Los planes de Salud y Alimentación no estarían garantizados para todos los y las estudiantes que retornaron de manera masiva a clases presenciales. Además, exigen la renuncia del director del servicio, Jaime Tohá. Justo cuando vuelven de manera masiva los estudiantes de todo el país la Asociación Nacional de Funcionarios de Junaeb (Afaeb) acusó los problemas de gestión institucional que tienen al servicio funcionando con lo justo en desmedro de la población estudiantil. Algunos de los problemas que denuncian tienen afectan a los Programas de Alimentación Escolar y Salud del Estudiante. En el primero, para la asignación de raciones de este año se repitió la programación del año 2020. “Como si la situación de vulnerabilidad y necesidad no se hubiese afectado por la pandemia. Esto, a pesar de que el año 2021 la asignación en modalidad de canastas tuvo una cobertura notoriamente mayor, existiendo estudiantes que el año pasado recibieron alimentación, pero este año, por una decisión administrativa y presupuestaria, simplemente fueron excluidos”, señalan los trabajadores/as mediante un comunicado. La dimensión de la rebaja bordea el 30% comparada con el 2021, es decir, alrededor de un tercio o más de quienes recibieron canastas el año pasado, no tienen derecho a alimentación para este año escolar. Los establecimientos con baja matrícula -menor o igual a 100-, durante el 2021 se les otorgó una cobertura universal inferior.. “Se rebajó sin explicaciones, propiciando conflictos a causa de esta suerte de discriminación, ya que resulta muy notoria para quienes son excluidos frente a sus pares”, indicaron en el texto. Asimismo, indicaron que el aumento de estudiantes inmigrantes y la exigencia de contar con un rut provisorio también constituye una barrera para que accedan a la alimentación, ya que dependen de los tiempos asociados a dicho trámite, que a su vez recae en un organismo público distinto, cuyos tiempos no guardan relación con la dinámica escolar, lo que podría retrasar aún más la asignación y entrega de manera oportuna. Además, desde Afaeb apuntaron que el Consorcio Merkén, estos días ha reportado falta de abastecimiento en las cocinas, que ha repercutido en la preparación de una cantidad de raciones menor a la asignada (ya menor al 2021), dejando un porcentaje de estudiantes sin poder acceder al beneficio. Según los trabajadores/as la empresa suele incurrir prácticas antisindicales, incorporación de ex directivos de Junaeb, presentación en licitación bajo otros nombres de su consorcio, valores de oferta por debajo de mínimos posibles (competencia desleal) y en estos días, la preparación de menor número de raciones por falta de abastecimiento, significando un serio riesgo para la calidad, oportunidad y cobertura del programa. En tanto, el Programa de Salud del estudiante posee distintas áreas de trabajo, una de las cuales recae en Servicios Médicos, que consiste en la atención médica y la entrega de tratamientos en las especialidades de oftalmología, otorrino y traumatología, sin emabrgo, producto de la pandemia, las atenciones presenciales se suspendieron y posteriormente se fueron retomando según las condiciones y el plan Paso a Paso lo permitía, pero, […]
Denuncia
La organización ambientalista Greenpeace Chile presentó ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) una denuncia por elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental en contra de la empresa Salmoconcesiones XI Región SA. La denuncia se funda en que la empresa señalada, titular de una concesión acuícola en el lugar, otorgada mediante Resolución Exenta N° 1791, de fecha 30 de septiembre de 1999, de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, ha realizado desde mediados de agosto de este año actividades de operación de un centro de cultivo acuícola salmonero, sin tener Resolución de Calificación Ambiental que autorice su ejecución. Además, explican, estarían recién operando una concesión de más de 20 años de antigüedad, la que debiese estar caduca. La empresa Salmones de Chile tiene una concesión de 6,5 hectáreas en plena bahía, de Puyuhuapi, en la región de Aysén, para la producción de salmones. Esta concesión fue entregada en 1998, y desde 2013 no registraba ningún tipo de operación. “En la denuncia planteamos que, dado el tipo de proyecto y su ubicación le correspondía ingresar previamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental según la legislación ambiental aplicable, lo que no ocurrió. Las operaciones de este proyecto son completamente ilegales y se deben frenar. Esperamos que la SMA efectué las fiscalizaciones necesarias, frene este proyecto mientras se investigue, para posteriormente abrir un procedimiento sancionatorio que determine las infracciones y sanciones concretas para el caso. Desde Greenpeace sostenemos que este proyecto no puede continuar ni ser aprobado posteriormente”, enfatiza, Estefanía González, Coordinadora de Campañas de Greenpeace. Esta denuncia de Greenpeace, se realiza en apoyo al movimiento Puyuhuapi sin salmoneras, quienes ya han presentado un recurso de protección y una solicitud de caducidad de la concesión acuícola, junto con diversas manifestaciones. Luisa Ludwig, historiadora local de Puyuhuapi y miembro del movimiento Puyuhuapi sin salmoneras explica que: «Más allá de defender nuestras fuentes de ingreso, que dependen de la belleza escénica de nuestra bahía y la limpieza de sus aguas, nuestra lucha contra la salmonera en la bahía de Puyuhuapi obedece a un tema de principios: la naturaleza tiene sus leyes. El medioambiente no perdona una violación permanente de su equilibrio ecológico. El voluntarismo de la empresa Salmones de Chile, que supuestamente tiene el “derecho” de instalar sus jaulas y traer sus salmones, es un ejemplo de desprecio de la Madre Tierra, de la cual todos dependemos y sin cuyo beneplácito estamos destinados a desaparecer. No vamos a permitir la instalación ilegal de esta empresa, y continuaremos trabajando por defender la bahía» . «Nuevamente vemos como una empresa salmonera llega y se instala de manera ilegal, sin siquiera tener resolución de calificación ambiental y por lo mismo, su instalación fue en el medio de la noche. Desde Greenpeace en apoyo a la comunidad local, nos sumamos a las acciones legales con esta denuncia a la Superintendencia del Medio Ambiente. Este proyecto no debe estar instalado. No es posible que esta industria continúe operando al margen de la ley y contaminando zonas únicas de […]
El diputado Boris Barrera (PC) llamó a «otros servicios que han pasado por lo mismo a qué hagan la denuncia, ya que tenemos antecedentes que se ha usado la misma política y el único perjudicado es el Estado». El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Fosis, Patricio Lama, en conjunto con la diputada Claudia Mix, el diputado Boris Barrera, y el presidente nacional de la ANEF, José Pérez, ingresaron hoy una denuncia en Contraloría contra el director ejecutivo del Fosis, Felipe Bettancourt Guglielmetti, debido a las masivas desvinculaciones ilegales y arbitrarias que han ocurrido desde que asumió el cargo el 28 de junio de 2018 y que han significado el pago de millonarias indemnizaciones y reincorporaciones, con cargo al erario público. De acuerdo a una investigación de la Asociación Nacional de Funcionarios del Fosis, desde agosto del 2018 a junio del 2021, en el Fosis se han pagado $355.740.680 por concepto de indemnizaciones y pago de remuneraciones con efecto retroactivo relacionadas a desvinculaciones consideradas ilegales y arbitrarias por los tribunales; y otros $70.142.809 por concepto de asesoría legal externa para estos juicios. Lo anterior ha traído como consecuencia un perjuicio económico de $425.883.489 para el patrimonio fiscal. Esto, sin considerar que aún existen más de una docena de juicios por despidos arbitrarios en proceso, lo que permite augurar que antes del término de este gobierno, las autoridades de Fosis habrán pagado más de 500 millones en indemnizaciones. «Hemos presentado esta denuncia por los cientos de millones de pesos que se han gastado en indemnizaciones producto de fallos que han determinado que los despidos en el Fosis los últimos tres años han sido arbitrarios por persecución política y por discriminación y han significado una vulneración de derecho», explicó Lama. «Lo que venimos a pedirle al Contralor es que haga efectiva la responsabilidad administrativa del director ejecutivo del Fosis, que se establezca un sumario, que se haga efectiva la responsabilidad civil y que se siga un juicio de cuentas para que sea el director ejecutivo del Fosis quien pague el costo de estos despidos arbitrarios que ha llevado a cabo durante estos años», agregó. La diputada Mix, en tanto, señaló que “nos parece del todo razonable y pertinente pedirle al Contralor de la República que se pronuncie sobre esto y que haga efectiva la responsabilidad administrativa y política que tiene hoy día el director ejecutivo del Fosis”. La parlamentaria agregó “estamos hablando sólo en el Fosis de más de $500 millones, recursos que hubiesen sido fundamentales para apoyar a quienes lo están pasando mal producto de la pandemia ”. Por su parte, el diputado Boris Barrera indicó que “como integrantes de la Comisión de Desarrollo Social vamos a pedir que se cite al director del Fosis para que dé cuenta de todo lo que ha sucedido. Me parece impresentable en momentos donde la crisis económica se agudizó por efecto de la pandemia, tengamos a una institución, cuya misión es generar políticas para superar la pobreza, malgastando estos recursos por persecución […]
Tras un patrullaje efectuado por guardaparques de la unidad birregional, CONAF presentó denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente de las regiones de Antofagasta y Atacama, debido al daño causado a cactáceas y a vegetación nativa. Un camino de 8,6 km de extensión, cuyo ancho fluctúa entre los 8 a 10 metros, y una cancha de una superficie aproximada de 750 m2 fueron las obras no autorizadas descubiertas por personal de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) del Parque Nacional Pan de Azúcar el pasado 15 de agosto, hecho que fue denunciado por las direcciones regionales de Antofagasta y Atacama del organismo forestal el miércoles 18, ante la Superintendencia de Medio Ambiente de sus respectivas regiones, tras la constatación del ilícito y mesura del perjuicio. El daño ambiental, consistente en el aplastamiento y descepado de vegetación xerofítica (adaptada a zonas áridas y semiáridas), ocurrió en el sector de pampa Blanca, con dirección a la quebrada de Guanaco Muerto. Entre las especies vegetales dañadas figuran, por ejemplo, las flores conocidas popularmente como suspiros (Nolala peruviana y Nolana molli), además del cactus de la especie Copiapoa cinerea var. columna alba, cuyo estado de conservación es casi amenazada de extinción. Héctor Soto Vera, director regional de CONAF Atacama, indicó que tras el hallazgo, el personal del parque fue instruido para cerrar de manera definitiva el camino, además de instalar señalética provisoria que especifica la prohibición de ingreso al área. “Es importante resaltar que este sector es una zona de preservación, según lo establece el plan de manejo del Parque Nacional Pan de Azúcar, vale decir, un lugar donde no está permitida la visitación y menos cualquier tipo de intervención humana”, especificó Soto. La autoridad regional añadió que los objetos de conservación del Parque Nacional que sufrieron daño ambiental producto de la construcción del camino ilegal son, de forma directa los cactus de la especie copiapoa y el ecosistema del sector Las Lomitas, serranías y aguadas. En tanto, de manera indirecta, son afectados animales carnívoros y guanacos. Por su parte, Cristian Salas Papasideris, director regional de CONAF Antofagasta, añadió que tales obras no autorizadas agravan el estado de conservación de los cactus nativos, “en particular, considerando el contexto actual, en donde existe una preocupación mundial creciente producto del tráfico de especies únicas en el mundo y endémicas de nuestro país, resulta de máxima preocupación la destrucción de individuos de Copiapoa cinerea var. columna alba, especie de alto valor comercial y víctima del tráfico mundial de cactáceas”. Cabe señalar que la construcción de la vía infringe la normativa asociada al área silvestre protegida y ordenanzas generales referidas a la construcción de obras, diseño y localización de estas, como también la extracción de recursos naturales y culturales del parque nacional.
