Opinión

Como es habitual el día 7 de abril y a instancias de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se celebra el Día Mundial de la Salud y, como es lógico también, hay un tema y un lema a desarrollar, un tema que es una propuesta para todo el mundo. Obviamente, todo esto presupone un objetivo a cumplimentar no en un día sino de forma permanente, un objetivo que expresa una problemática importante dentro del ámbito planetario. Formalmente estos temas deben ser analizados y asimilados por los Gobiernos de cada Estado miembro de la OMS y sus respectivas autoridades relacionadas al ámbito de la salud e históricamente se aspira, por lo menos, al comprometimiento de tales instituciones a cumplimentar dicho objetivo para, de una u otra forma, honrar los principios fundadores de tan importante organización internacional, el más señero: “Salud para todos”. Los más o menos conocedores de este lema vemos este lema estrechamente vinculado al reconocimiento de la salud como un derecho humano. Muchas iniciativas, al respecto, se han puesto en la mesa, la mayoría de estas instituciones: Estados, Ministerios, Secretarías o Institutos, a través de sus representantes, “lideres”, han firmado su compromiso a desarrollarlas. Con ello han dado fe a otro elemento, y principio si se quiere, fundamental en nuestra convivencia social internacional: este tema de “salud Para Todos” requiere de una fuerte voluntad política. Pues nada más y nada menos este año la OMS, en su septuagésimo aniversario, ha propuesto el tema de “Cobertura Sanitaria Universal”, CSU, que es expresión de lo que señalábamos anteriormente, “Salud para todos”. Realmente un compromiso bastante ambicioso, pero necesario. No es desconocido que la salud y la educación son dos elementos vitales, los “tesoros” más preciados del hombre desde que apareció en este planeta y tomó conciencia de la necesidad de lograrlas para su adecuado, provechoso y utilitario paso por esta vida, venciendo a la madre naturaleza, aprovechándose de su riqueza y desarrollando su inteligencia en conocimientos cada vez más profundos y más precisos. Pero a la par de toda esta historia se han generado enormes desigualdades, inequidades y discriminaciones, producto de la desigual distribución de las riquezas y recursos en la gran parte de este planeta, que han sumido a gran parte de sus habitantes a una situación de casi total falta de salud, de una falta de accesibilidad a los servicios, los más esenciales, de salud. Para enfrentar este problema necesariamente hay que tener en cuenta que la salud es un producto social, es producto de la interrelación de la actividad de todos los sectores y actores de la sociedad y sus instituciones económicas, financieras, culturales, educacionales, laborales, deportivas, recreativas y muchas más, que se suman a las de salud. El hombre saludable en reciprocidad contribuye también con su actividad, el trabajo, al desarrollo de todas estas actividades. Tanto así, si falla algún elemento se corrompe este necesario ciclo vital y se generan todos estos problemas de salud que trascienden a este sector en pobreza, hambre, epidemias, violencia, delincuencia […]

Hace algunas semanas atrás, nos enteramos de la noticia adoptada por el Liceo Manuel de Salas, en la comuna de Ñuñoa, respecto de eliminar las calificaciones en los niños/as que se inician en su educación básica y el aumento de los minutos de recreo durante el periodo escolar. Quizás para muchos que nos formamos en la ‘vieja escuela’, hubiésemos querido ser parte de un sistema como este, con la simple finalidad de no generar un cambio tan brusco entre la transición de la educación parvularia a la educación general básica. Si bien, podrían existir expertos a favor y en contra de esta medida; debemos comprender que el sistema escolar en Chile, tiene la necesidad imperiosa de transformar las dinámicas escolares verticalistas por aquellas donde la interacción entre el profesor –estudiante deben ser recíprocas.  No podemos pensar que en pleno siglo XXI muchos estudiantes se sientan desmotivados por asistir a la escuela porque simplemente la encuentran ‘aburrida’ o porque perciben que no están aprendiendo. No hay duda que este factor, alude en gran medida a la cantidad de horas en la que nuestros alumnos/as se encuentran en la escuela, y donde la ‘jornada escolar completa’  impulsada en el año 1996, se remite a seguir presionando a los estudiantes con más y más horas de clases durante la tarde. ¿Es así como se aprende en una sociedad catalogada como compleja? Sin duda que no, hoy lo que el sistema escolar requiere es velar porque sus individuos se preparen en conocimientos, habilidades y actitudes para la vida; y qué mejor para llevar a cabo esta tarea que la educación formal que se imparte en nuestros colegios. La decisión que ha tomado el Liceo Manuel de Salas, viene justamente a responder a una educación activa en sus aprendizajes, donde más que la nota, lo que importa es que el niño/a aprenda a través de un sistema de evaluación donde se considera todo su proceso. Para ello, considerar a la evaluación desde una perspectiva cualitativa, permite que no se vea al sujeto como un ‘número’, donde la mitad del curso son los ‘buenos académicamente’ y la otra mitad ‘los malos’.  Con ello lo único que generamos es la estigmatización y desmotivación de los alumnos/as. Por su parte, el alargar los minutos de recreo para un niño/a, no debiera implicar una ‘pérdida de tiempo para el colegio’, muy por el contrario, es un momento donde: se relaciona con sus pares, desarrolla habilidades a través del juego, reafirma su autoestima y por sobre todo, se siente feliz por estar en un lugar donde sabe que aprende, pero que a su vez, disfruta de la linda etapa de la niñez. Estoy seguro que si más escuelas consideran medidas como estas, podrán hacer que la realidad que acontece en lo educativo, sea de plena motivación para los verdaderos protagonistas de la educación en Chile: los estudiantes. Por Carlos Guajardo Académico Facultad de la Educación, U.Central. Santiago de Chile, 6 de abril 2018 Crónica Digital

Un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) apunta a la corrupción como aceleradora de populismos, nacionalismo y proteccionismo en el mundo. Algunos de estos movimientos nacieron y se desarrollaron entre los siglos XVI y XVIII, bajo el concepto de ‘mercantilismo’, donde el Estado intervenía en la economía, protegía la industria nacional imponiendo altos aranceles a los productos importados, generando balanzas comerciales favorables con el objetivo de aumentar sus reservas de oro y plata. Sin embargo en pleno siglo XXI, la tónica ha sido el intercambio libre de bienes y servicios amparados por grandes acuerdos comerciales entre la mayoría de los países, acuñando el concepto de ‘globalización’. En medio de este andar surge el germen de la corrupción, que se cultiva en un ambiente ideal para cuestionar las bases democráticas que rigen a los países. De hecho, el aludido informe dice que sólo el 42% de los ciudadanos de los países de la OCDE confía en sus gobiernos nacionales y apenas la mitad dijo confiar en las empresas. En resumen, el nacionalismo se hace presente en Europa; el proteccionismo parece encarnarlo Estados Unidos inspirado por un Donald Trump, que pasa por encima de todos los tratados de manera de proteger la industria nacional en desmedro de sus socios comerciales; y el populismo radica en América Latina, con gobiernos que buscan perpetuarse entregando subsidios y regalías. Como dijo el filósofo español, José Antonio Marina ‘La globalización está provocando un obsesivo afán de identidad, que va a provocar muchos enfrentamientos. Nuestras cabezas se mundializan, pero nuestros corazones se localizan’. Por Sergio M. Urrutia Académico Facultad de Economía y Negocios, U. Central. Santiago de Chile, 6 de abril 2018 Crónica Digital

Entre los críticos de la iniciativa estuvo el diputado René Saffirio, quien afirmó que el objetivo del gobierno «es sacar la discusión del Congreso, porque ahí no tienen mayoría». También, la concurrencia de dos diputados del Frente Amplio provocó una disputa interna en esa colectividad. A discreción; sin un parámetro determinado. Así fue como el Gobierno designó a los miembros que concurrieron a la primera reunión de la Comisión por la Infancia, instancia paralela al Parlamento que será presidida por el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y que cuenta con la participación de los senadores presidenciables Felipe Kast y Manuel José Ossandón, entre otros. La alerta de aprovechamiento político se activó en distintos actores del mundo político que han trabajado estos temas. El diputado René Saffirio, unas horas antes de la convocatoria, planteó su punto de vista respecto de cómo se ha manejado el tema de la infancia hasta el momento. En ese sentido indicó que, hasta el momento, el Ejecutivo solo ha hecho anuncios y no ha ingresado “una sola letra de una indicación o de un proyecto de ley para avanzar en este tema”. A la vez, criticó el aumento de recursos hacia los organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename) que propuso Piñera. “El único objetivo que desde mi punto de vista persigue, es sacar la discusión del Congreso porque ahí no tienen mayoría. Me da la impresión de que no se ha querido dimensionar la magnitud de la tragedia que están viviendo estos niños. Se quiere crear la apariencia de que se está resolviendo un tema para que todo siga funcionando exactamente igual, premiando a los que abusaron sexualmente, violentaron sicológica y físicamente y permitieron que murieran 1.313 niños los últimos diez años”, manifestó. Asimismo, Saffirio lamentó que el “Gobierno no haya comprendido que éste es un problema del Estado de Chile”, y que ante los medios de comunicación el presidente “utilice a niños del Sename para exponerlos vulnerando sus derechos”, luego de que este domingo el mandatario recibiera en La Moneda a 60 niños de distintos centros; rostros que fueron publicados hasta en el sitio oficial de Presidencia. La reacción de la oposición A horas de que se concretara el inicio de la Comisión por la Infancia, la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, anunció que no participaría, criticando al Ejecutivo por seleccionar a dedo a las personas que serían miembros de esta instancia. De esta forma, la diputada hizo un llamado a usar el Poder Legislativo para hacer sostener este tipo de discusiones. “Tenemos, en el caso de la Cámara, un Congreso mucho más representativo. Yo creo que todas las fuerzas políticas deben participar de este debate respecto a la infancia. Aquí tenemos que estar todas las organizaciones civiles, expertos, y todas fuerzas políticas y no solo algunas”, dijo. Al interior del Frente Amplio también hubo una disputa, principalmente porque no fue convocada la presidenta de la Comisión de Familia, Pamela Jiles, y sí lo hicieron con los parlamentarios Gabriel […]

La ilegitimidad e insolvencia de un tribunal se hacen ostensible cuando sus resoluciones son determinadas por la composición política de sus integrantes. Así como las cortes de justicia del país se hicieron cómplices y encubridoras de la instalación de la Dictadura y sus despropósitos, hoy el Tribunal Constitucional, por mayoría de sus miembros, se ha consolidado en un gendarme de la institucionalidad determinada por la Carta Magna de Pinochet y solo remozada por los gobiernos y parlamentarios que le sucedieron. Nuestro Congreso Nacional tiene en el Tribunal Constitucional una tercera cámara con más poder de resolución que las otras dos, y lo que decidan los parlamentarios ya ha pasado a ser habitual que lo enmienden los pretendidos jueces institucionales. De la misma forma que el Ejecutivo y la Corte Suprema, así como la propia Contraloría General de la República, tienen una supra autoridad en estos “magistrados” elegidos por su orientación política e ideológica, más que por su trayectoria profesional y arraigo ético. En esta situación, son los ciudadanos los que siguen interdictos democráticamente hablando, puesto que sus decisiones supuestamente delegadas en sus representantes suelen ser enteramente burladas por un puñado de jueces supremos y omnímodos. De verdad, es vergonzosa la forma en que el país elige diputados y senadores que le arrebatan millonarios recursos al erario nacional, aunque no tengan ninguna capacidad de hacer respetar sus acuerdos. Incluso los más transversales a las distintas bancadas legislativas. Así como nos abochorna que los moradores de La Moneda sean digitados por las grandes empresas (además de estar acotados por este Tribunal) también lamentamos que nuestras cortes de justicia tengan por encima un tribunal verdugo llamado a interpretar la forma y el contenido de la Constitución de 1980, sacralizada por la posdictadura que ya se encamina a completar treinta años. Es decir, mucho más tiempo que el que se tomó en el gobierno quien nos impusiera esta camisa de fuerza institucional. Entendemos que los últimos acuerdos del Tribunal Constitucional han incomodado, incluso, a Sebastián Piñera y a sus colaboradores. Ni ellos supusieron que los miembros del Tribunal iban a demostrarse tan abyectos a los sectores más reaccionarios del país como, por ejemplo, frente a los que postulan el ideal del lucro en la educación. Se pensaba que lo obrado en esta materia, como respecto del aborto en tres causales, ya era asunto zanjado y que no valía la pena reflotar los incordios en beneficio de una administración destinada, por sobre todas las cosas, a recuperar nuestra economía y el pleno gobierno de los más ricos sobre los pobres y la clase media. Esto es, el régimen en que el dinero y la práctica sistemática del cohecho sean los que manden, compren las conciencias políticas y les entreguen soberanía y señorío sobre toda nuestra geografía a los inversionistas foráneos y nacionales. En este cuadro, tal pareciera que los menos volátiles son los integrantes de la mayoría política del Tribunal Constitucional. Ellos están decididos a ser los más ultras, hasta pasarle por encima a los […]

En los últimos días, hemos sido informados por los medios de comunicación que el Tribunal Constitucional ha resuelto declarar la inconstitucionalidad del artículo 63 de la Ley de Educación Superior, que en lo concreto impedía que dichas instituciones pudieran tener entre su grupo controlador, entidades (personas jurídicas) con fines de lucro. En otras palabras, con la declaración de inconstitucionalidad de tal precepto ahora las universidades podrán ser controladas por entidades que lucran. Así las cosas, son varias las temáticas posibles de abordar a propósito de esta decisión, aún cuando no conozcamos el contenido del fallo constitucional; en primer lugar, resulta a lo menos llamativo que si la ley fue aprobada por el congreso pleno, tanto por la cámara de diputados como por el senado de manera unánime y ningún parlamentario de la oposición ni de la coalición de gobierno anterior cuestionaron el precepto, sea alguien de reconocida militancia PPD, como la ex Rectora de una universidad, Pilar Armanet, en representación de algunas universidades privadas, haya presentado el requerimiento de inconstitucionalidad. En segundo lugar, si la función del Tribunal Constitucional es verificar la concordancia de un precepto legal con la Carta Fundamental, en una especie de ‘guardianes del constituyente’, es inaceptable que si la sociedad chilena mediante diversos canales de expresión resolvió impedir el lucro en la educación de manera transversal, un organismo contra mayoritario, fundándose en el texto constitucional pueda borrar con el codo lo que con la mano escribieron los representantes de la soberanía popular. En tercer lugar, el actual gobierno ha señalado que las reacciones por la decisión del TC son destempladas y carentes de fundamento por cuanto la ley establece mecanismos y entidades para resguardar que no haya lucro en las universidades, y que será función de la Superintendencia de Educación Superior el resguardo de aquello. El problema es que al menos hasta no conocer el fallo quedan muchas preguntas abiertas, como por ejemplo; ahora quienes controlen universidades privadas y tengan fines de lucro podrán ¿optar a recursos fiscales?, dichas instituciones ¿podrán adherir a la gratuidad?, los recursos percibidos principalmente por la matricula de los alumnos ¿deberán reinvertirse en la institución? Finalmente, de seguro el contenido de la resolución constitucional tendrá fundamento en varios preceptos de la Carta, relacionados con la autonomía de los grupos intermedios, como lo son las universidades, la libertad de enseñanza o la igualdad ante la ley. Es decir, tal decisión tendrá sustento jurídico, pero ese es precisamente el punto, el sustento, que es la actual Constitución, la que no da cuenta de lo que debe ser una Carta Política, que sea expresión de los consensos sociales que reflejen el sentido y voluntad que en un determinado momento conviene la sociedad políticamente organizada. Por ello, el problema más que del Tribunal Constitucional es de la Constitución, la que debe necesariamente ser modificada o reemplazada por cuanto ya no es expresión de lo que la sociedad chilena a definido. Por Emilio Oñate Decano Facultad de Derecho, U. Central Santiago de Chile, 1 de abril […]

Es un hecho comprobado que los seres humanos somos indudablemente diferentes y diversos los unos de los otros, aunque compartamos una biología similar, espacios y experiencias comunes o arquetipos físicos parecidos, es nuestra historia y la percepción e interpretación que hacemos de nuestras experiencias construidas a partir de la propia subjetividad, lo que nos distingue. La diversidad no es solo un concepto, sino un fenómeno amplio y una realidad riquísima, que incluye la gran variedad de posibilidades de expresión de nuestra condición de ser humano y su estar en un espacio determinado por los otros, por el ambiente y por la cultura, donde los diversos estilos de aprender, las minorías étnicas y culturales, los grupos de riesgo o la discapacidad es legitima expresión de nuestras diferencias. Como también lo es, la identidad de género y su diversidad. Desde hace varios años la educación ha declarado cumplir un rol social coherente con una visión humanizadora, que concibe y respeta a los seres humanos como intrínsecamente diferentes entre sí, considerando esta diversidad como un valor, y entonces como una oportunidad de evidenciar en contexto como esta expresión de la diferencia se articula en sintonía con un habitar en la escuela y nos prepara para enfrentar el mundo y la vida. Así, los estudios sobre la inclusión y particularmente en lo que a educación refiere, deben y están siendo abordados cada vez con más fuerza desde distintos campos científicos, distintas disciplinas y diversos paradigmas explicativos , todos con el denominador común de ofrecer una comprensión situada del fenómeno de la diferencia humana y la complejidad de sus manifestaciones en contextos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, lo que permite evidenciar antecedentes y resultados que avalan un movimiento social y ciudadano que está impregnando la vida de las escuelas, las Universidades, las ciencias y los debates públicos. Para la comprensión del sentido y fin último de la educación y para la necesaria problematización del sistema educativo hacia una educación inclusiva, es urgente entonces reconocer no solamente aquello vinculado a procesos pedagógicos y resultados , sino también la necesidad de establecer la escuela como un espacio distinto a la uniformidad y abierto a la individualidad, movilizando así el surgimiento de un nuevo paradigma ecológico para la construcción de la cultura escolar que reconoce e incorpora naturalmente la multiplicidad actual no solo de estilos de enseñar y estilos de aprender, sino de estudiantes y de profesores en un espacio compartido provisto de la fuente más obvia de la naturaleza humana que es la diversidad y en esto reconocer los derechos a la diversidad sexual y de género, es una prioridad en el camino hacia una real educación inclusiva. Por María Pilar Calderón Decana de la Facultad de Educación, U.Central. Santiago de Chile, 27 de marzo 2018 Crónica Digital

La Operación Renta 2018 es la primera en plena vigencia de la Reforma Tributaria, con significativos cambios que preocupan a empresas y personas naturales. Además, debuta la aplicación de dos sistemas para el pago de impuesto que afectan a las empresas: el de Renta Atribuida, conocido como 14 A, que consiste en un régimen general de tributación en que los dueños de las empresas deberán tributar en el mismo ejercicio por la totalidad de las rentas que generen, independiente de las utilidades que retiren; y el Semi Integrado, o 14 B, en el que los dueños de las empresas deben tributar sobre la base de los retiros efectivos de utilidad. Aquí, a diferencia del régimen anterior, los socios, accionistas o comuneros tendrán derecho a imputar como crédito un 65% del impuesto de primera categoría pagado por la empresa respectiva, en circunstancias que en el sistema Renta Atribuida es del 100%. Si bien este escenario tributario está orientado a cambios en las empresas más que en las personas naturales, los propietarios de empresas si se verán afectados, especialmente por el castigo de créditos que provengan de empresas acogidas al régimen Semi Integrado y, en el caso que participen en empresas acogidas al régimen de Renta Atribuida, tributarán aun cuando no retiren dineros de las empresas. Si vienen cambios, como ha esbozado la autoridad, se requieren en el fondo y la forma de recaudar los impuestos. En la medida que la determinación del impuesto sea más simple, su aplicabilidad se vuelve más transparente, la probabilidad de error disminuye y ganamos todos: el contribuyente podrá declarar en forma más expedita y el SII requerirá menor tiempo de fiscalización. Por Guillermo Fuentes Director Escuela de Contabilidad y Auditoría, U. Central. Santiago de Chile, 27 de marzo 2018 Crónica Digital

Contra lo que algunos piensan,  los alegatos de los abogados de Chile y Bolivia ante el Tribunal de la Haya nada resolverán respecto de la histórica demanda de salida soberana al mar planteada por nuestra nación vecina.  Si se acogiera la idea de instar a Chile a negociar una solución al respecto, todos sabemos que ello no llevara necesariamente a nuestro país a otorgarle un paso al Océano Pacífico, después de la extensa provincia nortina perdida por Bolivia en la guerra de 1879. Nos tememos que con esta nueva demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia, las relaciones entre nuestros estados van a quedar todavía más afectadas y el diálogo binacional será, por un buen tiempo, inconducente a una solución hermanable y definitiva. Los gobiernos que, se suponía, tenían una vocación latinoamericanista, de verdad eludieron todo tipo de acercamiento y relaciones armoniosas con nuestros vecinos, alentando siempre la carrera armamentista y hasta el desdén por lo que sucedía al otro lado de nuestras fronteras. Por ello, ahora nos parece muy poco probable que con Sebastián Piñera en La Moneda nuestra política exterior pueda alterar el rumbo de lo que ha sido la prioridad de nuestras cancillerías: privilegiar las buenas relaciones e intercambio comercial con las potencias y en particular con los Estados Unidos. De esta forma es que Chile en estas últimas décadas ha perdido ascendiente en la Región, mientras que un Presidente como Evo Morales, con todos los bemoles de su régimen, cosecha simpatías no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Agreguemos a lo anterior que el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país ofrece hasta aquí menos empatía, todavía, que su antecesor, al manifestarse tan hostil y provocativo en sus declaraciones. Especialmente respecto del régimen boliviano. La posición de nuestras autoridades y de esa corte de “expertos” bien remunerados para defender nuestros supuestos intereses ante el Tribunal ha sido respaldada por una intensa campaña de prensa y mensajes de alta virulencia en las redes sociales. Siempre en el propósito de simular una posición única de los chilenos respecto de la demanda boliviana y de nuestra soberanía en el Desierto de Atacama. “Ni un centímetro de mar para Bolivia”, se nos repite. Ni siquiera a cambio de un canje territorial con este país, como hubo disposición de hacerlo en el pasado: Para conjurar, así, un nuevo conflicto y disponernos a reorientar los enormes gastos de defensa a nuestros imperativos  de progreso y paz. Todo un esfuerzo mediático, sin duda, respaldado por el lucrativo patrioterismo, los rostros plumarios de la televisión y otros medios que traicionan uno de los objetivos propios del buen periodismo, como la independencia editorial; además de aquella misión de servir a la justicia y a los derechos humanos de todos nuestros semejantes. Favorecidos, todos, por la programada falta de diversidad informativa nacional, a pesar de que todo el mundo libre reconoce el pluralismo mediático como uno de los pilares de la democracia. No tenemos todos los chilenos una posición única al respecto. […]