Nacional

Este lunes 17 de diciembre, la bancada Comunistas-Progresistas ingresó formalmente un téngase presente ante el Tribunal Constitucional, con el fin de evitar una nueva arremetida de impunidad por parte de Chile Vamos, quienes buscan impedir –vía Tribunal Constitucional- que se promulgue la ley que establece requisitos a la libertad condicional para los criminales de lesa humanidad. Hasta el Tribunal Constitucional llegó la bancada Comunistas-Progresistas para hacer ingreso de un téngase presente y oficializar la defensa ante el Tribunal Constitucional, del proyecto de ley despachado desde el Congreso Nacional sobre libertades condicionales. Para la bancada PC/PRO es fundamental ser parte de las audiencias que se realizarán durante esta semana, a fin de evitar que avance la ofensiva de Chile Vamos para dejar en la impunidad a violadores de Derechos Humanos. Para el jefe de la bancada PC/PRO, diputado Daniel Núñez, la acción de Chile Vamos intenta por esa vía “torcer la voluntad popular que estableció que los delitos de lesa humanidad  deben ser tratados como lo establece la legislación internacional. Por lo tanto, un criminal de lesa humanidad, que hicieron esto delitos atroces durante la dictadura, no puede tener los beneficios que tiene un delincuente común”. En ese marco, Núñez detalló que “cuando la derecha alega que existiría la necesidad de respetar la libertad de conciencia que tiene un criminal de lesa humanidad, que no es capaz de demostrar su arrepentimiento, nos están diciendo que esto es tan paradójico como si a un nazi o a Hitler le pidiéramos que no se arrepintiera por los delitos del holocausto o las matanzas de la segunda guerra mundial”. Por su parte, la diputada Progresista, Marisela Santibáñez fue enfática en señalar que «mientras existan quienes no vean un flagelo para nuestra sociedad la libertad de criminales de lesa humanidad, defenderemos la memoria y la justicia para los familiares de las víctimas». La parlamentaria del Partido Progresista agregó que «esperamos que el Tribunal Constitucional no deje a Chile mal parado ante la comunidad internacional, ya que el proyecto que entrega más exigencias a los presos por violaciones a los derechos humanos, va de la mano con tratados firmados que nos recuerdan que frente a este tipo de delitos no hay dobles tintes». En tanto, la diputada Carmen Hertz, presidenta de la comisión de Derechos Humanos, recordó que “siempre se argumentó que a falta de esta ley, era posible que los ministros dejaran en libertad a los criminales de lesa humanidad sin cumplir ningún requisito. Eso lo dijeron incluso los abogados de los ministros de la Corte Suprema cuando se vio la acusación constitucional”. Sin embargo, la diputada Hertz explicó que si bien se aprobó la ley, “la derecha promueve una cuestión de constitucionalidad, lo que demuestra que en definitiva lo que se busca detrás de esto es un nivel de impunidad para los criminales de lesa humanidad”. El miércoles se realizará la audiencia ante el Tribunal Constitucional, donde expondrán bancadas, organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura, organizaciones pro Derechos Humanos, entre otros. Santiago de Chile, 18 de diciembre 2018 Crónica Digital

La Brigada Ramona Parra —agrupación muralista de las Juventudes Comunistas (JJCC)— conmemoró sus 50 años de historia este domingo en un concierto que convocó a cerca de cuatro mil personas. El discurso central estuvo a cargo del Presidente de las JJCC, Camilo Sánchez, quien convocó a la juventud a «levantarse contra la agenda antiderechos del gobierno», forma en que calificó a un conjunto de proyectos e iniciativas como el estatuto laboral para estudiantes, el nuevo crédito universitario donde las deudas serían públicas, la reforma tributaria a la que acusan de buscar rebajar impuestos a grandes empresarios, el rechazo del gobierno al pacto migratorio y la creación del «comando jungla» y el asesinato del joven comunero Camilo Catrillanca, entre otros aspectos. En este sentido, Camilo Sánchez señaló que “en menos de un año de este gobierno la agenda ‘antiderechos’ ha sido brutal. Si no logramos interrumpir esto para reinstalar el debate de los derechos sociales, la consecuencia será un país mucho más desigual e injusto en muy corto plazo». Además, agregó que «una agenda como la de este gobierno será interrumpida solo con movilización masiva, y Sebastián Piñera sabe muy bien como nos convocamos los jóvenes cuando se trata de enfrentar injusticias», esto haciendo referencia a las movilizaciones  estudiantiles del año 2011. Finalmente, el dirigente manifestó que «nuestro llamado es a un 2019 de levantamiento juvenil con movilizaciones que reinstalen el debate de los derechos sociales. Para esto la unidad tanto de las juventudes políticas como de los movimientos sociales y sindicales será clave y es nuestro primer desafío». Cabe señalar que el llamado de las JJCC se enmarca en su proceso de Conferencia Nacional, la cual se titula «la juventud se levanta», y  que se realizará entre el 18 al 20 de enero próximo. Allí abordarán el desarrollo de su política para el año 2019. Santiago de Chile, 18 de diciembre 2018 Crónica Digital

Por Rafael Calcines Armas Santiago de Chile, 18 dic (PL) El paro que mantienen portuarios de Valparaíso por demandas laborales se agudiza hoy por falta de un acuerdo con la patronal, acciones violentas de Carabineros y el posible respaldo de otros puertos del país a la huelga.   Este martes amaneció con manifestaciones en la zona de los muelles luego que ayer resultara el día más violento en los enfrentamientos entre huelguistas y fuerzas de Carabineros, que llegaron al extremo cuando por la noche estos últimos irrumpieron en la sede del Sindicato de Estibadores, con saldo de 20 detenidos, dos heridos y la destrucción de gran parte del mobiliario y documentos en el edificio. Ante esa situación, el dirigente sindical Osvaldo Quevedo, portavoz de los huelguistas, declaró a la prensa que si ellos ya estaban radicalizados ante la falta de respuesta de la empresa y del Gobierno a sus demandas, ‘ahora vamos a estar cuatro veces más radicalizados’ y aseguró que en Valparaíso ‘no habrá año nuevo’. Esto, en referencia a un gran espectáculo pirotécnico denominado Fiesta del mar, que se celebra cada 31 de diciembre y al que asisten miles de turistas nacionales y extranjeros y es considerado uno de los más pintorescos y multitudinarios festejos del país. El conflicto que ya se prolonga por 31 días, se encuentra en punto muerto al levantarse la mesa de negociaciones entre los sindicalistas y la empresa, cuyas propuestas no satisficieron a los trabajadores, que reclaman compensaciones salariales por la caída de la actividad portuaria este año. También han denunciado sus precarias condiciones de trabajo, pues no cuentan con salario mínimo, vacaciones pagadas, indemnizaciones por años de servicios ni la posibilidad de negociaciones colectivas. Ante la falta de solución exigen además la intervención del Gobierno de Sebastián Piñera en el conflicto, pues el importante puerto de Valparaíso es de propiedad estatal, aunque lo operan como concesionarias dos empresas privadas, una de ellas la Terminal Pacífico Sur (TPS) a la cual se enfrentan los huelguistas. Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hizo un llamado a la empresa y a los trabajadores a flexibilizar sus posturas para llegar a un acuerdo, pero hasta el momento no se ha producido ninguna intervención directa del ejecutivo para resolver el problema. El conflicto tiende a ampliarse, al sumarse trabajadores de otros puertos en solidaridad con sus colegas de Valparaíso, entre ellos los de Iquique en el norte del país, y los del de San Antonio, que se ha convertido en los últimos años el de mayor trasiego de mercancías en Chile. Anoche, en Iquique, manifestantes levantaron barricadas en vías de acceso a los muelles, mientras que esta madrugada en San Antonio se produjo un paro de advertencia durante breve tiempo. Precisamente, el desvío de cargas desde Valparaíso al cercano San Antonio como consecuencia de la huelga, ha impedido que se produzcan grandes pérdidas económicas, pero ya numerosas asociaciones de exportadores han prendido las alarmas ante la posibilidad de que se extienda el conflicto y […]

El ex Ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, expresó hoy su satisfacción por el hecho de que, con la formalización jurídica de una de sus unidades de la Red de Parques Nacionales de la Patagonia, el Estado ahora tiene en sus manos un total de 15.459.910 hectáreas, un 21% del territorio nacional, en la categoría de área silvestre protegida. En ese sentido, comentó que en su gestión como Secretario de Estado contribuyó en forma determinante a la materialización de este histórico escenario. Según informó el diario “La Tercera”, el nuevo Parque Patagonia, en la Región de Aysén y con un total de 304.527 hectáreas, esta semana fue declarado jurídicamente Parque Nacional con la publicación del respectivo decreto en el Diario Oficial”, por lo que se anexa a la Red de Parques Nacionales de la Patagonia, cuya creación se materializó en el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, a partir de la incorporación al patrimonio del Fisco de predios donados por la Fundación Tompkins. Indicó el matutino que “con la integración de esos terrenos (del Parque Patagonia), el Estado ahora tiene en sus manos un total de 15.459.910 hectáreas, lo que equivale al 21% de la superficie nacional (…) en la categoría de área silvestre protegida (puede ser parque, reserva o monumento)”. La Red de Parques se extiende por las Regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, en el cual la Fundación Tompkins dona al Fisco 407.625 hectáreas, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, y el Estado de Chile dispone de más de 949 mil hectáreas de terrenos fiscales, bajo administración de la Secretaría de Estado. Durante la gestión ministerial de Osorio, la Secretaria de Estado ejecutó y terminó el trabajo de análisis territorial que permitió dar curso al proyecto. De hecho, “La Tercera” del 12 de julio de 2016, anunció que Bienes Nacionales había terminado su trabajo de examen y análisis de la propuesta de la Fundación Tompkins, lo que incluyó misiones técnicas en terreno, concluyendo en la viabilidad positiva del proyecto. “El Mercurio” del 4 de diciembre del mismo año, indicó que “en los terrenos fiscales, la labor consistió en verificar los deslindes, para evitar superposiciones con privados, pero además que no hubiese familias de colonos instaladas. Esa fue la última tarea que lideró el ex ministro de Bienes Nacionales Víctor Osorio”. La sistematización del trabajo realizado por Bienes Naciones se entregó a la comisión interministerial a cargo de la materia, encabezada por el Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier. En el marco del proyecto, el Estado se comprometió a reclasificar más de dos mil 500 hectáreas en categoría de reserva nacional o forestal a la categoría de Parque Nacional. El proyecto considera ocho áreas, las que involucran una superficie mayor a los 4 millones y medio de hectáreas, las que constituirán en su totalidad la Red de Parques Nacionales de la Patagonia Chilena. De esta forma, los Parques Nacionales aumentarán su superficie en más del 38%. “Las 407 mil 625 hectáreas donadas al Fisco, gratuitamente, sin […]

Como el encuentro internacional más importante en la historia del país y que ayudará a definir el futuro medioambiental del planeta calificó Greenpeace la confirmación de que la reunión de la COP25 se realizará en Chile. “El anuncio de este encuentro medioambiental supone una enorme responsabilidad para el país. No solo en el plano logístico, sino especialmente en la consecuencia que debe mostrar Chile entre lo que dice y lo que efectivamente hace. Resultaría impresentable ser sede de la COP25 y al mismo tiempo seguir con la expansión de las zonas de sacrificio, utilizando carbón, ampliando la presencia de las salmoneras en la Patagonia, sin una legislación contra los plásticos de un solo uso o no definiendo un plazo claro para poner fin a la venta de vehículos a combustión. Es una oportunidad única para dar un salto hacia un desarrollo sostenible”, señaló Matías Asun, director nacional de Greenpeace en Chile. En tanto, desde Polonia en donde asistió a la reunión de la COP24, Mauro Fernández, coordinador de Clima y Energía de Greenpeace Andino dijo que “tanto Chile como la región sudamericana enfrentarán un enorme desafío al hospedar la próxima cumbre de cambio climático de Naciones Unidas, dado que los ojos del mundo estarán atentos a las acciones que se toman en materia ambiental. La próxima década será clave para ser recordados como la generación que hizo lo que debía o bien como la responsable de condenarnos a un clima desenfrenado que afectará a millones de personas. Es un hito que la COP25 se haga en Chile y será el momento de liderar un proceso que lleve a cumplir las todavía lejanas metas del Acuerdo Climático de París”. A la cumbre medioambiental se espera que lleguen representantes de casi 200 países del mundo y se desarrollará, durante dos semanas, en diciembre de 2019 o enero de 2020. Santiago de Chile, 15 de diciembre 2018 Crónica Digital

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se refirió en duros términos al Pacto Mundial Migratorio de la ONU, firmado esta semana en Marruecos, y reafirmó que su Gobierno no lo suscribirá. En alocución desde el Palacio de la Moneda, el mandatario dijo que ese acuerdo, respaldado por más de 160 países, contradice algunos de los principios de la política de migración de su gobierno y perjudica los legítimos intereses de los chilenos. Para no suscribirlo, Piñera adujo que el pacto fomenta la migración irregular y el trabajo informal, dificulta la detención de inmigrantes irregulares, otorga acceso a pensiones y beneficios sin que cumplan los requisitos del país, y no distingue entre regulares e irregulares. Añadió que el texto plantea nuevos deberes para los países firmantes, como revisar las políticas públicas y promover acuerdos bilaterales o regionales, e incluso que los Estados establezcan condiciones para el desarrollo económico y social de aquellos migrantes que son expulsados de un determinado país. Asimismo consideró que limita el derecho soberano de todo Estado a decidir cómo resguardar sus fronteras y las condiciones para el ingreso, y aunque es considerado no vinculante, resulta evidente que un país serio y responsable al adoptarlo se compromete con su espíritu y contenido. Según el mandatario, Chile tiene una política de «puertas abiertas» para aquellos inmigrantes que respeten sus leyes, se incorporen a la sociedad y aporten al desarrollo del país, pero de «puertas cerradas» para aquellos que hacen daño, como delincuentes, traficantes de drogas y de seres humanos, relacionó. Como es frecuente en sus discursos, Piñera criticó al anterior gobierno, presidido por Michelle Bachelet, actual alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, de tener un «desorden alarmante» en el tema migratorio. Esa actitud -dijo-, conllevó la entrada al país de alrededor de 300 mil personas en condiciones de ilegalidad, y que por ello el nuevo ejecutivo se propuso «poner orden en casa» y establecer una inmigración regular y segura. Por todo ello, concluyó, Chile no adoptará el pacto firmado en Marraquech, Marruecos. Piñera despejó así las expectativas que existían aquí sobre la postura que asumiría en definitiva el Gobierno el próximo 19 de noviembre. Para esa fecha en la Asamblea General de la ONU será ratificado ese acuerdo, luego de que en unas ambiguas declaraciones hace dos días el canciller Roberto Ampuero dejara abierta la posibilidad de que Chile podría rechazarlo o abstenerse. Santiago de Chile, 15 de diciembre 2018 Crónica Digital /PL

Desincentivar el consumo excesivo de alcohol, regulando su publicidad en la vía pública y en los medios de comunicación, es el objetivo del proyecto de ley presentado hoy por el diputado Amaro Labra (PC), junto a las diputadas Karol Cariola (PC), Camila Vallejo (PC), Marisela Santibáñez (PRO), Carolina Marzán (PPD) y los diputados Patricio Rosas (PS), Juan Santana (PS), Vlado Mirosevic (PL) y Alejandro Bernales (PL). El diputado señaló que contener los incentivos a la droga de más fácil acceso en Chile es fundamental para mejorar la calidad de vida en el país. “Las familias de alto, medio y bajos ingresos conocen de cerca los problemas del alcoholismo, es un problema transversal y que afecta a todo nuestro pueblo. Ya lo hicimos de forma exitosa con el tabaco, ahora debemos avanzar en desincentivar el consumo abusivo y prematuro del alcohol”. En detalle, este proyecto busca prohibir la publicidad del alcohol, de los elementos de las marcas relacionados a este tipo de bebidas y de personas tomando o señalando características favorables de su consumo en la vía pública, en el transporte público y licitado de pasajeros. También en eventos masivos gratuitos, transmisiones de televisión, radio emisoras, páginas de internet con dominios «punto cl», diarios, revistas, y cualquier otro medio de comunicación impreso de circulación masiva. La publicidad estaría permitida en los lugares de expendio y consumo (botillerías, restaurantes, bares, cualquier lugar con patente de alcoholes), en los recintos privados (casas, centros de eventos, estadios privados, etc.), las páginas de internet “punto com” y el transporte privado de pasajeros. “El alcohol es el primer factor de riesgo que causa más muerte y discapacidad en Chile. Por eso hago este llamado, la salud física y mental de nuestro pueblo que crece necesita que seamos capaces de actuar fuertemente y con decisión”, enfatizó Labra. Por su parte, Carolina Marzán (PPD), sostuvo que “somos un país de estadísticas. El año 2012 cuando se promulgó la Ley Tolerancia Cero y luego el 2014 con la Ley Emilia las cifras de fallecidos por accidente bajaron aproximadamente en un 40%. Sin embargo, las pasadas Fiestas Patrias, en relación con las del 2017 esa cifra aumentó cercano a un 63%. Esto quiere decir que como Estado y como parlamentarios aún tenemos mucho que trabajar y este proyecto va en vías de eso, muy bien fundamentado y esperemos que tenga una muy buena aceptación por el Ejecutivo”. Regulación internacional En relación a la publicidad de las bebidas alcohólicas, Chile se encuentra dentro de los grupos de países que aún no cuentan con ningún tipo de restricción legal a la publicidad en los medios de comunicación masiva. Al respecto, el diputado Patricio Rosas (PS), explicó que “a nivel mundial, solo el 30 por ciento no tiene regulaciones frente al alcohol y Chile es uno de ellos. Debemos mejorar como país el tema del acceso al alcohol en mujeres, jóvenes y adultos que incide en temas que hoy, los dejamos pasar sin  ver, porque no solo los accidentes automovilísticos están en su […]

Tras el rechazo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de la indicación que reducía a cero pesos el reajuste para los parlamentarios y altas autoridades de Gobierno, el diputado comunista Daniel Núñez anunció que repondrán la indicación esta tarde en la sala durante la discusión del proyecto de ley que reajusta los salarios del sector público. La iniciativa del Gobierno que fija un alza de los sueldos de altas autoridades en un 2.9% fue aprobada esta tarde en la respectiva comisión de Hacienda y será vista por la sala este martes durante una sesión especial que se desarrollará entre las 20 y 22 horas. “Lamento que en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados no se haya aprobado la indicación que presentamos junto al diputado Jackson, Auth y Monsalve y que apuntaba a eliminar el reajuste del salario de los parlamentarios y altas autoridades. Hoy, un reajuste del 2,9% son 270 mil pesos en el sueldo de un parlamentario. Ese reajuste profundiza la desigualdad y es evidentemente inequitativo socialmente”, explicó Núñez. El parlamentario por la Región de Coquimbo afirmó que “vamos a insistir con esta indicación en la sala para que los parlamentarios y altas autoridades de gobierno tengan reajuste cero”. Santiago de Chile, 13 de diciembre 2018 Crónica Digital

Este miércoles 12 de diciembre la comisión de Constitución, Legislación y Justicia continuó con el debate del proyecto presentado en el año 2016 por los diputados y diputadas PC, que busca declarar la nulidad de la conocida “Ley Longueira”. La votación en general se fijó para la próxima sesión de la comisión. Tras casi 3 años desde el ingreso de la moción parlamentaria que declara la nulidad de la ley 20.657, conocida popularmente como la “Ley Longueira”, esta finalmente se encuentra lista para ser votada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El diputado Boris Barrera (PC) valoró que tras años de debate el proyecto de nulidad de la Ley de Pesca pueda tener su primera votación en el trámite legislativo, que se convertirá en una potente señal en el combate contra una ley que se forjó en torno al soborno y la corrupción. En ese marco, el diputado Barrera destacó que hay una articulación de fuerzas favorable para que el proyecto pueda pasar a Sala y cumplir su primer trámite constitucional. “Cada día vamos sumando más voluntades y la mayoría de la comisión de Constitución está a favor de la nulidad. Estamos muy contentos, con mucha expectativa y esperanza, porque creemos que vamos a llegar a buen puerto”, sostuvo. El diputado del Partido Humanista y miembro de la comisión de Constitución, Tomás Hirsch, aseguró que “estos son los temas relevantes desde el punto de vista político y humano, porque afecta la vida de más de 90 mil pescadores y sus familias a lo largo del país. No me extraña que el gobierno se sienta a discutir de la juridicidad de la eventual anulación, pero sin tocar el hecho de corrupción generalizada que estaba detrás de esta ley. Por lo tanto, cuando se habla de probidad, creo que tenemos la oportunidad de corregir el mal causado y anular algo que es totalmente ilegítimo. Esto es un imperativo ético”. La diputada del Frente Amplio e integrante de la comisión de Pesca y Acuicultura, Camila Rojas, anunció el respaldo a la nulidad por considerar que la denominada Ley Longueira introdujo modificaciones que favorecieron “a la pesca industrial y que fueron en parte introducidas por la industria, la que dictó y pagó a parlamentarios por eso; por lo tanto tiene un origen altamente corrupto y que ha dañado mucho la pesca artesanal. Esperamos que ese día las y los diputados puedan votar a favor de la anulación y así se abra camino a una nueva Ley de Pesca”. Finalmente, Gino Bavestrello, en representación de los pescadores artesanales, sostuvo que se debe avanzar en el fin de una ley hecha a la medida de la gran industria pesquera “que los benefició y con la que tuvieron grandes ganancias en desmedro de la pesca artesanal y en desmedro de los recursos hidrobiológicos. Hoy tenemos una gran cantidad de recursos sobreexplotados y también colapsados”. “Espero que la próxima semana cuando se pueda votar finalmente, tengamos un día feliz para la pesca artesanal después […]