Por Edgar Amílcar Morales Por fin, luego de prácticamente tres meses de debates «en ocasiones más parecidos a diálogos de sordos», 14 de los 16 partidos políticos chilenos representados en el Congreso Nacional llegaron a un acuerdo para crear el órgano encargado de redactar la nueva carta magna. Se trata del Consejo Constitucional, ente paritario formado por 50 miembros elegidos por voto popular y obligatorio, más un número aún no definido de escaños reservados a los pueblos indígenas. Estarán acompañados por un equipo de 24 expertos «también con igualdad de género electos a partes iguales por diputados y senadores», quienes serán especialistas de reconocido prestigio en la rama jurídica, economía y otras ciencias sociales. El secretario general del Partido Comunista de Chile (PCCh), Lautaro Carmona, aseguró que no es un acuerdo perfecto como se hubiera querido, sino el resultado de la derrota en el plebiscito del 4 de septiembre, cuando triunfó la opción del rechazo. En aquella ocasión, un primer texto redactado por una convención de 155 miembros fue sometido a consulta popular y descartado por el 62 por ciento de los votantes, luego de una fuerte campaña de desinformación y noticias falsas encabezada por la derecha chilena. Ahora»dijo el líder comunista»vienen intensos debates y se deben aprovechar los mecanismos de resguardo para conseguir de verdad una nueva ley fundamental y no una versión semejante a la actual. Según el dirigente del PCCh, resulta imprescindible movilizar a la opinión ciudadana, que se sienta su voz, y sus reclamos y necesidades lleguen hasta el Consejo Constitucional y el grupo de especialistas. El calendario comienza con la selección de los expertos en el Congreso, continúa en abril venidero, cuando la votación de los miembros del Consejo, y sigue hasta octubre de 2023, fecha en que debe estar listo el nuevo texto. A partir de entonces, se abrirá un breve período hasta finales de noviembre o los primeros días de diciembre del año próximo, cuando tendrá lugar el plebiscito ratificatorio, en el cual, una vez más, la población decidirá si acepta o no la propuesta constitucional. De esta manera, Chile habrá llevado a la práctica uno de los compromisos emanados del estallido social de 2019, que es eliminar la carta magna impuesta en 1980 por la dictadura, donde están las bases del sistema neoliberal y los privilegios para una minoría. (Tomado de Orbe) Santiago de Chile, 17 de diciembre 2022 Crónica Digital/PL
