Andrés Figueroa Cornejo El Gas Licuado del Petróleo (GPL), así como el Gas Natural (GN) es importado a Chile fundamentalmente desde Argentina y Estados Unidos a través del mar. Al país arriba a dos plantas regasificadoras: la de Quinteros y la de Mejillones, donde se procesa e introduce en los cilindros para su consumo doméstico. Sin embargo, sólo tres empresas monopolizan la distribución gasífera, de las cuales Metrogas, propiedad de Gasco S.A., se lleva más de la mitad del mercado. Tras emitir recientemente un estudio de alto impacto social, la Fiscalía Económica (FNE) detectó graves irregularidades en la industria de la distribución del gas, entre cuyas aseveraciones está que el precio de venta al público de cada cilindro de gas licuado debiera ser 15% menor que el actual, y el precio del gas natural que pagan los usuarios de Metrogas tendría que estar 20% más barato. El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, aseguró que, “Este estudio confirma que el mercado del gas no es suficientemente competitivo y nuestras recomendaciones buscan que esta situación cambie lo antes posible en beneficio de los consumidores, porque estamos convencidos de que los precios pueden ser significativamente menores a futuro si se ajusta la regulación”. El Informe Preliminar de su sexto Estudio de Mercado, donde la FNE abordó el mercado del gas en Chile en el período comprendido entre 2010 y 2020, se enfocó en los grupos sociales que usan gas licuado de petróleo y gas natural. Para desarrollar el estudio, la FNE recopiló datos inéditos sobre el mercado del gas en el país y contó con la asesoría de los académicos Juan Pablo Montero, de la Universidad Católica de Chile, y de Eduardo Saavedra, de la Universidad Alberto Hurtado, además del economista de la Universidad de Oxford, Christopher Decker. La FNE calculó que, debido a la concentración del mercado del GLP, los distribuidores privados mayoristas de esta energía incrementaron sus utilidades anuales hasta un 55% más que las obtenidas el 2014, lo que equivale a US$ 261 millones anuales “extra” de ganancias. Por otra parte, la Fiscalía detectó que una excepción contenida en la última reforma a la Ley de Servicios de Gas, de junio de 2017, permitió a Metrogas, a través de Agesa, una empresa no sujeta a regulación, incrementar a los consumidores el precio de su servicio de distribución de GN. Ello se tradujo, desde febrero de 2017, en un aumento de hasta un 20% en el precio del gas natural residencial pagado por los clientes de Metrogas, equivalentes a US$ 87 millones anuales. El caso de Gasco S.A. La corporación Gasco, duramente tratada por la Fiscalía Nacional Económica junto con Lipigas y Abastible, y empresa que se lleva la parte mayoritaria del negocio, aseguró que la propuesta de la entidad, “podría terminar perjudicando gravemente la calidad del servicio y también el precio del gas en el país”, sin ofrecer ninguna explicación de cómo y por qué disparó los precios. Por otra parte, Patricio Tapia Gómez y Solange Bustos, dirigentes del Sindicato […]
Gasco
El parlamentario dijo que el Congreso debe establecer los cambios regulatorios que sean necesarios “a la brevedad”. “Informe de la Fiscalía Nacional Económica »sugiere prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución de gas licuado a los consumidores. Osea llegó, pero llegó tarde”, manifestó el senador Alejandro Navarro tras el informe preliminar de Estudio de Mercado sobre el gas en Chile, de la FNE. De acuerdo al parlamentario por la Región del Biobío, “La triple alianza monopólica de las empresas de gas, sigue obscenamente perjudicando a los consumidores”. “Aquí falló la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a quien le corresponde la fiscalización y la Fiscalía Nacional Económica llega, pero llega tarde”, afirmó Navarro. “Aquí se deben tomar medidas de manera inmediata por parte de la Superintendencia”, continuó, “pero además el Congreso Nacional debe de manera urgente sacar adelante una Ley que impida la manipulación monopólica por parte de los mayoristas, y que determine que haya oferta de todas las marcas de tal manera de bajar los precios”. “Además, se debe sancionar y obligar a estas empresas a devolver desde un punto retroactivo las utilidades obscenas que han obtenido a costa de los consumidores y de este triple monopolio”, enfatizó. “Pues no es un misterio para nadie como han subido los precios del gas en los últimos tiempos, lo que afecta sin duda a las personas con mayor vulnerabilidad, a quienes han perdido sus empleos, a los tres millones de adultos mayores que hoy tiene nuestro país”, recalcó Alejandro Navarro Brain. El Presidente de la Comisión de DDHH del Senado finalizó haciendo un llamado a sus pares en el Congreso Nacional, “es tarea de las y los legisladores hacerlo hoy, con o sin Piñera, y establecer por Ley los cambios regulatorios al negocio del gas natural para que baje el precio de este combustible”. “No puede haber otra salida. Chile se cansó y la medida es recuperación de lo pagado de manera excesiva, por lo que junto con una legislación más estricta, las empresas tienen que ser investigadas y sancionadas”, sentenció.
