Gobierno de Piñera insiste en licitar la explotación del mineral a semanas de terminar su mandato. Esta mañana por 50 votos a favor, 32 en contra y 3 abstenciones, la cámara de diputados y diputadas aprobó la admisibilidad del proyecto presentado por la bancada del Partido Comunista que suspendería el actual proceso de licitación del litio. Con respecto a la aprobación de la admisibilidad del proyecto el diputado Daniel Núñez, autor de la moción, señaló: “Hoy día dimos un paso importante en la acción que tiene que realizar el Congreso, en particular la Cámara de Diputados, para suspender o detener esta licitación y se declararon admisibles dos proyectos de ley, uno de la bancada de la Democracia Cristiana y otro proyecto de ley de la bancada del Partido Comunista y otros partidos de oposición, que se señala que se suspende la licitación del litio hasta la promulgación de la nueva constitución”. Además el diputado destacó las dificultades que dejaría la actual licitación para la creación de una Empresa nacional del Litio en el futuro. Al respecto, Núñez comenta: “La licitación de las 400 toneladas de litio, en la práctica hace imposible la creación y la puesta en marcha de una Empresa nacional del Litio. Lo que se está haciendo aquí es permitirles a estas empresas que ganan cuotas, explotar cualquier salar de Chile y eso en la práctica significa que el Estado no va poder hacer un emprendimiento público por que va a haber un privilegio particular asignado a una licitación”.
Nacional
En el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile, se inauguró la VIII Escuela de Temporada que realizarán las cuatro universidades estatales de la Región Metropolitana en las comunas de Santiago, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel y Estación Central. El proyecto se propone vincular el quehacer académico con las comunidades y territorios a través de talleres, asambleas y actividades culturales. Bajo el título “Diálogos sobre cultura democrática, educación pública y derechos humanos”, la VIII Escuela de Temporada se desarrollará entre el 11 y 14 de enero, a través de la acción conjunta de la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, la Universidad Tecnológica Metropolitana y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. La iniciativa tiene su origen en una actividad de vinculación con el medio social que, en los años 30, fue impulsada por la académica Amanda Labarca. Fue retomada el 2015 y este año una vez más se desarrollará en forma presencial y en terreno, luego que las condiciones de la pandemia impusieron la necesidad de realizarla el 2021 mediante canales digitales. La ceremonia inaugural de la Escuela contó con la participación de las autoridades de las universidades y las municipalidades participantes, quienes reafirmaron su compromiso de fortalecer los puentes de cooperación para promover la participación ciudadana más real, sobre todo en el marco del proceso constituyente en marcha. “Nos honra y nos interesa mucho ser aliades de las universidades estatales en el anhelo por recuperar la educación pública”, señaló la Alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. Por su lado, el Alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, indicó que “para la transformación de Chile, y para la creación de la Nueva Constitución, es fundamental la presencia de las universidades en los territorios”. “Tenemos la convicción de que la voluntad de cambio y participación es lo único que nos asegurará un futuro de paz social y desarrollo equitativo (…) Solo podemos construir cuando todos y todas participamos, cuando todos, todas y todes contribuimos con nuestras experiencias, conocimientos y esperanzas a la conversación pública”, señaló la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Faride Zerán. El Rector de la Casa de Bello, Ennio Vivaldi, enfatizó el carácter horizontal y bidireccional de la Escuela de Temporada. “La universidad no puede encerrarse en sí misma, en su torre de marfil. La única forma de cumplir con su misión es con la capacidad de enraizarse en las voluntades, sueños y demandas del pueblo mismo, la gente del Chile de verdad que, en esta Escuela, está representada por los vecinos y las vecinas de las comunas invitadas”, expresó. La Rectora de la UTEM, Marisol Durán, indicó que el “desafío clave” de las universidades es “asumir, en coherencia con nuestra responsabilidad social, la democratización del acceso a los saberes y la vinculación con las comunidades, sobre todo en este contexto de cambios en nuestro país”. Al respecto, indicó que “ha sido pertinente que la Escuela sea concebida desde la perspectiva del diálogo, con un enfoque de interacción […]
Expertos nacionales y el Banco Mundial (BM) coinciden hoy en señalar que la economía de Chile crecerá este año en torno al dos por ciento, cifra inferior a la registrada en 2021. De acuerdo a la Encuesta de Expectativas Económicas, varios analistas consultados por el Banco Central mantuvieron en el porcentaje anterior el estimado de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, mientras el BM aumentó la proyección a un 2,2 por ciento. De cualquier manera la cifra es inferior a la proyectada, y bastante alejada de la registrada en el año que recién terminó, cuando el PIB del país austral registró un alza cercana a los 12 puntos porcentuales. Los estudiosos señalan que el comportamiento de ese índice es una muestra de la recuperación económica del país, que en 2020 tuvo una tendencia al decrecimiento de menos 5,8 por ciento. En tanto el BM vaticina que América Latina y el Caribe tengan en 2021 un crecimiento estimado del PIB de 2,6 puntos porcentuales, comportamiento que podría variar de acuerdo con la situación de la pandemia de la Covid-19, los desastres naturales y eventos meteorológicos durante el año. El PIB es el índice empleado para medir la riqueza que genera un país a partir del valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un determinado periodo de tiempo, en este caso durante el transcurso de un año. Santiago, 11 de enero 2021. Crónica Digital / Prensa Latina.
Está citada para el miércoles 12 de enero a las 15 horas. La Bancada de Diputadas y Diputados reunió más de las 52 firmas requeridas para realizar una Sesión Especial para analizar los alcances del proceso de licitación del litio que ha llamado el Gobierno del presidente Sebastián Piñera, y discutir sobre las posibles consecuencias que el proceso tendría en el país. De esta manera, la Mesa de la Cámara resolvió convocar la Sesión Especial para mañana miércoles 12 de enero a las 15 horas, instancia donde fueron citados los Ministros de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet; de Hacienda, Rodrigo Cerda; y de Economía, Lucas Palacios. Entre los principales aspectos que se abordarán en la instancia, se encuentra analizar las garantías y regalías que se están exigiendo a las empresas participantes; las afectaciones que dichas licitaciones pueden tener para las comunidades ubicadas en los territorios en que se encuentran las concesiones que se licitan; y los efectos sobre el medio ambiente y sobre las comunidades indígenas de dichos sectores. El jefe de Bancada del PPD, Raúl Soto, aseguró que “estamos llevando adelante todas las acciones que sean necesarias para frenar la licitación y adjudicación del litio que está impulsando el presidente Piñera en las postrimerías de su gobierno. Creemos que esta es una decisión que se debe tomar con posterioridad por el futuro gobierno del Presidente Boric, y tomando en consideración los cambios estructurales que están ocurriendo en Chile, donde recursos naturales tan importantes y estratégicos como el litio deben jugar desde el Estado un rol principal”.
Ingresaron de noche, no respetando que estaba cerrado el acceso, y luego hicieron fuego con ramas de árboles nativos del sector. Dos turistas de nacionalidad canadiense fueron expulsados del Parque Nacional Queulat, en la Región de Aysén, tras ser sorprendidos haciendo uso de hornilla de fuego con madera de ramas de árboles del bosque nativo de esta área silvestre protegida del Estado y que es administrada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en un sector cerrado y no permitido actualmente para acampar y menos utilizar fuego. Estos turistas, identificados como Colin Evans y Bryan Evans, ingresaron con sus motocicletas el lunes 10 de enero, alrededor de las 22:00 horas, no respetando el portón cerrado de esa zona de ingreso al Parque Nacional Queulat, para luego acampar en un lugar que actualmente se encuentra cerrado en el sector Ventisquero Colgante, debido a la pandemia. Además de todas estas transgresiones, procedieron también a realizar una fogata, utilizando para ello ramas de árboles nativos del sector, cuando desde el 2017 está prohibido el uso de fuego en este parque nacional. Al ser sorprendidos por el guardaparques de esta zona, se les procedió a detallar las normativas que habían infringido, especialmente la ley 20.653, referida a sanciones por provocar incendios forestales o hacer uso de fuego en sectores no habilitadas para ello, luego de lo cual fueron expulsados de la unidad, siendo trasladados por los guardaparques hasta el portón de acceso. Tras la expulsión, se procedió a entregar los antecedentes y la denuncia correspondiente ante Carabineros.
Quedará pendiente aún decisión de la sala del Senado, último paso para que luego de una década el proyecto pueda convertirse en ley. Este martes, a partir de las 10 de la mañana, el pleno de la Cámara de Diputados votará el texto final de la reforma al Código de Aguas, luego que la semana pasada terminara su tramitación en la Comisión Mixta. Fueron 18 los artículos revisados y donde se mantenían diferencias entre lo acordado por los diputados y los senadores. Durante su última sesión, la comisión definió la retroactividad de la nueva normativa respecto de las cláusulas de extinción por no uso y caducidad por no inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces. Los derechos antiguos, además, quedaron “sujetos a todas las demás disposiciones de la presente ley”. Es día también se vio la prohibición de construir sistemas de drenaje en las zonas de turberas incluidas “por el Ministerio de Medio Ambiente en el inventario Nacional de Humedales” en las regiones de Aysén y de Magallanes y Antártica Chilena, agregándose la provincia de Chiloé y correspondiendo a la Dirección General de Aguas delimitar “el área en la cual se entenderán prohibidos los sistemas de drenaje”. La excepción a esta restricción será excepcional, “y en la medida que cuenten con una resolución de calificación ambiental”, pudiendo “desarrollarse proyectos públicos y privados de conectividad vial en fajas acotadas, con el trazado menos invasivo para dichas zonas y con obras que permitan un flujo de las aguas que asegure la mantención de dichos sistemas ecológicos”. El proyecto de ley que reforma el Código de Aguas ingresó a trámite en la Cámara de Diputados en 2011, completando ya más de 10 años de tramitación legislativa. En esta década, la iniciativa fue aprobada por los diputados el 22 de noviembre de 2016, luego de ser revisado por las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Hacienda. A continuación fue tramitado en las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Constitución de la Cámara Alta, siendo aprobada por el pleno del Senado el 4 de agosto de 2021. Posteriormente volvió a la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Baja, cuyo pleno aprobó el 7 de septiembre pasado las 112 modificaciones realizadas por el Senado, quedando otros 18 artículos sin acuerdo. Éstos debieron ser revisados por la Comisión Mixta, que luego de tres sesiones, la semana pasada terminó de zanjar las diferencias entre las dos corporaciones y cuyo texto final deberá ser zanjado por ambos plenos. La votación en la sala del Senado aún no está agendada.
La PUC presentó un reclamo en contra del Consejo para la Transparencia ante el tribunal con el objeto de dejar sin efecto la orden del organismo que estableció la calidad de públicos de los antecedentes solicitados. Tras rechazar el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT) por la Universidad Católica, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la orden dada por éste de entregar copias de los ensayos clínicos efectuados en Chile sobre la vacuna contra el coronavirus de Sinovac Biotech y Janssen Pharmaceutical Companies (rol N° 377-2021). Lo anterior, sin considerar, en caso de que dichos documentos lo contengan, información sobre la fórmula del producto farmacéutico y/o el proceso de elaboración, así como datos personales de contexto. La decisión del CPLT (amparo rol C8495-20) estableció la calidad de públicos de los antecedentes solicitados, los que fueron denegados por el organismo público puesto que terceros involucrados, en este caso la empresa Jhonson & Jhonson de Chile S.A. y la Pontificia Universidad Católica de Chile se opusieron a su entrega -acorde a lo que establece la Ley de Transparencia (art. 20)-. A juicio del tribunal, las alegaciones de la Universidad no lograron acreditar el daño que justificara la reserva de los antecedentes, entre ellos, desestimó la afectación de derechos económicos y comerciales que la empresa argumentó durante el proceso ante el CPLT. Asimismo, ratificó lo establecido por el Consejo sobre el uso de esta información para dictar actos administrativos, es decir, para la toma de decisiones vinculadas al permiso de ejecución de un ensayo clínico de una vacuna contra el Covid-19. La PUC todavía puede acudir a la Corte Suprema –mediante un recurso de queja en contra de los ministros de la Quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que se pronunció sobre este caso-, por lo que cabe esperar aún las acciones que puedan emprender esta semana previo al cumplimiento de la orden de entrega. Durante el proceso desarrollado ante el Consejo, la empresa Jhonson & Jhonson de Chile S.A. defendió la confidencialidad de la información entregada al ISP, acción que acorde a lo alegado por la empresa se realizó para fines específicos asociados a la autorización de uso provisional que el órgano público debe otorgar acorde a la normativa vigente.
A través de una carta, las y los ediles llegaron hasta La Moneda para exigir que el Ejecutivo tome medidas urgentes y se haga cargo del tema de seguridad. La mañana de este lunes, llegaron hasta el Palacio de La Moneda, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, acompañada de sus pares de Lo Espejo, Javiera Reyes; de Peñalolén, Carolina Leitao; de San Miguel, Érika Martínez; de Quilicura, Paulina Bobadilla; de Quinta Normal, Karina Delfino; de Independencia, Gonzalo Durán; de San Joaquín, Cristóbal Labra; de Macul, Gonzalo Montoya; la alcaldesa subrogante de Renca, Romy Álamo y el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, para entregar una carta manifestando la preocupación por la “desidia e inacción” mostrada por el Gobierno, para abordar los problemas de delincuencia y altos niveles de violencia de las últimas semanas. En el documento de 8 puntos, las 11 autoridades firmantes, responsabilizan al Gobierno de Sebastián Piñera y al Ministerio del Interior ante el fracaso de políticas para enfrentar el aumento de violencia, delincuencia y homicidios que afectan a sus comunas. Al respecto, denuncian el poco conocimiento para hacer frente al tema de seguridad pública y escasa articulación con los entes respectivos, como Fiscalía Nacional, Policías y la Dirección de Movilización Nacional para mejorar la fiscalización y el control eficiente de las armas. Las autoridades comunales estuvieron acompañadas de Cristina Carrasco y Jeannette Olivares, madres de las víctimas de la delincuencia Sebastián Maturana y Pablo Valdés, respectivamente. De acuerdo a cifras de la Fiscalía Nacional el año 2020 hubo un aumento de un 20% de homicidios de los cuales un 45% se perpetró con armas de fuego. Ante ello, la alcaldesa Hassler sostuvo que, “el uso de armas ha estado descontrolado en Chile, es por ello que urge una acción del Gobierno central para poder fiscalizar el uso de armas y poder desarmar a nuestro país. Aquí necesitamos políticas públicas que pongan en el centro la seguridad, resguardo y protección de las personas. También hacemos un llamado a que la distribución de carabineros se enfoque urgentemente en aquellos lugares donde hay mayores hechos de delincuencia y homicidios tan graves que hemos visto en nuestro país”. En este sentido, la edil de Santiago, fue enfática en hacer un llamado a que el Gobierno tome acciones concretas frente al narcotráfico que existe en nuestro país. “Estas últimas semanas hemos visto situaciones de tremenda gravedad que nos duelen profundamente como país, que necesitan acciones inmediatas del Gobierno. Es urgente tomar acciones ante los homicidios y hechos violentos que hemos vivido. Sólo este fin de semana ha habido seis homicidios en la Región de Valparaíso y en la Metropolitana y esto no puede continuar así, se deben tomar acciones concretas”, agregó Hassler. A su vez, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, explicó que, “nuestra preocupación es que hoy día los vecinos y vecinas sienten una percepción de impunidad respecto a hechos de violencia que les han afectado y piensan que el Estado los ha abandonado. Los municipios podemos cumplir un rol preventivo, no […]
El parlamentario anunció que, “hoy presenté un Proyecto para que el Estado asegure por Ley la entrega de mascarillas certificadas a los 18 millones de chilenos y chilenas, en conjunto a dispensadores y puntos limpios para botarlas”. “El Instituto de Salud Pública nos ha respondido por Ley de Transparencia que no hay ni certificación, ni instituciones en Chile que certifiquen la calidad de las mascarillas”, manifestó el Senador Alejandro Navarro Brain. De acuerdo al Presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “expertos como Anton Erkoreka, del Museo Vasco de Historia de la Medicina y la Ciencia y William Hanage, de la Universidad de Harvard, han afirmado que Omicron es el virus más explosivo y de más rápida propagación de la historia”. “Y hoy”, continuó, “el doctor Mauricio Canals de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile señaló que si sigue la tendencia de contagios en nuestro país, en los próximos días tendremos 15.500 casos nuevos de Covid-19, diariamente”. “Por ello reviste la mayor gravedad la respuesta del ISP a nuestra solicitud por Ley de Transparencia, la que señaló que “las mascarillas quirúrgicas corresponden a dispositivos médicos que actualmente no están sometidos a exigencia de verificación…la calidad, seguridad y desempeño es de completa responsabilidad de quien los fabrica, importa y/o distribuye…no se tiene información de las mascarillas quirúrgicas que se comercializan en el país estén certificadas ya sea nacional o internacionalmente”, dijo. “Es decir”, continuó Navarro, “llevamos 2 años de pandemia, y las mascarillas que usamos, que son nuestra principal protección frente a este virus mortal después de las vacunas, no están certificadas, por lo que no sabemos su calidad para detener al Covid”. Para el Senador por la Región del Biobío, “el Ministerio del Medio Ambiente ha establecido que en nuestro país se ocupan diariamente en promedio 34 millones de mascarillas, por lo que si no reaccionamos a tiempo, vamos a pagar un elevado costo porque estamos enfrentando esta pandemia sin mascarillas certificadas”. “Por ello hemos presentado un Proyecto de Reforma Constitucional para obligar al Estado a tener dispensadores de mascarillas certificadas en las instituciones públicas, en los paraderos de locomoción colectiva, colegios, institutos, universidades y todo lugar de afluencia masiva de público, en conjunto a puntos limpios para recolectarlas”, explicó. Alejandro Navarro finalizó señalando que, “el Servicio Nacional de Aduanas afirma que en abril del 2020 y en el marco de la pandemia, levantó las exigencias para las mascarillas en Chile. Pero ante la nueva variante Omicron, catalogada como el virus de más rápida expansión en la historia y las recomendaciones de expertos, se hace necesario tener mascarillas certificadas para todos los chilenos y chilenas, por lo que espero este proyecto se discuta a la brevedad y sea entonces el Estado el que las provea a la población, garantizando por cierto su certificación. Hay que actuar ahora”.
Investigadores de la Universidad Estatal de O’Higgins (UOH) se encuentran capacitando a productores hortícolas y apícolas de la Región de O’Higgins en el uso correcto de plaguicidas, agroquímicos y antibióticos y, en la implementación de medidas para la cosecha, transporte y trazabilidad, puntos clave para obtener un alimento inocuo. En los tiempos actuales los consumidores están cada vez más empecinados en consumir alimentos inocuos y que hayan sido producidos y/o procesados respetando el medio ambiente y el bienestar de los trabajadores. Ésta es una de las razones por las cuales se crean las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que en palabras simples es “hacer las cosas bien y dar garantía de ello”. Bajo el marco del proyecto “Transferencia de un Modelo de Inocuidad Agroalimentaria Regional”, ejecutado por la Universidad de O’Higgins y financiado por el Gobierno Regional de O´Higgins a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, se están realizando diversas capacitaciones a productores hortícolas y apícolas para que implementen estas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). “Las BPA son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas voluntarias que se aplican a la producción, procesamiento, almacenaje y transporte de alimentos, orientadas a cuidar la salud humana, proteger al medio ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y sus familias”, señala Claudia Foerster, coordinadora del proyecto e investigadora de la UOH. Las BPA promueven 5 aspectos: la seguridad de las personas y su entorno ambiental considerando el bienestar animal, la Inocuidad Alimentaria garantizando que el alimento no causará el daño al que lo consume (elemento crítico y obligatorio en la producción de los alimentos en Chile) y la sostenibilidad y acceso a nuevos mercados, con productos sanos y de calidad. La investigadora señala que han puesto énfasis en capacitar constantemente a los trabajadores en temas como el manejo de plaguicidas y agroquímicos, higiene y primeros auxilios. “Les hemos dicho que al encontrarse un trabajador con enfermedad contagiosa o síntomas de ésta, por ejemplo, vómito o diarrea, no debe tener contacto con los alimentos a procesar”, indica Foerster. Además, “el lugar de trabajo debe considerar la entrega de equipo de protección personal a todos los trabajadores, debe disponer de baños en buen estado, limpios y ventilados”. Con respecto al predio, la académica señala que: “Debe estar limpio de basuras, verificar que el agua utilizada no presente riesgos de contaminación y realizar control de las plagas y malezas del área de cultivo”. ¿Qué les recomiendan con respecto al cultivo? Para los cultivos tienen que usar semillas autorizadas y considerar siempre las recomendaciones de la empresa proveedora de los insumos a utilizar. Se deben instalar basureros en zonas estratégicas del predio. Usar herramientas limpias y desinfectadas en las tareas diarias. Los cultivos no deben tener presencia de animales domésticos en sus áreas y los lugares de almacenamiento de plaguicidas y fertilizantes deben tener acceso restringido para asegurar la integridad de las personas y de los animales. ¿Con respecto al agua, qué medidas se deben tomar? Se debe tener un inventario del recurso de agua. Analizar […]
