Por Paula Klachko* El viernes 21 de mayo, Raúl Zibechi publicó en La jornada de México un artículo que se titula: “Chile: la convención constitucional puede ser la tumba de la revuelta”[1]. Allí menciona que “en América Latina hubo tres nuevas constituciones en pocos años” y curiosamente “se olvida” de la venezolana de 1999 que marcó el inicio del proceso emancipatorio del siglo XXI en Nuestra América. A continuación pone en la misma bolsa los procesos constituyentes realizados en un país con terrorismo de estado continuado hace 70 años con otros dos emanados de intensas luchas y participación popular: Colombia, en 1991; en Ecuador, en 2008, y en Bolivia, en 2009. Pero además el autor afirma que en los dos últimos casos en los que se escribieron “capítulos bien interesantes”: sobre la naturaleza como sujeto de derechos en la ecuatoriana, y sobre la refundación del Estado, en la boliviana, no se cumplieron esas aspiraciones. Para luego seguir argumentando falsamente que durante los gobiernos populares de Ecuador y Bolivia “el neoliberalismo extractivista continuó despojando a los pueblos de los bienes comunes, y la situación concreta de los pueblos originarios y de los sectores populares no hizo más que empeorar”. Sobre la profundización del extractivismo y los grados de avances, posibilidades y dificultades en los procesos de diversificación de la matriz productiva -heredada desde la colonia y los estados nacionales dependientes que luego forjaron las elites latinoamericanas-, durante los gobiernos progresistas ya se ha discutido bastante[2]. A esta altura en la que la historia transcurrida nos permite hacer comparaciones de las experiencias progresistas en posición de gobierno con aquellos gobiernos de derecha, en algunos casos neofascistas, que los desalojaron en su mayoría por golpes de estado -a excepción de Argentina, Ecuador y Uruguay, en el que se valieron de traiciones o mentiras para ganar las elecciones (en el caso de Macri: pobreza 0, inflación nuca más, entre otras; en el caso de Ecuador traición pura pues su pueblo votó por la continuidad del programa de la Revolución ciudadana)-, no solamente podemos valorar los indicadores de la calidad de vida sustancialmente mejorados en Bolivia y en Ecuador mientras gobernaron las fuerzas políticas mayoritarias y protagónicas de los procesos constituyentes, para atenernos a los casos que menciona Zibechi, sino que si comparamos con lo que vino después la valoración se agiganta. Es una vulgar mentira que empeoraron las condiciones de vida de “los sectores populares y de los pueblos originarios” (no sabemos por qué los distingue). En 2015 en Bolivia se había reducido a la mitad la tasa de pobreza extrema respecto de 2005: de un 38,2% se pasó a un 17,8 %; en el mismo lapso el Índice de Gini que mide la desigualdad bajó de 0,60 a 0,47 y la tasa de desempleo de 8,1% a 3,5% solo por mencionar algunos indicadores[3]. A su vez en Ecuador, el indicador de la tasa de pobreza multidimensional se redujo de 51,5% en diciembre de 2009 a 35% en diciembre de 2015[4]. Y la tasa […]