Jaime Bravo Campos
Convengamos que en Chile no existe una derecha liberal, salvo en algunos nichos académicos. El intento de la “patrulla juvenil” de renovar la derecha terminó en la peor de las versiones autoritarias, con Mathei, Espina, Piñera y Allamand tributando a la defensa de un orden sin orientación más que defender lo existente. Los arrebatos de Bellolio constituyeron uno más de los cantos de sirena que terminan subordinándose a la misma y atávica derecha autoritaria.
Como es evidente, la derecha chilena se ha alejado de los modelos más europeos tradicionales a los que algún día miró para transformarse progresivamente a las versiones “tea party”, “la familia” u otras que expresan una baja convicción democrática. Revisemos esto último.
De un tiempo a esta parte la derecha nos quiere hacer creer que la denuncia de la existencia de violaciones a derechos humanos es un arma política y no el control que se ejerce sobre el respeto de derechos que subyacen a la convivencia y, particularmente a la democrática. Pareciera haber dos respuestas inadecuadas. La que sostiene que “hay violaciones a los derechos humanos en democracia” o la que niega las mismas frente a toda evidencia.
La primera, que vale la pena comentar, reduce la condición democrática a aspectos solo procedimentales (de alta importancia pero insuficientes) y no al carácter sustantivo de cómo se organiza la vida en un marco de derechos. Por ello, se tratan las violaciones a los derechos humanos, como lo ocurrido a partir del 18 de octubre o las situaciones observadas en el territorio histórico mapuche, como rupturas acotadas en un contexto de normalidad. Esta táctica es altamente preocupante y peligrosa. Pudiera obedecer, por transferencia directa, a la transmisión de prácticas observadas en Colombia en el marco del “uribismo” de una combinación insana de uso de la fuerza, rompiendo todo estado de derecho y la mantención de las formalidades democráticas.
Lejos de eso, las transgresiones al marco de derechos humanos no corresponden a un dominio sectorial, sino afectan al carácter mismo del estado democrático. Si no se preserva la vida y la integridad de quienes se manifiestan o expresan ideas diversas, si en la contención de aquello que “rompe el estado de derecho” se violan todas las normas que “se busca proteger” y es el Estado quien impulsa o protege dichas transgresiones, es algo más que una mera fractura lo que huele mal.
Contraponerse al “uribismo” de nuestra derecha, es no aceptar la naturalización de la violencia que el estado promueva, desarrolle y/o proteja. La situación en la Araucanía, lejos de constituir hechos aislados, antecede a la violencia contra manifestantes en el marco de las movilizaciones del 18-O y las ha acompañado y sucedido. Es la violencia que ha terminado en muertes no explicadas. Es la misma que terminó con la vida de un trabajador del cobre en Salvador hace unos años. Detenerla es imperativo, para que no sea violar los derechos humanos sino la dignidad lo que se haga costumbre.
El autor es economista y experto en políticas públicas.
Presidente de la Corporación Un Nuevo Chile es Posible.
Santiago de Chile, 12 de agosto 2020
Crónica Digital
