Una controvertida Reforma Constitucional que establece la participación de indígenas en la redacción de la nueva Constitución en Chile, entró en vigor con su publicación en el Diario Oficial.
En una ceremonia, el presidente Sebastián Piñera puso en marcha esa legislación que es considerada un «paso histórico» por el gobierno, pero el mínimo elemental e incluso insuficiente, por representantes de pueblos indígenas y partidos de oposición.
Dicha reforma, aprobada después de muchas dilaciones de legisladores oficialistas y largos debates en el Congreso, quedó finalmente con 17 escaños reservados a las comunidades originarias dentro de los 155 integrantes de la Convención Constitucional.
Así, corresponderán siete puestos al mayoritario pueblo Mapuche, dos al Aymara, y uno respectivamente a los Rapa Nui, Quechua, Atacameño, Diaguita, Colla, Kawashkar, Yagán y Chango, pero los afrodescendientes, a pesar de ser reconocidos por la ley, quedaron fuera.
En el acto, el mandatario dijo que «Chile se construye sobre la riqueza de sus orígenes y la diversidad de su gente. Por eso es tan importante el aporte y visión de nuestros pueblos originarios a nuestra nueva Constitución».
Aun cuando a lo largo de los debates muchos políticos y legisladores calificaron de ambigua la posición del Ejecutivo, el mandatario señaló hoy que La Moneda respaldó esta iniciativa con la convicción que la Convención Constitucional debe reflejar fielmente la diversidad del país y sobre todo la participación y aporte de los pueblos originarios.
Sin embargo, la percepción de representantes de esos pueblos y fuerzas de oposición no parece coincidir con lo expresado por el mandatario.
El 15 de diciembre, cuando finalmente el parlamento aprobó la reforma, la oposición mayoritariamente le dio su respaldo para no dilatar más el proceso, pero como argumentaron legisladores, estuvo lejos de lo óptimo y fue «solo lo mínimo que se pudo lograr», como dijo la diputada Alejandra Sepúlveda, del Frente Regionalista Verde Social.
En tanto la legisladora comunista Carmen Hertz señaló en su momento que los escaños reservados «no es una concesión graciosa a los pueblos originarios» sino que surge de la lucha de los indígenas que han sido discriminados históricamente y cuyos problemas presentes se originan precisamente en su falta de participación.
Asimismo criticó el número de cupos, porque la proporción correspondiente al porcentaje de población indígena debería ser 25, pues el 12,8 por ciento de los habitantes del país se identifican como pertenecientes a algún pueblo originario.
Santiago de Chile, 24 de diciembre 2020
Crónica Digital/PL
