialistas”, a los analistas, a los gremios empresariales, para sabotear, desconocer, los derechos otorgados a […]
