Reiterando lo que ha expresado durante toda la tramitación desde que asumiera Sebastián Piñera, la actual administración insistió en cuestionar la constitucionalidad de diversos artículos ya aprobados de la reforma al Código de Aguas.   El informe, que debía estar listo para el viernes 12 de junio, fue presentado recién el miércoles ante la Comisión de Constitución del Senado, instancia que ha estado recibiendo antecedentes y opiniones con el fin de definir las materias de su competencia, principalmente en lo relativo al carácter temporal de las nuevas concesiones, y la posibilidad de caducidad y extinción de los derechos de agua tanto antiguos como nuevos. El proyecto en su origen busca modificar la institucionalidad hídrica en pos del bien común, priorizando el derecho humano al agua potable y al saneamiento, la preservación de los ecosistemas y las actividades de subsistencia, restando preeminencia al lucro privado y atacando el acaparamiento y la especulación. En la ocasión el titular de la Dirección General de Aguas (DGA), Oscar Cristi, expuso los planteamientos del Ejecutivo, en sintonía con lo que ha manifestado la Sociedad Nacional de Agricultura en diversas instancias en que ha abogado por mantener el carácter de propiedad privada perpetua de las aguas. Con relación a los derechos ya otorgados, el directivo reafirmó que sería inconstitucional que los derechos se extingan si no se usan en un plazo de 10 años los no consuntivos y 5 años de los consuntivos, plazos que hoy están gravados mediante patentes por no uso.  “Esto, en opinión del Ejecutivo, contraría el dominio pleno que le entrega la Constitución al titular del derecho y modifica las reglas bajo las cuales el titular obtuvo el derecho” señaló el directivo.  Es decir, en opinión del gobierno el texto ya aprobado en dicho sentido va en contra de lo que señala la Carta Fundamental. Este planteamiento ya fue desechado por constitucionalistas y académicos en audiencias previas.  Para el profesor de Derecho Político y Constitucional de la Universidad Central, Emilio Pfeffer, esta nueva figura sería una norma acorde a la actual Constitución, tanto para las concesiones que se entreguen una vez que entre en vigencia la reforma como para los derechos preexistentes, dado que el que se extingan los derechos por no uso es coherente con el objetivo original de la solicitud y adjudicación: el aprovechamiento de las aguas. El director de la DGA cuestionó también la facultad que se le entrega al Presidente de la República para determinar caudales ecológicos con efecto retroactivo, la cual consideró “una delegación exorbitante”, calificándola de “acto expropiatorio” e “indemnizable” en el caso de los derechos ya constituidos.  Asimismo argumentó en contra de eliminar la indemnización en el caso de redistribución de las aguas si no hay acuerdo de las juntas de vigilancia y que se limite la posibilidad del cambio de uso productivo del agua. Un aspecto central se refiere a la caducidad que incorpora la reforma al Código de Aguas para los derechos o concesiones que, en un plazo determinado, no se inscriban en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo.  “Ello no se ajusta a la Constitución respecto […]

Con la esperanza en que la Corte Suprema ratifique el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que ordena a la AFP Cuprum a acceder al retiro del total de los fondos de capitalización individual por parte de la profesora María Angélica Ojeda González, se manifestó hoy el profesor, académico y presidente del partido en formación Fuerza Común, Fernando Atria luego de conocer el fallo. Por unanimidad, el tribunal acogió el recurso de protección tras establecer el actuar arbitrario de la AFP al denegar el giro íntegro de los fondos acumulados durante los años trabajados. El recurso fue interpuesto por la profesora con apoyo de Atria y Fundación La Casa Común y “NO + AFP” y otras organizaciones sociales. “La Corte acogió nuestros argumentos que dicen que este no es un sistema de seguridad social. Este es un sistema de ahorro forzoso que usa los recursos de los trabajadores en beneficio de las AFP. La Corte ha dicho que este sistema en que la propiedad de los trabajadores está puesta al servicio de las AFP, es constitucionalmente inaceptable y por eso, entonces, la AFP Cuprum debe restituir esos fondos. Espero que la Corte Suprema ratifique la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta”, puntualizó el abogado. Pese a la oposición del gobierno, añadió que continuarán insistiendo en la existencia del derecho fundamental de los trabajadores que da la opción de retirar sus fondos, sin supeditarse a reglamentos dejando así de manifiesto la necesidad de una Nueva Constitución que lo refleje de manera efectiva. Santiago de Chile, 17 de junio 2020 Crónica Digital

Por su importancia, Crónica Digital reproduce en forma completa la declaración de las comisiones ambientales de los partidos de oposición. Nuestro país vive una grave crisis política, de salud, social, económica y ecológica, sin precedentes en su historia. Al estallido social de octubre, la crisis del agua, las zonas de sacrificio, entre otros problemas ambientales, se ha sumado una catástrofe sanitaria que no sólo está matando a miles de personas, también está generando el mayor retroceso económico y social de los últimos cuarenta años en Chile y el mundo. En ese contexto, y con relación al acuerdo Marco de Entendimiento para Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos de las Familias y la Reactivación Económica y del Empleo (14 de junio de 2020), consideramos fundamental entender que este acuerdo llega tres meses tarde, su cobertura es insuficiente y que su magnitud no alcanza para las necesidades de la población; nuestra primera urgencia es detener la pandemia y lamentablemente este plan no está cerca de asegurarlo. Se requieren más recursos para proteger la salud de las personas, sin la cual ninguna otra actividad es posible. Aunque el acuerdo señala la intención que la reactivación económica sea sustentable y una inversión con énfasis “verde”, a pesar de los esfuerzos de los firmantes del acuerdo por darle mayor profundidad, finalmente no integra nada concreto en cuidado ambiental. Por el contrario, propone reducir los plazos de la evaluación ambiental de grandes proyectos y acelerar concesiones y la cartera de inversión pública ligada a la construcción de embalses y obras de regadío, perdiendo la oportunidad de promover iniciativas que están basadas en la naturaleza, las que en tiempo son más sustentables y económicas para el país. El Congreso Nacional debe revisar con mucho detenimiento estas iniciativas, ya que el gobierno anteriormente ha abusado de la letra chica. Una de las causas centrales de las agudas desigualdades sociales de nuestro país, de la crisis ecológica global y, en consecuencia,  de la profundidad e impacto de la actual pandemia, es el modelo económico global imperante, neoliberal extractivista y concentrador de la riqueza, que demanda una  continua expansión; que no toma en cuenta los límites planetarios ni los impactos; y no cesa en aumentar la frontera de explotación de los recursos naturales, facilitando la aparición de nuevos agentes patógenos y limitando la capacidad de adaptación del ser humano y los ecosistemas. Las Comisiones de Medio Ambiente de los partidos firmantes, consideramos fundamental entender que la crisis actual tiene su origen en los desequilibrios ambientales que hemos generado, en consecuencia, la reactivación económica es también una oportunidad de realizar transformaciones profundas y enmendar el rumbo. Chile puede y debe avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo centrado en una economía verde, la calidad de vida de las personas y en el cuidado de la naturaleza. Los esfuerzos por atender la pandemia y la crítica situación económica deben también asegurar una reactivación sustentable. Demandamos al gobierno y solicitamos a nuestros propios partidos, tomar con sentido de urgencia las […]

El Coordinador General de la Internacional Progresista, David Adler, participó en el taller virtual que Marco Enríquez–Ominami dirige semanalmente para líderes y dirigentes del Partido y el Movimiento Progresista David Adler, oportunidad en la que detalló los objetivos y desafíos del colectivo internacional. En su intervención, el economista político nacido en Los Ángeles y actualmente residente en Roma, detalló cómo nació el colectivo internacional –que fue presentado en mayo– y cuáles son los objetivos del movimiento. “Vivimos en un momento donde tenemos consciencia de que nuestras crisis son globales. Todos reconocen esa realidad, pero nos falta la infraestructura de internacionalismo”, dijo, aludiendo a una de las motivaciones de la Internacional Progresista para establecerse como movimiento. Añadió que “tenemos aún una forma de solidaridad internacional muy simbólica; estamos twitteando, por ejemplo, que apoyamos a la gente de Brasil, pero no significa nada, porque no tenemos la infraestructura para que ese simbolismo se convierta en una acción”. Agregó Adler que lo que busca la agrupación es concretar acciones, generar alianzas y “construir juntos esta plataforma”. En la misma línea, recalcó que la iniciativa se concretó para hacer frente a las fuerzas del neoliberalismo y el neofascismo “que están muy bien organizados a nivel internacional”, aseverando que “llegado el momento de pandemia, no podíamos esperar ni un momento más, para avanzar en esa iniciativa”. Por último, insistió en la intención de la agrupación internacional de concretar propuestas programáticas: “No queremos ser como los foros que escriben declaraciones e intenciones y no cumplen nada; en lugar de eso, queremos enfocarnos en servicios muy concretos”. Marco Enríquez–Ominami agradeció la participación de Adler, recalcando: “Hemos tomado contacto con la Internacional Progresista porque creemos que podemos compartir, no solo valores, sino también estrategias”. Explicó que “nuestra finalidad es la misma, agrupar al progresismo para conjugar dos verbos: actuar y pensar”, aludiendo al rol que también juega la agrupación de líderes progresistas de Iberoamérica, Grupo de Puebla, de la que es uno de los principales fundadores. La exposición de Adler se suma a la de otros invitados extranjeros, entre ellos, la ex Ministra del Trabajo de Colombia, Clara López; el ex secretario del Proceso Constituyente español Juan Carlos Monedero; el ex Ministro de Educación de Brasil, Aloizio Mercadante; la ex candidata presidencial por Perú Verónica Mendoza; su par por Uruguay Daniel Martínez; la senadora uruguaya Mónica Xavier; y el Director Ejecutivo del Observatorio de América Latina y el Caribe en Science Potilique de París, Gaspar Estrada. Santiago, 18 de junio 2020. Crónica Digital.

El senador Alejandro Navarro ingresó una denuncia contra el ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich, por las más de 31 mil personas que fueron diagnosticadas positivas, pero no fueron notificadas por el Ministerio de Salud, precisando que los estudios establecen que la capacidad de contacto de una persona puede llegar a 20 al día. “Es indefinido es el número de posibles contagiados por las 31.412 personas que dieron positivo al test PCR, pero que por diversos motivos no fueron notificadas por el Minsal y, por tanto, siguieron con su vida de manera normal, sin aislarse, y sin temor a infectar a otros por el desconocimiento que tenían”, manifestó el parlamentario del Partido Progresista. De acuerdo al senador, “por ejemplo, en un estudio de la Universidad de Granada en España, sus investigadores establecieron que, si vuelven las clases, en un aula con apenas 20 niños, estos tendrán contacto con más de 800 personas después de sólo dos días, esto siendo apenas en la comunidad escolar, entre alumnos y profesores”. “Por lo que si tomamos en consideración que los más de 31 mil nuevos contagiados son en su mayoría adultos que con salvoconducto trabajan, van al supermercado, a los servicios de salud, a pagar las cuentas o a buscar comida en ollas comunes, es claro que el contacto podría ser aún mayor y, por lo tanto, la cantidad de contagiados es alta e indeterminada”, explicó. “Es entonces ante la gravedad del ocultamiento de estos miles de casos, quienes fueron diagnosticados positivamente con COVID–19 mediante el examen PCR, pero no fueron informados, que hemos interpuesto esta denuncia en contra del ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich y de Arturo Zúñiga, actual Subsecretario de Redes Asistenciales”, indicó. Navarro ahondó que “aquí se constituyen cuatro delitos: negativa o retardo de protección o servicio, pues a los no reportados, se les negó su calidad de contagiados, al parecer de manera ilícita, por lo que se les negó la protección y tratamiento de su enfermedad; la denegación del servicio, pues a los no reportados se les negó su calificación o certificación como COVID positivos”. “Homicidio omisivo, pues la muerte de los contagiados o de sus cercanos por haberlos contagiado será responsabilidad de los denunciados; y falsificación de instrumento público, pues la lista que indica los positivos es un instrumento público, y si está manipulada por maquinaciones estadísticas dolosas o negligentes, o por descarte, existe entonces delito”, aseveró. Sentenció que “este es un punto de quiebre. Mañalich se fue del Ministerio de Salud por esto y por enviar cifras distintas a la OMS respecto a las que informaba a todo el país, y hoy Chile tiene 3.615 fallecidos y 220.628 contagiados, esta última cifra ubicando al país en el lugar Nº 9 a nivel mundial en total de infectados desde el inicio de la pandemia y que podría subir considerablemente debido a estos 31.412 contagiados sin trazabilidad, por lo que los responsables de este terrible error deben ser llevados ante la justicia y juzgados”. Santiago, 18 de junio […]

El Partido Comunista de Chile describió hoy el reciente cambio del ministro de Salud como muestra del fracaso, los errores y la tardanza del gobierno en su estrategia de contención de la Covid-19. En un comunicado, el PC señaló que esto evidencia además que las medidas económicas de protección social, que también han sido extemporáneas, no han sido suficientes hasta ahora, y se han convertido en el talón de Aquiles de la Pandemia. En medio de este cuadro -puntualiza el texto- el gobierno y tres partidos de oposición acordaron el gasto de 12 mil millones de dólares en dos años, para entre otras medidas, fortalecer el subsidio familiar. Esto contempla, explica, un ingreso mínimo de 100 mil pesos, por tres meses, que está por debajo de la línea de pobreza que hoy es de 160 mil pesos por persona y que no cubrirá a todos los que lo necesitan, cuando tres millones de personas han perdido su empleo. El PC advierte en su comunicado que el acuerdo no dimensiona bien la magnitud de la crisis social, factor que «seguirá pesando en el mayor o menor éxito de las medidas sanitarias que adopte el nuevo ministro». A juicio del PC lo primero debe ser asegurar las condiciones sociales y económicas para que todas las personas puedan cumplir las cuarentenas y advierte que «aún es tiempo de mejorar la propuesta del gobierno en el Congreso». También considera indispensable desde el punto de vista sanitario, acciones preventivas con el fortaleciendo de la Atención Primaria de Salud, para atenuar los efectos de la masiva circulación del virus, frenar el aumento de casos, y aliviar la sobrecarga de los equipos sanitarios. Al respecto el PC llamó a dar una respuesta integral y coordinada para enfrentar la actual crisis, con políticas de protección a la población abordando las determinantes sociales de la salud, como vivienda, empleo y alimentación, entre otras. Para ello, considera fundamental un mayor diálogo y participación del mundo social, sindical y académico, en la construcción de una respuesta a la pandemia, sobre todo en los municipios con la acción conjunta de los servicios de salud primario, la sociedad organizada y los alcaldes, pero con recursos que aún no están. Según el PC, el nuevo ministro de Salud tiene una ardua tarea, al asumir el desafío de contener la pandemia con la competencia, credibilidad y disposición de la tradición histórica de la medicina chilena y con la urgencia y profundidad que la sociedad necesita. Santiago de Chile, 17 de junio 2020 Crónica Digital/PL

La diputada Emilia Nuyado señaló que «Hoy los hospitales están saturados y estamos hablando de presos que tengan sospecha de Covid, por tanto pueden hacer cuarentena en los hospitales penitenciarios».       La diputada y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Emilia Nuyado, lamentó la determinación del ministro Mario Carroza, de ordenar que ante sospechas de Covid-19 , se disponga del traslado de internos a  hospitales de las FF.AA. y no a los hospitales penitenciarios de Gendarmería de Chile.     En este marco la parlamentaria dijo que «hoy el acceso a los centros de salud por la pandemia por Covid 19, tanto en los hospitales públicos, privados y de las fuerzas armadas son de acceso para todos los chilenos que lo requieran por esta pandemia, aquí no pueden haber privilegios para los presos de lesa humanidad.Ellos deben tener el mismo trato que los otros reclusos que requieren atención y hospitalización por Covid 19».     «Hoy los hospitales están saturados de pacientes graves, pero además estamos hablando de presos que tienen solo una sospecha de Covid, por tanto pueden hacer cuarentena en los hospitales penitenciarios. Hago un llamado a las autoridades de salud, al ministro de justicia y DDHH a que actuemos con seriedad. Hoy miles de personas que están sufriendo y luchando por la vida y está esperando una cama y ventilador», dijo Emilia Nuyado.     Por último la legisladora dijo que «en caso de ser necesario estos presos deben ser sometidos a exámenes de PCR , para que se confirme la gravedad o la necesidad de ser atendido en un hospital institucional, o simplemente realizar su cuarentena en sus propios espacios.», concluyó. Santiago de Chile, 17 de junio 2020 Crónica Digital

El Banco Central de Chile (BC) corrigió hoy con fuerza a la baja sus previsiones de crecimiento económico del país para este año, en lo que calificó como la mayor contracción en los últimos 35 años. En su segundo Informe de Política Monetaria (IPoM)  de este año, publicado este miércoles, el BC prevé que el producto interno bruto (PIB) se contraerá entre 5,5 y 7,5 por ciento, muy por debajo de lo pronosticado en su publicación de marzo, que estuvo entre 1,5 y 2,5. Sin embargo, pronostica una fuerte recuperación de la economía para el próximo año, ubicándola entre 4,75 y 6,25 por ciento, por encima de los cálculos presentados en su primer informe, que eran de entre 3,75 y 4,75, mientras que para 2022 el BC mantiene sus proyecciones de cuatro por ciento como máximo. El ente financiero explicó que «lo inédito de la situación actual (en referencia a la crisis mundial provocada por la Covid-19)  hace particularmente difícil realizar proyecciones, pues dependen en gran parte de factores que escapan del análisis económico». Asimismo pronosticó que en el trimestre que cierra en este mes de junio, la contracción de la economía será «significativamente mayor» a la de los primeros tres meses de 2020. El estudio señala además que la economía comenzará a recuperarse en la segunda parte de 2020, aunque sin alcanzar niveles de actividad comparables a los de principios de año, y calcula que «solo hacia mediados del 2022 se equipararán los niveles de actividad del tercer trimestre del 2019». En abril último la economía de Chile sufrió una caída de 14 por ciento en comparación con el mismo mes de 2019, calificada sin precedentes, pero para el Banco Central «la implementación de cuarentenas más estrictas implica que los registros de actividad de mayo y junio serán probablemente más negativos que el de abril». Santiago de Chile, 17 de junio 2020 Crónica Digital/PL

Luego de conocerse la solicitud de la Cámara de Diputados del proceso de licitación que involucra las dependencias del canal público del país, el senador Felipe Harboe manifestó su preocupación sobre que “TVN tenga que recurrir a vender sus activos fijos para poder ser viable financieramente». El hecho conocido tras 2 oficios remitidos desde la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados, donde se pidió información sobre un proceso de licitación que involucra las dependencias del canal público del país, y donde la presidenta del directorio de Televisión Nacional, Ana Holuigue Barros, indicó que efectivamente se ha convocado un proceso de licitación para recibir ofertas tanto para la compra como para el arriendo total o parcial de las dependencias encendió las alarmas de quienes abogan por una tv pública y de calidad. «Esto es muy delicado, aquí puede haber una estrategia soterrada del Gobierno de debilitar Televisión Nacional de Chile para poder plantear su privatización o cierre. Eso sería muy delicado”, afirmó el senador Harboe. El parlamentario también hizo un enfático llamado a la defensa de la televisión pública. «Lo que se requiere, evidentemente, es que la televisión pública cumpla la función pública, con programación que aporte a las políticas públicas y no sólo con farándula», concluyó. Santiago de Chile, 17 de junio 2020 Crónica Digital

Por Rafael Calcines Armas Con la pandemia de Covid-19 fuera de control, Chile permanece expectante hoy ante las cifras de nuevos contagios y fallecidos que brinden las autoridades y las posibles medidas para enfrentar la expansión galopante de la enfermedad. Al final de la mañana se conocerá el nuevo parte diario, pero ya se sabe que la cifra de infectados sufrirá una fuerte alza, de 184 mil 849 reportados ayer, a más de 215 mil, pues según precisó el jefe del departamento de epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Araos, se añadirán 31 mil 412 que no estaban informados. Araos explicó que se hicieron revisiones en el sistema de vigilancia epidemiológica y las fuentes de datos, por demoras causadas por la presión a la que ha sido sometido el sistema sanitario y se detectó un número importante de personas que no han sido notificadas. Igualmente deberá elevarse la cantidad de muertes por Covid-19, luego que las autoridades informaran durante lunes y martes muy pocos decesos en comparación con días anteriores cuando sobrepasaban los 200. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, explicó que esas bajas cifras no marcan una tendencia favorable, sino que obedecen a que el Registro Civil no inscribe fallecimientos los fines de semana, y a partir de este miércoles se deberá contar con toda la información. Tal como ocurre desde hace semanas, la mayoría de los casos nuevos sigue concentrándose en la región Metropolitana, con más del 80 por ciento de los contagios y fallecidos, pero con una tendencia creciente en otras regiones como Valparaíso, Tarapacá, Antofagasta y OHiggins. El aumento incesante de los contagios y la presión sobre el sistema hospitalario con cada vez más enfermos que requieren cuidados intensivos, obligó a poner en cuarentena total a alrededor de la tercera parte de las comunas (municipios) del país, que concentran casi la mitad de la población. Este miércoles se conocerá qué otras medidas se aplicarán, toda vez que las cuarentenas totales no están dando los resultados esperados porque en muchas ciudades, sobre todo en la capital, las restricciones de movimiento apenas se cumplen al 30 por ciento según datos de las alcaldías. En medio de esa situación el respetado centro de estudios independiente Espacio Público, propuso que en Santiago se vaya más allá y entre en «hibernación» a causa de su angustiosa situación, por ser el principal foco de coronavirus y tener al límite los hospitales. El estudio de 16 páginas plantea reducir casi a cero la movilidad en la ciudad incluso con una ampliación del horario del toque de queda, suspensión del transporte público, restringir aún más los permisos para salir a la calle y reforzar todos los controles policiales. Al mismo tiempo reclama, para garantizar esa medida, que el gobierno brinde un apoyo económico directo y urgente a las familias, para que puedan subsistir. La propuesta causó tal impacto que el gobierno debió desmentir rumores que inundaron las redes sociales y daban cuenta de que ya estaría previsto imponer la «hibernación» desde el próximo domingo. Santiago de […]

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Un café en una plaza con historia....

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