Las autoridades de El Salvador avanzan hoy en sus planes de poner tras las rejas a los cerca de 76 mil pandilleros que estimados registran en el país, mientras crean mecanismos para su enjuiciamiento. Datos oficiales facilitados por el Ministerio de Justicia y Seguridad indican que desde la vigencia del régimen de excepción que acompaña al Plan de Control Territorial, un total de 65 mil 291 delincuentes fueron apresados. La cifra incluye a maras y colaboradores de estos que fueron capturados en los últimos meses, aunque hay denuncias de que funcionarios gubernamentales presuntamente permitieron que cabecillas de la jefatura nacional de las bandas escaparan a México y otras naciones. Las denuncias principalmente provienen de Estados Unidos, donde fueron detenidos a fines de febrero Vladimir Arévalo Chávez, alias Vampiro, de Monserrat Criminales; Walter Hernández Rivera, alias Baxter, de Park View, y Marlon Menjivar Portillo, alias Rojo, de Park View. Los tres se suman a otra lista de 10 pandilleros de la MS-13, seis de ellos bajo custodia de El Salvador, que están acusados en Estados Unidos por cometer durante dos décadas delitos de terrorismo, extorsión, secuestro, asesinato y manipulación del proceso electoral salvadoreño. En su enfrentamiento a estos grupos calificados por ley de terroristas, las autoridades dijeron que ocuparon más de 1,7 millones de dólares en efectivo obtenidos por los delincuentes a través de extorsiones y otros actos ilícitos. El régimen de excepción aprobado el 27 de marzo de 2022 fue extendido en 11 ocasiones y solo será eliminado, según el Gobierno, cuando apresen al último terrorista. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República anunció la víspera la creación de la Dirección Nacional de Fiscales Penitenciarios, que se encargará de juzgar a los detenidos y permitir que quienes prueben su inocencia, se sumen a los más de tres mil liberados hasta ahora. El nuevo órgano tendrá como principal misión verificar el cumplimiento de la ejecución de las penas impuestas a los pandilleros, informó el Fiscal General, Rodolfo Delgado. El trabajo de esos magistrados permitirá garantizar que cada uno de los procedimientos del proceso penal se cumpla conforme a la ley y que de esa forma, actuando de una manera objetiva, las personas que cumplieron con su condena salgan en libertad, dijo Delgado. San Salvador, 7 de marzo 2023 Crónica Digital/PL
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Autoridades de El Salador mantienen hoy la ofensiva contra la delincuencia organizada en el país, en medio de apoyos y críticas a las acciones que se desarrollan, comprendidas en el Plan de Control Territorial (PCT). En la actualidad más de 10 mil militares y policías participan en el cerco de las comunidades de Tutunichapa y La Granjita, de San Salvador, lo cual sigue a medidas similares en Comasagua y Soyapango, como parte de la V fase del PCT que desde marzo es arropado por el régimen de excepción que suspende varias garantías constitucionales. Este martes fue noticia el arresto en el departamento de Cabañas de dos individuos, presuntos pandilleros, que portaban dos fusiles de asalto (un AK-47 y un M-16), una pistola, marihuana y cartuchos para las armas. Según la policía los sujetos tienen antecedentes criminales desde el 2015, por cargos de posesión y tenencia de drogas y agrupaciones ilícitas. Las autoridades señalaron que el capturado será procesado por “tenencia, portación y conducción de armas de guerra, tenencia portación ilegal de arma de fuego, tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas». Hace apenas una semana fueron arrestaron dos presunto pandilleros en el departamento de Morazán, según dijeron, pertenecientes a la mara MS-13 que portaban un fusil con mira telescópica de los usados por francotiradores para realizar atentados. A los detenidos se les incautó además una pistola y 60 cartuchos. Los dos fueron acusados de tenencia y portación ilegal de arma de fuego y agrupaciones ilícitas. Mientras tanto, el Diario Hoy citó a defensores de los derechos humanos que aseguran que las acciones de cerco son “una medida autoritaria”. El abogado penalista y docente de la Universidad Centroamericana, Oswaldo Feusier, dijo a El Diario de Hoy que una característica básica de cualquier régimen autoritario es “responder a cualquier problema reacción o disidencia, con el tema de las fuerzas armadas”. A su juicio, sostuvieron, esto es precisamente lo que el oficialismo salvadoreño está haciendo en estas comunidades. “Desde el momento en que se cuenta con las fuerzas militares como mecanismo primario y permanente en la vida pública, la medida adquiere características típicas de un Estado autoritario que busca resolver todos sus principales problemas con las armas, la milicia, la violencia armada y el ejército”, indicó Feusier. San Salvador, 28 diciembre 2022 Crónica Digital/PL
