La llegada de inmigrantes indocumentados a Chile continúa, muchas veces en condiciones dramáticas, a despecho de la pandemia de COVID–19 y del endurecimiento de las medidas del Gobierno contra los indocumentados.
Al menos dos mil 95 menores de edad entraron a Chile de forma ilegal solos o con sus familiares en lo que va de 2021, por pasos no autorizados.
El diario “La Estrella de Iquique” advirtió que ese dato corresponde exclusivamente a los casos detectados en la Municipalidad de Colchane, cerca de la frontera con Bolivia, el que desde el año pasado es centro de atención por la gran afluencia de indocumentados.
Según el rotativo, esta cifra es, como promedio, la tercera parte del total de personas que arribaron de forma irregular.
El delegado presidencial en la zona, Natan Olivos, confirmó que durante el último mes se detectaron 600 ingresos clandestinos, de los cuales 170 eran menores de edad.
Dijo el funcionario que las autoridades locales buscan el apoyo de entidades como la UNICEF y el Servicio de Protección a Menores para atender esta situación, sobre todo con aquellos infantes que llegan sin compañía de adultos que se responsabilicen de ellos.
Como ocurre en otras latitudes, los migrantes son víctimas de bandas dedicadas al tráfico de personas que los exponen a serios peligros y les cobran fuertes sumas para llevarlos a su destino, aunque sin garantías de éxito.
Solo durante la última semana, la prensa dio cuenta del desmantelamiento de dos bandas dedicadas al tráfico humano, una de las cuales, según informó la Policía de Investigaciones, contactó al menos a tres mil 600 personas en Bolivia desde comienzos de este año.
El grupo cobraba a cada inmigrante unos 200 dólares por pasarlos a territorio de Chile, en un trayecto peligroso, al tener que cruzar a pie el desierto a altas horas de la noche y con temperaturas bajo cero.
En esa aventura, muchos son finalmente abandonados a su suerte por las bandas y al menos cinco personas murieron en lo que va de año, según datos oficiales,
En abril pasado entró en vigor una nueva Ley de Migración que, según Sebastián Piñera, busca “poner orden en casa”.
Esa legislación obliga a los extranjeros a obtener visas en sus países de origen mediante un proceso engorroso y que se encuentra prácticamente detenido por la pandemia, y al mismo tiempo permite al Gobierno deportar de una forma más expedita a los indocumentados a quienes cometen delitos.
Bajo ese criterio, en 2021 ya fueron devueltos a sus países de origen vía aérea más de 500 extranjeros, acción criticada por organizaciones nacionales e instancias internacionales que las han calificado de expulsiones sumarias que violan derechos de esas personas.
Los datos del Departamento de Extranjería y Migración indican que en Chile residen 1,4 millones de migrantes, que representan el siete por ciento de la población, la gran mayoría de ellos venezolanos, peruanos, haitianos y colombianos, en ese orden.
Santiago, 24 de agosto 2021.
Crónica Digital / Prensa Latina.
