Por un espacio de trabajo libre de violencia social y económica contra las mujeres y les pobres, por Jeniffer Mella

Jeniffer Mella, Convencional Constituyente por el Distrito 5° de Coquimbo.

El economista alemán avecindado en América Latina Albert Hirschman en su clásica obra divide las actividades que se pueden experimentar en la vida de las organizaciones sociales, la empresa y el Estado, distinguiendo entre “Voz, salida y lealtad”, es decir que los participantes deben tener asegurada primeramente su Voz o Libre expresión para poder generar un sentimiento de lealtad o involucramiento en los destinos de la organización, lo que de no suceder obligará en el mediano plazo a la Salida o retiro de esta.

Las Mujeres, ya desde la dominación colonial, hemos sido condenadas al Silencio Perpetuo, a una condición subalterna y totalmente sometida, sin derecho a la expresión ni tampoco a la salida, situación histórica contra la que se han rebelado aquellas más despiertas y esclarecidas. En igual sentido, les pobres, les trabajadores, les migrantes, las minorías han sido condenadas frecuentemente al Silencio en el ámbito productivo, sumando a la condena social al trabajo asalariado, las precariedades de las vidas sospechables, enemigas, la condena al subcontrato, al suministro, a la temporada agrícola, a la faena, a los interminables turnos, a la nocturnidad, cuando no derechamente al insólito contrato de honorarios donde vendemos nuestra fuerza laboral como si fuéramos pudientes artistas de las cortesanías renacentistas.

La revuelta fue, siguiendo este ejemplo, nuestra Salida, una insubordinación contra un modelo de relaciones económicas y sociales que producto de sus propias insuficiencias ha perdido su capacidad de generar lealtad, que captura las posibilidades de emancipación de las y los trabajadores por un mínimo de 8 horas vitales cada día y que se sustenta en relaciones laborales estructuralmente desiguales entre Clases y Géneros.

Sobre esto último, diversos organismos, como la CEPAL, han sostenido que “la división sexual del trabajo es uno de los núcleos de la desigualdad de género, y que se sostiene en formas patriarcales caracterizadas por una rígida división de tareas y responsabilidades, reguladas por normas sociales que se han sedimentado a lo largo del tiempo y en las que el hombre es la autoridad máxima y proveedor único”¹, y que si bien, han existido y promovido innumerables medidas de fomento a la instrucción, capacitación y educación de las mujeres, esto “no se ha traducido en más y mejores oportunidades laborales para ellas”².

Asimismo, las diferentes reformas procesales laborales que buscaron equilibrar los instrumentos disponibles para luchar por la mejora de estas condiciones han tenido resultados muy exiguos, porque en un ámbito donde la injusticia y la desigualdad material y simbólica de las partes es tan ostensible tiene efectos perniciosos en la pobreza probatoria a que somos condenadas en la dura realidad quienes somos formalmente la parte “débil” de la relación asalariada y/o precaria. Es por ello que se vuelve imprescindible impulsar un conjunto de medidas y propuestas que vayan dirigidas de manera contundente a mejorar y posibilitar los procesos de transformación necesarios para que el mundo del trabajo se pueda configurar como un ESPACIO LIBRE DE VIOLENCIA SOCIAL Y ECONÓMICA.

Entre esas medidas estructurales nos imaginamos:

  1. Reconocimiento Constitucional de los Derechos Colectivos a la Organización Sindical, el Conflicto y la Huelga (en todas sus expresiones: laboral, resistencia, feminista, política, etc).
  2. Derecho a la Seguridad Social para quienes ejercen Labores de Cuidado
  3. Paridad de Género en todos los Directorios de las Empresas, comenzando por las Empresas Públicas o con participación o financiamiento Estatal, Regional o Municipal.
  4. Cuota de 33% de los Directorios de Empresas, representantes electos de los trabajadores (50% de los Sindicatos)
  5. Fin de los Estatutos Administrativos e incorporación de la Función Pública como Libro especial del Código del Trabajo.
  6. Derecho al Trabajo para todos y todas, con garantía de conciliación entre vida laboral, familiar y personal.
  7. Inversión de la carga probatoria en los Juicios de Tutela de Derechos Fundamentales, particularmente cuando se funde en acciones discriminatorias contra la mujer o diversidades sexogenéricas.

Pero, vale la pena decirlo, esta vez la obligación de construir un nuevo esquema de relaciones productivas con cuidado de nuestras diferencias y de nuestras capacidades es una tarea de la cual no debemos salirnos sino al contrario, participar para hacer escuchar con claridad nuestras voces.

 

¹CEPAL, El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe, X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Quito, 6-9 agosto de 2007, pág. 55.
²Cuarto Informe Periódico del Estado de Chile sobre las Medidas Adoptadas para hacer efectivas las Disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, República de Chile, abril 2004, párr. 4

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Paro Confusam: Diputado Castro señala que “es legítima porque han sido vilmente postergados”

Mié Sep 1 , 2021
“La movilización de la atención primaria de salud es legítima, ¿por qué? Porque ellos han sido vilmente postergados”, afirmó este miércoles el expresidente del Colegio Médico y parlamentario socialista por la región de O’Higgins, Dr. Juan Luis Castro. Sus declaraciones se enmarcan en el paro nacional de 24 horas convocado por la CONFUSAM (Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal) ejecutado este 1 de septiembre en protesta por beneficios aprobados por el Congreso hace meses, y que aún no se han materializado. En esta línea, Castro explica que, “en el Congreso le hemos aprobado las leyes que han requerido, de alivio, de dotaciones y de mejoras hace muchos meses. Sin embargo, la burocracia del Ministerio de Salud asociado a dificultades de la Contraloría ha entrampado todo esto y no tienen los beneficios prometidos”. En razón de esto y para destrabar la situación con los trabajadores de la atención primaria de salud, el parlamentario socialista aseguró que, “es el Gobierno el que tiene la última palabra”. “Por eso comprendo y entiendo esta movilización que no es en perjuicio de los usuarios”, sostuvo el legislador del PS. Finalmente, el diputado Juan Luis Castro adelantó que, “pediré en la Comisión de Salud urgentemente que comparezca el señor ministro (de Salud) y el subsecretario para que, de una vez por todas, le apliquemos las leyes aprobadas a los trabajadores de la atención primaria que han sido la primera línea en pandemia y que no merecen este trato negligente que han tenido hasta ahora”.

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