Ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, representantes de la CONFECH, FEUC, OFESUP y CONES expresaron su opinión sobre el proyecto del Ejecutivo que establece un nuevo sistema de educación superior.
Un marco amplio de coincidencias, por ejemplo respecto de la necesidad de defender el sistema educacional público y para eliminar el Crédito de Aval del Estado (CAE), expresaron los representantes de la CONFECH, FEUC, OFESUP y CONES, en el contexto de la discusión que se realiza en la Cámara de Diputados en torno al proyecto sobre educación superior (boletín 10783).
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Camila Rojas, presentó un documento común, elaborado por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), autoridades académicas y trabajadores de las universidades, en donde se resalta la necesidad de contrarrestar los intereses, ocultos o manifiestos, de los «empresarios de la educación» y de avanzar hacia el fortalecimiento de la educación pública. «Es ahí donde se deben garantizar los derechos de todas y todos», sentenció.
Estimó fundamental concretar una definición de institución pública que tome en cuenta los importantes aportes en la producción de bienes colectivos, desde la generación del conocimiento y su vinculación con el medio, hasta el desarrollo de un importante compromiso con la libertad académica, manteniendo un alto nivel de pertinencia y calidad de sus carreras, así como formas de gobernanza participativas que den garantía de autonomía.
En línea con el citado documento común, Nicole Cornejo, vocera zonal sur de la CONFECH y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral, resaltó que las instituciones estatales deben ser la columna vertebral del sistema de educación superior, el corazón de la calidad y la vía para enfrentar la segregación.
Planteó que se deben fortalecer estas instituciones en un plazo de diez años, para llegar hasta un 50% de la matrícula de educación superior, para lo cual se debería eliminar el tope de crecimiento de la matrícula; inversión y ampliación de infraestructura; el fortalecimiento del cuerpo académico; y la reubicación de estudiantes que deban cerrarse por lucro o incumplimiento de la ley.
Patricio Medida, vocero zonal metropolitano y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, remarcó que los medios de financiamiento deben ser principalmente aportes basales de libre disposición, con trato preferente a las instituciones estatales. Además, sostuvo que la gratuidad debe ser universal por medio de aportes directos que aumenten en la medida que disminuya el financiamiento a la demanda; en tanto que se deberían generar fondos especiales para el fortalecimiento del ámbito universitario estatal, especialmente en regiones.
Asimismo, dijo que el documento conjunto reafirma la necesidad de eliminar el CAE y redistribuir los recursos para poder financiar la educación pública; sacar a la banca y, en general, acabar con el sistema de endeudamiento.
También dentro de este grupo, Betsi Saavedra, presidente de la Federación de Profesionales y Técnicos de Universidades Estatales presentó propuestas para perfeccionar el proyecto de ley que buscan, a grandes rasgos, ampliar las posibilidades de participación interna de todos los estamentos universitarios; propiciar mayor control de la gestión y de los recursos; y garantizar la carrera funcionaria y el bienestar de trabajadores.
FEUC
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile (FEUC), Daniel Gedda, defendió que la educación es un derecho social y estimó pertinente la generación de planes estratégicos nacionales donde se establezcan labores definidas para las instituciones que sean cooperadoras de lo público.
Cuestionó que las instituciones se califiquen como públicas solo por el hecho que hayan aportado históricamente y expuso la necesidad de definir cómo este concepto se identificará para aquellas casas de estudio que sean cooperadoras en la labor educativa.
Se manifestó confiado en la capacidad del país para avanzar en una política seria de gratuidad, que parta por las instituciones estatales y las colaboradas de lo público primero, para seguir luego con el resto. Además, apeló a un aumento sustantivo del aporte fiscal directo enfocado en infraestructura y docencia; la creación de fondos concursables de investigación; una condonación de la deuda educativa; la generación de fondos de revitalización de las instituciones del Estado, sobre todo de las prioritarias; y eliminar el CAE, sustituyéndolo por un nuevo mecanismo que puede pasar por la definición de un impuesto al egresado, un aporte estatal (por ejemplo de los recursos de la ley reservada del cobre) o una combinación de ambos.
También tener en cuenta planes de absorción de matrícula de estudiantes provenientes de instituciones que cierren; la creación de un observatorio laboral, de carácter autónomo y público; y la especificación de condiciones al financiamiento estatal (transparencia total en el uso de recursos financieros; servicio a la comunidad; carrera funcionaria; acceso y diversidad en la matrícula; conocimiento abierto; autonomía universitaria; e integrarse a los planes de la estrategia de nacional).
OFESUP
El vocero de la Organización de Federación de Educación Superior Privadas (OFESUP) y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Desarrollo, Luis Vargas, consideró que el proyecto de ley mantiene una perspectiva discriminativa respecto de las instituciones privadas no pertenecientes al CRUCH, particularmente al no brindarles a las casas más nuevas la posibilidad de ingresar a dicho Consejo sobre la base de criterios objetivos.
Indicó que concuerdan en que la educación estatal debe tener preponderancia nacional y un beneficio mayor por sobre el resto de las instituciones, sobre la base a un rol distinto asignado por la sociedad en su conjunto, pero llamó también a considerar la realidad del sistema actual.
Consideró que el sistema de acreditación por niveles mantendrá una lógica de estigmatización sobre aquellos estudiantes de planteles menos acreditados; al tiempo que pidió clarificar un plan de fortalecimiento de la calidad de las instituciones estatales, acompañando de un plan estratégico de desempeño con objetivos claros.
Concordó en la necesidad de eliminar el lucro en la educación superior, estableciendo su definición y sanciones; pidió considerar la situación de los estudiantes de las casas que deben cerrar; y llamó a reemplazar el CAE, entendiendo el nivel de endeudamiento estudiantil y el alto costo que significa para el Estado.
CONES
El presidente de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), José Corona, señaló que estiman indispensable la constitución de una red estatal de educación superior, cuyas instituciones sean el centro gravitacional del sistema educacional y el pilar de las políticas de desarrollo y de investigación del país.
Sostuvo que solo debieran recibir aportes del Estado aquellas instituciones de educación superior que cumplan con un rol público, que tengan transparencia en su actual, que sean sin fines de lucro y con un actuar democrático en su administración, con trato preferente a las instituciones del Estado. Planteó la constitución de un financiamiento basal que asegure el normal funcionamiento de la institución; la constitución de un fondo de investigación; la gratuidad universal para el sistema de la red pública, partiendo por los jóvenes con menos recursos; y el fin del CAE.
Finalmente, expresó su preocupación por la constitución de una nueva política de acceso a la educación superior, que pase por un sistema de selección que deje de segregar por nivel socioeconómico y que contemple una articulación entre los niveles educacionales públicos.
Santiago de Chile, 8 de noviembre 2016
Crónica Digital / CAMARA.CL
