La represión y los delitos cometidos por las fuerzas de carabineros contra las manifestaciones pacíficas fueron calificadas por el Colegio Médico de Chile como una catástrofe desde el punto de vista de los derechos humanos. Así lo expusieron la víspera los doctores Izkia Siches, presidenta de ese gremio, y Jaime morales, presidente de su departamento de derechos humanos, al intervenir en una sesión de la cámara de diputados que analiza una acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick. Morales expuso testimonios de personas afectadas por la represión policial y el daño provocado por balines, golpizas, el impacto directo de bombas lacrimógenas y violencia sexual y psicológica contra los manifestantes. Esto -dijo- es una catástrofe «desde el punto de vista de los derechos humanos porque quienes han utilizado estas armas son agentes del Estado» y recordó que el 15 de noviembre la Sociedad Chilena de Oftalmología informó en carta al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, de 267 pacientes con trauma ocular severo hasta ese momento. Por su parte, Izkia Siches dijo esperar que la Cámara avance en esclarecer las responsabilidades políticas por no haber considerado los efectos lesivos para la ciudadanía del accionar de la fuerza pública. Precisamente, la acusación contra el exministro Chadwick se fundamenta en el exceso de la fuerza por parte de Carabineros en las manifestaciones sociales. En la instancia Siches manifestó que como Colegio Médico, «reiteramos y pedimos a los parlamentarios, colaborar con el retiro del uso de perdigones y balines», y consideró que el Ministerio del Interior ha sido negligente, a pesar del aviso del Ministerio de Salud, del Colegio Médico y de la Sociedad Chilena de Oftalmología». Asimismo advirtió que no sólo se debe responsabilizar a los carabineros, «sino que justamente a las responsabilidades políticas del ministro del Interior pasado y el actual» y aseguró que «los datos registrados revisten una gravedad que creemos que el ministro del Interior subestimó». La acusación constitucional contra Chadwick fue presentada la pasada semana por parlamentarios de oposición con un amplio respaldo de organizaciones sociales y de derechos humanos, por su responsabilidad política por la violencia desatada contra las manifestaciones mayoritariamente pacíficas por las fuerzas policiales. Por semejantes causas, la víspera fue presentada también por 11 diputados de diferentes fuerzas políticas una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Santiago de Chile, 21 de noviembre 2019 Crónica Digital/PL
Nacional
El jefe del cuerpo de Carabineros de Chile, general Mario Rozas, anunció hoy la suspensión temporal del uso de escopetas antidisturbios durante las manifestaciones populares que se mantienen a todo lo largo del país. En una breve información a los medios, Rozas advirtió que la suspensión de esos artefactos y otras armas, se exceptuará en caso de que la vida del carabinero corra peligro. El alto oficial admitió que se dispuso esa medida producto de los cuestionamientos por el material que componen los balines que emplean esas escopetas, que según las fuerzas policiales son de goma. Sin embargo, un estudio realizado por un laboratorio de la Universidad de Chile a balines extraídos a personas heridas en las manifestaciones reveló que los balines solo contienen 20 por ciento de goma y el resto corresponde a plomo y otros minerales. No obstante, Rozas explicó que esa disposición será «reevaluada» cuando se tengan los resultados de estudios sobre la composición de los balines encargados por el cuerpo de Carabineros a entidades en el extranjero, cuya identidad no reveló. El Instituto nacional de Derechos Humanos, el Colegio Médico de Chile, hoaspitales y organizaciones sociales han denunciado reiteradamente el uso excesivo de los balines de goma y perdigones por los carabineros, la mayor parte de las veces contra manifestantes pacíficos, así como la letalidad de esos elementos. Según la Sociedad de Oftalmología de Chile, son más de 220 los casos de personas que han sufrido en su rostro heridas por perdigones, balines e incluso el impacto directo de bombas lacrimógenas, lo que les ha provocado serias lesiones de la vista y hasta la pérdida total de uno de los ojos. Incluso la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó a Carabineros abstenerse de disparar balines en manifestaciones pacíficas, tas acoger recursos de protección en favor de jóvenes estudiantes, e iguales disposiciones se emitieron en las ciudades de Antofagasta, La Serena, Concepción, Valdivia y Temuco. Pero hasta ahora las fuerzas policiales pasaron por alto esas órdenes. Santiago de Chile, 21 de noviembre 2019 Crónica Digital /PL
Los balines disparados por el cuerpo de Carabineros de Chile contra los manifestantes pueden ser letales si son lanzados a corta distancia, aseguró el académico de la Universidad de Santiago, Leonel Rojo. El tema de la composición de los balines empleados por las fuerzas policiales es motivo de controversias y denuncias por la gravedad de las heridas recibidas por muchas personas. Las preocupaciones aumentaron tras revelar un estudio de un laboratorio de la Universidad de Chile que esos balines solo contienen un 20 por ciento de goma y el resto es de plomo y otros minerales. Sin embargo, el general director de Carabineros, Mario Rozas, ha insistido en que esas «municiones no letales» no contienen plomo y son solo de goma. Pero para el académico Leonel Rojo, «a una corta distancia, el balín puede ser letal. Por ejemplo, a tres, cuatro, cinco o 10 metros, si es disparado a la cabeza». Sobre la base de las conclusiones del estudio de la Universidad de Chile, el especialista en toxicología señaló además que la consistencia del plomo es muy densa y peligrosa desde el punto de vista químico. Explicó que «si queda incrustado y no se retira, puede provocar intoxicación, dolores articulares, problemas del apetito, dolores abdominales o de la cabeza o presión alta por intoxicación por plomo». Por ello, llamó a la institución policial a dejar de utilizar esta munición y prohibir su uso, ya que, además, la posibilidad de dirigir el objetivo de estos es mínima, pues los proyectiles de la escopeta, al momento del disparo se dispersan en muchas direcciones. Añadió que si el balín no se retira por completo, pueden quedar fragmentos en el cuerpo, y si esos contienen plomo, pueden llegar a la sangre y causar problemas principalmente de debilidad, anemia o dolores, dependiendo de la concentración que alcance». Instituciones de salud han llamado la atención del alto número de personas que han llegado a los hospitales con impactos de balines en el torso, las cara y la cabeza e incluso muchas han presentado graves problemas de visión y hasta la pérdida de un ojo. El caso más grave hasta ahora es el del estudiante universitario Gustavo Gatica, quien sufrió heridas en sus dos ojos, por lo cual perdió uno de ellos y mañana será sometido a una nueva operación para intentar que no pierda totalmente la visión. Santiago de Chile, 21 de noviembre 2019 Crónica Digital /PL
Los incendios forestales que desde hace días calcinan zonas boscosas de varias regiones del centro de Chile mantienen en jeque hoy a los cuerpos de bomberos con al menos 12 focos activos. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) cifró en 44 los incendios forestales que han ocurrido a nivel nacional, principalmente en las regiones de O´Higgins, Bío Bío y Valparaíso, sobre todo en esta última donde las llamas afectaron áreas pobladas en los suburbios de la ciudad. En esa región se mantienen ocho focos activos que se han expandido por los cerros que rodean a la urbe portuaria donde la tarde y noche de ayer se vivieron dramátícas escenas cuando decenas de familias fueron prácticamente sorprendidas por las llamas y debieron evacuar sus viviendas. Unas cuatro mil hectáreas de matorrales y bosques fueron calcinadas por el fuego y al menos 12 viviendas resultaron destruidas en los alrededores de la ciudad. En la región de Valparaíso, donde se mantiene la alerta roja desde el fin de semana, el alcalde de la urbe, Jorge Sharp, pidió ayuda al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, para que se designe un fiscal especial que investigue los siniestros. Según Sharp, por la forma en que se han desatado los fuegos en distintos puntos en los últimos días, pudiera tratarse hechos intencionales. Las autoridades señalan además que la fuerte sequía que ha afectado al país este año, las inusualmente altas temperaturas de la presente primavera y los fuertes vientos en la zona incrementan las posibilidades de esto siniestros. Aunque no se han reportado personas fallecidas o lesionadas, cientos han sido evacuadas y las autoridades sanitarias llaman a tomar medidas con adultos mayores y niños, por las afecciones respiratorias que pueden sufrir por el humo.
Un mes después de que estallaran las protestas populares en Chile, continúan ayer las manifestaciones en numerosas ciudades convocadas por el movimiento Unidad Social y diferentes organizaciones. Bajo el lema Esto no ha terminado, la Unidad Social llamó a realizar concentraciones a todo lo largo del país para demostrar el rechazo al denominado «acuerdo por la paz y una nueva constitución» firmado el viernes último por partidos de derecha y parte de la oposición con la aquiescencia del gobierno de Sebastián Piñera. A tono con ese llamado, miles de personas se congregaron una vez más y de forma pacífica en la Plaza de la Dignidad (Baquedano) centro de las protestas populares durante estos 30 días. Otros muchos marcharon por la Alameda, la principal arteria de esta capital, que fue cerrada al tráfico y donde en varios puntos fuerzas especiales reprimieron a grupos de manfestantes con el carro lanza agua. Durante el día se realizaron en diferentes puntos de la capital manifestaciones de estudiantes y vecinos en las comunas (municipios) de Puente Alto, San Joaquín y Santiago Centro, entre otras, donde fueron dispersados por carabineros en enfrentamientos. Las fuerzas especiales emplearon gases lacrimógenos, chorros de agua y escopetas de balines de goma, cuyo uso ha sido denunciado por entidades médicas y de derechos humanos, porque los balines contienen un 80 por ciento de plomo y otros componentes metálicos que los hace mucho más letales. En las protestas sobresalió el rechazo al pacto partidista para una nueva Constitución, que el movimiento social critica por haber sido instrumentado a sus espaldas. También insistieron en las denuncias a los atropellos a los derechos humanos y numerosos manifestantes marcharon vestidos de negro y con uno de sus ojos vendado, como denuncia de los más de 200 casos de personas que han sufrido graves lesiones en sus ojos al ser impactadas por perdigones, balines y bombas lacrimógenas. Los manifestantes exigieron también la renuncia del general jefe de Carabineros, Mario Rozas, por la represión desmedida de que han sido víctimas muchos manifestantes pacíficos. Asimismo denuncian que mientras la represión violenta persiste, el gobierno y medios de comunicación llevan a cabo una campaña supuestamente a favor de la paz y de criminalización del movimiento social, al cual culpan de los saqueos y desmanes que se han cometido desde el pasado 18 de octubre. Prensa Latina conoció que también en la sureña ciudad de Concepción alredeor de 15 mil personas marcharon por las principales calles exigiendo una Asamblea Constituyente con una genuina representación del movimiento popular. Por su parte, los gremios del sector público anunciaron un paro de 48 horas a partir de mañana, para exigir que el gobierno responda a sus demandas de mejor distribución de recursos, reajuste salarial, condiciones laborales y seguridad social dignas, educación, formación y superación, entre otras. Santiago de Chile, 19 de noviembre 2019 Crónica Digital /PL
La mujer estaba tocando su trompeta en una manifestación, cuando fue detenida. Los vejámenes se habrían iniciado al instante de ingresarla al vehículo policial y continuado en la comisaría. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a través de su Sede Regional de O’Higgins, presentó una querella por torturas sexuales perpetradas por funcionarios de Carabineros de Chile de la 1ª Comisaría de Rancagua, en contra de una joven, el pasado viernes tras una manifestación. La mujer estaba tocando su trompeta cuando fue detenida. Los vejámenes se habrían iniciado al instante de ingresarla al vehículo policial y continuado en la comisaría. El INDH tomó temprano conocimiento del caso, entrevistándose con la mujer para tomar su testimonio y para preparar la acción judicial que permitirá iniciar la investigación para esclarecer la verdad y determinar las responsabilidades que le cabría al personal policial. Según el jefe regional del INDH de O´Higgins, David Bahamondes, ya ha presentado 12 querellas, en la mayoría por las graves heridas causadas por el uso de perdigones en el control del orden público, donde se ha afectado la integridad de “mujeres y niños”. Hasta la fecha y desde el inicio de las protestas por demandas sociales, el INDH ha presentado 66 querellas por torturas sexuales: 59 contra carabineros; 6 contra militares y una contra personal de la Policía de Investigaciones. Santiago de Chile, 19 de noviembre 2019 Crónica Digital
Tras procedimiento de fiscalización realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), se insta a la policía uniformada a aclarar incidencias y fallos técnicos en la web institucional que han obstaculizado el ingreso de solicitudes de información dirigidas a la entidad y el acceso a antecedentes que debe mantener publicados en su página. El CPLT había remitido una comunicación anterior a la policía uniformada y a otros organismos vinculados a seguridad y FFAA para advertir que los registros de detenidos son públicos y la entrega de información sobre detenidos o imputados no puede negarse bajo ninguna circunstancia. Con la finalidad de que Carabineros de Chile “adopte las medidas necesarias para dar cumplimiento a los principios y normas sobre transparencia y acceso a la información pública” y “subsanar a la brevedad” situaciones que han comprometido la correcta operatividad de su sitio electrónico institucional afectando el acceso a transparencia activa y al sistema de ingreso de solicitudes de acceso a la información, el Consejo para la Transparencia (CPLT) decidió oficiar al director General de la institución (Oficio N°1766). El Consejo Directivo del CPLT instruyó la acción tras verificar a través de un proceso de fiscalización –desarrollado en distintas fechas entre octubre y noviembre- problemas de acceso a la información de transparencia activa (TA) de Carabineros de Chile así como con el canal para ingresar solicitudes de acceso a la información alojado en la página web del organismo. En el documento, el Consejo reconoce “las exigencias institucionales que ha debido enfrentar” la institución, pero advierte que “ante situaciones que comprometan la operatividad del sitio electrónico institucional o requieran su desactivación temporal, Carabineros de Chile deberá habilitar un plan o mecanismo de contingencia que permita a las personas ejercer el derecho de acceso a la información, conforme a lo establecido en el punto 9 de la Instrucción General N°10 de esta Corporación”. En la comunicación, el CPLT además ofrece a Carabineros poner a disposición la plataforma del Consejo “Portal de Transparencia del Estado” con el objeto de facilitar la publicación de información en transparencia activa y la gestión de solicitudes de acceso a la información. En la actualidad, el organismo dispone de un sistema dependiente de la propia institución. La institución de Transparencia había remitido otro oficio (N° 1706) a la policía uniformada y a otras instituciones vinculadas a seguridad -Ministerio del Interior, ramas de las Fuerzas Armadas, Policía de Investigaciones, entre otras-, realizando una serie de recomendaciones en materia de transparencia proactiva. Entre ellas destacó el carácter de público de los registros de detenidos, tras una serie de denuncias de abogados y ciudadanos que apuntaban a la negativa de entrega de información sobre personas privadas de libertad en el contexto de las movilizaciones que se han sucedido en las últimas semanas a nivel nacional. Santiago de Chile, 19 de noviembre 2019 Crónica Digital
El 81 por ciento de los chilenos votará por una nueva constitución en el plebiscito anunciado para abril de 2020, indican hoy los resultados de la encuesta Pulso Ciudadano. El estudio señala que solo 8,2 de los consultados se manifestó en contra de una nueva carta magna y 6,3 por ciento no supo qué responder, lo que evidencia el amplio respaldo de los ciudadanos del país a una nueva carta magna. Igualmente importante es que a la pregunta sobre el órgano preferido para llevar a cabo la redacción del texto constitucional, 63,5 por ciento se inclinó por la Convención Constitucional (asamblea constituyente), integrada solo por la ciudadanía y sin la participación de ningún político. Solo 24,4 respalda la idea de que esa tarea corra a cargo de una convención mixta constitucional (respaldada mayormente por los partidos de derecha y el gobierno), que estaría formada por ciudadanos y parlamentarios en ejercicio a partes iguales. El sondeo evidenció que el plebiscito despierta gran interés en la población, pues un país como Chile donde el abstencionismo es muy elevado, porque el 78,2 dijo estar seguro de ir a votar y solo 6,7 por ciento afirmó que no acudirá a las urnas. Sobre los motivos para que Chile tenga una nueva ley de leyes, los encuestados pusieron en primer lugar la necesidad de reducir las desigualdades existentes, seguido en ese orden por mejorar la salud, la educación, las pensiones, terminar con la Constitución aprobada en dictadura, y mayor justicia social. El estudio Pulso Ciudadano también tuvo en cuenta la percepción de la población sobre el acuerdo firmado el viernes último entre partidos de gobierno y una parte de la oposición, en lo cual las mayores dudas se centran en el quórum de dos tercios pactado para la aprobación de las normas en la nueva ley fundamental. En ese sentido el 45,7 de los consultados dijo estar de acuerdo, pero lo rechazan el 32,6 y casi el 22 por ciento no respondió ni a favor ni en contra. Asimismo el 63,1 por ciento de los entrevistados consideró que si se llegó a ese «acuerdo por la paz y una nueva constitución», se debió a la fuerte presión de la población movilizada en las calles a lo largo de todo un mes. El sondeo dejó clara la pobre valoración de los chilenos sobre las instituciones del Estado, pues la mejor calificación la recibieron los bomberos con 94,4 de cien, pero las Fuerzas Armadas las desaprueba el 56,3, y menos aún el cuerpo de Carabineros con 64,3. Al final de la lista, en lo que a desaprobación se refiere, aparecen el gobierno con 75,8 por ciento, y el Congreso Nacional y los parlamentarios con 78,3. Santiago de Chile, 19 de noviembre 2019 Crónica Digital /PL
Con el respaldo de diputados y diputadas de diversas bancadas de la oposición, este martes se ingresará la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país en el último mes. Este lunes 18 de noviembre diputados y diputadas de bancadas de oposición se reunieron para afinar los últimos detalles de la Acusación Constitucional contra Sebastián Piñera, que será presentada este martes 19 ante la Cámara de Diputados. En ese marco, el diputado Daniel Núñez sostuvo que el Presidente Sebastián Piñera es “responsable de las brutales violaciones a los Derechos Humanos que han ocurrido en estos días en Chile. El tomó las decisiones políticas que condujeron al accionar de las fuerzas militares, policiales y él tiene que responder por sus actos. Para ello vamos a ocupar un mecanismo legal constitucional, vamos a usar las armas de la democracia para que Sebastián Piñera asuma su responsabilidad política que él elude”. Por su parte, la diputada Carmen Hertz destacó que “la unidad de parlamentarios de diversas bancadas que hemos concordado en el imperativo ético y político de establecer a través del mecanismo de la Acusación Constitucional, las responsabilidades políticas del Presidente de la República ante las graves y generalizadas violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en nuestro país”. Hertz agregó que dentro de los apoyos al libelo se encuentran parlamentarios del Frente Amplio, del PS, del PPD, además de los parlamentarios del Partido Comunista y de la Federación Regionalista. “Es un apoyo transversal a este imperativo ético, porque los diputados estamos obligados a usar las herramientas que la Constitución nos entrega para hacer efectiva las responsabilidades políticas”. Por su parte, el diputado Jorge Brito (RD) reveló que “este es un documento que se ha trabajado hace bastante tiempo con los equipos de los parlamentarios y las bancadas que se han anunciado. A nosotros nos motiva un profundo compromiso de responsabilidad democrática, ese que el Presidente Sebastián Piñera ha intentado eludir, no ha querido hacer su trabajo y se ha escondido detrás de policías y militares para negar la democracia”. Finalmente, la diputada Claudia Mix (Comunes) agregó que “hemos estado trabajando con nuestros equipos para sacar el mejor documento, robusto, que pudiese incorporar todos los antecedentes que día a día a salen. Estamos conformes con el documento y esperamos que podamos tener al Presidente dando las explicaciones y asumiendo las responsabilidades que le competen en las violaciones a los derechos humanos durante este mes que se ha cumplido de la movilización social”. Santiago de chile, 19 de noviembre 2019 Crónica Digital
Como se sabe, el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” estableció que los acuerdos del futuro órgano constituyente, Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional, deberán ser adoptados por dos tercios de sus integrantes. Los apologetas del acuerdo han apelado, para justificar aquel elevado quórum, al caso de la Asamblea Constituyente de Bolivia (2006), lo que resulta sorprendente, a lo menos en una parte de quienes así argumentan, porque hasta hace un mes atrás con seguridad sostenían que la experiencia del país altiplánico era una expresión de “populismo”. Es pertinente reflexionar al respecto, considerando que estamos hablando de un debate que tendrá un impacto de larga duración en el devenir futuro de la sociedad chilena, y cuando ha transcurrido un mes desde el recodo que instaló el ciclo de la movilización de la ciudadanía que, a lo largo de las calles y barrios de todo el país, abrió paso al “momento constituyente” que puso fin a la “normalidad” de casi 30 años de la transición pactada. Los apologetas dicen que los dos tercios que se han definido en “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” no son contradictorios con la democracia, considerando que la Asamblea Constituyente de Bolivia habría funcionado con un quórum, aseveran, de dos tercios. Para ese efecto, se ha citado el Informe “Mecanismos de Cambio Constitucional en el Mundo”, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. En el punto 3, sobre “Análisis comparado de casos de Asambleas Constituyentes”, en lo que se refiere a funcionamiento, se indica: “La adopción de acuerdos mediante consenso fue una práctica bastante usada en el funcionamiento de las asambleas constituyentes de Sudáfrica, Uganda, Islandia, y también de Bolivia (…) En las comisiones temáticas de la asamblea constituyente de Bolivia también se privilegiaba el consenso o unanimidad para la elaboración de sus textos finales, y si ello no era posible, la comisión entregaba al comité redactor más de un borrador para su consideración, los que en todo caso debían estar apoyados por al menos 1/3 de los miembros de la respectiva comisión. El texto final fue votado artículo por artículo en el pleno, necesitando para su aprobación los 2/3 de los miembros presentes”. Por cierto, los apologistas suelen omitir que en el mismo Informe del PNUD se consignan, además, experiencias diferentes: “Una combinación de votaciones por mayoría absoluta y mayorías calificadas se usó tanto en Colombia como en Túnez. En el primer caso, por ejemplo, en un primer plenario se decidía por mayoría absoluta el articulado decidido por las diferentes comisiones, y luego en un segundo plenario, se discutían temas calificados como sensibles o que no habían podido ser resueltos en el primer plenario, y en este caso las decisiones debían obtenerse a través de mayorías calificadas. En Túnez, el pleno votaba artículo por artículo, aprobándolos por mayoría absoluta. Pero para la aprobación del texto final, se exigía un quórum de 2/3, el que si no se […]
