Los problemas de distribución de las aguas son una constante en Chile desde que se promulgó el Código de Aguas y la Constitución del 80, pero sus efectos solo comenzaron a notarse cuando la sobre explotación dio paso a la escasez y por lo tanto, la arbitrariedad en los repartos se hizo más notoria.
Un caso emblemático en es el río Aconcagua, un mismo río dividido en 4 secciones, es decir, la misma agua era administrada por entes distintos y siempre desde una óptica productivista, pues el Código del 1981 transformó por ley a lo que antes eran comunidades de agua (las mismas que hicieron en muchos casos el canal a pulso, que se juntaban una o dos veces al año a limpiar en verdaderas fiestas del trabajo colectivo), en sociedades anónimas, determinando que la cantidad de acciones definirá el peso participativo, por lo tanto quien concentre los derechos de aprovechamiento tiene más poder de decisión. Con ello, la mirada empresarial, pesó, en todas las secciones del río Aconcagua, más que la mirada campesina, aunque son las y los campesinos quienes tienen la capacidad y la costumbre de observar el río y alertar cuando hay índices preocupantes. Estas alertas, ni antes, ni ahora, han sido debidamente escuchadas por las Juntas de Vigilancia.
Es en este marco, y dado el aumento de conflictividad que se expresaba en la distribución, la Dirección General de Aguas determinó intervenir, acogiéndose a lo que establece la ley 21.435 “En aquellos casos en que dos o más juntas de vigilancia ejerzan jurisdicción en la misma fuente de abastecimiento, por encontrarse ésta seccionada, la Dirección General de Aguas podrá ordenar una redistribución de aguas entre las distintas secciones.” Con ello, después de años de denuncias y demandas, la Dirección General de Aguas, estuvo finalmente habilitada para salvaguardar un interés superior al meramente empresarial.
Sin embargo, la Junta de Vigilancia de la Primera Sección, ha decidido no acatar esta resolución de la DGA, argumentando que “Lo que es incumplimiento para otros, para nosotros es defender lo legítimo”, y a través de las redes sociales está alentando a la confrontación entre campesinos, circulando por diversos chats el mensaje “las Asociaciones de Canalistas de las provincias de Los Andes y San Felipe, han acordado jornada de protestas por las limitaciones del gobierno al decretar la intervención de la Primera Sección del Río Aconcagua. Por ello, toda la provincia de Los Andes estará bloqueada en sus accesos por Cuesta Chacabuco, Puente el Rey, Los Villares, Tocornal, San Rafael y Camino Internacional, los días miércoles 8 y jueves 9 de febrero de 2023”.
Esta situación resulta particularmente preocupante, toda vez que los indicadores ecosistémicos del Río Aconcagua no dan para más. Ya en Julio de 2019, Ulrike Broschek, directora de Escenarios Hídricos 2030, de Fundación Chile, que no es precisamente una organización conservacionista, señalaba que luego de 10 años de estudiar el comportamiento de la cuenca del Aconcagua “Se necesitan medidas integrales con la mirada de todo el conjunto del sistema, relacionadas con administrar mejor el agua para una distribución equitativa del recurso para todos los usuarios de agua, incentivos para el uso sustentable y eficiente del agua por parte de todos los sectores productivos, medidas para recuperar y conservar ecosistemas hídricos (como ríos, humedales, lagunas, bofedales, napas subterráneas), que han sido dañados y que son nuestras principales fuentes de agua, una priorización de usos del agua para asegurar un desarrollo diversificado a nivel país en las zonas rurales”.
En el mismo informe se desmitifica uno de los grandes argumentos que han estimulado y justificado obras de intervención graves para la sostenibilidad del ciclo hídrico, como entubamiento de esteros y canales o desviaciones del curso del río, pues se evidencia que en términos de consumo, el agua potable y saneamiento equivale a 0,31 m³/s (que incluye a más de 80 sistemas sanitarios rurales severamente afectados por la baja de caudal, a los otros que han podido mantener una cobertura normal, y a la extracción de Esval para satisfacer el consumo urbano) mientras que el agrícola, asciende a 13,76 m³/s (fundamentalmente paltos y uva de exportación), y el minero a 1,02 m³/s.
Particular interés reviste que el Presidente de la Junta de Vigilancia de la Primera sección, Javier Crasemann, que dice defender a los pequeños productores, declaró hace unos días en medios de prensa: “Es verdad que no es sequía, es saqueo, y el saqueador número uno es la DGA”. Sin embargo, Crasemann no es campesino, sino que es ingeniero comercial de la universidad Diego Portales, socio y representante legal de Agrícola Las Parcelas SPA, sociedad que tributa bajo el rubro “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler”, y declara como actividad económica principal la “Compra, venta y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles propios o arrendados”, y cuyo patrimonio acreditado en registros públicos, tiene más ceros que los de cualquier campesino del territorio.
Ante la urgencia de cuidar el patrimonio colectivo, de las presentes y futuras generaciones, por sobre apetitos individuales es que se mandató la redistribución, en la ruta de una administración integral que vea a la cuenca como una unidad. Pues es evidente que invocando el agua para consumo humano se han invertido recursos públicos y diseñado políticas que han distorsionado el comportamiento natural de la cuenca en beneficio de un reducido número de empresarios agrícolas (y a veces ni siquiera agrícolas), y contra la viabilidad de la agricultura campesina y la vida rural.
Los llamados realizados hoy por radios locales a movilizarse y cortar carreteras para presionar a la DGA, obedecen a esta misma lógica de invocar el bienestar del pequeño para beneficiar a los grandes, es de esperar, que en estos contextos de cambio climático y de avance del desierto, el sentido común del campesinado que ha perdido cosechas, se ha peleado con sus vecinos, y duda cada año si plantar o no, se ponga del lado de la naturaleza que desde siempre lo ha sostenido y no del lado de quien le da empleo una vez que le aniquilaron sus posibilidades productivas.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
Santiago de Chile, 9 de febrero 2023
Crónica Digital/OLCA
