El senador Guido Girardi y Liesbeth van der Meer, directora de la ONG Oceana, defendieron la decisión del Comité de Ministros de rechazar el proyecto minero Dominga, calificaron la institucionalidad ambiental de “obsoleta” y criticaron a quienes pretenden “un desarrollo económico a cualquier costo”.
El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud del Senado y Liesbeth van der Meer, directora de la ONG Oceana, criticaron los cuestionamientos al Comité de Ministros por haber rechazado, el lunes pasado, el proyecto minero portuario Dominga -que se pretendía levantar en la comuna de la Higuera IV Región.
El parlamentario señaló que “esta es la mejor prueba que la institucionalidad ambiental está obsoleta porque es vulnerable a las presiones de grupos económicos y un traje a la medida para aprobar proyectos que no cumplen con las mínimas exigencias técnicas”.
Girardi recordó que en el caso de Dominga, el Servicio de Estudio Ambiental (SEA) aprobó el proyecto “sin tomar en cuenta los informes de la Conaf que señalaban que no se había evaluado el impacto de la construcción del puerto y del transporte marítimo sobre las reservas, sitios prioritarios y áreas silvestres protegidas: Isla Dama, Pingüinos de Humboldt, Punta Choros… Una zona de biodiversidad marina única -delfines, ballenas, chungungos, etc- y el ecosistema más valioso del planeta”.
El parlamentario afirmó que “el SEA haya hecho caso omiso de los informes de la Conaf y siguiera adelante con el proyecto es un fraude ambiental. La decisión de rechazar, primero en la Región y luego el Comité de Ministros, no hace más que garantizar que en Chile se cumpla con un mínimo estándares ambientales”.
Girardi felicitó “el coraje del ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena”, y refutó las críticas a la rapidez con que se citó al Comité, “la ley faculta esta citación porque era una situación extraordinaria ya que la empresa pretendía acusar al gobierno de silencio administrativo y acudir al tribunal ambiental si no se reunía el Comité de Ministros”.
Calificó de “falso” que no hubiera tiempo para informarse adecuadamente “el viernes hubo una reunión de varias horas de todos los asesores de todos los ministros del Comité. Los que dicen otra cosa están desplegando una campaña del terror para legitimar los fraudes ambientales”.
NUEVA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL
Y agregó que “un proyecto se debe aprobar cuando cumple las exigencias técnicas, pero en Chile durante mucho tiempo se permitió y legalizó el fraude ambiental. La institucionalidad ambiental aprobó Castilla, Pascua Lama, Hidroaysén, la Termoeléctrica de Coronel, Freirina… y fueron los tribunales de justicia los que lo echaron abajo o los tienen detenidos. Barrancones lo impidió el Presidente Piñera”.
El senador afirmó que “esto que aparecía como favorable para los inversionistas ahora es el peor negocio. Es un verdadero campo minado, porque no tienen ninguna certeza ya que finalmente todo termina en los tribunales de justicia. La verdadera autoridad ambiental de este país es la Corte Suprema”.
Y agregó que “los empresarios deben entender, de una buena vez, que la sociedad chilena no va a permitir más que se desarrollen proyectos que violentan los derechos humanos de las comunidades o que se hagan en base de aprobaciones fraudulentas”.
Por ello afirmó que “debemos tener una nueva institucionalidad ambiental, que esté blindada ante los lobby de quienes quieren desarrollo económico a cualquier costo. Nosotros queremos que haya inversiones, pero de buenos proyectos, que respeten el entorno o tengan políticas de mitigación claras y eficaces para permitir la convivencia de la actividad económica con la preservación del medioambiente”.
CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN
Por su parte, Liesbeth van der Meer, directora de Oceana, afirmó que le parecía “insólito que hoy haya una campaña de desinformación pública. Hace más de una año que junto a otras ONGs de la Región de Coquimbo, denunciado que el SEA desestimó y no consideró los informes de todos los Servicios que hicieron observaciones para el rechazo del proyecto”.
Y agregó que el Comité de Evaluación Ambiental regional y el Comité de Ministros rechazaron un proyecto porque no tiene la Línea Base (descripción detallada del proyecto previa ejecución) que es lo que se le pide a todas las empresas en Chile y Dominga no cumplió”.
Van der Meer calificó de “inaudito que la empresa (Dominga) hoy trate de desestimar la decisión que se tomó porque aquí hay 20 años de base científica que dicen que este es un lugar de biodiversidad único. Las observaciones de Conaf, administrador y tutor de las reservas marinas fueron desestimadas. El SEA debió haber detenido este proyecto mucho antes. Esa información se conoce hace más de dos años y no se puede argumentar falta de tiempo”.
Santiago de Chile, 24 de agosto 2017
Crónica Digital
