Policía de Investigaciones

Ante la arremetida de violencia reaccionaria en el Wallmapu por parte de la oligarquía chilena y de las posiciones racistas del empresariado terrateniente de la zona que, con la complicidad de las fuerzas especiales de Carabineros de Chile, agentes de la Policía de Investigaciones y del malgobierno violador de los derechos humanos de Piñera, han abatido anoche al weichafe Pablo Marchant. Ninguna acción en la que hayan participado los weichafe mapuche puede ser esgrimida como pretexto por las fuerzas especiales de Carabineros de Chile y agentes de la Policía de Investigaciones para asesinar, reprimir y operar como un verdadero ejército de ocupación colonialista en el territorio del Wallmapu. Su asesinato se produce un día después que la Convención Constitucional, presidida por Elisa Loncon, en nombre del poder constituyente del pueblo soberano, reconociera por abrumadora mayoría la existencia de prisioneros políticos de la revuelta y la grave militarización y violencia en contra del pueblo mapuche en el Wallmapu. Piñera y su gobierno criminal es el responsable político de este grave asesinato que sólo traerá más violencia e inestabilidad. Frente a lo sucedido, reiteramos que Carabineros de Chile debe ser refundado y sus unidades y fuerzas especiales deben ser inmediatamente disueltas. En el actual contexto que vive el país, el grave asesinato del joven weichafe Pablo Marchant no sólo debe ser repudiado por todos los pueblos de Chile y sus autores materiales deben detenidos y procesados por la justicia. Frente a este nuevo asesinato que enluta a la comunidad mapuche y al pueblo chileno, hacemos nuestra la exigencia de la Convención Constitucional; las fuerzas políticas y sociales de “Chile Digno, Verde y Soberano” declaramos: – En el Proyecto de ley Boletín 13715-17, apoyar una indicación que disponga la aplicación directa y obligatoria del Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad. – Retirar todas las fuerzas especiales de Carabineros de Chile y agentes de la Policía de Investigaciones como parte de la inmediata desmilitarización del territorio mapuche; – Exigir la inmediata disolución y persecución penal de las fuerzas paramilitares de las forestales del territorio mapuche; – Cancelar el gasto presupuestario imputado a la represión político-estatal del pueblo mapuche; – Convocar la conformación urgente de una comisión plurinacional que trabaje inmediatamente por el indulto de todas y todos los comuneros mapuche en situación de presidio político, como primer paso para avanzar hacia un diálogo plurinacional de paz, que sea garante de derechos sin prisioneros de guerra. Esta será la única vía de diálogo y acuerdo entre las naciones, como puntapié del proceso de restitución de territorios en su amplio concepto y construcción de autonomía política mapuche. Sabemos que este gobierno está comprometido con los intereses de la oligarquía chilena […]