Desde localidades como Villa Ortega, Valle Simson, La Tapera y Cochrane se trasladaron este viernes hasta Coyhaique pobladores y campesinos interesados en conocer las repercusiones que tendría para ellos la aprobación de los proyectos de Carretera Eléctrica Pública y de Concesiones Eléctricas que el gobierno impulsa en el Congreso. Ese día, desde la 18:00 horas, la directora de Chile Sustentable Sara Larraín expuso en el auditorio del ministerio de Obras Públicas cómo tales iniciativas generarían “nuevos derechos para empresas eléctricas por sobre propietarios agrícolas, turísticos, comunidades indígenas y todos los bienes públicos”. La especialista integra la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria que elaboró una propuesta energética alternativa a la de la Comisión Asesora Presidencial para el Desarrollo Eléctrico, que dio origen a ambos proyectos de ley y en la cual participan esencialmente representantes y consultores de las compañías que hoy controlan el mercado de la energía.
En dos horas de presentación Larraín aclaró por qué ambos proyectos, conocidos como “Leyes HidroAysén”, fortalecen el negocio de grandes compañías como Endesa y Colbún (y también de Xstrata Copper a través de Energía Austral), y son perjudiciales para todos los chilenos y chilenas, particularmente para los empresarios turísticos, agrícolas y ganaderos, las comunidades indígenas y el patrimonio natural.
En el caso de la Carretera Eléctrica Pública explicó que aunque legalmente el gobierno señala que sería una iniciativa “de interés público” lo cual le permitiría imponer un trazado al momento de expropiar, “al final no expropia sino que lo concesiona a los privados para que negocien el precio con el particular, sea una comunidad indígena, un gran agricultor, un municipio, un parque nacional o un emprendimiento turístico. Pero solo el precio es negociable, el trazado no”. Con esto “lo que está configurando el gobierno de Piñera es un instrumento nuevo, que nadie conoce, que es poner todo el derecho que tiene el aparato público de establecer gravámenes sobre la propiedad privada y sobre la propiedad de los bienes públicos en beneficio de un sector económico que es el eléctrico”.
Sobre el mismo tema recordó que la actual administración planificó un primer trazado que fuera desde Calbuco (límite sur del Sistema Interconectado Central) a Cochrane. En mayo llamó a una licitación para esta iniciativa de 900 kilómetros a la cual se presentaron dos empresas. Pero “por la presión política, particularmente del Parlamento, la retiro ‘por fallas técnicas’ lo cual fue sólo una excusa para no seguir adelante porque venía el proyecto de Ley de Carretera Eléctrica. Su idea ahora es hacerlo a través del Congreso”.
Sara Larraín, quien ha impulsado varias leyes tendientes a dotar a Chile de una matriz realmente sustentable, limpia y económica mediante ahorro y eficiencia energética, y el ingreso de energías renovables no convencionales, alertó a los ayseninos sobre este tema: “este proyecto va a imponer, con el nombre de interés público, trazados sin participación ciudadana y sin evaluación ambiental, sobre todo el resto de los chilenos, para beneficiar al sector eléctrico”. Agregó que “aquí se están generando nuevos derechos, no para todos los empresarios sino para el sector eléctrico, por sobre el resto. Los grandes agricultores, los turísticos, la minería quedan bajo ese nuevo derecho que establece el Estado, y por supuesto, por sobre las comunidades indígenas, los parques nacionales y todo lo que son bienes públicos”.
En su opinión, Aysén “ya ganó la batalla de desincentivar a HidroAysén a presentar el trazado, pero esta ley está diseñada para que este sea posible sin entrar a estudio de impacto ambiental porque el trazado se entrega antes”.
Ley de Fast Track para las Concesiones
Pero la Carretera Eléctrica Pública no es la única iniciativa que el gobierno está impulsando para favorecer a HidroAysén. Está también la que acelera las concesiones eléctricas. Tal proyecto de ley “restringe los derechos de los afectados, les reduce los tiempos de observaciones y, finalmente, si van a tribunales solo pueden seguir juicios rápidos que les impiden defender sus derechos patrimoniales” en igualdad de condiciones.
En concreto, el proyecto apunta a simplificar el proceso de concesión provisional reduciendo sus requisitos, acorta los tiempos de tramitación, restringe el ámbito de observaciones y oposiciones, además de la definición de los afectados, acota los medios de notificación, establece procedimientos judiciales sumarios que afectarían el resguardo de los derechos de los afectados, introduce la posibilidad de dividir la solicitud de concesión, modifica el procedimiento de tasación de inmuebles y crear un procedimiento arbitral que favorezca al concesionario eléctrico por sobre otros actores.
“Lo que ocurrió con el chantaje de HidroAysén al gobierno (cuando Colbún anunció su interés de postergar el ingreso del EIA de las líneas de transmisión) cambió el polo de la discusión en el país, desde la necesidad de generación hacia la necesidad de transmisión. Por eso es tan importante que en esta región se trabaje, desde acá, se trabaje hacia el norte para parar estas dos leyes” concluyó.
Santiago de Chile, 7 de octubre 2012
Crónica Digital
